En su emblemático poema “Verbo irregular”, escrito durante la primera mitad de la década del 70, el poeta Roberto Santoro (detenido-desaparecido por el terrorismo de Estado), apuntó: “Yo amo/ tú escribes/ él sueña/ nosotros vivimos/vosotros cantáis/ ellos matan”. “Más poesía y menos policía, más poesía y menos policía”, suelen corear los manifestantes en las masivas movilizaciones realizadas en Córdoba cada noviembre para reclamar la derogación del “Código de Faltas”, hoy denominado “Código de convivencia”. Parece que la policía y la poesía no se llevan bien. No es para menos, lejos de cualquier sensibilidad ciudadana/democrática, los agentes de las fueras de seguridad parecen haber tomado a los jóvenes trabajadores, a los muchachos de los barrios pobres no solo como el blanco predilecto para su secta de gatillo alegre, sino además como objeto de sus pulsiones más oscuras.
“A Víctor lo mató la policía”
El viernes pasado, vecinos de la localidad de San Martín se movilizaron por las calles del norte del conurbano reclamando justicia bajo la consigna “A Víctor lo mató la policía”. Víctor González tenía 37 años, dos hijos y seis hermanos. El lunes 26 de septiembre, mientras tomaba unas cervezas en la esquina de su barrio, con unos amigos, unos tiros comenzaron a sonar por allí. Después, nada: ni sonidos, ni imágenes, ni respiración. Le llegó la muerte. La señora del almacén que le vendió la cerveza contradijo la versión policial -que de entrada dijo que era un delincuente- y aseguró que el muchacho, que trabajaba con su papá en la construcción de un edificio, había ido a su negocio a saldar las cuentas del fiado, como semanalmente hacía. El de Víctor es solo uno de los siete casos denunciados por la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), ocurridos entre el 16 y el 24 de septiembre: 7 asesinatos en 8 días, perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado.
“Lo ocurrido muestra la persistencia de las peores prácticas de las fuerzas de seguridad y los efectos de las políticas centradas en el control poblacional con un enfoque discriminatorio”, sostuvieron desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, en una declaración conjunta que hicieron el mismo viernes, día en que se conoció otro caso, el de Iván Navarro y Ezequiel Villanueva Moya. Según difundió La Garganta Poderosa, el sábado 24 de septiembre dos chicos que participan de su revista en Villa Zavaleta padecieron otro episodio de violencia por parte de las fuerzas represivas, aunque en este caso tuvieron la “suerte” de que no les costara a vida. Ezequiel Villanueva Moya, de 15 años, salió de su casa esa tarde para visitar a su abuela. De regreso, ya de noche, se encontró con su amigo Iván Navarro, de 18 años. Fue entonces cuando los paró la Policía Federal, los requisó y luego los dejó ir… por unos metros, porque después fueron detenidos por miembros de la Prefectura Naval, quienes se los llevaron, los amenazaron y golpearon, los torturaron. A estos procedimientos de las fuerzas de seguridad típicos de la post-dictadura, los “marrones” sumaron “simulacros de fusilamiento”. De los veinte implicados, siete están detenidos. Fueron imputados por el fiscal Adrián Giménez, acusados por torturas (delito que contempla penas que van de 8 a 25 años, como en casos de homicidios), la misma tipificación que se utilizó en el caso Luciano Arruga.
Cuando el Estado mata
Según puede leerse en el Informe Anual 2016 producido por el CELS, al menos 162 personas perdieron la vida durante 2015 en hechos de violencia de los que participaron miembros de instituciones de seguridad (36 eran integrantes de esas instituciones y 126 eran ciudadanos particulares). Si bien en el informe, respecto de 2014, se observa un descenso de la cantidad de particulares muertos (ese año estuvo caracterizado por un pico pronunciado en relación con la última década), los números, detrás de los cuales están presentes biografías singulares, se ubica en niveles semejantes a los alcanzados entre 2009 y 2013. Esto, según palabras del propio CELS, implica que persiste un “núcleo duro” de muertes que el Estado no ha podido reducir. De los 126 ciudadanos en 2015, 53 fueron ultimados por la Policía Federal, 49 por la Policía Bonaerense, cinco por la Policía Metropolitana, tres por las policías locales, tres por la Prefectura, uno por Gendarmería, otro por un funcionario del Ejército, dos por el Servicio Penitenciario Federal y tres por el Servicio Penitenciario Bonaerense (de otros seis no se disponen datos relativos a la fuerza en que se desempeñaba el funcionario). El informe llama la atención respecto de la preponderancia del involucramiento de las fuerzas federales en estos casos (57), más que las de la provincia de Buenos Aires (52) y de la CABA (5), ya que históricamente, la fuerza policial que concentraba mayor cantidad de hechos de violencia letal era la Bonaerense. “Sin embargo, en los últimos tres años, hemos registrado más muertes ocasionadas por la Policía Federal que por la Bonaerense”, puntualiza el CELS.
La gorra ante la gorra
A poco más de un mes de realizarse la 10° Marcha de la Gorra en Córdoba, un conjunto de organizaciones sociales antirrepresivas realizaron ayer lunes una conferencia de prensa en la Biblioteca del sindicato de Luz y Fuerza, para informar sobre el fallo favorable respecto del Hábeas Corpus preventivo colectivo presentado con anterioridad, como parte de una estrategia jurídico-política elaborada de manera conjunta por distintos movimientos sociales y abogados de derechos humanos. La Cámara de Acusaciones ordenó que se hiciera lugar a este Hábeas Corpus, revocando de este modo el fallo del Juzgado de Control de Séptima Nominación que lo había rechazado. Las organizaciones han denunciado que, desde que comenzaron en 2014 los denominados “Operativos de Saturación”, realizados por la policía de la provincia, numerosas personas se han visto atropelladas en sus derechos. Las detenciones masivas y los procedimientos arbitrarios, señalaron, dan lugar a arrestos por “resistencia a la autoridad” (figura cuestionada incluso por algunos magistrados) y por contravenciones, las cuales -subrayaron- “carecen de fundamento judicial”.
«De muertes por gatillo fácil, tortura u otras modalidades, desde diciembre de 1983 a la fecha, se han producido 3152 casos, un promedio que va de los 200 a los 300 casos por año»
Córdoba tuvo el triste privilegio de ser la provincia con mayores casos de gatillo fácil en 2014. Según un informe realizado por el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), titulado “Uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba”, las víctimas por el “uso letal de la fuerza por parte de agentes estatales en Córdoba”, en el período que va desde 2011 hasta abril de este año, se eleva a 77. Los años 2013 y 2014 fueron los que registraron más víctimas (18). Sin embargo, en los cuatro primeros meses de 2016, el número de casos ya llegó a cinco.
“Lejos de escuchar la denuncia de los familiares y de una revisión seria de la conducta de los agentes de la Policía de Córdoba, el discurso oficial sigue subido a la ola de la (in)seguridad con más policía (más impune) en las calles”, destacaron desde el Frente Organizado Contra el Código de Faltas (FOCCOF), quienes subrayaron que, finalizado el 2015, el gobierno de Unión por Córdoba había gastado “$1.311 por persona para mantener jardines y escuelas primarias”, pero destinó “más de $ 8.000 millones a copar la ciudad de policías”.
Contra eso que en Córdoba los movimientos sociales y los abogados de derechos humanos han calificado como “Estado policial”, se protestará el viernes 18 de noviembre, en una nueva edición de la Marcha de la Gorra.
Ocupar-rastrillar-disciplinar
Las distintas fuerzas de seguridad ya no se distinguen tanto entre sí cuando de lo que se trata es de “verduguear” a los pibes en las barriadas.
Durante cierto tiempo la Prefectura y la Gendarmería eran fuerzas que gozaban de cierta legitimidad ante la población, como una suerte de plus, un extra o, al menos, pocas en contra, a diferencia de la Policía Federal, y sobre todos, de las provinciales (“la maldita policía”, solía ser el modo de nombrar a la Bonaerense, acaso una de las más “bravas” del país). Ahora esa legitimidad está cada vez más erosionada, porque lejos de ese ideal de que eran agentes “distintos”, sus prácticas no varían demasiado de las ya conocidas rutinas policiales. Ya en 2002, cuando se produjeron los asesinatos de los jóvenes militantes Maximiliano Kosteki y Darío Santillán (en la denominada “Masacre de Avellaneda” del 26 de junio de 2002), la Prefectura bajó del Puente Pueyrredón (donde tenía jurisdicción operacional) para sumarse a la represión en suelo bonaerense. Desde entonces, su presencia en la zona sur de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se ha ido incrementando.
Gendarmería y Prefectura funcionan hoy -desde hace algunos años, en rigor de verdad- como una máquina disciplinadora de los jóvenes en los territorios. No en vano desde el Colectivo Juguetes Perdidos han denominado estas “prácticas moralizadoras”, habituales de prefectos y gendarmes, como un “Servicio militar a cielo abierto”. Y esa práctica, tal vez exacerbada este año, viene de antes, como de antes vienen los “pibes silvestres”, esos que -para decirlo nuevamente con las palabras del mencionado colectivo- “crecieron solos”, “se hicieron a sí mismos” y hoy son como una postal de la “década ganada”, su reverso.
Durante la gestión del ingeniero Mauricio Macri se han exacerbado estas rutinas violentas y represivas por parte de las fuerzas de seguridad, pero no vendría mal recordar que el problema viene de larga data, y que hasta ahora los gobiernos no han logrado, no han sabido, no han querido desandar esas prácticas, que en numerosos casos se transforman lisa y llanamente en homicidios, en crímenes que además suelen quedar impunes. De muertes por gatillo fácil, tortura u otras modalidades, desde diciembre de 1983 a la fecha, se han producido 3.152 casos, un promedio que va de los 200 a los 300 casos por año.
Así como en décadas anteriores ningún gobierno parecía estar dispuesto a enfrentar a la corporación militar, hoy parece difícil encontrar a quienes estén dispuestos a problematizar de vedad el rol que juegan las fuerzas de seguridad en nuestra sociedad.
Mientras tanto, los casos de abuso policial, de violencia institucional y gatillo fácil se siguen cobrando vidas.
