Estatalidad Ambiental: el rol del estado en el centro del debate entre ambiente y desarrollo

El país atraviesa no solo una crisis económica, sino también una ambiental. Observamos las condiciones en las que está sumida Argentina y los diferentes actores involucrados en el tema.

Recordó otra vez lo que le había dicho la anciana, que un mundo es la suma de muchas cosas: la gente, la tierra, las cosas que crecen, las lunas, las mareas, los soles; una suma desconocida que recibe el nombre de “Naturaleza”, término vago para el que el “ahora” no significa nada. Luego se preguntó: ¿Qué es el ahora?

Dune, de Frank Herbert. 1974

En los últimos meses el debate alrededor del impulso a diferentes actividades del sector primario polarizó las posiciones entre organizaciones ambientalistas y diferentes referentes desarrollistas vinculados al gobierno nacional. 

A la polémica sobre la exploración petrolera offshore en el mar argentino se suman las movilizaciones contra la extracción minera en varias provincias y la pérdida de estado parlamentario de la ley de
humedales. Las discusiones se centran ahora en el rol regulador del Estado nacional en materia de control y morigeración de impactos. Mientras la mayor parte de las voces del campo ambientalista demandan una política más sólida en esta materia, emergen expresiones que abogan por el minimalismo estatal y que prácticamente están lanzadas a la caza del Leviatán.

 El desarrollo ambiental en tiempos de críticos

El clima político y social donde eclosiona esta discusión está marcado por una triple crisis: nuestro país transita nuevamente por un periodo de condicionamientos debido al peso del endeudamiento externo. Pero a esto se suma la precaria situación material de millones de familias por debajo de la línea de pobreza y el incremento de la conflictividad ambiental en varias regiones del país. Esta tensión que existe entre Deuda Externa, Deuda Social y Deuda Ambiental exige una mirada de conjunto que pueda trascender y superar a las dos posiciones que se observan con más nitidez: mientras los sectores desarrollistas ponderan la generación de puestos de trabajo con salarios altos y el ingreso de divisas para robustecer las arcas del estado nacional, desde las organizaciones ambientalistas se critica la subestimación del impacto ambiental de estas actividades. A su vez, las organizaciones ambientalistas son criticadas por no esbozar una agenda social para dar respuestas a las poblaciones postergadas.  

La principal tensión se produce por el carácter eminentemente exportador de bienes primarios que tiene nuestro país desde hace cincuenta años, cuando la última dictadura cívico militar favoreció notablemente la estructura productiva primaria a la vez que destruía el entramado industrial que había caracterizado al país desde la década del 40’. El perfil reprimarizado de la economía argentina – basado fundamentalmente en producciones agropecuarias, minería e hidrocarburos – es el principal aportante de divisas para el financiamiento de la inversión pública. Como indica el sociólogo argentino Daniel Schteingart: la sostenibilidad macroeconómica necesaria para recrear una sociedad inclusiva y de movilidad social ascendente colisiona a veces con otro tipo de sostenibilidad que también es fundamental: la ambiental. La existencia de esta tensión no debería cerrar el debate solo a dos posiciones, sino lanzarnos en la búsqueda de alternativas que puedan conciliar el desarrollo nacional con la sustentabilidad de la vida.

Comunicación, prevención y control

Un elemento que se repite en los diferentes conflictos ambientales, ante el impulso de estas iniciativas productivas, es la acusación de opacidad. Tanto en Mendoza en 2019 como en Chubut hacia fines del año pasado nos encontramos con que los procesos institucionales para aprobarlos no fueron comunicados y que se realizaron sesiones parlamentarias en tiempo record, sin demasiada discusión pública. Esta situación se ve agravada por el hecho de que las autoridades provinciales se habían comprometido a no impulsar proyectos de estas características, a sabiendas de la vigencia y potencia política de las asambleas locales. Esta situación fortaleció la consigna de que “No existe licencia social para el extractivismo”, acentuando un clima de desconfianza que se ve agravado por las dificultades que presenta el Estado nacional para contener los innumerables focos de incendio en casi todo país. Por parte de las asambleas ambientalistas involucradas en estos conflictos se manifiesta que los gobernadores no tienen legitimidad para impulsar proyectos productivos vinculados al sector primario. Si bien las movilizaciones populares plantean un desafío a las autoridades gubernamentales, estas fueron electas en procesos democráticos legítimos. La escalada de polarización entre las asambleas y las autoridades provinciales nos han llevado a vivir situaciones de extrema violencia, como las que se vivieron en Chubut las últimas semanas, donde frente a jornadas colmadas de movilizaciones hacia la capital provincial se dio como respuesta una dura represión policial, ante la cual los manifestantes atacaron e incendiaron edificios públicos. Esta serie de procesos de conflictividad pueden servir de aprendizaje para la construcción de una Estatalidad Ambiental

La generación de capacidades estatales en materia ambiental involucra a varias áreas. En principio, un proceso de comunicación pública de los proyectos que incorpore de antemano inversión tecnológica para controlar y morigerar los impactos ambientales. El estado en sus diferentes niveles debe producir dispositivos de intervención para garantizar impactos mínimos para que no se vean afectados ni los biomas ni las poblaciones que allí residen. Sumado a esto es crucial desarrollar protocolos de intervención inmediata de casos de fugas o de fractura de los contenedores de material contaminante. Actualmente se ven bastantes puntos ciegos en estos aspectos que junto a procesos de comunicación poco transparentes horadan notablemente el impulso a estos proyectos. La producción de confianza ambiental es un pilar de las políticas públicas en países como Canadá, Noruega y Australia, donde la balanza comercial se estabiliza en base fundamentalmente a la exportación de bienes primarios.

A su vez es importante lograr el involucramiento de organizaciones locales y las poblaciones afectadas por estas actividades. Lograr territorializar estos procesos es crucial para generar los consensos sociales necesarios, ya que nos permitiría conocer las voces de las de las poblaciones beneficiadas económicamente por las actividades. Tanto en Malargüe (Mendoza) como en la Meseta central (Chubut) –regiones realmente marginadas y con un alto índice de desempleo – desconocemos sus grados de adhesión a estos proyectos, en tanto sus expresiones no tienen representación por lo que no han ganado lugar en la discusión pública. Hace 19 años la gente de Esquel pudo manifestar su rechazo a la megaminería por medio de una consulta popular y eso significó un límite para la expansión de este rubro productivo en la provincia de Chubut. Las Consultas Populares pueden ser un instrumento realmente virtuoso para procesar los conflictos políticos e instruirlos. Ya que habilitarían la discusión social y podrían poner sobre la mesa también la situación dramática que les toca vivir a los habitantes de estas regiones. En la coyuntura actual, el veto social a estas actividades deja en un plano totalmente secundario este aspecto, dándole la primacía a las demandas ambientales. Como ya mencioné, hacen falta miradas de conjunto.

A la caza del Leviatán

Leviatán es el nombre que se le da en el Antiguo Testamento a una enorme bestia marina, surgida por creación divina y mencionada en el capítulo del Génesis. Sirvió de inspiración para la afamada novela de Herman Melville Moby Dick, donde se relatan las aventuras de una tripulación que sale a cazar una gigantesca ballena albina, una bestia indómita que se resiste al dominio del hombre. Pero sin duda la referencia más importante a este ser mitológico proviene de la obra homónima del pensador inglés Thomas Hobbes. En el ideario de Hobbes el Leviathan representa la autoridad de un Estado que ejerce soberanía territorial por concesión de derechos de los ciudadanos que lo integran. En situaciones críticas, es este mismo Leviatán estatal el único con capacidad de imponer criterios y rumbos de acción que ofrezcan seguridad, protección y certidumbre a sus poblaciones, como han evidenciado los ejemplos más notables de respuestas gubernamentales frente a la pandemia de Covid 19. En la actualidad la autoridad del estado nacional se encuentra sitiada por varios flancos, y como veremos, en el campo ambiental también tiene antagonistas.     

Es importante destacar la diversidad que existe hacia adentro del campo ambiental. En las últimas dos décadas fueron surgiendo organizaciones integradas por asociaciones, clubes y pequeños medios locales nucleados en asambleas que promueven la defensa de los bienes naturales que se ven afectadas por la acción irresponsable de grandes corporaciones. Por otra parte, se encuentran fundaciones y ONG  internacionales – creadas hace cincuenta años- que promueven un discurso estrictamente conservacionista y sostienen una agenda autónoma. Estas últimas suelen presentar al Estado como responsable de los conflictos ambientales y lo contraponen con una supuesta ciudadanía comprometida, un movimiento compuesto por una suma de voluntades individuales que en muchos casos las financian a través de su tarjeta de crédito. En el caso del conflicto marplatense por los proyectos de exploración y explotación offshore se hizo muy evidente esta diferencia, donde las mismas fundaciones internacionales que de modo vehemente denunciaban un posible ecosidio hacia la fauna marina en costas criollas, no ofrecieron ninguna expresión sobre la expansión petrolera de empresas inglesas en el Atlántico Sur, anunciada a finales del año pasado. Estos silencios se vuelven atronadores si atendemos al hecho de que la Antártida y todas las islas más meridionales representan una de las pocas áreas del mundo donde sus delicados biomas se ven escasamente afectados por acción antrópica directa. Esta doble vara que afecta a la soberanía argentina por sobre los intereses geopolíticos ingleses en la región es una muestra de cómo estas fundaciones pueden poner la agenda ambiental al servicio de debilitar las acciones estatales.       

Productividad del conflicto y transición energética 

El conflicto por el proyecto petrolero offshore en el Mar Argentino trajo una novedad a la discusión pública: la transición energética. Si bien el concepto viene ganando fama en el Acuerdo de París y en la última Conferencia de Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26), la visibilidad del conflicto y el efecto de nacionalización de la discusión que este produjo instalaron en agenda la discusión sobre el futuro de las fuentes de energía y los medios de transporte en la Argentina. La transición energética implica un proceso de reducción de nuestra dependencia hacia los combustibles fósiles y la migración hacia otras fuentes energéticas alternativas y con menor impacto en términos de emisiones de carbono, preferentemente hacia la adopción de un sistema eléctrico integral. En la actualidad lo que comienza a discutirse es cómo debe afrontarse este proceso de transición. Desde las fundaciones internacionales ecologistas lo que se sostiene es que ese camino debe ser tomado desde una perspectiva decrecentista: debe abandonarse la exploración y explotación de hidrocarburos para reducir las emisiones de carbono, además que se pone el acento en las potenciales pérdidas y accidentes propios del sector petrolero. Esta argumentación se observa en la denuncia presentada en diciembre del año pasado. Por parte del Estado Nacional se señala que en la actualidad el diecisiete por ciento del abasto energético nacional se produce en los treinta y seis pozos operativos en sur del país, lo que anticipa que en caso de poder impulsar estos procesos de explotación se contaría con un recurso energético estratégico tanto para el abasto interno como para su exportación. Ahora bien, si bien es cierto que el proyecto de plataformas marítimas YPF – Equinor podría servir tanto a la captación de dólares – tan necesarios – como a evitar que estos sean destinados a la compra de combustible como en épocas recientes, la realidad es que el proyecto podría demorar unos diez años, dejando de ser una solución inmediata a la restricción en el sector externo que sufre nuestro país.

 Para lo que sería importante contar con esas reservas energéticas es para impulsar los ya mencionados procesos de transición energética, que lejos de lo postulado por las teorías decrecentistas, los mismos son muy intensivos en el uso de combustibles y minerales. La puesta en marcha de toda una nueva infraestructura de producción requiere tanto de una importante inversión público – privada como de sólida planificación de la utilización de esos recursos. Por otro lado, resulta estratégico la gestación de cadenas de valor y eslabonamientos productivos que permitan producir los insumos necesarios para impulsar estas transformaciones tecnológicas. El avance hacia las industrias de la transición requerirá también de la generación y transmisión de nuevos saberes técnicos que permitan la formación de personal calificado para la producción en diferentes áreas. En esta dirección cuenta aún con una importante cantidad de escuelas técnico industrial y agropecuaria para estos fines.  

La estatalidad ambiental requiere decisión política


Incorporar las demandas ambientales al proyecto de Estado implica fundamentalmente poder ligar las necesidades nuestras del ahora con la continuidad de toda la vida no humana que habita el planeta. Esto supone la gran dificultad de pensar a largo plazo, ya que, como decía J. M. Keynes “a largo plazo todos estaremos muertos”.  Este razonamiento y otros tantos vinculados a la inmediatez y la vivencia de un eterno presente producen un intenso temor en las jóvenes generaciones, más sensible al carácter trascendente de la Naturaleza, a los delgados hilos que vinculan nuestra existencia con la del resto del planeta y sus variados habitantes. No es casual que el movimiento tenga a los y las jóvenes como su presencia más potente. No alcanza con integrar la perspectiva ambiental a las concepciones de gobierno, se requerirá de decisiones políticas.  Decisión política que afecte intereses, fundamentalmente corporativos y concentrados. Decisión para extender la mano y sacar del olvido y la marginación social a millones de compatriotas. Decisión para impulsar los procesos de transición energética y productiva necesarios para hacer frente al agotamiento de los recursos hidrocarburíferos, aquellos que permitieron el despegue industrial de los últimos dos siglos. La crisis multidimensional que se aproxima en el horizonte requerirá de un Estado robusto, activo y presente. Esta puede que sea una de las grandes enseñanzas que nos dejó la pandemia global de Covid 19, que poco a poco se va diluyendo e incorporando a nuestra vida.

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