Dos policías bonaerenses cumpliendo condena de prisión perpetua -entre ellos un comisario con 25 años de trayectoria en la fuerza-, el ex jefe de la SIDE confesando que la represión de aquel 26 debía ser «un caso testigo que para reafirmar la autoridad del Estado» y la decisión de no acusar ni citar al ex presidente Eduardo Duhalde y buena parte de los funcionarios de su gobierno implicados en el planeamiento de la masacre, sintetizan, por oposición, las luces y sombras tras el juicio que se realizó entre mayo de 2004 y enero de 2006 en Lomas de Zamora.
Contradictoriamente, la Justicia bonaerense reconoció la necesidad de ampliar la investigación pero determinó no recorrer ese camino. Duhalde y sus laderos, Juan José Álvarez, Alfredo Atanasof, Oscar Rodríguez, Carlos Soria, Jorge Vanossi y el gobernador Felipe Solá entre otros, disfrutaron en silencio la decisión del fiscal que garantizó su impunidad. En tanto, el actual presidente Néstor Kirchner -pese a que durante su mandato volcó en repetidas ocasiones opiniones públicas respecto del accionar de la justicia- eligió mantenerse siempre al margen del juicio.
«La policía responde en su accionar al poder político», declaró como testigo el 10 de julio de 2005 el ex secretario de seguridad bonaerense Juan Pablo Cafiero. Esa frase podría haber despejado la honesta duda de quien aun la tuviera. Los resultados del operativo represivo son por demás conocidos: dos muertos y más de treinta heridos de bala de plomo. ¿De donde provino la orden política de llevar adelante tal cacería? «Darío y Maxi, Dignidad piquetera», investigación en formato de libro realizada por los MTD’s que hoy componen el Frente Popular Darío Santillán, brinda sobrada -y probada- información al respecto. Las más de ochenta jornadas públicas del juicio en Lomas brindaron más pistas a quien quisiera oírlas.
Carlos Soria, titular de la Secretaría de Inteligencia en junio de 2002, se explayó en Lomas sobre el informe que la dependencia a su cargo había elaborado con informes sobre las organizaciones piqueteras en los días previos a la masacre. El texto -que leyó el propio funcionario durante el juicio- aconsejaba al gobierno de Duhalde que el accionar de las fuerzas de seguridad de aquel 26 fuera «un caso testigo para reafirmar la autoridad del Estado».
El jefe de Inteligencia amplió sus argumentos, caracterizando el momento social agitado, según la visión del gobierno provisional que encabezaba Duhalde: «Se estaba radicalizando la protesta cada vez más y se estaban empezando a integrar los diferentes reclamos, piqueteros, asambleas, ahorristas… Eso constituía un peligro institucional para la democracia» agregó. En síntesis: la SIDE marcó por escrito la necesidad de «poner orden» a cualquier precio, que el propio Duhalde había manifestado a los medios días antes de aquel 26.
Dividiendolo en dos, hay que decir que el juicio no dejó dudas respecto de quienes llevaron a la práctica el plan: el comisario Alfredo Fanchiotti y su chofer, el cabo Alejandro Acosta, recibieron una pena de prisión perpetua. El resto de los integrantes de la patota también fueron condenados. La contracara fue y sigue siendo la actitud de la justicia respecto de las responsabilidades políticas. El Fiscal del juicio desarrolló una sesgada interpretación de la ley para evitarse citar a los políticos implicados. Una vez terminado el maratónico juicio, las actas fueron remitidas al juzgado Nº 10 de los tribunales federales, donde la causa está estancada hasta la fecha.
A consecuencia de la planificada ausencia de funcionarios, el juicio dejó numerosos cabos sueltos para delucidar la cadena de responsabilidades políticas. Repasamos solo algunos:
– Los tres llamados recibidos el 26 de junio de 2002 en el celular de Franchiotti provenientes de la sede Billinghurst de la SIDE, a la hora en que se iniciaba la represión. Allí prestaba servicio Oscar Rodríguez, segundo de la secretaria e intimo amigo del presidente Duhalde.
– El ex Secretario de Seguridad, Juan José Álvarez, nunca explicó cuales fueron las evaluaciones políticas que lo llevaron un comando único con cuatro fuerzas de seguridad – Prefectura, Gendarmería, Policía Federal y bonaerense – para «contener» una protesta callejera aquel mediodía en Avellaneda. Los jefes de las tres fuerzas federales que participaron del operativo no fueron capaces de precisar cuales fueron las órdenes dadas por Álvarez.
– Álvarez, Jorge Matzkin, Atanasof y Duhalde no explicaron nunca que objetivo perseguían con la campaña de acción psicológica que montaron en los días previos a esa movilización.
– El gobernador Solá no explicó ante la justicia que lo llevó la noche del 26 a felicitar en su despacho a Fanchiotti sin tener más información sobre los hechos que la del propio comisario, hoy condenado por las muertes.
– El entonces ministro de Justicia Jorge Vanossi, no explicó aún como fue que su denuncia por «atentado a la democracia», presentada un día después de los hechos contra las organizaciones de desocupados estaba preparada varios días antes de la represión.
– Cuatro policías -entre ellos dos comisarios- reconocieron durante la audiencias haber participado de una reunión con un agente de la SIDE en las cercanías del Puente Pueyrredón, donde se ultimaron los «detalles» de la represión que terminaría con dos muertos. No en vano el rol de la secretería jamas fue lo suficientemente clarificado. Es la puerta de acceso al circuito político de planificación previa a la represión y las muertes.
Si bien la movilización y la permanente reivindicación de los militantes asesinados por parte de las organizaciones populares han logrado la condena de los autores materiales hay, a 5 años de aquella jornada, demasiadas cosas sin explicar.
Por parte de los duhaldistas, sean o no kirchneristas actualmente, el silencio se justifica: nadie se auto incrimina. De parte del kirchnerismo, sector que proclama el respeto a los derechos humanos y la no represión a la protesta social, tal vez se justifique por el hecho que la masacre no ocurrió treinta y pico de años antes, o tal vez sea parte de las omisiones que exige hoy la gobernabilidad a cualquier costo, bajo cualquier alianza…Lo claro es que aquí, nadie investigó «caiga quien caiga», ni el propio presidente Kirchner, autor de la frase.
