El dilema de la presencialidad

Presencialidad si o no es un reduccionismo del problema educativo de fondo, que no comenzó con la pandemia.

Por Lorenzo Fino

El año 2020 dejó algunas enseñanzas con respecto a la educación en pandemia. El gobierno suspendió las clases y con eso trajo varias polémicas, aunque siempre es mejor ponerlas en perspectiva.

La educación virtual fue siempre un privilegio el año pasado. Muchos estudiantes que viven en condiciones humildes no tienen conexión a internet, por lo tanto no tienen la posibilidad de hacer un seguimiento de las clases. El único final posible es la deserción. Mientras la Ciudad de Buenos Aires puso el grito en el cielo reclamando su autonomía, lo cierto es que no otorgó ningún recurso para que estos chicos puedan seguir conectados a la escuela. El gobierno nacional, por su parte, parece tener como única solución el cierre total de las actividades escolares.

En este 2021 la discusión, en vez de encontrar una solución que deje satisfechos a todos, pasó a una judicialización extrema. CABA reclama por la supuesta inconstitucionalidad de un decreto nacional y olvida que una presencialidad total hace a un aumento de la movilidad de la comunidad educativa, cuya mayoría viaja en el transporte público. El gobierno de Alberto Fernández sostiene la suspensión de clases basándose en contagios que no superan el 1% de las burbujas. Tampoco parece tener una idea alternativa a la suspensión de clases. En paralelo, corta los canales de diálogo aduciendo una situación extraordinaria, entorpeciendo la autoridad de la Ciudad. Todo termina en la justicia, que responde con una obviedad demasiado grande a las presiones de cada partido político. La ciudad acude a quien sabe le votará a favor y viceversa.

Es innegable que hubo, hay y habrá contagios dentro de las instituciones educativas. También muertes. El reclamo docente y de una parte de la comunidad en este punto es legítimo. A mayor movilidad, mayor contagios. A mayor cantidad de horas y de chicos en la escuela, aumentarán luego las reuniones sociales. Aquí los padres deberían hacer una autocrítica mayor. Los alumnos que concurren al establecimiento a pesar de tener síntomas son el claro ejemplo de una gran desidia y desinterés por la situación actual.

Entonces, presencialidad si o presencialidad no es un reduccionismo total del problema. Gran parte de la solución pasa por un cambio de fondo al problema educativo en este país, que no comenzó con la pandemia. Nuestros alumnos y docentes no están capacitados tecnológicamente, no tienen las herramientas. Nuestras escuelas no tienen la estructura necesaria del nuevo siglo. 

Contagios dentro y fuera de los colegios

La curva de contagios entre el rango etario estudiantil presentó variaciones. Desde la vuelta a clases presenciales en febrero hasta el día de la fecha la curva ha ido en ascenso. Aunque el gobierno nacional presentó en su web oficial un porcentaje de casos casi ínfimo (0,12% de los estudiantes matriculados) hoy los contagios son mucho mayores. Ahora bien,  las burbujas funcionan y los protocolos se respetan dentro del aula. Pero luego de las clases, ¿cómo hacer para controlar los contagios? 

Un foco parece estar siempre en el transporte público, que está contemplado solamente para escenciales, aunque en la práctica parece no funcionar de tal manera. Otro foco está en las reuniones sociales después de las clases. Si una vez que se entra al aula se respetan todos los protocolos pero al salir los chicos se reúnen en espacios cerrados y sin protección, toda la seguridad antes realizada va directo a la basura. 

Párrafo aparte merece el plan de vacunación docente. El gobierno de Horacio Rodriguez Larreta enfoca siempre el discurso en su autonomía, pero se olvida que ésta también le permite conseguir vacunas. Alza la voz defendiendo la presencialidad, pero tiene solo un 14% del personal docente y no docente vacunado. Si la educación es prioridad, la comunidad educativa tiene que estar vacunada. 

Deserción y judicialización

La inclusión educativa en el ámbito primario y secundario en Argentina se desangra poco a poco debido a la pandemia del COVID-19. CABA calculó el año pasado un aumento en la deserción escolar y propuso un acercamiento prioritario de esos chicos a las escuelas. Parece que el gobierno porteño olvidó la posibilidad de dar equipamiento electrónico para que puedan conectarse, desacatando un fallo judicial que los obligaba a hacerlo. Los datos a nivel nacional son alarmantes. Se calcula que alrededor de 1,5 millones de chicos en edad escolar han dejado la escuela, según un estudio de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Las medidas tomadas por el gobierno del Frente de Todos son completamente deficientes. Las escuelas cerradas responden a la crisis sanitaria (que es de emergencia, nadie puede discutir eso) pero ¿qué medidas se toman para lidiar con la crisis educativa?

No se vacunan docentes, no se equipa a los estudiantes, no hay voluntad para un cambio real que se adapte a las necesidades del momento.

En dónde sí parece haber consenso de acción es en el plano judicial. Larreta desafía al DNU del gobierno en conferencia de prensa, porque sabe que cuenta con el respaldo de una decisión judicial favorable (entre la votación, vale aclarar, se encuentra la hermana de un funcionario público). El gobierno “contraataca” con una presentación ante un juez federal, que acata el pedido y suspende las clases a pesar de que la Corte Suprema de Justicia ya había aceptado el caso y propuesto los plazos correspondientes. Sí, mientras 1,5 millones de chicos pasan a la deserción, nuestros representantes se dirimen en una guerra judicial y política. 

Para salir del reduccionismo sobre la presencialidad hay que pasar al campo de la acción real. Si no hay clases presenciales se debe mejorar la estructura de la virtualidad, reconocer y remunerar de manera al menos digna a los docentes, capacitarlos realmente con las herramientas del nuevo siglo. Si hay clases presenciales se deben mejorar los cuidados, ampliar los protocolos, conseguir vacunas para el personal docente y no docente y asegurar el transporte público sin riesgos, entre tantas otras cosas.

Si la respuesta va a ser judicializar decretos o mantener disputas políticas que no resuelven nada, no habrá progreso posible. Necesitamos adecuarnos a los tiempos actuales y los funcionarios parecen estar en el siglo pasado.

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