El golpe de estado a Fernando Lugo en Paraguay el 22 de junio de 2012, desenlace previsible tras la matanza de campesinos y policías en las tierras mal habidas de Curuguaty, merece ser repensando, ya no solo tras el golpe pausado a Dilma Rousseff y la experiencia inédita del PT en el gobierno, sino de cara a ponderar a Paraguay como escenario de ensayo de las renovadas fuerzas conservadoras: golpes y derechas empresariales. De espacio marginal a tubo de ensayo.
Los golpes de Estado no son blandos ni duros, son quiebres a la voluntad general. Sin embargo, la vieja fórmula politológica reaparece. Los actores que emprendieron este nuevo tipo de golpismo también han sido exitosos en instalar una hegemonía discursiva, como si el quiebre de la soberanía política fuera posible porque la violencia física no es la metodología principal de los sectores dominantes para mantener el status quo. En todo caso, estamos frente a nuevos actores y mecanismos de destitución de presidentes y gobiernos elegidos en las urnas.
Las derechas, nuevas para algunos, menos nuevas para otros, aportan una novedad histórica explicita: las burguesías asumen el control directo de los asuntos públicos.
Los golpes de estado del siglo XXI, como los ocurridos en Haití, Honduras, Paraguay y Brasil, vienen a quebrar un proceso de radicalización democrática, algo que ya Perry Anderson había denominado como contrarrevoluciones preventivas, en respuesta a la “inflexión populista” de los años 1950. En efecto, toda vez que se produce una radicalización de la democracia que cuestione el poder económico y político de los grupos dominantes, reaparecen formas de interrupción del proceso. Ahora se trata de acciones destinadas a sustituir los productores del orden social, modificando la dirección de los procesos constituyentes nacidos de la crisis neoliberal.
Desde el siglo XIX el constitucionalismo limitó la expresión golpe de Estado a los cambios de gobiernos violando la constitución legal del Estado por parte de los mismos detentores del poder político ¿Pero qué constitución han violado ahora los golpistas? Las constituciones latinoamericanas tienen en su interior mecanismos que buscan limitar las ambiciones del soberano, es decir, al presidente en representación de voluntades. Y es allí precisamente, donde las derechas construyen el principal argumento para legitimar su accionar.
Hemos pasado de golpes como acto de ilegalidad necesaria a golpes de Estado en los estrictos márgenes de la ley. Es justamente en esa ambigüedad que caracteriza a los golpes de Estado del siglo XXI donde es posible dotar al orden social de una continuidad institucional. El nuevo golpismo reconoce que los gobiernos fueron elegidos democráticamente pero por alguna razón o valor superior -la moral, el bien común- no pueden seguir ejerciéndolo. De hecho, el argumento utilizado es que su intervención se produce para resguardar un orden democrático, apelación que utilizaron también las Dictaduras Institucionales de las Fuerzas Armadas en el Cono Sur de los años 1960-1970. Sin embargo hoy los golpistas centran sus esfuerzos ya no en legitimar a posteriori su acción –que reconocían ilegal– sino en demostrar la legalidad de todos y cada uno de los actos que han llevado adelante para suplantar al poder ejecutivo.
En Paraguay, entonces, no solo ocurrió el primer golpe de nuevo tipo del Cono Sur -antes Haití y en Honduras, en un Caribe y una Centroamérica bajo la custodia más estricta de los Estados Unidos- sino que la derecha probó suerte con un empresario. Fracasada la experiencia de la derecha “correcta” de Juan Sebastián Piñera, Horacio Cartes se puso al hombro lo que quedaba del Partido Colorado. Las derechas, nuevas para algunos, menos nuevas para otros, aportan una novedad histórica explicita: las burguesías asumen el control directo de los asuntos públicos. Delegada esta responsabilidad en los partidos o elites políticas –a las que siempre financiaron y apoyaron-, los “grupos” económicos son ahora espacios de configuración de las elites. Grupo Novoa en Ecuador, Grupo Cartes en Paraguay, Grupo Macri en Argentina. Todos ellos fueron grupos de empresas y son ahora conglomerados de políticos. Antes para el fracasado gobierno de Piñera y en el presente para los empresarios Cartes y Macri, los partidos se volvieron administraciones de consorcios y las empresas unidades básicas. Recordemos aquella categoría clásica, son burguesías en tanto dueñas de los medios de producción, no CEOs de empresas. Empleados de éstas podemos ser más o menos todos, tanto como dejar de serlo. Lo que media es un salario.
A poco de andar, el gobierno cartista ya está en retirada. La campaña presidencial para el 2018 tiene en punta a políticos de “raza”.
Aun así, todo está por escribirse. Cartes lleva adelante un gobierno que ha fracasado inclusive en su escueto programa de gobierno y cuenta con dificultades macroeconómicas -una novedad que supo introducir en la domesticidad paraguaya-. Además, y como poco antes en la historia democrática reciente, los conflictos sociales “saltan” de la mano de estudiantes, docentes, campesinos y ciudadanos siempre indignados, que han sabido paralizar Asunción y “torcer” el cambio cartista. Sociología para principiantes: el conflicto social, más o menos extendido, echa por tierra la ley de seguridad pública (que permite la intervención de las FFAA en la seguridad interna) tanto como el protocolo antipiquete.
A poco de andar, el gobierno cartista ya está en retirada. La campaña presidencial para el 2018 tiene en punta a políticos de “raza”. El Grupo Cartes alquiló el Partido Colorado pero no podrá quedarse. Volvieron los políticos. Moralejas de la historia: hasta aquí la región demuestra que los empresarios en el ejercicio de los gobiernos han fracasado. Ninguno de ellos será un prócer.
