Los sistemas de impunidad reinantes en América Latina, gozan de buena salud y se mantienen vigentes confirmando constantemente su presencia. Pero aunque se arraigaron fuertemente luego de dictaduras militares y de gobiernos neoliberales acérrimos, logran mantenerse intactos. La correlación entre nepotismo, corrupción, clientelismo, mecanismos de coima, fallos judiciales-penales irrisorios, personajes políticos ricos y poderosos ilícitamente absueltos, ha fluido en la escena latinoamericana como moneda corriente.
Es un régimen de exclusión, donde no solo se margina económica y socialmente, sino que existe un aval judicial que ampara acciones ilícitas de la pequeña y reducida clase privilegiada, dándoles la coherencia legal que necesitan para poder seguir ejerciéndolas.
El paradigmático caso del supermercado Ycúa Bolaños demuestra fielmente la lógica de este sistema cuyo funcionamiento tan exacto permitió que los mayores accionistas de la firma – Juan Pío Paiva y su hijo Víctor Daniel Paiva – fueran penados con 12 y 10 años de prisión respectivamente por el incidente en el cual fallecieron cerca de 400 personas, mas innumerables heridos. Dejándole una corta sanción de 5 años a Daniel Areco, el jefe de seguridad privada del local.
A pesar de que los procesados fueron acusados por testigos de haber dado la orden de cerrar las puertas del lugar para evitar que la gente escape con mercaderías no pagas.
La Asociación de Familiares y Víctimas del Ycuá Bolaños exigió la condena máxima, que consiste en 25 años. Frente a una pena tan reducida, las argucias legales podrían dejar incluso a los culpables de la masacre fuera de prisión, cumpliendo una prisión pasiva, o domiciliaria.
Durante el proceso, cuyas bases de investigación fueron muy cuestionadas por ser débiles y muchas veces dudosas, fueron dejándose exentas de responsabilidades a las instituciones municipales encargadas de habilitar, verificar y actuar como contralor de establecimientos comerciales.
No hubo entonces una reorganización institucional, ni un control sobre los decisores estatales que estuvieron implicados con el incidente, como ocurrió en el caso de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires posterior a la tragedia del local bailable porteño “Cromañón”.
La agrupación “Madres de Cromañón” se solidarizó con las víctimas del Ycúa Bolaños. El caso del local nocturno tiene similitudes con el del hipermercado: aunque significó la destitución Aníbal Ibarra del cargo de Jefe de gobierno tras un juicio político, sigue aún pendiente la decisión sobre las condenas a los procesados y ha sido recientemente cambiado el juez que llevaba la causa, lo que implicará inevitablemente demoras en el desenvolvimiento de la misma.
Liz Torres, quien se ha convertido en una vocera de los sobrevivientes y víctimas del incidente paraguayo, sostiene que el poder judicial, tras esta “bondadosa” condena, está desenmascarando su función de protector del sistema oligárquico reinante en Paraguay.
Tras el escandaloso fallo resuelto el 2 de febrero del año corriente, las opciones que se presentan no son mas que las que estamos habituados a presenciar: un núcleo de la justicia intrínsicamente ligado con la política en juegos de poder rayanos a lo corrupto.
Fallos dudosos en circunstancias extrañas, con errores graves en el cuerpo de la sentencia, y en los procesos de investigación. No es más que un nuevo caso para engrosar una amplia cantidad de ejemplos de igual caracterización.
La misma impunidad con la que cuentan los políticos enriquecidos ilícitamente, los clientelistas, los que vaciaron las arcar estatales, las empresas privadas que manipulan el mercado a costa de la exclusión y marginación social, es la que ampara en casos como estos a personas pertenecientes a una democracia patrimonialista, que actúa con coherencia oligárquica, donde la lógica del negociado y los beneficios financieros priman sobre el valor de la vida humana.
Las imputaciones más recientes colocan a los Paiva una vez más en el banquillo de los acusados. Liz Torres, parte querellante, ha denunciado que éstos tienen una relación con el actual candidato a presidente Lino Oviedo; serían en sus palabras “los testaferros” del mismo.
Oviedo, quien se postula por el partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (UNACE), posee un perfil marcadamente militarista y autoritario. Tras exiliarse en Argentina y caer en prisión por una intentona frustrada de golpe de Estado (en gran parte por colaboración de otros países), vuelve a la escena política este año, implicado en este hecho.
La historia política paraguaya nos devela un patrón reiterado en Latinoamérica: militares merodeando la política, grandes hombres influyentes en el plano económico involucrados con la misma, impunidad judicial para sus negociados y el pueblo cuya arma de lucha es la resistencia.
Nuevamente la historia sorprende a la población paraguaya, el día 2 de febrero, no sólo se rememora el Golpe de Estado al Pte. Stroessner, sino que se protagoniza otro golpe a la democracia y a la justicia social: una vez mas la impunidad se impone sobre los ideales de una democracia justa.