La maestra Dominga Alvarez de Scurta fue secuestrada en su casa en mayo de 1976 y quedó alojada en la delegación central de la Policía de Jujuy, donde fue torturada antes de ser trasladada a la cárcel de Villa Gorriti. Allí fue vista por última vez hace 31 años. En 1984, su cuerpo fue hallado en el cementerio de Yala, donde había sido inhumado como NN luego de haber permanecido enterrado en un predio del Ejército situado en cercanías de Alto Padilla. La semana pasada, la causa judicial que investiga su asesinato, fue la razón por la que el ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército Luciano Benjamín Menéndez cayó preso tras negarse a declarar. Ahora familiares, víctimas y organismos de derechos humanos exigen la pena más justa: cárcel común para este genocida que cae entre rejas por uno de los crímenes más cobardes que cometió.
El 26 de septiembre pasado, la presencia de Menéndez en Jujuy provocó actos de repudio en los que cientos de manifestantes se enfrentaron con la policía, mientras el ex general del Ejército permaneció virtualmente atrincherado en el tribunal a cargo del juez federal Carlos Olivera Pastor, que investiga la muerte de la maestra jujeña.
Tras la audiencia, Menéndez fue trasladado a la alcaidía penal federal situada en el barrio Alto Comedero de San Salvador de Jujuy, pero desde el domingo los abogados querellantes denuncian que el ex comandante podría haber sido alojado en dependencias militares o policiales.
El viaje posterior a su negativa a declarar se concretó en un móvil del Servicio Penitenciario en el que manifestantes inscribieron con pintura la palabra «asesino».
Acompañado por el abogado defensor Horacio Conesa Mones Ruiz, que también representa al ex general Antonio Domingo Bussi, el ex titular del Tercer Cuerpo fue retirado del tribunal con el auxilio de la policía jujeña y en medio de un millar de manifestantes que se reunieron para expresar su repudio a Menéndez.
Un amplio operativo de seguridad fue desplegado por la policía jujeña, las fuerzas federales y la Gendarmería Nacional.
Mientras Menéndez, que además cumple prisión preventiva en Córdoba por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura del período 1976-83, era llevado a la prisión jujeña, los uniformados se enfrentaron con cientos de manifestantes.
Representantes de organizaciones de Derechos Humanos protagonizaron una multitudinaria protesta en la que los manifestantes se enfrentaron con personal de seguridad de distintas fuerzas, intercambiando piedras y gases lacrimógenos.
Un ómnibus del Servicio Penitenciario fue destrozado en medio de los desmanes. El juez Olivera Pastor informó a la prensa que, en la audiencia, Menéndez hizo uso de su derecho de negarse a declarar y explicó que el acusado deberá retornar a Córdoba para cumplir prisión domiciliaria.
El magistrado investiga el secuestro y tormentos seguidos de muerte de los que fue víctima la maestra Alvarez de Scurta, cuyos familiares son patrocinados por los abogados jujeños Pablo Pelazzo, Paula Alvarez y Néstor Ariel Ruarte. Los manifestantes realizaron frente a los tribunales un escrache a Menéndez, que como jefe del Tercer Cuerpo -con sede en Córdoba- controló centros clandestinos de detención que funcionarios en una vasta zona del centro y norte argentino.
«No nos vamos a mover de este lugar hasta que el magistrado no dicte una orden de arresto contra Menéndez, ya que fue uno de los principales asesinos e ideólogos del proceso militar sangriento», expresó la dirgente de CTA Milagro Sala, y agregó: «estamos junto a los familiares de la docente y queremos que nos de una explicación de por qué la torturó y la mató». En la causa que afronta Menéndez también está imputado Bussi, que debía declarar esta semana pero logró un aplazamiento de la audiencia por problemas de salud.
“La edad no es condición que habilite automáticamente la prisión domiciliaria”
Al cierre de esta edición, la Fiscalía que interviene en el caso dictaminó en contra del otorgamiento de un régimen de prisión domiciliaria a Menéndez. El fiscal Domingo Batule dictaminó en contra de la excarcelación de Menéndez, que ya fue requerida por la defensa, y también se opuso también al otorgamiento de un régimen de prisión domiciliaria al ex comandante.
Organizaciones de Derechos Humanos de Jujuy rechazaron, en un comunicado de prensa, la posibilidad de concesión a Menéndez del beneficio de la prisión domiciliaria, que la defensa reclamó porque el militar supera los 70 años de edad.
«El requisito de la edad no es una condición que habilite automáticamente a la concesión beneficio», señala el parte de prensa, que recuerda que «es una facultad exclusiva del juez» decidir sobre las alternativas de arresto.
El comunicado resalta «la gravedad de los delitos» imputados a Menéndez, los cuales «fueron cometidos en el marco de un plan sistemático de genocidio, desde el aparato estatal y poniendo en movimiento una maquinaria destinada a obtener impunidad».
«Esta situación de privilegio bajo la que se amparan los genocidas contribuye a entorpecer el normal curso de la investigación y de la justicia».
Además, destacaron que que testigos en causas contra represores «y familiares de detenidos desaparecidos» son blanco frecuente de actos intimidatorios y «tenemos que vivir con custodia permanente para preservar nuestra integridad física. Varios (recursos de) habeas corpus presentados a la justicia dan cuenta de ello».
El comunicado señala también que en Jujuy hubo 114 detenidos-desaparecidos y sindica a Menéndez como «uno de los principales responsables» de la represión ilegal en la provincia.
