“Es evidente el protagonismo de la embajada de Estados Unidos en la política de El Salvador”

El catedrático y analista salvadoreño Roberto López Salazar traza una radiogafía de la crisis política en curso. Neoliberalismo militarizado y el rol geopolítico de centroamérica.

Hace menos de dos semanas, cuando los militares entraron al recinto semi desierto de la Asamblea Legislativa y el presidente de la nación tomó el micrófono, Roberto López Salazar, un experimentado académico y analista político de El Salvador, estaba aseguro que iba a anunciar un autogolpe. “Todos creíamos eso y nos sorprendió el giro que dio cuando asumió esa postura de oración y dijo que Dios le había hablado y le había pedido paciencia”, contó a Zoom. López Salazar todavía está tratando de comprender qué “presión del extranjero o de los grupos que lo han estado apoyando le dijo que no era el momento” para tomar por la fuerza el parlamento. De lo que sí está seguro, sin embargo, es que la batalla del presidente Nayib Bukele por controlar el Poder Legislativo no ha terminado.

Para López Salazar, jefe del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas y miembro del Comité Directivo de Clacso en Centroamérica, la aprobación de 109 millones de dólares que Bukele está pidiendo a la Asamblea para su plan de seguridad y que desató el choque de poderes es “solo una excusa para tapar lo que en realidad está buscando”: una Asamblea Legislativa adicta.

Sin la “insurrección ciudadana” que tanto anunció, pero también con una oposición legislativa en crisis interna y casi sin capacidad de movilización propia y un Poder Judicial adormecido y siempre cuestionado, Bukele parece haber cambiado de estrategia: “generar las condiciones para ganar la mayoría en las elecciones legislativas de febrero de 2021”. “Todo apunta a que este gobierno está reposicionando a la derecha en El Salvador”, concluyó el académico y señaló a Estados Unidos como “el aliado más importante” del presidente.

– Esta semana, el presidente Bukele aseguró en una columna que publicó en un medio estadounidense que fue malinterpretado y que él solo estaba preocupado por un levantamiento popular de los salvadoreños frustrados con la Asamblea. ¿Existe un contexto social y político que permita imaginar o pronosticar un levantamiento popular contra uno de los poderes del Estado en este momento en El Salvador?

– Estamos muy sorprendidos con esas declaraciones porque todos recordamos acá lo que él publicó y manifestó cuando prácticamente pedía a la población salir a las calles e iniciar un proceso, que él mismo llamó de insurrección. Por eso, sospechamos que esas declaraciones buscan limpiar un poco su imagen ante la población que está menos informada o menos atenta a ese tipo de detalles, y también limpiar su imagen ante los sectores que le han brindado su apoyo tanto en el país como en el extranjero, y que probablemente han quedado muy preocupados por lo que está sucediendo en el país. Es la única explicación que encontramos ante ese tipo de declaraciones en un periódico estadounidense.

– Pero, ¿usted ve elementos en la sociedad para preocuparse por la posibilidad de un levantamiento popular?

– Para analizar esa situación hay que irse un poquito más atrás y hay que tomar en cuenta las condiciones en las que Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales. Él ganó las elecciones presidenciales principalmente porque un buen porcentaje de la población está muy descontenta con los partidos políticos tradicionales. Me refiero a ARENA (Alianza Republicana Nacionalista) de derecha y al FMLN (Frente Faradundo Martí para la Liberación Nacional) de izquierda, que son por ahora los partidos que, sumados, tienen mayoría en la Asamblea Legislativa. La gente está muy descontenta, muy molesta con la forma en que estos partidos políticos hicieron política: muy manchados con temas de corrupción, mal manejo de los recursos y favorecer a ciertos sectores empresariales o sociales que no representan a la mayoría de la población. Desde que asumió, encabezó una batalla por ver quién logra el mayor respaldo para poder implementar sus políticas, si los partidos tradicionales o el gobernante.

– En estos casi 8 meses de gestión, ¿este enfrentamiento entre el presidente y la mayoría de la Asamblea paralizó la Asamblea o se están tratando proyectos de leyes?

– La Asamblea ha continuado con su trabajo podríamos decir con normalidad, han discutido y aprobado leyes. El gobierno, por su parte, hasta ahora había ido encontrando una modalidad de trabajo que les permitía tanto a uno como al otro avanzar en sus decisiones. Pero llegó un momento en que el presidente requirió de más fondos públicos para poder implementar sus políticas públicas, sobre todo su política de seguridad y no se lo aprobaron. Él está apostando mucho al tema de seguridad porque durante muchos años la población ha dicho que es de sus principales preocupaciones, así lo dicen las encuestas de opinión pública. Él quiere tener contenta a la población con una política de seguridad, digámoslo así, muy agresiva, pero para eso necesita fondos públicos.

– ¿El descontento en la población es suficiente como para pensar que puede haber un sector importante que responda al llamado del presidente y salga a las calles a disputar o cuestionar de manera más agresiva a la Asamblea Legislativa?

No. La población salvadoreña lleva años que no se manifiesta masivamente en las calles. Todavía no tenemos todas las respuestas ante esta situación, lamentablemente ha sido bastante difícil precisar por qué la población salvadoreña no sale masivamente a las calles a manifestarse. Han habido distintos tipos de convocatorias: convocatorias que tienen que ver con el sistema de pensiones, con la privatización del agua, con las discusiones de la Asamblea Legislativa…Son temas que a la población le preocupa, pero igual no ha salido masivamente a las calles. El presidente creía que esta vez lo iba a lograr, pero no lo logró. En paralelo, un grupo de ciudadanos y ciudadanas también convocaron a las calles para manifestarse a favor de la democracia, pero tampoco logró reunir mucha gente.

– La sociedad está desmovilizada, ¿y la oposición? ¿Qué capacidad tiene de reacción tanto en términos legislativos como de influencia en otros espacios del Estado?

– Yo diría que ninguna. Más allá de sus bases, los partidos políticos no tienen ningún respaldo. Al contrario. Cada vez que intentan responder a una provocación o a una propuesta que el presidente, lo único que queda en evidencia es su debilidad y su división interna. La muestra más clara sucedió el día de ayer (lunes 17) cuando el presidente de ARENA depuso su cargo porque, dijo, no encuentra condiciones para poder hacer su trabajo. El partido político internamente está muy debilitado. El FMLN quizás no está demostrando tanta división interna en este momento, pero tampoco tiene capacidad de respuesta. Cada vez que responde, nadie se hace eco. La población se está manifestando ahora al margen de los partidos políticos, por ejemplo por las redes sociales o a través de algunas organizaciones sociales que han recogido ese descontento de la población: la comunidad LGBTI, grupos feministas y algunas universidades.

– ¿Qué rol está cumpliendo el Poder Judicial? ¿Qué relación mantiene con el Poder Ejecutivo?

El Poder Judicial durante muchos años ha tenido una imagen bastante negativa entre la población porque su aplicación de la justicia no ha sido pareja para todas las personas ni para todos los casos, sobre todo cuando tiene que ver con casos de corrupción y gente de peso político y económico del país. La población espera poco del sector judicial. Sin embargo, a raíz de los últimos sucesos, ha habido una presión internacional y también nacional que le obligó por lo menos a manifestarse, a decir algo al respecto. Es un paso importante, por lo menos ha dicho algo. Pero el sistema de justicia actualmente tampoco tiene el peso suficiente para poder intervenir y controlar este tipo de situaciones.

– En este contexto de falta de movilización, debilidad institucional generalizada y una oposición con poca reacción, ¿por qué el presidente decidió en estos últimos dos meses escalar como escaló la confrontación con el Poder Legislativo?

El presidente es muy consciente que cuando llega a la Presidencia tiene una Asamblea Legislativa que, en principio, no tiene por qué favorecerle. Él no tiene representación al interior de la Asamblea Legislativa, tiene partidos que le son más o menos afines, pero que no son mayoría. Ni bien asume, comienza a hacer cierto tipo de alianzas para poder ganar peso político sin depender de la Asamblea Legislativa. De ahí que él hace público su acercamiento y su compromiso con Estados Unidos y empieza a tener acercamientos con sectores empresariales del país y la región. Pero llega un momento en que las decisiones que él toma requieren un apoyo de la Asamblea Legislativa mucho más claro, como fue el caso del tema presupuestario. Sinceramente, quienes seguimos de cerca lo que sucedió el 9 de febrero creímos que iba a tomar posesión de la Asamblea Legislativa y hacer una a su medida. Todos creíamos eso y nos sorprendió el giro que dio cuando asumió esa postura de oración y dijo que Dios le había hablado y le había pedido paciencia.

– ¿Creían que daría un autogolpe?

– Exactamente. ¿Qué le llevó a cambiar la decisión tan rápidamente? Esas son cosas que tenemos que analizar con más calma, pero todo apunta a que una presión del extranjero o de los grupos que lo han estado apoyando le dijo que no era el momento. Lo que sí sabemos con certeza es que los 109 millones de dólares que le está pidiendo a la Asamblea Legislativa para la tercera fase del Plan Control Territorial, su plan de seguridad, era solo una excusa para tapar lo que en realidad está buscando: tener una Asamblea Legislativa que trabaje a favor de sus políticas de gobierno. Como no logró ni los respaldos sociales ni encontró las condiciones políticas más favorables para hacerlo, entonces ha comenzado a trabajar para ganar esas elecciones el próximo año, en las que se elegirá nueva Asamblea Legislativa.

– Es decir, no temen un nuevo intento de autogolpe.

– No, no vemos que socialmente existan las condiciones para eso, a menos que tenga aliados tan fuertes que lo lleven a actuar de esa manera.

– ¿Quiénes podrían ser esos aliados?

– El aliado más importante que ha mantenido hasta ahora ha sido el gobierno de Estados Unidos y sectores sociales en ese país. Por eso la preocupación tan grande que tiene de tranquilizar a la gente en Estados Unidos. Por eso ese tipo de declaraciones en el diario estadounidense El Nuevo Herald. Ese tipo de apoyo es el que creemos podría llevarlo a cambiar el tipo de decisiones que está tomando.

– En septiembre pasado, a solo tres meses de asumir, una encuesta de Gallup le dio 90% apoyo popular a Burkele. ¿Mantiene este nivel inusualmente alto de popularidad?

-Sí. La última encuesta de la UCA (Universidad Centroamericana José Simeón Cañas) que se publicó a finales de enero le dio un apoyo alto, no tan alto como el 90%, pero sí del 70% u 80%. En esa encuesta de la UCA veíamos, además, dos cosas: la gente está contenta con este gobierno porque abiertamente ha ejecutado acciones que atacan los problemas que a la gente le preocupan, como la seguridad. Este gobierno ha puesto en marcha programas, planes y acciones para demostrarle a la población que está interesado en ese problema. Aunque no tenga un plan del todo claro ya que nunca publicaron el Plan de Control Territorial y no sabemos exactamente de qué se trata. La encuesta de la UCA también mostró otro elemento interesante y es que a la población de este país le siguen gustando mucho las instituciones autoritarias como las Fuerzas Armadas y la Iglesia.

– Usted sostiene que no se sabe mucho del plan de seguridad de Bukele, pero él asegura que la Fase 1 está completa y que permitió reducir en un 60% la tasa de homicidios. ¿Esa cifra es real?

– Ha mandado al Ejército a las zonas donde había más presencia de maras y pandillas y donde parecía que la situación estaba fuera de control, pero eso no significa que haya recuperado los territorios del país. Por otra parte, la disminución en las muertes es algo que nos genera muchas preguntas. Es cierto que han disminuido la cantidad de muertes, pero eso no está claramente relacionado con el control propiamente de los territorios porque las maras y pandillas siguen estando en los territorios, solo que están actuando de manera distinta. Parece que están más escondidos. Efectivamente hay menos muertes, pero no estamos tan seguros que sea por efecto directo del plan Control Territorial. Al parecer hay acuerdos que no se han hecho públicos y que han permitido esa baja en las muertes. Pero como digo, a falta de información nos toca especular mucho en ese sentido.

– ¿Acuerdos entre las maras y las autoridades?

– Aparentemente. No encontramos otra explicación. Los recursos con los que ha contado hasta ahora la Policía y la modalidad de trabajo que ha tenido no son razones suficientes para explicar la baja en las muertes y la mayor tranquilidad que siente gran parte de la población. Cuando nos hemos acercado a algunos territorios y hablado con la gente, nos dicen: “Las pandillas siguen ahí pero ahora están actuando de manera distinta, se pierden por un tiempo y aparecen de nuevo”.

– ¿Duda también que la reducción de la tasa de homicidios sea del 60%, como informó el gobierno? Se trata de una cifra impactante para menos de ocho meses de gobierno.

– Tenemos un problema de datos en el país, de confiabilidad en las cifras que da el gobierno. Nosotros que nos dedicamos a la investigación social tenemos una dura batalla para conseguir datos y que sean realmente confiables. Esa es la cifra que el Ministerio de Justicia y Seguridad Públic mostró. Sin embargo cuando empezamos a hacer comparaciones entre lo que dice Medicina Legal, los hospitales y las morgues, no encontramos la información necesaria que nos confirme la veracidad de esa cifra.

– ¿Cuáles son los cuestionamientos que hace la oposición legislativa a la partida de 109 millones de dólares para terminar la Fase 2 y comenzar la Fase 3 del plan de seguridad?

– El principal cuestionamiento que hacen es que el gobierno no explica con claridad en qué se va a invertir ese dinero, en qué acciones se van a utilizar. Simplemente dice que tiene un plan de control territorial con el cual quiere tomar control de los territorios, controlar por completo el accionar de las pandillas y mantener bajos los niveles de criminalidad en el país. De ahí en más, no hay una explicación detallada de cómo va a utilizar ese dinero. A eso se suma los últimos sucesos que salieron a la luz pública, como el encuentro que tuvo el director de Centros Penales, con una empresa mexicana de seguridad para la compra poco transparente de cámaras de vigilancia.

– Más allá del plan de seguridad y la confrontación con la oposición parlamentaria, ¿en qué medidas se concentró el gobierno de Bukele en estos casi 8 meses de gestión?

– Básicamente en la promoción de inversión extranjera. Todas estas acciones que el presidente y su grupo de ministros y ministras han estado haciendo ha tenido mucho que ver con promover al país, invitar a inversores extranjeros para que lo conozcan y se den cuenta que ahora es más seguro, tiene menos criminalidad y es más favorable para los negocios. Además de la seguridad, las otras grandes preocupaciones de la población, según las encuestas, son la pobreza y el desempleo. Bukele apuesta a bajar ambas con inversiones extranjeras.

– ¿Ha tomado, además, medidas de promoción de empleo, iniciativas sociales o para reducir la pobreza?

– No. La lógica es que con las inversiones extranjeras, se van abriendo empresa y esto irá generando el empleo que necesitamos y las condiciones económicas que requerimos.

– ¿Y sobre la pobreza?

– El tema de la pobreza también ha seguido la misma lógica. A medida que se dinamice la economía, la gente va a tener la posibilidad de mejorar sus ingresos. De hecho, si revisamos las decisiones que ha tomado, se restringió mucho el presupuesto para las políticas sociales y toda la apuesta ha sido a demostrarle a los empresarios nacionales y extranjeros que el país ahora tiene mejores condiciones para invertir y para generar empleo.

– ¿Cómo definiría la política económica de este gobierno?

Neoliberal. Completamente. Hay un problema de endeudamiento bastante grande y, por lo tanto, el presidente Nayib Bukele y su gobierno tienen que ceñirse a las exigencias de los organismos financieros internacionales. Pero además el protagonismo que tiene la embajada de Estados Unidos en El Salvador es evidente. Cada vez que el actual embajador de Estados Unidos emite una opinión es de esperar que algo va a cambiar en las políticas de gobierno. Eso también se ve en la política internacional de Nayib Bukele.

– Me imagino que se refiere al acuerdo migratorio firmado con Estados Unidos y la ruptura de relaciones con el gobierno venezolana. Pero Bukele también votó en contra del bloqueo estadounidense a Cuba en la ONU y tiene un paso muy vinculado a la izquierda y al FMLN. ¿Estamos frente a un giro o de una política que busca la ambigüedad?

– Fíjate que Nayib Bukele estaba en el FMLN y ganó elecciones municipales en Nuevo Cuscatlán, primero, y en San Salvador, luego. Pero ya por entonces sus posturas políticas e ideológicas generaban mucha desconfianza. Siempre hubo claridad sobre que representaba a un sector empresarial. Todos pensábamos que estábamos ante una nueva generación de políticos de izquierda que se abrían más a estos sectores sociales. Pero cuando se desvinculó del FMLN comenzamos a darnos cuenta de que, en realidad, estábamos ante un político sumamente pragmático. Es decir, él hará alianzas y acuerdos con quienes lo ayuden a conseguir sus objetivos políticos y asumirá los discursos que sean necesarios para convencer a la mayor parte de la población de que le dé su apoyo. Todo apunta a que este gobierno está reposicionando a la derecha en El Salvador.

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