El 13 de julio de 1993 el Boletín Oficial publicaba el nombramiento de Alberto Baños, como juez nacional de Instrucción en la Capital Federal, en pleno menemismo una camada de nuevos jueces asumía sus funciones. Hasta ese momento, Baños repartía su vida entre su trabajo y la pasión por el rugby, donde se destacó como jugador del San Isidro Club, práctica que debió abandonar debido a una seria lesión durante un partido. Su otra actividad deportiva pasó a ser el fútbol donde jugó de arquero en equipos del Poder Judicial. Si consideramos al tiro también como a un deporte, al juez le gustaba darse el gusto y solía ir con cierta frecuencia al Tiro Federal hacer algunos disparos, acompañado por el entonces jefe de la División Homicidios de la Policía Federal, Jorge Rodrigo. Por su corpulencia, adosada a su carácter fuerte, en la intimidad de los ámbitos de la Federal y la justicia, lo llamaban “el monstruo” o “la bestia”. Por supuesto que con un dejo cariñoso.
Poco a poco, esa fama de hombre duro se fue cimentando con las causas que fueron cayendo en su juzgado, entre las cuales se destaca la del asalto al restaurante Dolly, ocurrido en julio de 1998, donde una banda de asaltantes conformada por presos de la cárcel de Caseros, liberados para tales fines por parte de integrantes del servicio penitenciario (con quienes repartían los botines) dio muerte al cabo de la Federal Rubén Juárez que custodiaba la cuadra. La investigación llevada adelante por Baños permitió desarticular la banda y condenar a los involucrados, aunque siete años después la Cámara de Casación revocó las sentencias y la mayor parte de los involucrados quedó –o ya estaba— en libertad. Baños, comenzó a trabajar en el Poder Judicial en julio de 1977, cuando cumplió los 18 años, en el Juzgado Civil Nº 15. Al siguiente año pasó al fuero criminal, y allí hizo toda su carrera. Fue auxiliar de 7a. y de 6a. en el Juzgado de Instrucción Nº 12, auxiliar principal de 3a. en el Juzgado de Instrucción Nº 33 y auxiliar superior del Juzgado de Instrucción Nº 27, donde fue designado secretario por el entonces juez a cargo, Jaime Far Suau.
En el juzgado de Far Suau cayó la causa que investigaba la profanación del cadáver de Juan Domingo Perón en el cementerio de la Chacarita, una operación de la cual eran sospechosos los servicios de inteligencia, pero, a medida que se avanzaba en la investigación, las muertes “dudosas” comenzaron una sucesión también cargada de sospechas. Jaime Far Suau murió el 22 de noviembre de 1988 en un accidente automovilístico, mientras viajaba para visitar a su hijo en Bariloche. El peritaje que debió realizarse para conocer las causas del accidente no se hizo y nadie dio los motivos para que el mismo no se realizara. Meses después, en febrero de 1989, le siguió la muerte del jefe de la Policía Federal, Juan Ángel Pirker, uno de los investigadores que más sabía sobre la investigación y los implicados. Fue encontrado muerto en su despacho, aparentemente a causa de un ataque asma que muchos pensaron fue provocado con alguna sustancia, ya que Pirker era alérgico.
El comisario Carlos Zunino, otro de los investigadores, salió ileso milagrosamente de un asalto a su casa, donde recibió un balazo en la cabeza y Luis Paulino Lavagna, uno de los serenos del Cementerio de la Chacarita, fue encontrado muerto en las cercanías del cementerio, aparentemente a causa de un paro cardiorrespiratorio no traumático, aunque una autopsia posterior ordenada por la justicia, reveló que había sido asesinado a golpes. También, una mujer solitaria que solía llevar flores a la tumba de Perón todos los meses y que fue citada como testigo, murió en ese lapso. Ante ese panorama, la causa quedó cerrada, pero en 1994 se reabrió la investigación al encontrarse un juego de llaves del cementerio en la comisaría 29, la misma tuvo como protagonista al juez Alberto Baños, quien decía por ese tiempo haber esclarecido el hecho y que en su momento haría declaraciones que arrojarían luz sobre la motivación y los implicados en la profanación. Pero el anuncio nunca se hizo realidad, la noche anterior el expediente fue robado de la casa de Baños por ladrones que entraron a su domicilio en Adrogué y la investigación se cerró.
Los modales y sus vínculos con altos jefes de las fuerzas le valieron a Baños el sobrenombre de “La Bestia” en los pasillos del Poder Judicial, es decir el mote de un hombre duro, con un buen caudal de causas mediáticas sobre sus espaldas, en las que siempre resguardó el accionar de las fuerzas policiales cada vez que éstas se vieron involucradas. Como el caso del policía de la Ciudad Arshak Karhanyan, quien se encuentra desaparecido desde hace ya casi cinco años. En esa causa, Baños actuó de modo deliberado para proteger a dicha fuerza, principal sospechosa de la desaparición del efectivo de origen armenio. Entre las anomalías perversas y por la cual fue duramente cuestionado, está el desestimar audios que comprometían a Leonel Herba, el amigo y también policía, que fue el último en ver a Arshak con vida. En uno de los audios, la mujer de Herba, Jazmín Soto, lo acusaba literalmente de andar desapareciendo gente. Baños desestimó tal testimonio al considerarlo parte de una discusión entre una pareja conflictiva. También demoró un año en permitir que la familia fuera querellante en la causa y se negó apartar a la Policía de la Ciudad de la investigación, la cual estuvo involucrada en un sinfín de irregularidades, como el reseteo del celular de Arshak, con el cual se borró toda la actividad del mismo, la entrega de filmaciones de cámaras del día anterior y posterior, pero no del día indicado y un rastrillaje de apenas media hora en un terreno del ferrocarril Sarmiento, aledaño al Easy Home de Caballito, lugar donde Arshak compró una pala de punta y luego se perdió su rastro. Pese a las reiteradas recusaciones por parte de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Baños continuó impertérrito al frente de la investigación, ya que, en un hecho inaudito, apartó al fiscal Santiago Vismara quien como corresponde dirigía la misma. Y como es debido a sus compromisos, sostuvo que confiaba plenamente en la Policía de la Ciudad, hasta que el 24 de septiembre de este año se jubiló, con la causa sin ningún tipo de avance o hipótesis acerca del hecho que se investigaba.
Durante todo ese tiempo, se puede decir que hubo enfrentamiento entre la Secretaría de Derechos Humanos y el juez Baños, quien puso en funcionamiento todo un dispositivo de encubrimiento a la fuerza policial sospechada. La secretaría es querellante en un paquete de causas, entre ellas la del caso del asesinato de Rafael Nahuel, por el que recientemente fueron condenados cinco prefectos a penas de cinco años, penas que fueron cuestionadas por todas las querellas. El caso de Arshak Karhanyan, es parte también de ese paquete y un abogado de la secretaría es quien representa a la familia. Este martes 11 de diciembre se conoció el ¿sorprendente? nombramiento del ex juez Alberto Baños, como Secretario de Derechos Humanos, por parte del nuevo ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, con quien Baños tiene una relación muy cercana, ya que, al jubilarse ingresó como docente en la Universidad del Museo Social Argentino –en donde Cúneo Libarona era rector— hasta ser nombrado ministro. A partir de este hecho, que tiene el aura de la provocación, surgen varios interrogantes acerca del futuro de la secretaría, como así también del desempeño que tendrá en manos de alguien que siempre apañó y encubrió a las fuerzas de seguridad. Consultada al respecto, la periodista de Página12, Adriana Meyer, dijo:
“Es lisa y llanamente una provocación, el nombramiento de Alberto Baños al frente de la secretaría. Este ex rugbier amigo íntimo del juez Juan José Galeano y conocido por su fama de duro tanto por quienes lo querían, como por quienes lo odiaban, tuvo algún momento donde investigó al Servicio Penitenciario y eso motivó que recibiera amenazas y habrá sido esa la razón por la cual decidió recostarse acríticamente en la policía. Entonces, se volvió un juez amigo de la policía. No puedo decir otra cosa más que es una provocación que nombren en semejante cargo a un juez que tuvo la causa de Arshak, desaparecido. Una causa donde hubo tremendas y burdas irregularidades, empezando por el borrado del contenido de los teléfonos y que haya decidido –lo que en provincia de Buenos Aires es por ley— apartar a la fuerza sospechada de la investigación. Ante los sucesivos planteos hizo caso omiso, oído sordos, fingir demencia y ratificar la presencia de la Policía de la Ciudad en la investigación. De modo tal que es una pésima noticia, nada se puede esperar de su gestión.Nada”.
Si la incongruencia se manifiesta en toda su dimensión perversa, la misma se pone en evidencia con el testimonio de Ricardo Ragendorfer, periodista especializado, quien nos dice:
“La designación del ex juez Baños al frente de la Secretaria de Derechos Humanos, no es una buena noticia. Es una mala noticia, pero esperable. Era de prever que al frente de esta área, que todavía pertenece al ministerio de Justicia, no fuera a ser nombrado alguien que tuviera compromisos con la policía. Baños como juez –por integrar la justicia ordinaria— no tuvo intervención en causas de delitos por lesa humanidad, en los cuales interviene la justicia federal, pero, todo indica que no está muy interesado en llevar adelante una política que sea similar a la de su predecesor, sino más bien todo lo contrario. En los últimos tiempos su carrera judicial se vio sacudida por una serie de circunstancias relacionadas con la desaparición del policía Arshak Karhanyan, en la cual la Policía de la Ciudad, fuerza a la que pertenecía, está sospechada. Por otra parte, cabe recordar un hecho aislado pero que marca un poco lo que para él significa la imparcialidad, y fue haber conseguido un habeas corpus, para que el ex ministro de la dictadura José Alfredo Martínez de Hoz abandone el penal en el cual estaba recluido por delitos de lesa humanidad y cumpliera un arresto domiciliario”.
Podemos concluir, revisada parte de la historia, que no es casual la designación de Alberto Baños al frente de un organismo al cual estuvo enfrentado. Y es posible imaginar, no sin razón, que habrá una alta cuota de impunidad garantizada para el accionar de las fuerzas de seguridad en los delitos que pudieran llegar a cometer en la represión de las protestas sociales que no son difíciles de predecir ante las políticas económicas que Milei y sus motosierristas se proponen llevar adelante. Impunidad que abarca a la persecución prometida a referentes y dirigentes de organizaciones sociales y sindicales. Parafraseando a Arthur Rimbaud, podemos decir: He aquí el tiempo de los asesinos.
