Los reemplazos en la Corte Suprema, su reducción a fin de volver a los cinco históricos, el alejamiento de los que conformaron la siniestra “mayoría automática” y la reforma al Consejo de la Magistratura, han aportado una brisa refrescante en el ámbito de una Justicia que espera todavía una cirugía más profunda.
La ampliación de la Corte sólo se justificaba por la aplicación a rajatabla del Consenso de Washington con su “efecto colateral” institucionalizado: corrupción. Del 2003 a esta parte, se fueron el tenista Moliné O’Connor y el comisario Nazareno, ambos menemistas, y el radical Augusto Belluscio, quien nunca explicó su ligazón con la suicidada abogada Mirta Schvartzman de la que era socio. La muerta se arrojó del balcón de un hotel parisino luego de escribir: “Augusto, me has humillado”.
También se fue Antonio Boggiano. Apoyado por el sector más retrógrado de la Iglesia Católica, Boggiano resultó suspendido por el Senado en junio 2005, luego pasó a trabajar en el megaestudio jurídico Marval, O’Farrell & Mayral, asesor de multinacionales y al que alguna vez estuvieron asociados Martínez de Hoz, Mariano Grondona (h) y Guillermo Walter Klein: el “procesismo”.
Ese estudio querelló contra el Estado en el caso Ítalo y defiende a algunas privatizadas ante el CIADI, también contra la Argentina.
La Corte despedida había sido el ejemplo más elocuente del Pacto de Olivos, negociado por Raúl Alfonsín, el campeón moral del doble discurso, a cambio de la reelección.
Como Nazareno, otros magistrados, (el caso de Carlos Liporace, del fuero penal económico, que embarró la cancha en el caso Southern Winds) tomaron el camino de la renuncia por las dudas, mientras Juan José Galeano era destituido.
Lo que pareció una buena señal en el caso AMIA, se convirtió en un bumerang con aplausos del embajador norteamericano y el poderoso lobby israelí en EEUU. El fiscal Nisman reflotó la línea de investigación del juez destituido, fraguando un altercado diplomático con Irán cuando arreciaba la embestida de Bush contra la industria nuclear persa.
El sentido común indica que adjetivar sobre una potencia extranjera (Nisman denominó “terrorista” al Estado iraní) no entra en las funciones del Ministerio Público, o en todo caso, sería un atributo constitucional de la Corte Suprema.
Blumberg calificó como “una mierda” el fallo que condenó a los asesinos de su hijo, pero no en su condición de padre dolido sino de candidato de la derecha y asesoramiento del abogado “procesista” Durrieu. Los jueces insultados destruyeron esas críticas con argumentos irreprochables que, naturalmente, no gozaron de la misma difusión.
Un año antes, el Poder Legislativo se había apresurado a reformar el Código Penal tras la presión mediática de las velitas encendidas del ingeniero. El doctor Raúl Zaffaroni opinó sobre ello en una entrevista periodística: “Estamos en el peor momento histórico de nuestra legislación penal. La gente ignora los riesgos que corre con un Código Penal que la amenaza con cualquier pena irracional y, lo que es peor, con cualquier prisión preventiva irracional. Se siente segura porque no comete delitos, pero nadie puede sentirse seguro de que no sufra un procesamiento y una prisión preventiva y las escalas penales locas agravan las dificultades que esto puede provocar”.
De todos los nuevos miembros de la Corte designados por el gobierno, el de Zaffaroni fue el más resistido por una minoría ultraliberal agrupada alrededor de los abogados Bergenfeld y Curuchet y la Fundación Bicentenario-Atlas, subsidiaria de la multinacional petrolera Atlas Copco.
Sorprendió la unanimidad con que la reforma al Consejo de la Magistratura fue criticada duramente por todo el arco opositor y los voceros del poder internacional. El argumento elegido fue que “se acabaría la transparencia” de un Poder del Estado que hasta ese entonces era cuestionado por ellos mismos por su “absoluta falta de transparencia”.
Aunque con dudas por el juez que investiga (Oyarbide) y el tiempo transcurrido, es positivo que los crímenes de la Triple A no prescriban y que sean extraditados, detenidos y juzgados los responsables sobrevivientes.
Que se haya avanzado decisivamente en las causas contra la represión ilegal.
Y que el Estado se constituya en querellante en la explosión de Río Tercero, cuando, según todos los indicios, habría sido un atentado fraguado para esconder los delitos de la asociación ilícita comandada por Carlitos Menem, con el objetivo de esconder la desaparición de unos cañones, los mismos que no habían sabido defender a las novatas tropas argentinas en Malvinas, y que luego se dedicaron a masacrar población civil en Croacia y Serbia.
Que haya algunas rachas de aire fresco en la justicia no significa que todos estemos de acuerdo con los fallos de la Corte.
Eso es imposible.
Hubo un giro histórico con los que obligaron al Poder Ejecutivo a sanear el Riachuelo en un plazo razonable, o el que ordenó la actualización de jubilaciones, pero no puede decirse lo mismo del que confirmó la resolución de la Cámara de Casación en el caso del piloto de picadas mortales Sebastián Cabello, porque contribuye a institucionalizar el descontrol y a despenalizar las conductas antisociales.
Con la pesificación asimétrica decidida por el trío Duhalde-Todesca-Remes Lenicov, los bancos fueron subsidiados por el Estado con una suma astronómica, esfumando miles de millones de dólares depositados en sus cajas fuertes. Pero el fallo que declaró legítima la pesificación era necesario y pertinente para pensar una Argentina previsible a más largo plazo.
Si la renovación del fuero federal es una asignatura pendiente, se avanzó bastante en justicia laboral, lo que contribuye a crear un piso distinto para la tan demorada redistribución de la riqueza.
Es de destacar el caso Vizzotti Carlos A. c/Amsa, que reconoció al trabajador como “sujeto de preferente tutela”, determinando que la economía y los “mercados” deben subordinarse al imperio del derecho. Criterios similares se siguieron en los casos Castillo, Aquino y Milone.
Otros fallos coincidieron en frenar los “despidos por represalia”, como en el caso Sttaforni c/Anses, Balaguer c/Pepsico y Greppi c/Telefónica, sosteniendo el derecho de huelga que las empresas vulneraban basados en las leyes de flexibilización laboral.
Aunque sus consecuencias difícilmente podrán revertirse, han quedado atrás las épocas del rebalanceo telefónico, el per saltum para piratear Aerolíneas Argentinas, los casos Meller y Macri y el desprocesamiento de Carlos Menem por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador.
De todos modos, mucho por hacer: es sabido que cuando llega tarde, la justicia no es justicia.