En una entrevista concedida al matutino catamarqueño El Ancasti, el diputado nacional Remo Carlotto, titular de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación, consideró que el defensor oficial, que asiste a los dos imputados Nakagama y Carrizo Salvadores en la causa por la Masacre de Capilla del Rosario, “está realizando maniobras de dilación”. A continuación, la entrevista que permite comprender cómo funciona la red de impunidad y protección a represores que opera desde la oscuridad en el norte argentino y gracias a la vista gorda de distintos estamentos del poder judicial.
En diálogo con El Ancasti, Carlotto consideró “fundamental para la sociedad de Catamarca” que conozca la verdad de lo sucedido en la llamada “Masacre de la Capilla del Rosario”, al tiempo que cuestionó la labor realizada por el defensor oficial del Juzgado Federal de Catamarca al calificar de “maniobras de dilación” las presentaciones que éste hizo a favor de los ex militares Mario Nakagama y Eduardo Carrizo Salvadores, ambos posibles imputados en la causa.
Carlotto visitó Catamarca y se interiorizó sobre el estado de las causas iniciadas para investigar la comisión de delitos de lesa humanidad en Catamarca durante la década del ’70, fundamentalmente la vinculada con la masacre de 16 guerrilleros del ERP que formaban parte del grupo que intentó infructuosamente apoderarse de pertrechos de guerra del Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca.
Carlotto es hijo de la titular de la agrupación Abuelas de Plaza de Mayo y actualmente ocupa la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación. Se entrevistó con el juez federal Ricardo Moreno, con el fiscal Santos Reinoso y con el defensor oficial de primera instancia, Oscar Tomás Del Campo. Éste es quien asiste legalmente a Nakagama y Carrizo Salvadores, hasta ahora los dos únicos posibles imputados en la causa, cuyas indagatorias se postergaron a raíz de un planteo de nulidad que hizo el asistente letrado.
“Es fundamental para la sociedad de Catamarca que sepa qué fue lo que sucedió el 12 de agosto de 1974 en esta provincia, que se sepa que había personas que estaba inermes y que fueron ejecutadas, que sepa quiénes fueron los actores que participaron y que los sobrevivientes responsables de esa masacre paguen con cárcel efectiva por los crímenes que cometieron”, dijo Carlotto en diálogo mantenido con El Ancasti.
En su visita a los estrados federales Carlotto fue acompañado por el abogado Guillermo Díaz Martínez, el querellante particular que tiene la causa en representación de la familia de Dardo Rutilio Betancourt, una de las víctimas del trágico episodio.
“Vinimos para tomar el panorama de situación de cada una de las causas tomando contacto con cada una de las partes y encontramos predisposición por parte del juez federal para que los tiempos procesales se cumplan y se llame a indagatoria prontamente de los responsables de quienes en principio estarían imputados en el caso de la Masacre de la Capilla del Rosario”, contó Carlotto, aunque aclaró que también “hemos tenido un diálogo con el defensor con respecto a lo que nosotros consideramos que es una estrategia de dilación de la causa”.
Contra la impunidad
“Me parece que aquí lo importante es plantear que estamos ante una demanda de justicia que lleva más de tres décadas, que hay elementos que son sumamente importantes y sólidos como para que esta causa se sustancie rápidamente”, opinó el legislador nacional, quien consideró que la resolución de la causa y “la condena de los que cometieron este tipo de delitos aberrantes es parte de un camino fundamental no solamente para las víctimas y sus familiares, sino para el conjunto de la sociedad, porque no debemos atender la impunidad como parte de una norma natural en nuestra sociedad, sino todo lo contrario”.
“Tenemos una visión crítica con respecto a la acción de la defensa (por Del Campo), entendemos que es su rol y su lugar dentro del funcionamiento del sistema de justicia, pero nosotros encontramos que en muchos casos hay como una estrategia por parte de los defensores que participaron en la comisión de este tipo de delitos que es dilatar los procesos”, señaló en relación con los recursos de nulidad que presentó el defensor y que dilataron las indagatorias de los dos ex militares que fueron nombrados reiteradamente por testigos como aquellas autoridades que dieron las órdenes directas de fusilar a los 16 guerrilleros del ERP luego de su rendición.
El diputado nacional también indicó que en su visita a Catamarca se interiorizó sobre “otras problemáticas con personas privadas de su libertad”. “Estamos viendo los derechos humanos también desde la agenda del presente, desde los problemas cotidianos de los ciudadanos”, porque “aquellos que provenimos de la demanda de justicia por los crímenes cometidos por la última dictadura tenemos la obligación de trabajar en la agenda en materia de Derechos Humanos del presente”.
Durante su visita, Carlotto se entrevistó con representantes de distintos organismos defensores de los Derechos Humanos y con la titular de la Oficina de Antiimpunidad.
Olmedo de Arzuaga
En otro tramo del reportaje concedido a EL ANCASTI, Carlotto anticipó que próximamente viajará a Santiago del Estero y, tal como lo hizo en Catamarca, se entrevistará con las autoridades de la Justicia Federal en aquella provincia para interiorizarse sobre el avance de las causas por delitos de lesa humanidad.
En Santiago del Estero, tal como viene informando este diario, se instruyen varias causas por la violación de Derechos Humanos durante la década del ‘70 y en algunas de ellas se encuentra en calidad de sospechado el ex camarista Santiago Olmedo de Arzuaga, quien fue juez y fiscal federal durante los años de la dictadura.
“Nosotros consideramos que el conocimiento de la verdad no sólo tiene que extenderse a aquellos que fueron los ejecutores materiales de la desaparición forzada de personas, de la ejecución sumaria que hemos visto en el país, de la aplicación de la ley de fugas, de la apropiación de niños, creemos que tenemos que avanzar sobre el conocimiento y la comprensión del sistema de complicidades que existió”, sostuvo en relación con la situación de civiles que actuaron como magistrados y funcionarios judiciales federales durante los años de plomo.
“Tenemos que revisar cómo actuó la justicia en cada uno de estos periodos, de qué manera lo hizo y poner esto en conocimiento público y en ejercicio de la verdad, saber qué magistrados participaron y que juraron por las actas del Proceso; saber quiénes fueron los funcionarios públicos durante la última dictadura es un acto de conocimiento de la verdad que la sociedad se merece”, señaló, para aclarar luego: “Nadie está haciendo un juicio de valor sobre la acción individual de cada uno de ellos, pero esto es parte de un conocimiento que la sociedad tiene que tener para saber quiénes son aquellos que en algún momento ejercieron poder público bajo la acción de una Dictadura Militar y del sometimiento del pueblo, no solamente en términos de represión ilegal sino también de sometimiento económico”.
