Si exceptuamos las muertes en accidentes de tránsito por irresponsabilidades varias, que es otra manifestación de la inseguridad y todo un tema, nuestro país tiene una baja tasa de homicidios, lo que contrasta con los altos índices de delitos contra la propiedad, que vienen a ser aquellos que se producen cuando alguien pretende apoderarse de bienes que pertenecen a otros.
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En nuestro país se producen 6,5 homicidios cada 100 mil habitantes y por año. En San Pablo, más de 30. En EEUU, alrededor de 10. En Colombia, unos 50 homicidios cada 100 mil habitantes.
Pero aumentan los delitos contra la propiedad. Según la Policía Federal, las denuncias por robos en el primer cuatrimestre de 2006 subieron 3,77 por ciento respecto de 2005. Pero si se compara abril de ambos años, el crecimiento fue del 11 por ciento.
Los hurtos (sin uso de armas, sin violencia) subieron 7,18% respecto del primer cuatrimestre del año pasado, lo que parece mostrar que la exclusión ha llegado a puntos extremos en algunos sectores de la población, que no encuentran otro modo de obtener monedas para sobrevivir. Las drogas de cuarta categoría y el abandono, hacen su parte, y también los medios de comunicación, que al recalentar el clima de inseguridad provocan reacciones violentas.
Las armas no son juguetes
Asaltantes irrumpen en un local en Colegiales esgrimiendo pistolas. A mano limpia y animados, las víctimas se abalanzan sobre los intrusos. Resultado: dos muertos. En un programa de canal 9 donde habitualmente se utilizan frases en latín se argumentó que la defensa era legítima, promoviendo así que se repita la misma conducta estúpida e irresponsable.
Intentos de violación o violaciones consumadas en estaciones de subterráneo tuvieron lugar luego de un conflicto gremial en la empresa privada de seguridad contratada por Metrovías, cuyos empleados pretendían ser incorporados al convenio de la UTA, con la oposición de la concesionaria, que también es dueña de la empresa de seguridad aunque en los papeles ha tercerizado el servicio.
Las denuncias apuraron un proyecto dormido: ubicar cámaras de video para vigilar los accesos, al que se le agregó Telefónica con un servicio de internet para espiar las estaciones. Los hechos no se repitieron: ¿se habrán plantado esos delitos para acelerar el negocio?
Otro hecho resonante fue el del tirador al boleo en la avenida Cabildo, que provocó una marcha espontánea de vecinos, con Blumberg en primera fila.
Detenido casualmente, el tirador tenía permiso de portación concedido por el RENAR, que privatizó en los 90 la concesión de permisos a favor de una Cámara Empresaria que reúne a las armerías y proveedoras de munición, algo muy parecido a darle al gato el cuidado de las sardinas.
La ley exige examen en un polígono y completísimos estudios médicos, oftalmológicos, neurológicos y psiquiátricos, que gestiona directamente la armería. El certificado de aptitud del detenido por el suceso de la avenida Cabildo había sido firmado por un traumatólogo: así, el control estatal no puede funcionar.
Estaba autorizado a utilizar más de 1000 proyectiles anuales, vendidos por las mismas empresas que otorgan el permiso, poco afectas a limitar su comercio.
El RENAR también almacena todas las armas incautadas por la justicia y lleva un registro de las autorizadas a las empresas de seguridad, otro gran tema: ¿quién controla a esas empresas?
Según el RENAR, en 2004, 635.822 usuarios civiles, incluyendo empresas, tenían en su poder 1.123.059 armas de fuego de uso civil, condicionado y de guerra.
En 1995 había unas 240 mil armas; en 2000 eran 845 mil; en 2003 eran 1.085.000 y en 2004, como ya se ha visto, la cifra batía records.
No se sabe cuántas armas ilegales están circulando, ni cuántas incautadas se reincorporan al mercado ilegal, pero no es aventurado sospechar que sectores estatales marginales están comprometidos con ese tráfico. Hace unos años se detuvo a una banda de oficiales y suboficiales ex carapintadas de Campo de Mayo que vendían fusiles a la delincuencia.
¿Qué lleva al delito?
Salvo que creamos, como los seguidores del ingeniero Blumberg, que todos los que delinquen lo hacen porque olvidaron o nunca se les inculcó un mandamiento bíblico, el aumento de la delincuencia no se explica por una sola causa.
Si es poco lo que se conoce del alma humana, ¿cómo entender las conductas colectivas, de decenas, cientos o millones de almas de las que se desconoce casi todo, y que además están expuestas a presiones extremas como la falta de vivienda, de trabajo, de educación, y que son marcados como probables delincuentes por su ubicación social o color de la piel?
Miles de delitos contra la propiedad deben ser síntoma de algo, un algo con un origen complejo.
Muchos de los que delinquen son una segunda o tercera generación de excluidos que nunca conocieron, no ya el valor del trabajo, sino el trabajo mismo, de modo que el gran caldo de cultivo es la exclusión social.
Ningún dato de la realidad indica que la mano dura reduzca la inseguridad. De las recetas del ex alcalde Giuliani en New York, sólo se conocen los mensajes mediáticos y se oculta la simultánea reducción del desempleo y las muertes de adictos ocasionadas por el inevitable deterioro físico de miles de consumidores de crack. Algo parecido ocurrirá dentro de unos pocos años con la muchachada marginal de nuestras ciudades, adicta al paco.
En EEUU, donde se combina pena de muerte con policías dedicados a enseñar basquet en los barrios marginales, no ha reducido la violencia ni el número de presos en las cárceles.
Argentina es un país violento por la guerra social encubierta que padece, consecuencia de la injusticia social.
Siembra vientos
Una de las apelaciones más escuchadas sobre la inseguridad tiene que ver con los detenidos en las cárceles, a quienes “se debería reinsertar”. ¿Cómo se los va a reinsertar a una sociedad a la que nunca pertenecieron?
Puesto que los propios funcionarios también lo creen, promueven planes focalizados de trabajo manual en las cárceles, suponiendo que con ese remedio, los que cumplieron su condena saldrán a la calle a vivir una vida común y corriente.
Pero volverán a su barrio marginal, a su grupo marginal y su vida marginal.
En octubre del año 2001 el 55,6% de los menores de 18 años eran pobres y casi el 60% de los pobres eran menores de 24 años.
En mayo de 2002, el 66.6% de los menores de 18 años eran pobres y el 56.3% de los pobres eran menores de 24 años. El 33.1% (4.138.000) de los menores de 18 años vivían en la indigencia.
La provincia de Buenos Aires concentra casi el 40% de esta realidad. En ella viven 3.272.785 menores pobres y 1.585.798 en situación de indigencia.
Del total de menores pobres e indigentes, prácticamente el 40% (3.295.890) se concentra en el tramo de edad entre 6 a 12 años. El 30% (2.581.099) entre 13 a 18 años y casi el 29% (2.442.011) hasta 5 años.
En mayo del 2002 el 47.7% (1.946.777) de los jóvenes de 19 a 24 años son pobres y el 15.2% (619.221) son indigentes.
El 20% de la población entre 15 y 24 años (1.209.038) no trabaja, no busca empleo, no estudia ni realiza tareas domésticas. El 65% de esta realidad se concentra en la región centro, donde la provincia de Buenos Aires reúne el 58.2% de los jóvenes en esta situación.
En la provincia de Buenos Aires hay 2.754.000 niños de hasta 18 años en la pobreza y 1.116.000 indigentes, mientras que 559.000 jóvenes de 19 a 24 años son pobres y 170.000 son indigentes.
En el Gran Buenos Aires, el ingreso medio de los asalariados descendió de 100 en 1974 a 61,1 en 2001.
En todo el territorio nacional había (2002) 8.319.000 pobres y 4.138.000 indigentes.
En ciudad de Buenos Aires, 145.000 chicos de hasta 18 años viven en la pobreza y 36.000 en la indigencia. Entre ellos, 12.200 de 15 a 18 años no estudian ni trabajan, y tampoco lo hacen 48.700 de entre 19 y 24 años.
En la provincia de Buenos Aires, considerada el área más insegura, no estudian ni trabajan 92.000 jóvenes de 15 a 18 años y 368.000 de 19 a 24.
En todo el país, unos 70.000 menores de edad viven en “reformatorios”.
No es casual, entonces, que la mayor parte de los presos sean pobres y jóvenes.
Y cosecharás tempestades
Según la consultora Nueva Mayoría de Rosendo Fraga, en los primeros seis meses de 2006 murieron 9 policías en enfrentamientos con delincuentes. La baja respecto de los años anteriores es significativa: 37 en 1999; 54 en 2000; 80 en 2001 y 90 en 2002.
Desde 2003, la cifra desciende: 62 en 2003, 18 en 2004, 12 en 2005.
No obstante ello, los medios de comunicación repiten el latiguillo del aumento de la inseguridad. Las cifras parecen indicar que se cualificaron los mecanismos de control social y el entrenamiento policial, que cambió el tipo de delitos, optándose por los menos peligrosos, y que algunos sectores sociales reciben una mayor contención estatal.
Aceptando hasta cierto punto que un porcentaje insignificante de cualquier sociedad elige vivir fuera de la ley, si casi el 50% de la población está fuera de esa sociedad, y ha sido excluido de ella violentamente, no se entiende por qué esa mitad no va a pretender apropiarse de los bienes del resto del mismo modo en que fueron excluidos.
De modo que esto no se resuelve sin otra política de distribución del ingreso.
Por todo ello, pretender que la “inseguridad” se disuelva mágicamente, por ejemplo traspasando la policía a la jurisdicción de la ciudad, es sólo una fantasía. No se necesita incluir la inseguridad en la agenda, sino que haya una agenda permanente.
