Por Constanza Estepa[1] y Marcelo Maisonnave[2]
El 2 de diciembre de 1918, en un contexto de precarización laboral, desempleo, escasez de alimentos e inflación generalizada, los obreros metalúrgicos de los Talleres Vasena e Hijos, una de las empresas que protagonizó el auge industrial argentino sobre principios de 1910, se declaran en huelga. Entre otras cuestiones, los trabajadores reclamaban al Directorio la reducción de las jornadas de trabajo -de 11 a 8 horas-, el pago de horas extras, la reincorporación de obreros despedidos y la mejora en las condiciones laborales.
Durante el mes de enero de 1919 la intransigencia patronal contra los reclamos agudizó el conflicto entre los trabajadores y Vasena, dando inicio a un ciclo de resistencias obreras que comienzan a amplificarse y expandirse a otros sindicatos y barrios de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien no es posible encontrar datos oficiales sobre la cantidad de muertos, se estima que los incidentes producidos por las sucesivas represiones sangrientas de la policía contra los trabajadores, generaron centenares de muertos y miles de heridos. Este estallido social es conocido en la historia argentina como Semana Trágica.
Pero, ¿qué tiene que ver la Semana Trágica con el delito de asociación ilícita? Nada es casualidad. El conflicto desatado por las exigencias de mejoras laborales de los obreros metalúrgicos en la que el Estado tuvo su primer impulso de respuesta mediante la represión, fue resuelto con una ‘ley’ que incorporó la figura penal de asociación ilícita en el Código Penal. Esta figura es la contracara del derecho a la libertad de reunión, expresión, asociación y participación política. Toda vez que abre una ventana ‘legal’ para perseguir penalmente a sindicalistas y militantes sociales que se asocian y organizan en defensa de sus derechos. En 1921, tan sólo dos años después de la Semana Trágica, el Congreso de la Nación incorporó el delito de asociación ilícita en el Código Penal -luego de varios intentos fallidos previos- como un “delito contra el orden público”. Este hecho constituye un claro ejemplo del uso del poder punitivo estatal para perseguir la organización social a través de la ley penal.
En sus trabajos de inspiración económica, el criminólogo George Bryan Vold, sostenía que en la base de formación del derecho penal están los intereses de aquellos grupos que tienen el poder de influencia sobre los procesos de criminalización. Por eso, la categorización de un comportamiento como delito responde esencialmente a situaciones políticas de desigualdad de poder entre los sectores dominantes y los grupos dominados. En Argentina, los grupos dominantes han sido los sectores concentrados del poder nacional e internacional que históricamente estuvieron aliados a las dictaduras y gobiernos neoliberales.
En estos tiempos convulsionados donde es hegemónico el capitalismo cognitivo en plena revolución de las tecnologías de la información y la comunicación, se suscitan conflictos y disputas por otros medios. Así, el lawfare ha ido ganando terreno en América Latina como una alternativa ‘legal’ a los golpes de Estado. En la actualidad, estamos asistiendo a un montaje mediático-judicial contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por la causa Vialidad. En esta causa, que se encuentra en etapa de alegatos, CFK fue procesada como jefa de una asociación ilícita ¿casualidad?
Para los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, CFK es la jefa de una asociación ilícita que se extendió durante los tres mandatos de gobierno peronistas desde 2003 a 2015. Es decir, plantean que todo el gobierno kirchnerista fue un montaje para delinquir. Podemos recordar que ni en el Juicio a las Juntas Militares de la década del ‘80, ni desde la reanudación de los juicios desde el año 2003, se planteó como acusación que los jerarcas de la dictadura cívico-militar hayan conformado una asociación ilícita desde el gobierno de facto. Es decir, la figura que pretenden imponer contra CFK, ni siquiera fue planteada para el peor gobierno de la historia argentina, responsable de los crímenes más atroces.
En noviembre de 2019, el Relator Especial para la Independencia de los Magistrados y Abogados del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Diego García-Sayán, expresó su preocupación ante las denuncias que recibió en torno a “presuntos actos de amenaza, intimidación y presión a magistrados y magistradas, fiscales y abogados y abogadas, incluyendo: la manipulación del Consejo de la Magistratura; la selección, designación, traslado y subrogación de jueces y juezas sin tener en cuenta las garantías establecidas en los estándares internacionales; la intimidación contra la Procuradora General y fiscales; los ataques contra jueces y juezas y fiscales cuyas actuaciones no responderían a los intereses del poder ejecutivo; campañas mediáticas contra jueces y juezas, fiscales y abogados y abogadas; y los procesos de sustitución, suspensión y destitución de jueces y juezas sin respetar los requisitos establecidos en los estándares internacionales, entre otras actuaciones”. Más aún, el Relator sostuvo que “considero que las informaciones recibidas son suficientemente fiables para indicar que existe un asunto que justifica una atención inmediata”.
Estos hechos denunciados, acontecidos durante los años de gobierno de Mauricio Macri, fueron coordinados por la llamada “mesa judicial macrista”, integrada por el propio Macri, y quienes fueran entonces Jefe de gabinete Marcos Peña Braun, Ministro de Justicia Germán Garavano, Director de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas, asesor Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, jefe de Asesores de la Presidencia José Torello, y secretario Legal y Técnico Pablo Clusellas, entre otros. Respecto de “Pepín” Rodríguez, desde que la jueza Servini de Cubría lo citó a indagatoria en marzo de 2021, se dio en fuga al exterior del país (presumiblemente a Uruguay) y no retornó, burlando las obligaciones ante el Poder Judicial que ni CFK ni ningún funcionario kirchnerista evadieron. La causa por la que fue citado “Pepín” investiga las presiones a los dueños del Grupo Indalo, al que pertenece el canal televisivo C5N, de parte de ex funcionarios integrantes o vinculados a la mencionada mesa judicial macrista.
Eugenio Raúl Zaffaroni, en el prólogo de “Justicia a la carta. El Poder Judicial en la era macrista”, el libro que coordinó Emanuel Desojo y que fue publicado en 2020, refiere que el Estado de Derecho argentino “nunca estuvo tan deteriorado desde que hace treinta y cinco años retomó el ansiado cauce constitucional”. Lo peor, de acuerdo a Zaffaroni y a quien adherimos, es que lo que se revela incapaz de cumplir con el objetivo esencial del sistema republicano, esto es, distribuir el poder para un ejercicio ordenado de la soberanía popular, es el propio proyecto de Estado. Está en crisis el acuerdo básico, elemental, que toma forma en la Constitución Nacional, por efecto de las “mutaciones del poder mundial y de sus actuales tácticas colonialistas. Nuestra Constitución Nacional, proyectada y sancionada en el marco del poder mundial de mediados del siglo XIX, resulta inservible en el actual contexto planetario, pues su distribución del poder, lejos de posibilitar hoy el ejercicio ordenado de la soberanía, ha permitido su concentración para que, en forma unipersonal y arbitraria, se rinda esta ante las exigencias del colonialismo financiero transnacional”.
En 2020 pocos hubieran imaginado que, dos años después, estaríamos aún peor que entonces. Con la vicepresidenta acusada de asociación ilícita en una causa amañada como Vialidad, con un sistema judicial que no da garantías de respeto al debido proceso y a los derechos humanos, y qué decir del intento de magnicidio en plena calle ante la vista en vivo y en directo de todo el país. En este momento, cuando recién se empiezan a conocer los hilos conductores de los perpetradores materiales del intento de magnicidio hacia posibles autores o cómplices intelectuales, es imposible imaginar hasta dónde llegará el deterioro del sistema republicano y democrático en Argentina.
¿Qué hacer ante una realidad tan preocupante? Por lo pronto, desde nuestro lugar de ciudadanos y en particular como estudiosos del Derecho, lo primero es trabajar por la reconstrucción de acuerdos básicos que son imprescindibles para convivir en cualquier sociedad democrática. Es necesario recuperar el Poder Judicial brindando mayor participación a la ciudadanía, con más transparencia, democratizando los mecanismos de selección de jueces y juezas, repudiando cada hecho de violencia política, aislando a quienes pretenden usufructuar de las tecnologías de la información y la comunicación para instalar posverdades, fake news y mecanismos de colonialismo cultural, y lo más importante: fortaleciendo las redes comunitarias, regenerando la confianza en una vida social pacífica, solidaria y sincera.
Si bien el escenario argentino actual presenta diferencias sustanciales con el de principios del siglo XX, la tensión entre el discurso jurídico y los intereses político-económicos de los sectores concentrados se mantiene vigente en el derecho penal, donde podemos encontrar grupos de poder que una y otra vez resisten las transformaciones sociales democráticas, a los líderes políticos y a la movilización popular, incluso por vías de manifiesta ilegalidad. El panorama que vivimos es muy complejo. Requiere una comunidad jurídico-académica organizada y profundamente comprometida con los sectores populares que reclaman justicia y un horizonte de desarrollo. Una comunidad académica que tome posición y se comprometa frente a las contradicciones disfrazadas de derecho, porque el lawfare ha erosionado hasta tal punto los principios republicanos que creíamos consolidados, que es hora de barajar y dar de nuevo.
[1] Abogada, U.N.R. Maestra en Derechos Humanos U.A.S.L.P. Docente de Derechos Humanos y Derecho Constitucional II, FDER-UNR. Becaria Doctoral CONICET. Directora de Investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano ICLA-UNR. Investigadora del Grupo de Trabajo de Crítica Jurídica y conflictos sociopolíticos de CLACSO. Investigadora del Observatorio de Lawfare de CELAG.
[2] Abogado, U.N.R. Maestro en Derechos Humanos U.A.S.L.P. Docente de Derechos Humanos y Derecho Constitucional II, FDER-UNR. Docente en la Escuela del Cuerpo de Abogados y Abogadas del Estado. Director de Investigaciones de la Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano ICLA-UNR. Investigador del Grupo de Trabajo de Crítica Jurídica y conflictos sociopolíticos de CLACSO. Investigador del Observatorio de Lawfare de CELAG.
