Luego de mucho esfuerzo y meses de negociación, Argentina
logró el acuerdo con los bonistas bajo ley extranjera. La deuda reestructurada asciende a aproximadamente US$ 68.800 millones de stock de capital en lo referido a deuda de ley extranjera, según el decreto 250/2020.
¿Cuáles son los beneficios del acuerdo?
En los primeros años ahorra dólares y también pesos, permite despejar vencimientos de los próximos años y con ello, recuperar una senda de crecimiento: si entre 2020 y 2024 vencían nada más y nada menos que US$ 63.664 millones por todo concepto (capital e interés, deuda pública y privada, ley local y extranjera), vamos a pagar sólo US$ 6.116 millones aproximadamente. Por otro lado, se descomprime la demanda de dólares, importantísimo en una economía como la nuestra, atravesada por la recurrente restricción externa. Además, a partir de esto se permite liberar ingentes recursos fiscales para atender la pandemia y para recuperar el consumo y la producción, y con ello el crecimiento económico. En el presupuesto 2019, los intereses de deuda alcanzaron el 21% del total de gastos.
En el verano, los bonistas arrancaron ofreciendo un acuerdo por US$ 92 de valor Presente Neto por cada US$ 100 de valor original de cada título. En febrero los acreedores ya ofrecían US$ 75. En la primera oferta del Gobierno argentino, en abril de 2020, se propuso pagar US$ 40 y los bonistas allí contraofertaron US$ 65. La brecha seguía sin cerrarse. En la propuesta argentina del 5 de julio Martín Guzmán ofreció US$ 53 por título. Finalmente el acuerdo se cierra entre US$54 y U$55: los acreedores redujeron su oferta un 70%; Argentina mejoró la suya en un 35%.
Aunque algunos medios adelantaron que habría concesiones legales a los bonistas para restringir las mayorías en futuros canjes, lo cierto es que el gobierno argentino mantuvo su posición al respecto: “Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general ajustará ciertos aspectos de las cláusulas de acción colectiva en los documentos de los nuevos bonos”. Es decir, aceptará esos acuerdos siempre y cuando sean considerados como criterio general en las negociaciones de deuda actuales en el mundo. Lo que está en discusión es cuál será la soberanía de los Estados frente a los acreedores para negociar sus deudas.
Argentina logró imponer su “curva aplanada” de vencimientos y comprar tiempo en los próximos 5 años, que era el plato fuerte de la oferta original.
A esta altura del partido ya nadie puede discutir la buena fe de la propuesta argentina, que se mantuvo incluso frente al escenario de pandemia. Para poner en valor: Ecuador está reestructurando su deuda a la par de la Argentina, por un monto menor (US$ 17.400 millones), con una oferta cercana a US$ 59 de Valor Presente. Es decir, nuestro país logra un acuerdo con una sensiblemente menor oferta a la del ejemplo que BlackRock quiso que se emulara. Aquí debe hacerse un comentario técnico importante: no esperen grandes modificaciones del ratio deuda/PBI, dado que el cálculo realizado -considerando stock de capital de deuda- no resulta en grandes quitas al mismo. La clave está en la reducción de intereses y extensión fuerte de plazos.
Lo que cabe preguntarse, en definitiva, es ¿qué cambia el acuerdo en la vida de las y los argentinos? Se podría esperar un relajamiento de las tensiones cambiarias por un tiempo, posiblemente reflejado en la evolución del CCL. A la par, se gana margen fiscal para financiar transferencias a sectores populares (ATP, IFE, Jubilaciones, etc). El eventual acceso al crédito internacional en el mediano plazo podría abaratar la financiación de las empresas, que en un contexto de pandemia es un apalancamiento fundamental.
¿Con este acuerdo se termina la discusión de la deuda?
En una palabra, no: hasta el 24/8 se concluirá el periodo para la aceptación de la oferta, a lo que se suma una negociación pendiente con el FMI por un total de US$ 44.000 millones. El organismo ha sido el responsable de la debacle económica, luego de ofrecerse como garante de la salida de los acreedores privados en 2018 y 2019, impulsando a la vez reformas estructurales en contra de las y los trabajadores. Si fue suficiente su ayuda -o no- en la actual negociación para hacer “borrón y cuenta nueva”, es una discusión de total relevancia para la economía de nuestro país.
