Por Causa Popular.- Hace apenas 50 años hubo un Buenos Aires muy distinto del actual. La cabeza de un hombre muerto que cuelga por la abertura sin vidrio de la puerta del trolebús de la línea 305 y los cadáveres de dos mujeres tendidas en el empedrado, conforman una de las fotos más terribles de aquel 16 de junio de 1955, cuando oficiales de la Aviación Naval bombardearon Plaza de Mayo en un intento por terminar con el gobierno del presidente constitucional Juan Domingo Perón que había sido reelegido sólo tres años atrás con el 68% de los votos. Hasta hoy nunca se conocieron cifras precisas sobre el número de masacrados por la metralla y las bombas lanzadas desde los aparatos de la aviación naval. El propio Perón, según algunos de los que vivieron aquella circunstancia trágica para la Argentina y su gente, se negó a que se diera a conocer el balance de muertos y heridos. El día había amanecido lluvioso; la temperatura no superaba los 4 grados y la rutina de la ciudad era la normal. A las 12.40 se arrojaron 10 toneladas de bombas que provocaron más de 300 muertos entre mujeres, trabajadores y niños. Muchos más de 50 fueron reconocidos en las morgues por sus delantales blancos. Entre quienes allí cayeron había peronistas, antiperonistas, católicos, creyentes de todo credo, ateos, todos argentinos asesinados en nombre de Cristo, de la libertad y de la democracia.
Cuarenta minutos pasado el mediodía de aquel jueves encapotado y laborable, 20 aviones de la armada (14 cazabombarderos monomotores biplaza North American y 6 bombarderos bimotores Beechcraft, que llevaban más de dos horas y media en el aire, sobrevolando el Río de la Plata, mientras esperaban un plafond más alto), iniciaron el bombardeo y ametrallamiento por sorpresa de la Plaza de Mayo, con epicentro en la Casa Rosada.
Estaba programado un acto de homenaje a San Martín y desagravio a la bandera en la Catedral, e incluía un desfile aéreo, por lo que el ruido de las naves en formación no alarmó a nadie hasta los estampidos de las dos primeras bombas arrojadas por el entonces teniente de navío Néstor Noriega, jefe de la flotilla.
Esas bombas cayeron sobre la hilera de autos estacionados sobre Hipólito Irigoyen, entre Balcarce y Paseo Colón, y mataron entre tres y cuatro personas; las primeras de alrededor de 350 muertes, casi todas de civiles, en que resultó la jornada: casi enseguida otra atravesó el techo de un trolebús repleto, en el Bajo entre Irigoyen y Rivadavia, y aunque su carga incendiaria no deflagró -solo, en apariencia, el detonante -el desplazamiento de aire de sus cien kilos de peso alcanzó para matar a 58 de 60 personas a bordo, muchos de ellos chicos de escuela.
Los estallidos sirvieron de señal para que dos compañías de Infantes de Marina, unos 300 hombres, se desplegaron, partiendo del Ministerio del arma, en Cangallo y Madero, y del Arsenal Naval de Puerto Nuevo, hasta alcanzar Plaza Colón, a menos de 100 metros de la Casa Rosada, y desde allí la atacaron por dos flancos con fuego de ametralladoras y fusiles. Desde la sede de gobierno sostuvieron y contestaron el embate cuarenta granaderos y unos pocos empleados civiles.
Otros infantes aerotransportados habían copado el Aeropuerto Internacional de Ezeiza para garantizar el reaprovisionamiento, y un grupo de comandos civiles y marinos a cargo del teniente de navío Siro de Martín tomaron Radio Mitre, desde donde comenzó a irradiarse una «proclama revolucionaria». El primer ataque aéreo duró poco menos de una hora.
Cuando arreciaba, a las 13:12, el Secretario General Adjunto de la CGT, Hugo Di Pietro, convocó a los trabajadores de capital y conurbano con un llamado general: «Compañeros, el Golpe de Estado ha comenzado. Todos los trabajadores deben reunirse en los alrededores de la CGT, donde recibirán instrucciones. ¡Demos la vida por Perón! »
Los trabajadores, efectivamente, comenzaron a llegar a la zona poco después, en camiones fletados por los sindicatos y por la Fundación Eva Perón y en ómnibus requisados por ellos mismos, congestionando los accesos al centro. Otros resistentes espontáneos detuvieron ómnibus y troles para cruzarlos en la General Paz y sus principales intersecciones, de modo de prevenir avances terrestres.
Los primeros trabajadores en llegar a la zona recibieron unas pocas armas de puño, con las que se desparramaron por las recovas de Paseo Colón para hostigar a los infantes de marina. Otros manifestantes se dedicaron a atender a los heridos y otros, por fin, asaltaron una armería en Constitución y otra en Tucumán y San Martín.
El plan de los sublevados incluía, como objetivo central y evidente, el asesinato del presidente de la Nación, pero Perón no estaba en la Rosada; se había trasladado al Ministerio de Guerra -Edificio Libertador, actual Comando en Jefe del Ejército -alertado por el ministro, General Franklin Lucero de «ciertos rumores» y montado allí un comando centralizado.
Entre quienes lo rodeaban estaba allí el General Justo Leon Bengoa, titular de la III Brigada de Ejército con asiento en Paraná, de quien se supo después que la asonada lo había encontrado desprevenido, lejos de su comando, con el que pensaba unirse a la sublevación.
Por parecidas razones también estaba allí el Capitán Luciano Benjamín Menéndez, hijo del golpista de 1951. En cambio, el ministro de Marina, contralmirante Aníbal Olivieri, se había hecho internar en el Hospital Naval a la espera de los acontecimientos, acompañado de dos de sus tres edecanes: Eduardo Emilio Massera y Horacio Mayorga.
El tercero era Oscar Montes, inhallable ese día. Los tres alcanzaron el máximo grado de su escalafón y fueron juzgados años después por crímenes contra la humanidad.
Uno de los hermanos de Massera, Carlos, piloteaba un North American. Poco después de la una de la tarde, una veintena de oficiales de la aeronaútica tomó las instalaciones de la Séptima Brigada Aérea de Morón y las fuerzas legales se quedaron sin base para operar.
La Fuerza Aérea había entrado en acción con sus cazas a reacción Gloster Meteor, rivales imbatibles para los lentos aviones navales; habían alcanzado a derribar dos aparatos en el aire y averiado otros dos o tres en tierra, al ametrallar Ezeiza mientras se reabastecían; ahora, media docena de cazas Gloster y Fiat quedaron en manos de los atacantes.
Aquel, y no Malvinas, fue el bautismo de fuego del arma. Los aparatos de la aeronaútica efectuaron varias pasadas ametrallando la Avenida de Mayo, desde Congreso hasta el puerto y a la inversa.
A las 14, la Guarnición Motorizada Buenos Aires llegó en auxilio de las tropas de la Casa de Gobierno y con el auxilio de algunos blindados empujó a los infantes de Marina hasta sitiarlos en el edificio del que habían partido.
Olivieri había tomado por fin su decisión y estaba allí dentro, con sus ayudantes. A pesar de las indicaciones de Perón a la CGT tratando de circunscribir la lucha a los militares, los militantes peronistas caminaban en masa detrás de las tanquetas.
A las 15:10, el ministerio alzó bandera blanca, pero antes de que una comisión integrada entre otros por el General Sosa Molina y el General Valle -asesinado casi exactamente un año más tarde, el 12 de junio de 1956, por los «libertadores»- llegara al edificio, se inició la segunda gran ola de bombardeos, más prolongada y nutrida que la anterior.
Mientras que los sublevados de la aeronaútica seguían su propio plan con incursiones individuales, la Marina sumó tres grandes hidroaviones Catalina.
Todos volvieron a machacar la casa de gobierno, cuyo segundo piso se derrumbó en gran parte, pero agregaron otros objetivos: el Departamento de Policía, en Belgrano y Virrey Cevallos, la CGT, en Independencia y Azopardo, y la residencia presidencial de capital, situada en Austria entre Las Heras y Libertador, en el predio que hoy ocupa la Biblioteca Nacional, en éste último caso con pésima precisión: cayeron bombas desde Pueyrredon y Las Heras hasta Plaza Vicente López y la calle Guido. Los marinos sitiados en el ministerio retiraron la bandera de rendición y ametrallaron la delegación que se acercaba, matando a varios de los civiles espontáneos que la acompañaban.
El bombardeo metódico duró hasta pasadas las 16:30, cuando los ocupantes de Ezeiza alertados por las caídas en manos el ejército de las bases navales de Punta Indio -de donde había partido el grueso de los atacantes- Puerto Belgrano y Mar del Plata, por la inmovilidad de secciones del ejército cuyo apoyo habían esperado y por la cercanía amenazante del regimiento III de La Tablada, huyeron en masa al Uruguay, en algunos aviones de transporte. Los pilotos que aún se hallaban en el aire hicieron lo propio.
Los ocupantes de Morón tomaron la misma decisión algo más tarde; 122 oficiales de ambas armas y un civil -Miguel Angel Zavala Ortiz, líder del radicalismo «unionista» y jefe de los comandos civiles que no habían llegado a entrar en acción -y 36 aparatos diversos, con los flancos pintados con una cruz sobre una «V» llegaron a la otra orilla.
En el comité de recepción estaban Carlos Suarez Mason, exiliado allí desde 1951 y futuro jefe de asesinos seriales del primer cuerpo de Ejército, y el socialista de ultraderecha Américo Ghioldi, futuro embajador de Videla, identificado con una de las supervillanas de la literatura universal, Lady Macbeth, a partir de 1956, cuando citó su línea «se acabó la leche de la clemencia» para justificar el asesinato de civiles y militares.
Entre quienes llegaban estaba Osvaldo Cacciatore, quien a partir de 1976 sería intendente «de facto» de la misma ciudad indefensa que había bombardeado. El presidente Luis Batlle Berres devolvió más tarde los aviones, pero agasajó informalmente a los hombres.
El Ministerio de Marina volvió a rendirse a las 17:10, esta vez en serio. Como única condición Olivieri, que mantenía una actitud ambigua entre la de jerarca de los alzados y la de negociador del gobierno, pidió al ejército que «retirara a los partisanos (sic) que hacen fuego desde la recova».
El edificio moderno y muy vidriado mostraba toda clase de destrozos, pero dentro no había ni una baja mortal. La hubo enseguida; Benjamín Gargiulo, uno de los oficiales jefes del alzamiento, se disparó con su pistola reglamentaria, encerrado en un despacho.
El otro, Samuel Toranzo Calderón, no. A las 17: 40, cuando Perón llevaba unos 10 minutos hablando al país por la cadena oficial de radiodifusión y la Plaza de Mayo se había llenado nuevamente de personas, un Fiat G-6 de la Fuerza Aérea rezagado efectuó un último vuelo, rasante y disparando sobre la multitud, antes de perderse en el Río de la Plata.
La respuesta, con la Iglesia como objetivo.
En su mensaje, el Presidente no ahorró denuestos a la Armada ni elogios y agradecimiento al Ejército. Erraba por optimismo, como se vería en setiembre. El Secretario General de la CGT, Eduardo Vuletich, tuvo un fugaz regreso al rol que en la práctica desempeñaba Di Pietro, y cargó las tintas sobre la responsabilidad de la Iglesia, que por cierto apadrinaba ostensiblemente a los golpistas.
Por la noche, multitudes no identificadas quemaron una decena de templos católicos céntricos, incluyendo la curia, en un costado de la catedral, a la que se voló previo desempotrar y llevarse la caja de caudales. Pío XII, que se había negado tozudamente a excomulgar a Mussolini incluso después de su caída, lo hizo con Perón en solo tres días.
Vuletich, dirigente de la Asociación de Farmacia, fue rápidamente renunciado. Perón nunca confió plenamente en él: prefería manejarse con Di Pietro -que ocupó por fin la Secretaría General- e incluso con José Espejo, aunque este había sido empujado a la renuncia por la multitud, que le reprochaba su obsecuencia, en 1953.
Lo cierto es que el incendio de los templos nunca estuvo del todo claro: la calle estaba llena de trabajadores autoconvocados, pero también de «comandos civiles» que no habían alcanzado a entrar en acción.
Y no hubo quema de templos en los barrios perisféricos de Buenos Aires, donde el peronismo era dominante. En cambio sí la hubo -fue el único otro lugar del país, al menos en esa proporción-en Bahía Blanca, una ciudad muy influida por la próxima base de Puerto Belgrano.
El conflicto con la iglesia derivó de la creación del Partido Demócrata Cristiano de Argentina como símil del impulsado por el Vaticano en Italia, y del desagrado de Perón, a cuyo juicio el Partido Justicialista ya ocupaba ese lugar.
El peronismo hizo votar una avanzada ley de divorcio, eliminó la enseñanza religiosa en las escuelas del Estado y promovió el debate alrededor de la separación de la Iglesia y el Estado.
La iglesia identificó crecientemente al régimen con una dictadura «inmoral» contra el que predicó desde todos los púlpitos y prohijó en declaraciones y hechos a los golpistas. Socialistas, demoprogresistas y Radicales del Pueblo vieron con agrado las medidas anticlericales -y votaron a favor de las que llegaron a legislarse- pero se hicieron los osos cuando la oposición comenzó a reunirse alrededor de la Santa Madre. I
Innegablemente autoritario, el del General Perón seguía siendo el gobierno constitucional del país, su titular había sido reelecto con el 68% de los sufragios solo tres años antes, los salarios de los trabajadores seguían participando en el Producto Bruto Interno en una proporción próxima al 50%; se estaba cerca de una alfabetización del 100%, habían desaparecido enfermedades endémicas, no había déficit de viviendas, ni de escolarización, ni de camas de hospital, ni deuda externa.
El terrorismo antiperonista databa de tiempo atrás. No comenzó el 16 de junio de 1955 con el bombardeo a los manifestantes en la Plaza de Mayo. Algo más de dos años antes, el 15 de abril de 1953, con motivo de un acto oficialista, con Perón como orador, un «comando civil» hizo explotar dos bombas, una de ellas en el andén de la también estación «Plaza de Mayo» de la Línea «A» de los subterráneos porteños.
Como resultado de la misma murieron seis personas, otras 19 quedaron lisiados a perpetuidad y 93 más sufrieron heridas de diferentes consideraciones.
El principal responsable de ello fue el dirigente radical Roque Guillermo Carranza, quién fue detenido el 11 de mayo de ese año y sigue homenajeado llevando su nombre una estación de subte.
Culpabilizar a la víctima
Los rasgos del intento de magnicidio del 16 de junio fueron tan groseros que recordaron la humorada de Chesterton respecto a que la mejor forma de ocultar un homicidio es generar una guerra en la esquina y arrojar el cadáver allí, pero interpretada por alguien que no acabó de entender la sutileza.
El odio contra la persona de Perón se había transferido con facilidad a -o había empezado por- el pueblo que, en mayoría, aún sentía ese proyecto de país como propio.
Los diarios del 17 de junio se refirieron con amplitud a los daños y publicaron listas parciales de muertos y heridos, pero comenzaron a diluir la información a partir del día siguiente; el régimen advirtió su propia debilidad y los mensajes del Presidente se volvieron tibios y conciliatorios, lo que resultó en la progresiva desaparición de los nombres de los caídos, que se completó con el golpe de Estado del 16 de setiembre.
El documento liminar de la “Revolución Libertadora” inauguró el recurso de culpabilización de la víctima: el «tirano» era responsable por las muertes -que nunca se nominaron ni enumeraron- porque habría convocado a los trabajadores, a sabiendas del riesgo.
Perón no hizo ningún llamado a la ciudadanía a lo largo de esa tarde, pero el argumento se repitió con éxito en la prensa oficial y hasta en los libros escolares durante las siguientes dos décadas.
Varias generaciones fueron informadas del vandalismo ateo de las masas peronistas con el mismo cuidado con que se nos ocultó y decrecieron bajo la oclusión oficial y el goteo clandestino de un relato tan monumental que, aún prescindiendo de su monstruosidad pareciera inocultable.
Durante medio siglo los terroristas de Plaza de Mayo gozaron de un aura romántica basada en una acción cuya infamia solo sería comparable a la destrucción de Guernica si los pilotos de la Legión Cóndor hubieran sido vascos y no alemanes.
