La Cámara de Senadores de la Nación hoy podría convertir en ley el proyecto de aumento de las jubilaciones al 82 por ciento del salario mínimo, vital y móvil, que ya fue aprobado en Diputados. La Presidenta podría vetarlo, porque que no establece el financiamiento ni de dónde saldrían los recursos.
Cada vez se pone más en evidencia que la oposición parlamentaria al Ejecutivo nacional no piensa más que en buscar caminos para debilitar al Gobierno. En un sistema democrático, lo que podemos esperar los ciudadanos es que desde la oposición surjan alternativas tendientes a mejorar la situación socioeconómica de los argentinos, dado que los diputados y senadores fueron elegidos para llevar al Parlamento programas alternativos al que implementa el Gobierno nacional, tendientes a lograr una mejor calidad de vida, por ciudadanos con ideologías políticas diferentes a las del partido que ejerce el gobierno, elegido para ello por una mayoría popular. Pero una cosa es proponer alternativas para mejorar y otra muy distinta es transformar al Parlamento en una máquina de impedir, buscando deteriorar al Ejecutivo con las nefastas consecuencias para la mayoría de la población.
Por otra parte, cualquier partido político que aspire a suceder al peronismo en el poder gubernamental, siguiendo una lógica racional, debería aspirar a hacerlo en las mejores condiciones de gobernabilidad de forma tal que, al ejercer sus funciones, si ganara las elecciones, encontrara instrumentos viables para mejorar las condiciones de vida de los argentinos. Las persistentes iniciativas parlamentarias orientadas a limitar el crecimiento económico y una distribución progresiva del ingreso no atentan solo a perjudicar el accionar del Gobierno sino que afectan negativamente el nivel socioeconómico del pueblo.
Los ejemplos de esta actitud destructiva e irresponsable son innumerables y no es necesario abundar en ellos para justificar nuestros dichos. No obstante, podemos recordar algunos de ellos para tipificar el accionar opositor. Oponerse a las políticas de desendeudamiento mediante el uso de reservas de libre disponibilidad con el argumento de que ello generaría una supuesta crisis cambiaria es una idiotez, con origen ideológico neoliberal, que se puso en evidencia con la rápida recuperación de las reservas que, nuevamente, alcanzaron un record histórico a pesar del pago de los vencimientos de la deuda del año en curso. ¿Es, acaso, mejor para la economía del país y para todos los argentinos tomar préstamos en el mercado financiero al 14 por ciento, para cubrir deuda, mientras por la inmovilidad de las reservas se perciben intereses menores al 3 por ciento? A todas luces la respuesta es negativa y muestra el absurdo de los planteos opositores. Esta actitud muestra a las claras que no piensan en gobernar en el próximo período, salvo que prefieran gobernar endeudándose lo que implica, no sólo dependencia económica externa sino, además, menor presupuesto para educación, salud, jubilaciones, seguridad, vivienda, obra pública, desarrollo social, etc.. A mayor deuda externa menor posibilidad de cubrir la deuda interna social y las necesidades de los argentinos.
Y ¿qué decir sobre la propuesta de eliminación de las retenciones a los commodities? ¿Beneficia a todos los argentinos o a un grupo de terratenientes y algunos capitales financieros, concentrados, que invirtieron en el negocio de la soja y que obtienen rentas extraordinarias, beneficiados por la política cambiaria del gobierno tendiente a mantener el superávit comercial? Parece obvio que la eliminación de las retenciones tendrá un efecto negativo sobre los bolsillos de los argentinos dado que trasladará el precio internacional de los alimentos a las góndolas de los supermercados. Algunos opositores son tan idiotas que llegaron a afirmar que los argentinos no comemos soja desviando la atención del tema principal que defiende las retenciones y que es sostener el precio de los alimentos, además de los ingresos fiscales, que el gobierno de Cristina Fernández ha hecho coparticipables y que permiten su redistribución a partir de las obras públicas y las políticas sociales. No es posible creer que estos opositores ignoren que si los molinos harineros debieran pagar esos precios la harina y todos los derivados de esa cadena (pan, facturas, pizza, fideos, galletitas, tartas, empanadas, etc.) sufrirían incrementos de precios insostenibles para el poder adquisitivo de la población. No podemos creer que no sepan que los incrementos en los precios del maíz generarían el alza del precio del pollo y el cerdo. No pueden ser tan ignorantes para no saber que se incrementarían los precios de la carne dado que hoy la producción ganadera de la Pampa Húmeda se concentra, fundamentalmente, en los feedlot, engorde de corral, para cuya alimentación se utilizan los cereales.
Podríamos seguir con el listado, que sería extenso, pero creo que la preocupación mayor, desde lo económico, debe ponerse hoy en la propuesta en debate del 82 por ciento móvil para las jubilaciones. Esta es la cuestión que más debe preocupar a los trabajadores activos y pasivos porque, de implementarse, puede retrotraer la situación del país hacia experiencias de un pasado reciente en el que los trabajadores (activos y pasivos) sufrieron un grave deterioro en sus condiciones de vida. Sin duda, como trabajadores estamos de acuerdo en que los jubilados logren el 82 por ciento móvil, pero también sabemos que aplicado sin las debidas condiciones de financiamiento podría significar la destrucción del sistema jubilatorio.
Veamos: el último incremento de 196,30 pesos anunciado por la Presidenta de la Nación, eleva la jubilación mínima a 1.091,50 pesos siguiendo los parámetros determinados por la actual ley de movilidad jubilatoria. Esto representa 14.258 millones de pesos anuales adicionales. Si el salario mínimo se eleva a 1.850 pesos, una jubilación del 82 por ciento del salario mínimo, como se pretende, se elevaría a 1.517 pesos. Esto significaría una erogación adicional de 30.900 millones de pesos anuales. Pero, el problema no es sólo el financiamiento. Este incremento induciría una expansión -casi instantánea- de la demanda interna en 30.900 millones. Con un multiplicador probablemente superior a 1,5 (para ser moderados) generaría una expansión de 46.000 millones de pesos de PBI adicional. Esto se traduciría en una tasa de crecimiento agregado al previsto del 4 por ciento. En consecuencia, el crecimiento para el 2010 sería del 11 al 12 por ciento que, desde luego, sería imposible alcanzar dado el ritmo de recuperación de la inversión y de la necesidad de ampliación de la capacidad productiva del país para cubrir tal crecimiento. En las circunstancias actuales se verifica una fuerte recuperación de la inversión y, quizás, podría lograrse que la misma represente algo más del 22 por ciento en todo el período 2010. Pero, no podemos dejar de tener en cuenta que, para cifras de crecimiento mayores del 9 por ciento, el nivel de inversión debería ubicarse entre el 28 y 29 por ciento del PBI. La falta de prudencia, que se evidenciaría en una expansión explosiva de la demanda agregada, solo podría conducir (si se pretende ir más allá del 8 al 9 por ciento de crecimiento) a un pico inflacionario que pondría en riesgo todo el modelo. Esto muestra la irresponsabilidad de la oposición que, como hemos dicho, no solo no se preocupa de dónde obtener el financiamiento sino que pone en riesgo la estabilidad de la economía nacional y el nuevo estilo de crecimiento con justicia social. El actual modelo socioeconómico desarrollado por los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández no se compadece con ningún tipo de ajuste, se ha mantenido con altas tasas de crecimiento y camina hacia el pleno empleo, salarios dignos y desarrollo sostenido. La propuesta de la oposición, intempestiva, cargada de oportunismo político y orientada a desfinanciar al Gobierno es una clara provocación de quienes fueron promotores del ajuste, la flexibilización laboral y la rebaja de salarios y jubilaciones.
Imponer en este momento, de la manera en que pretenden, el 82 por ciento móvil sobre el salario mínimo, vital y móvil, echaría por tierra con las mejoras alcanzadas en los últimos años en el sistema previsional y condenaría a los trabajadores a un futuro incierto sobre sus jubilaciones. Nos parece irresponsable que una medida de tal significación y repercusión en la vida de los trabajadores pasivos sea tratada con tal liviandad. Por otra parte, de continuar con las políticas de crecimiento del PBI y del empleo, que inducen progresivamente a la disminución de la desocupación, de la informalidad y del trabajo en negro, estamos seguros de que en pocos años se alcanzará la meta del 82 por ciento, por la incorporación de nuevos aportantes al sistema y la consolidación del sistema jubilatorio. De la misma manera preocupa que se pretenda con otros proyectos, como el de eliminar los derechos de exportación para la soja y otros cereales, regresionar el ingreso y quitarle atribuciones de regulación al Estado. Subyace en ellos los principios del neoliberalismo que propugna que el Estado no intervenga en la economía y a la vez un intento de la oposición de desfinanciar al Estado para que el gobierno no avance con las transformaciones en marcha.
El autor es Director del Departamento de Ciencias Sociales del Centro de Estudios Socioeconómicos y Sindicales.
