Con fraude, Juan Manuel Santos, el candidato de Álvaro Uribe y Estados Unidos, ganó las elecciones, lo que indica que Colombia continuará alineada a la política imperial de la CIA y la DEA. Con millones de pobres y desocupados, y millones de dólares destinados al belicista Plan Colombia, Santos buscará profundizar la alianza con el Presidente de Chile, Sebastián Piñera, con Alan García, de Perú, y con Ricardo Martinelli, Presidente de Panamá.
Las elecciones en Colombia transcurrieron en circunstancias de una ocupación extranjera (siete bases militares de Estados Unidos en su territorio), con la presencia activa de las Fuerzas Armadas más poderosas de la región, sustentadas en la antigua Doctrina Nacional estadounidense que tantas vidas costó a América Latina, y con otro ejército paramilitar que extiende tentáculos por el país, responsables ambos de matanzas múltiples y miles de desapariciones forzadas; con millones de refugiados internos y externos, lo que constituye, de hecho, una afrenta para las democracias del continente.
Enmascarados en una supuesta guerra antiterrorista, como llaman al enfrentamiento de años entre sucesivos gobiernos y fuerzas guerrilleras de larga data, en un conflicto político que podía haber estado resuelto en negociaciones democráticas de paz, la violencia es la voz imperante.
La paz es siempre obstaculizada por los impedimentos externos y porque a las familias del poder económico y mafioso de Colombia no les conviene un país libre, menos un país justo y menos aún un país realmente independiente.
¿Qué libertad de elegir puede existir en un país, donde cada día se registran asesinatos de sindicalistas, políticos, dirigentes de derechos humanos, grupos poblacionales y cuando el presidente Álvaro Uribe pide impunidad para los asesinos?
Basta registrar lo sucedido con sólo un sector social en el país. En los últimos doce meses han sido asesinados 29 dirigentes sindicales y en los ocho de gobierno de Uribe esta cifra supera los 600.
La prensa del poder en Colombia -la mayoría- sostiene que la popularidad de Uribe supera el 80 por ciento. Nadie explica porqué su sucesor partidario y hombre clave en su gobierno, Juan Manuel Santos tuvo que recurrir al fraude, como se denuncia en estos días, con pruebas tangibles, para alcanzar algo más de un 47 por ciento, cuando se supone que tenía un respaldo tan fuerte.
El analista y ex negociador por la paz, Alberto Pinzón Sánchez, dio a conocer la denuncia de un hombre que trabaja en las redes de inteligencia de la Policía Nacional, quien envió una serie de datos para explicar cómo se concretó el fraude, mientras desde muchos lugares del país llegaron denuncias de la actuación de paramilitares y el ejército para obligar a votar a los aterrorizados pobladores. También varios portales de Internet mostraron la gruesa mano del fraude en lugares donde se quitan números o se agregan para falsear datos.
La denuncia que dio a conocer Pinzón Sánchez explica que varios miles de urnas de votos fueron “desaparecidas” por el “COPERS” (Comando de Operaciones Especiales) de la Policía Nacional. El denunciante menciona la operación “Titanio 4” mediante la cual, aduciendo protocolos de seguridad, “ellos (la inteligencia policial) terminarían de realizar las verificaciones correspondientes con el aval del personal de la registraduría”.
En realidad explica que las urnas desaparecidas y quemadas fueron “reemplazadas” y se introdujeron otras con votos, “sin contar con que ya algunos programadores de software contratados habían alterado el software de transmisión de datos en donde por cada voto para el señor candidato Mockus se generaba automáticamente uno para el candidato señor Juan Manuel Santos, es decir un voto por Mockus generaba un voto virtual para el señor Santos”. Se refiere el denunciante al tipo de datos clonados que usan algunos “hackers”.
Por supuesto no da su nombre públicamente “porque no quiero que le pase nada a mi familia ni a mis hijas” sostiene el denunciante, quien dice tener un sistema de escuchas (chuzadas) sobre las redes de comunicaciones de la policía y los servidores AFIS, “la misma tecnología de intervención que usa el DAS (Departamento Administrativo de Seguridad, es decir, Departamento de Inteligencia), en donde me capacitaron, al igual que estimo yo, la mitad de los hackers en este país”.
Más adelante advierte que si le quieren creer o no “es problema de ustedes, yo solo les confirmo cómo se realizaron los fraudes. Resumiendo recogieron algunas urnas, estimo un 30 por ciento y luego las reemplazaron por urnas prefabricadas con votos para Santos, que ya tenían los policías, esta fue una operación a nivel nacional y coordinado desde la Registraduría”.
Desde su punto de vista no fue necesario comprar testigos electorales, “pues ellos consignaban los datos fidedignamente, pero esto no pasó con el sistema de transmisión que en realidad era un troyano incrustado con una backdoor quien generó este conteo, las compras de votos y eso, fue solo una pantalla para desviar la atención de la gente”.
Para dar veracidad a su relato pide que se cuente el número de votantes y el número de votos contados, ya que podrá verificarse que “habrá menos votos que registros de asistencia de votantes”. Sobre las denuncias de fraudes con muestras comparativas y que llevaron a citar para un marcha en Bogotá nada se dice. Aunque de hecho el mayor fraude es que se hable de elecciones democráticas como si Colombia estuviera viviendo una democracia real.
El silencio de la prensa digitada desde el poder mundial sobre la situación colombiana se convierte en un cómplice efectivo del terrorismo de Estado existente tras el disfraz de una “democracia de seguridad” o lo que es lo mismo decir una democracia contrainsurgente, y que por lo tanto ilegaliza al propio gobierno que la aplica.
Cuando se habla de las elecciones en Colombia pareciera que se estuviera hablando de un país en normalidad, no militarizado, no aterrorizado, no sometido a uno de los más duros ejercicios de manipulación informativa. Un país donde el poderoso ejército tiene sus propios medios como TV, radios, etc.
Los medios en general no han mencionado, salvo raras excepciones en redes alternativas y no de difusión masiva, las denuncias de los organismos humanitarios que registraron más de 38 mil desaparecidos en los últimos años. Tampoco se ha divulgado ampliamente la apertura de tumbas colectivas que se han ido encontrando, entre miles que algún día se descubrirán, para mostrar al mundo que el silencio cómplice es criminal. Esos restos óseos ponen al descubierto uno de los terrorismos de Estado más encubiertos en el mundo.
Los congresistas de Estados Unidos nunca han informado a su pueblo sobre las torturas que se aplican y se aplicaron a miles y miles de colombianos, no les informaron sobre el uso de las motosierras, que no cortan sólo árboles vivos en Colombia, sino que han sido utilizadas para miles de asesinatos atroces. Quizás con un buen informe el presidente Barack Obama pudiera querer patear el trasero de sus socios cercanos, a pesar de que sería difícil, ya que no lo inmutó el asalto de una flotilla de paz en aguas internacionales, de sus asociados israelíes, que asesinaron y secuestraron personas indefensas. Esta es una mancha negra tan grande como la del petróleo que amenaza las costas estadounidenses.
Colombia es un Vietnam en América. Pero el dinero para la muerte y las armas llueve sobre este país desde Estados Unidos y desde Israel, que tiene allí una sede de irradiación sobre la región, sin que nadie diga nada. Ese silencio sobre la presencia de Israel, sus asesores y sus servicios de inteligencia, hace posible la expansión que estamos viendo en todo el continente. Y más. Explica la impunidad conque se puede actuar cometiendo crímenes de lesa humanidad y propagandizándolos con la seguridad que le otorga su asociación ilícita con el poder mundial.
Los analistas no explican tampoco cómo se vota en el interior de Colombia, en las zonas militarizadas y sometidas al terror. No se ha mencionado en la mayoría de esos análisis electorales lo que significan los “falsos positivos”, un eufemismo uribista para una de las metodologías criminales más perversas que hayamos tenido noticias.
Se trata de jóvenes desocupados contratados en las ciudades para trabajos en áreas rurales, que luego son asesinados por el ejército y les colocan uniformes para hacer creer que mataron “guerrilleros” y cobrar- aunque parezca increíble en estos tiempos- un dinero por cada víctima.
Hay innumerables juicios y una persecución a la justicia por parte del gobierno de Uribe, y una cantidad de magistrados que disgustan al poder viven bajo amenazas y maniobras de guerra sucia que nadie ve.
Cada proceso de paz verdadera en Colombia, fue interrumpido por Estados Unidos, no importa cuanto interés haya puesto la población para que al fin se llegue a acuerdos de paz con las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación nacional (ELN). Nunca se ha podido avanzar, porque Washington necesita a esa Colombia tan estratégicamente ubicada que limita con tantos países vía continental o marítima, que la transforman en el corazón en la región.
Plan Colombia y militarización
Por eso desde allí se irradia el Plan Colombia y sus derivados, como que es el más osado plan geoestratégico de recolonización continental. A esto se añade el Plan Puebla-Panamá y el Mérida en México, entre otros. Sólo para recodar los otros silencios: desde que este plan se impuso a México, no hay día en que no aparezcan decenas de asesinados, se han militarizado y paramilitarizado extensas zonas del país, lugares donde las violaciones a los derechos humanos son tema cotidiano. El Plan Colombia le cuesta millones de dólares al pueblo colombiano, ya que las ayudas estadounidenses son para compra de armas y equipos y no para la población. Son créditos encubiertos por lo cual el país ha aumento diez veces más su presupuesto en gastos compensados.
Esto posibilita que Colombia sea hoy por hoy el país que más dinero de su Producto Interno Bruto (PIB) dedica a la compra de armamentos, como lo registró el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, Suecia. El estudio indica que en 2009 el 3,7 por ciento del PIB fue destinado a armamentos, lo que si se mide por lo destinado a la situación social, con una mayoría de su población en la pobreza, se entiende que la injusticia se mantiene gracias a la mira de las ametralladoras.
El Plan Mérida ha convertido a México en un nuevo fuerte comprador de armas, con un incremento del 11 por ciento en 2009 (5490 millones de dólares) para responder a su supuesta guerra contra las drogas, trasladando a su frontera lo que debería estar del otro lado, en Estados Unidos, el más grande consumidor del mundo, y por lo tanto el mayor lavador de dinero proveniente del narcotráfico. Esta es la historia del mundo al revés. Lo que realmente debe saberse no se sabe. Sólo con dedicar unas horas con criterio de solidaridad y rompiendo silencios se puede hacer algo de luz.
