De la Redacción de ZOOM. Con motivo del reciente fallecimiento del prestigioso economista, reproducimos una entrevista realizada por Jorge Devincenzi para este medio en febrero de 2009. Aspiazu investigaba el proceso de las privatizaciones en Argentina y el déficit de los servicios públicos. Analizaba el rol de la política y de los consorcios locales en la transnacionalización de la economía.
El economista Daniel Azpiazu integra el grupo Fénix junto a otros apellidos notables como Ferrer, Basualdo, Valle, Gak, Treber y Schvarzer (desaparecido recientemente). El investigador del CONICET y FLACSO, analiza en entrevista con ZOOM las privatizaciones de servicios públicos, sus costos y los cambios producidos desde 2003.
—Desde una perspectiva política, ¿qué representó la privatización de los servicios públicos durante la década pasada?
—Aquello fue más un éxito político que económico. El triunfo de Menem consistió en lograr, a través de las privatizaciones, el consenso políticos de los grandes grupos locales, la banca internacional, los gobiernos centrales, los organismos multilaterales de crédito. Nadie hubiera imaginado, no existía en el imaginario popular la idea de que el peronismo estuviera dispuesto a hacer lo que hizo. E incluyo al imaginario de los grandes empresarios y los grandes poderes internacionales, para quienes también fue una sorpresa. El peronismo estaba dispuesto a desprenderse de su bien más preciado: las empresas públicas, muchas de ellas creadas, construidas y consolidadas durante el primer gobierno peronista.
—De la revolución productiva y el salariazo a la ley de reforma del Estado…
—Efectivamente, si uno lo compara con los intentos de privatización de Terragno y el alfonsinismo, parece un chiste. Y no es casual que las dos primeras privatizaciones que se hicieron, Gas del Estado y Aerolíneas, fueron las dos truncas de Terragno, que no salieron por oposición del justicialismo. El mensaje al poder internacional era solo nosotros podemos hacerlo, y todo es privatizable.
—Hubo pérdida de patrimonio público, pero también apropiación de ingresos.
—Todos tenemos una visión clara de las consecuencia de las privatizaciones y no solo en cuanto a pérdida de patrimonio de la sociedad. En primer término, hay que considerar la naturaleza de la demanda en cuanto a aumentos de precios de los servicios públicos esenciales.
—La famosa inelasticidad…
—Claro, uno no deja de tomar agua porque cueste más, ni vive a oscuras porque la luz aumente el 10%. De ese modo, las tasas de rentabilidad eran descomunales. La masa de utilidades fue fenomenal. Entre 1993 y el 2001, el 30% de las mayores empresas con sede en el país eran las privatizadas, y se llevaban el 80% de la torta, del total, de la torta grande. Las transportadoras de gas recuperaron sus inversiones en 4 años, las distribuidoras de gas en 7 años. No hay empresa del mundo que recupere sus inversiones tan rápido, salvo la timba financiera, pero esto era más seguro porque se trataba de un mercado cautivo.
—¿Cuál fue el papel que cumplieron el capital nacional y los grupos económicos locales?
—En todas las consorcios iniciales hubo tres actores: los grupos económicos locales que aportaban la capacidad de lobby, eran los que escribían los pliegos, y tenían el conocimiento previo de la infraestructura como ex-patria contratista. Hablamos de Techint, Pérez Companc, Soldati. En segundo lugar, la banca acreedora, que capitalizó títulos de la deuda a través del Plan Brady, y algunas internacionales. Luego la Banca vendió los títulos, los grupos económicos vendieron sus paquetes, y en definitiva, las multinacionales se quedaron con todo.
—¿Cómo se explica que mientras Menem se alineaba con Estados Unidos, no había privatizadas norteamericanas?
—Es sorprendente, en la primera tanda de privatizaciones son todas empresas europeas. Recién cuando los grupos locales venden sus paquetes, en el ‘97 y ‘98, entran las norteamericanas. En las europeas, las comisiones y coimas tienen estado contable, y se pueden blanquear en los balances. En las norteamericanas, no. Por eso fracasó IBM-Banco Nación, y a la Bell la bajaron de un hondazo.
—No fue una cuestión de relaciones carnales…
—No, a la Bell, María Julia la bajó con el argumento de que no tenía en su poder títulos de la deuda. Y en realidad, fue porque no quiso poner 32 millones de dólares para el patrón, Menem, 16 para ella misma, 8 para Dromi y 4 para Otero que era el interventor de EnTel.
—Pero aquí había 3 poderes, había que seguir repartiendo…
—Tuvo que haber necesariamente un segundo reparto. La Comisión de Seguimiento de las Privatizaciones es fantasmagórica. Todos los meses llegaba un sobre anónimo con 10.000 dólares. Baylac fue un personaje clave en estos manejos, aunque luego se convirtió en un combativo contra las privatizaciones. Cerca de diciembre de 2001, cuando todavía De la Rúa no había partido en helicóptero, se quemó o perdió el disco duro de la bicameral. Y para qué hablar del poder judicial…
2001 y después
—Sucede diciembre de 2001 y llega Duhalde. ¿El panorama se modifica?
—Cambia mucho. La Ley de Emergencia Económica, en la que tuvimos algo que ver, está fuera casi de contexto. Hay 3 artículos, (el 8, el 9 y el 10), que son algo así como la revolución socialista dentro de las privatizaciones. Se prohíbe la indexación de las tarifas, se fijan criterios para renegociación, no pueden dejar de prestar los servicios. Algunos grupos presionaban por devaluar porque las tarifas estaban fijadas en dólares, y con la devaluación se hubieran multiplicado por cuatro. Una locura, e insostenible. En la primera renegociación, las empresas plantearon transferirle toda su deuda externa al Estado con un seguro de cambio retroactivo, o integrarse a la renegociación global de la deuda externa. En ese sentido, la ley les cortó todos los negocios.
—El viejo truco de Cavallo…
—Claro, pero luego hubo otras renegociaciones y se fueron olvidando algunas cosas. La ley de emergencia tuvo esos tres artículos durísimos, y la prenda de negociación fue el artículo 10, que declaraba vigente la ley de convertibilidad, por el cual se prohibía indexar las tarifas a partir del 1 de abril de 1991 y por lo tanto, todos los aumentos posteriores a esa fecha eran ilegales y exigible su devolución. Es decir, todo fue ilegal desde el principio. Eran 10 mil millones de dólares ingresados ilegalmente que se usaron como negociación.
—Duhalde había sido vicepresidente durante esa ilegalidad…
—Según contó Remes Lenicov, Duhalde le habría dicho que las privatizadas eran el enemigo público número uno, en enero de 2002, en plena convulsión social. Después fueron matizando…
—¿Y qué hicieron luego las empresas?
—Algunas vendieron y se fueron, y vendieron mal. Otras presionaron para que las echaran, como Suez. Otras se quedaron. Lo importante es que nunca volverán a tener esas tasas de rentabilidad, nunca, ni por casualidad, van a tener esa masa de utilidades en términos de moneda fuerte. Ni su abultado valor patrimonial, basado en la fantasía de la convertibilidad, será el mismo.
—¿Existe hoy una política general respecto a las privatizadas, o se renegocia caso por caso? ¿Hay una visión estratégica, y en todo caso, es necesario que la haya?
—El kirchnerismo no tiene un proyecto estratégico en infraestructura, que es donde se asienta un proyecto de país. Mas allá de que la gestión sea pública o privada, no se conoce un proyecto de largo plazo. No se entiende, por caso, la renegociación con Eurnekian, donde el Estado, de acreedor pasa a ser socio minoritario… El 60% de la población argentina no tiene cloacas, pero hay 1,5 celulares por habitante, y ese dato lleva directamente al modo en que se renegocia teniendo o no un proyecto estratégico.
—Es que también hay un cuerpo legal, la organización normativa del Estado, que no se ha tocado, como por ejemplo los tratados bilaterales de inversión (TBI).
—Con Menem, Argentina firmó 59 tratados bilaterales de inversión. Con 10 años de vigencia, incluyen la designación del Ciadi como tribunal arbitral, con jueces que no designa el país anfitrión de las inversiones sino la empresa inversora y el Banco Mundial, que es como decir, el gobierno de Estados Unidos. La mayoría de los tratados fueron firmados en 1992 y 1993. Si al cumplirse el período no se denuncian, siguen vigentes; y si se denuncian, los derechos adquiridos continúan por otros 10 años. En el caso Aguas Argentinas-Suez, el Banco Mundial es acreedor, accionista y árbitro, y el TBI con Francia determina que el fallo será inapelable. La posición oficial es que no hay que denunciar los tratados porque son buenos, lo malo es el CIADI.
—¿Cuál es el actual perfil de negociación del gobierno argentino con el CIADI?
—Lo que están haciendo con los arbitrajes es bicicletear, los postergan. Pero además, y eso es relativamente inteligente, renegocian los contratos siempre que suspendan o renuncien a litigar en el Ciadi. Y lo que es más importante, desde el primer fallo de SMS, y en los casos de Transener y Edenor, los que pagan los platos rotos son los accionistas de las empresas cuando el fallo perjudica a la Argentina. Lo cual abre muchos interrogantes: cuando Midlin (Grupo Pampa Holding) compra Transener y Edenor, en realidad está comprando un pasivo inconmensurable.
El caso Aysa
—¿Aysa, como modelo de re-estatización, ha cambiado la estrategia que tenía Suez?
—Aysa no publica sus memorias, balances, compras…. No se trata, ni mucho menos, de que las empresas públicas deban ser rentables, en el sentido de maximización de la tasa de ganancias que tenían las privadas. En todo caso, lo que debería maximizarse es el beneficio social pero, igualmente, la más amplia información sería más que deseable. Aunque más no sea para poderla contrastar con el fracaso de las privatizaciones.
Aún así, todo indica que con subsidios estatales y préstamos del ANSES, se han realizado importantes obras. Y en ese sentido, confrontando con el neoliberalismo… por supuesto que no está mal… todo lo contrario….Pero al no transparentar el origen de tales inversiones, ni hacer pública la información de balance, eso da pié a críticas fáciles y, en general, infundadas. Además, la estructura tarifaria sigue siendo la vigente hasta el último día de la gestión de Aguas Argentinas, como la proliferación de cargos fíjos de carácter regresivo por su propia naturaleza que, en su momento, morigeraron y mucho la estructura original de las tarifas del servicio que, como debería corresponder, conllevaría fuertes subsidios cruzados para garantizar el acceso al servicio de quienes más lo necesitan —los que no cuentan con el mismo— o mayores dificultades tienen para abonarlos.
También sigue vigente la posibilidad de cortar el servicio frente a la falta de pago. En suma, el agua potable es muy barata, dada su condición de recurso no infinitamente renovable ni mucho menos, para los sectores de mayores recursos que, incluso, la despilfarran. Por último, si todo, planificación, gestión, inversión, etc., queda bajo regulación y control de un mismo organismo, en este caso el Ministerio de Planificación, no alienta ni mucho menos la transparencia en sectores claves.
