La conflictividad agropecuaria retoma centralidad en la agenda política nacional, y otra vez el cobro de derechos de exportación vuelve a ser la manzana de la discordia. La medida fue evaluada por el Poder Ejecutivo en función de la disparada de precios que sufrieron los bienes primarios exportables como consecuencia del enfrentamiento militar entre la Confederación Rusa y Ucrania. La reacción de las asociaciones ruralistas no se ha hecho esperar y el pleito promete nuevos capítulos.
Guerra y seguridad alimentaria
Hacia la madrugada del sábado 19 de marzo fueron publicados en el Boletín Oficial dos disposiciones referidas al sector agropecuario, en la cual se anunció una suba de dos puntos sobre los derechos de exportación y la creación de un Fondo de Estabilización del Trigo para contener la disparada de precios en el mercado local como efecto de la guerra en Europa del Este. Antes del anuncio, el presidente de la Nación, Alberto Fernández, en un acto en Tucumán le había declarado la “guerra a la inflación”. Con esa vehemente declaración a cuestas, publicó un mensaje grabado donde adelantaba las medidas a la vez que explicaba el impacto del conflicto en Ucrania sobre los precios mundiales de cereales, leguminosas y gas natural.
Aunque en Argentina los bienes primarios enumerados registran una tendencia alcista desde hace dos años, a principios de marzo los incrementos abruptos guardan una estrecha relación con la contienda militar. Según el índice de precios de la FAO la tarifa de los aceites vegetales derivados de la soja, la palma y el girasol aumentaron en marzo 8,5 % solo respecto de los precios de febrero de este año. Para el caso de cultivos como el maíz y el trigo los aumentos son de 5,1 y 2,1 % respectivamente, aunque se estima que esta alza será compensada con un escenario de incremento de la producción mundial de los productos, en particular el trigo, donde se prevé un volumen de 790 millones de toneladas. Al contexto de crisis bélica debe sumarse un aumento en la aplicación de fertilizantes y pesticidas, y un pronunciado aumento del costo del gas natural, combustible que se encuentra en el centro del conflicto del este europeo.
Las medidas pronunciadas por el presidente fueron comunicadas en conferencia de prensa por el ministro de Agricultura Julián Domínguez. En primer lugar, se estableció la quita del diferencial arancelario a los subproductos desarrollados en la industria de la soja, medida editada durante el gobierno anterior por decisión del ex Ministro Nicolas Dujovne en 2018 y 2019, que busca desacoplar los precios internos de la suba que se produce en el mercado internacional de las oleaginosas. La reglamentación procura ampliar la capacidad recaudatoria del Estado que podría sumar a sus arcas cerca de 11.800 millones de dólares. En tanto esta resolución tiene como objetivo a empresas dedicadas al refinamiento y exportación de productos derivados del poroto de soja, desde la Bolsa de Comercio de Rosario ya señalan que la medida afecta la capacidad de inversión de los productores, lo que adelantaría un potencial traslado de costos en la cadena de valor.
En segundo lugar, se encuentra la creación de un Fondo Fiduciario de Estabilización del Trigo que funcionará en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Productivo. Esta medida pretende estabilizar el precio de la tonelada de trigo que se comercializa en la cadena de molienda para evitar el traslado del alza a la mesa familiar. La respuesta de la Cámara Industrial de Molineros (CIM) fue de igual tenor que la anterior. Desde sector destacaron que esta medida afectará a la superficie cultivada por los productores debido a la merma de ingresos. La crítica común se orientó a que las resoluciones producen “serias distorsiones” en los valores y que “no se percibirán en el eslabón de los consumidores”.
Más allá del rechazo, tan frecuente en el sector agro-industrial, desde varios países de la región se percibe una crisis de mayor envergadura para los sistemas agroalimentarios latinoamericanos. El estado de preocupación en la región se manifestó en el marco de una reunión de ministros de Agricultura de las Américas, donde Tereza Cristina Da Costa Diaz – presidenta de la Junta Interamericana de Agricultura y ministra de Agricultura de Brasil – convocó a más de 34 funcionarios de todo el continente y al Director General de la FAO, Qui Donguy. El centro del debate pasó por el impacto de las sanciones impuestas a Rusia en torno a la exportación de fertilizantes. El gigante euroasiático es uno de los principales productores del mundo, representando el 15% del comercio de fertilizantes nitrogenados y el 17% de fertilizantes potásicos. En países como Brasil el impacto sería enorme dado que importa cerca del 85% de este producto a Rusia. México también se suma al grupo de países afectados debido a que el volumen de importación de los bienes detallados ronda el 60%. En este clima sombrío la mayoría de los países de la región están tomando diferentes medidas para poder garantizar la seguridad alimentaria de sus pueblos.
El lobby agropecuario
Lejos de comprender la fragilidad del escenario internacional y sus riesgos, las organizaciones ruralistas volvieron a la carga. Desde la Mesa de Enlace se denunció el carácter “inconstitucional” de las medidas aplicadas por el Ejecutivo esgrimiendo que, al no hallarse aprobado el presupuesto, las retenciones no deberían aplicarse. La Sociedad Rural Argentina fue la primera en pasar a la acción judicial, iniciando un amparo sobre el paquete de medidas. El planteo estrictamente político que sostienen Carlos Achetoni (FAA), Nicolas Pino (SRA), Elbio Laucirica (Coninagro) y Jorge Chemes (CRA) se vertebra sobre la consideración de que el poder ejecutivo no está facultado para avanzar sobre legislación impositiva y que el lugar idóneo para dicho impulso es el Congreso, lugar donde la oposición política contaría con mayoría para vetar proyectos de este caris. La afirmación de los ruralistas tiende a esconder dos elementos relevantes en la discusión: por un lado, el hecho de que durante la gestión de Mauricio Macri el poder ejecutivo modificó a piacere la ampliación y reducción de las tallas aplicadas al agro, sin que las asociaciones ruralistas exigieran el aval legislativo de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU). Por el otro, si bien es cierto que la Constitución Nacional vigente dispone que las contribuciones deben ser discutidas y sancionadas en el marco del poder legislativo, el Código Aduanero habilita al ejecutivo a realizar modificaciones en los tributos por las mercancías destinadas a los mercados internacionales en contextos excepcionales. Más allá de estos intríngulis normativos, desde la Mesa de Enlace buscan tender puentes tanto con referentes judiciales como con los bloques políticos opositores, siempre ávidos de receptar los reclamos y presentarse ante la sociedad como defensores del “campo argentino”.
En su búsqueda de respaldo político, los dirigentes agropecuarios mencionados realizaron un peregrinaje por los diferentes bloques legislativos, empezando por los rutilantes libertarios que están haciendo sus primeras armas en el ámbito parlamentario. Tanto Javier Milei (La Libertad Avanza) como José Luis Espert (Avanza Libertad) ofrecieron su apoyo para bloquear estas modificaciones impositivas. En particular Milei viene participando activamente de las acciones contenciosas. Desde los interbloques Argentina Federal y Juntos por el Cambio ofrecieron además la posibilidad de abrir una agenda parlamentaria agropecuaria. Mario Negri, quien preside el bloque de JxC, señaló que “este interbloque tiene 116 legisladores sobre 257. Si tomamos cabal conciencia, solo resta convencer a 13 diputados más opositores. Con esto no sólo lograremos frenar las nuevas medidas, que no tenemos dudas de que son ilegales, sino que podemos aprobar nuevas leyes que apuntalen el desarrollo del campo y la agro-industria”. Al igual que en 2008, la acción política de corporaciones del agro puede abroquelar a una oposición que se mira con desconfianza frente un escenario pre-electoral abierto.
Estos bríos de fortalecimiento para el reclamo ruralista también tienen buena recepción en tribunales. El juez federal Bustos Fierro de Jesús María aprobó un amparo de la Sociedad Rural cordobesa para evitar que la eliminación del diferencial de 2% los alcance. El magistrado dio lugar a este reclamo reiterando el argumento de las asociaciones rurales: la inviabilidad de la norma, explica Bustos Fierro, radica en que el cobro de retenciones está atado a la aprobación del Presupuesto, el cual no pudo ser sancionado el año pasado. El escenario legislativo y judicial parece poco promisorio para el gobierno nacional, que está más que necesitado de hacerse de esos recursos a la vez que busca medios para contener la escalada de precios internos.
La conflictividad rural y el fantasma de la 125
Al comienzo de la semana del 20 de marzo algunas rutas fueron el epicentro del reclamo de organizaciones de productores. Los puntos calientes de las concentraciones se dieron en San Justo (Buenos Aires) y Alto Fierros (Córdoba), y tomaron la forma del tradicional “tractorazo”. Los reclamos se ordenaron en torno a cuatro reclamos: 1) Retenciones cero; 2) Un solo tipo de cambio; 3) Apertura del comercio de carnes; 4) Contra el consumismo del siglo XXI. Si bien la última es poco elocuente, las tres primeras forman parte de una agenda de reclamos que las “agrupaciones autoconvocadas” han ido delineando en los últimos dos años para oponerse al gobierno del Frente de Todos. Organizaciones como Campo+Ciudad y Guardianes de la República han tratado de sostener presente una mística política fuertemente vinculada al conflicto agropecuario por la 125, aquel que tuvo en vilo al país durante el 2008 y que les permitió construirse una identidad política propia.
Cada vez que aparece algún punto de tensión entre estas organizaciones ruralistas, la Mesa de Enlace y el Gobierno nacional se activa el fantasma de la reedición de un nuevo conflicto del 2008. Este aparece como carta maestra del ruralismo y como escenario temido por el propio presidente. Valdría preguntarse si las condiciones actuales guardan alguna similitud con ese contexto tan particular, si no ha habido cambios en las mismas comunidades rurales que otrora apoyaran a los ruralistas y posteriormente al gobierno de la Alianza Cambiemos, el cual claramente no tuvo una política de impulso al agro. Si al fin y al cabo no ha pasado ya demasiada agua bajo el puente para pensar que lo vivido por nuestra sociedad pueda reeditarse sin desgajarse. A pesar de que ha pasado más de una década desde aquel conflicto, el fantasma de ese conflicto vuelve una y otra vez a tensar los ánimos sociales.
