El nuevo sistema vial fue ideado para modernizar un servicio que aportaba el 70 por ciento de la contaminación en la capital chilena y que era operado por cientos de microempresarios, que fueron reemplazados por diez consorcios. Este modelito impuesto por la avaricia ha hecho crisis y generó, hasta el momento, infinidad de protestas, cuyo hito de esta semana fue el 29 de marzo, con más de 900 detenidos, la mayoría niños menores de 16 años y el cambio acelerado de 4 ministros.
Santiago exhibe niveles por sobre las normas internacionales de monóxido de carbono, ozono y material particulado grueso, que obliga a sus habitantes a vivir con restricciones de uso para los automóviles, el cierre de fábricas y la prohibición de practicar deportes en días de emergencia ambiental.
Para remediar esta grave situación, el gobierno inauguró el 9 de febrero el llamado plan Transantiago en un intento por agilizar el tráfico de automóviles en la capital chilena. Así, de la noche a la mañana, los seis millones de capitalinos vieron sustituidos viejos autobuses contaminantes que peleaban entre ellos por conseguir viajeros por el «Transantiago», un sistema que combina con una tarjeta magnética el pasaje en modernos autobuses y en el metro.
El diseño inicial del «Transantiago», fue planificado durante la gestión presidente Ricardo Lagos, e implementado por el actual gobierno de Michelle Bachelet. El nuevo sistema de transporte público, para abaratarlo y adaptarlo a las exigencias de los empresarios privados, quedó reducido a una red de transporte público que olvida a los barrios periféricos más necesitados.
Desde entonces centenares de miles de santiaguinos tienen graves problemas para llegar a sus trabajos y para regresar a sus casas, y el encargo de coches nuevos se ha visto multiplicado cuando la idea inicial era reducir el número de vehículos en las calles.
Improvisación, falta de información, desconexión entre el gobierno y la ciudadanía y oídos sordos a las advertencias de que el sistema no funcionaría tal como se iba a implementar, fueron y son las causas de que Santiago de Chile sea hoy un caos de movilización urbana mayor que el que ya era.
Las Protestas
Transantiago sólo ha significado para los usuarios más hacinamiento, aumento de horas de viaje, muchedumbres en paraderos y entradas del subte, incomodidad, disminución de horas de sueño, aumento de trasbordos, periferia sin colectivos y bajas frecuencias, discriminación y muertes, deteriorando gravemente las condiciones de vida de millones de santiaguinos.
Además, el Metro de Santiago, cuyos recorridos no alcanzan las poblaciones más pobres, se vio colapsado y la sobre demanda ha generado muertes por asfixia de dos personas y ha obligado a cerrar estaciones en horas de mayor demanda.
La respuesta indignada de lo usuarios estalló. Más de un centenar de manifestaciones de pobladores y usuarios, cortes de calle, marchas y violentas protestas han ocurrido en la periferia y zonas perjudicadas por el plan: Maipú, San Bernardo, El Bosque, Lo Prado, Quinta Normal, Quilicura, Estación Central, Pudahuel, Cerro Navia, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, La Florida, Huechuraba, San Joaquín, Lo Barnechea, Puente Alto y Peñalolén, entre otras. Jubilados, discapacitados y personas afectadas han presentado recursos judiciales contra Transantiago al sentirse completamente discriminados en el nuevo sistema.
La Confederación Nacional de Trabajadores del Transporte (Conatrach) y otras organizaciones sindicales y sociales han anunciado protestas si las medidas anunciadas por el gobierno no solucionan la crisis y el caos que vive Santiago.
Los negociados de los empresarios
La Contraloría General de la República se encuentra investigando al Administrador Financiero del Transantiago (AFT), tras los informes presentados por los senadores Alejandro Navarro y Nelson Ávila en que detallan graves incumplimientos del AFT. La Contraloría determinará las responsabilidades del AFT y de la empresa tecnológica Sonda S.A.
“Queremos conocer quién tuvo acceso al informe de la Fundación Chile que en marzo del 2006 señalaba severas dificultades de implementación del sistema, que lo hacían inviable. Esas evaluaciones fueron subestimadas por la autoridad y se permitió a Sonda continuar adelante. En los hechos, esto es la crónica de un fracaso anunciado», advierte el senador Navarro.
Muchos piensan que el informe de la Fundación Chile debiera hacerse público. El documento se mantiene en secreto o en reserva por el Ministerio de Transportes. «A la luz de los fracasos debe conocerse, así como también hacerse pública la evaluación técnica que le permitió a Sonda continuar adelante con su propuesta. Contraloría debe determinar si se cumple a cabalidad el sistema de Control de flota, el que incorpora ocho elementos tecnológicos en cada bus, entre ellos: sistema de localización (GPS), contador de pasajeros, control de puertas, sistema de intercambio en línea del conductor y la central de operaciones; botón de pánico, pantalla informativa a los pasajeros, etcétera. Lo más grave es que ya es evidente que la tecnología que se contrató en la licitación y que fue la comprometida, no es la que se está aplicando, no es la que se presentó en las bases de licitación. Se le dijo al Ministerio de Transportes que se instalaría el sistema con un soporte informático ya probado en el mundo, y no se cumplió, no se instaló la tecnología de TIMM. Se intenta implementar un sistema que no tiene correlato en ningún país», agrega el senador Navarro.
«El gobierno ha sido muy complaciente con Sonda ya que el software prometido ‘está en construcción’… El software no existe, recién se están buscando fórmulas para crearlo, por lo tanto, Contraloría debe investigar si es ilegal que se esté utilizando tecnología cuando no es la pactada en las Bases. En esto el gobierno ha sido voluntarista, la gente no puede esperar que en marzo todo funcione cuando no va a ser así. Quiero saber por qué Sonda implementó una tecnología que no es la comprometida en las bases de la licitación», continua.
Para el senador Alejandro Navarro, mientras Contraloría investiga el rol del AFT, el gobierno debiera caducar el contrato a Sonda: «La crisis desatada por Transantiago no se resolverá en mayo ni en agosto, durará meses», dice.
Reprocha al gobierno la «extrema precariedad de la información que se entregó a los operadores», y advierte que «la gratuidad otorgada en los pasajes en un primer momento fue un grave síntoma de que la crisis era mucho más profunda de lo que el ministerio de Transportes y Sonda confesaron. Los encargados de Transantiago no tienen experiencia alguna en sistemas de transportes modernos y eficientes».
El senador Navarro también critica a Blas Tomic, presidente del Metro, por «privilegiar el ahorro de recursos en desmedro del bienestar de los usuarios”. Ni Sonda, ni Navarrete ni los bancos, incluyendo el Banco del Estado, saben de este negocio. Ya los resultados están a la vista.
Agrega Navarro: “La pregunta es en qué país desarrollado a los que Chile busca parecerse, existe el sistema que se pretende instalar en Santiago. La respuesta es en ninguno. En todos ellos el transporte público está en manos del Estado y existe un sólo operador. Acá se pretende hacer que los bancos administren lo que en París, Roma, Estocolmo, Ottawa, Madrid y las principales capitales del mundo, hace el Estado. Sonda debiera salir de Transantiago si persisten las fallas. No resulta lógico ni coherente que continúen al frente del Transantiago quienes han mostrado severa incapacidad de operar el sistema, el que debía estar operativo desde marzo de 2006. Todos los aplazamientos han ido modificando los contratos, pero todo tiene un límite; si no, que sigan hasta el 2010 probando y probando, hasta que les resulte», advierte con ironía.
«Sonda ha convertido a los santiaguinos en conejillos de indias, por la creación de un sistema operativo que debió estar probado y funcionando completamente al momento de su puesta en marcha. El Estado contrató un sistema integral, no sólo cobradores. Pretender decir que hay Transantiago porque los validadores están funcionando en un 98 por ciento, es una verdad muy inexacta, es una mentira piadosa con Sonda y agraviante para los que hacen uso del sistema, es decir, el 71 por ciento de los santiaguinos.
Apostamos al éxito de este plan, por eso presentamos en Contraloría una solicitud de investigación, para establecer la legalidad de las modificaciones del contrato entre el Estado y el AFT, dado que el mayor plazo otorgado genera costos económicos y políticos al gobierno y a la ciudadanía. Es una grave ilegalidad. Los contratos exigen que se cumplan elementos tecnológicos, los que deben estar montados en los buses, elementos que se licitaron y no han sido instalados», concluye el senador Alejandro Navarro.
Los negociados BIP
La venta de la tarjeta bip reveló algunas maniobras bastante sospechosas. Después de semanas de no poder ser obtenida a costo cero, como fue ofertada después, salió a la venta el mismo día que comenzó a cobrarse la tarifa. Ese día, luego de días de una masiva demanda insatisfecha, aparecen en cantidad suficiente para todos, pero para ser compradas en la “módica” suma de 1.100 pesos chilenos.
Según cálculos de especialistas, esta tarjeta debe tener un valor de costo de unos 200 pesos. Lo que ocurrió no fue ni más ni menos que un buen negocio anexo para el operador financiero. Vender solo 1 millón de tarjetas a 1.100 pesos, significan $1.100.000.000.- (mil cien millones de pesos) es decir unos dos millones de dólares, que significarían, unos 900.000.000.- (novecientos millones de pesos) de ganancias netas. No está nada mal el negocio, pero es ilegal, porque primero están cobrando por subirse a un colectivo y si no se pagan los 1.100 el usuario no tiene derecho a usar el sistema. Pero eso no es todo: también están haciendo pagar por un sistema que los empresarios decidieron implementar y esos costos deben ser siempre del empresario, nunca del usuario.
Zamorano: el gran engaño
Atrás quedaron los días en que el famoso futbolista chileno, ex capitán de la Selección de Futbol, invitaba a todos los santiaguinos a «subirse al Transantiago». Hoy, a un poco más de cinco semanas de entrada en vigencia del plan, Zamorano dijo estar con las quejas de los usuarios, recordó que «es del pueblo» y llamó a las autoridades a tomar medidas inmediatas para solucionar las dificultades. «Basta ya, yo no quiero ser un escudo para los responsables del transporte público», enfatizó con molestia.
«El gobierno debiera comprometerse con la gente, cumplir la misma promesa que me hizo a mí», afirmó respecto a las mejoras en la calidad de vida que traería el sistema.
Metro y Transantiago hoy completamente colapsados por hacinamiento e insalubridad
¿Que significa siete a diez pasajeros por metro cuadrado en el metro y/o el transantiago? Significa hacinamiento e insalubridad en todos los trenes, carros y vagones del metro de Santiago, así como el hacinamiento e insalubridad en todos los microbuses, taxibuses, buses y buses orugas del Transantiago, pues estos medios de transporte publico urbanos son y serán focos insalubres de proliferación, propagación y diseminación de gérmenes patógenos así como la propagación y diseminación de enfermedades respiratorias de transmisión aérea: a través del aire: es la diseminación de aerosoles microbianos (bacterias, hongos y/o virus patógenos) transportados hacia una puerta de entrada adecuada, por lo regular las vías respiratorias. Los aerosoles microbianos son suspensiones aéreas de partículas constituidas total o parcialmente por microorganismos patógenos. Las partículas pueden permanecer suspendidas en el aire durante largos periodos; algunas conservan su infecciosidad o virulencia, y otras la pierden.
Todas las Estaciones del Metro de Santiago, debido a la gran cantidad de Pasajeros transportados hoy deberían tener Servicios higiénicos Públicos y Mudadores Gratuitos, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento Sanitario. Además gran parte de los viejos carros y vagones del Metro no tienen aire acondicionado, trasformándose así en Focos Insalubres debido al Hacinamiento, así como a la Gran Cantidad de Dióxido de Carbono (CO2) expelido por la gran cantidad de usuarios, experimentando en carne propia el Efecto Invernadero, así como el Calentamiento Global Humano.
Plazos que no se cumplen
La presidenta Michelle Bachelet ha reconocido las dificultades sufridas por los sectores populares tras la caótica implementación del Transantiago,
«Me hago cargo de la responsabilidad gubernamental en las deficiencias en la puesta en marcha del Transantiago, como de los problemas relacionados con su propio diseño. No lo han hecho del todo bien ni el gobierno ni los empresarios involucrados en el sistema», admitió Bachelet.
Estos últimos, efectivamente, han sido buena parte del problema: El «Transantiago» se entregó, tras licitación pública, a un número más reducido de empresarios, pero curiosamente el principal de ellos, que domina el 40 por ciento de la flota de autobuses, es quien manejaba mayoritariamente el obsoleto sistema antiguo.
«Los habitantes de Santiago, y los más pobres en particular, se merecen una disculpa de todos nosotros. Los ciudadanos han tenido un comportamiento extraordinario. Han tenido mucha paciencia. Han puesto de su parte cuanto han podido. Y si un cambio siempre cuesta asumirlo, hay que reconocer que han debido soportar más dificultades de las tolerables en este caso», admitió Bachelet.
Los partidos que componen la Concertación por la Democracia, una alianza que va desde el partido socialista hasta la democracia cristiana, hicieron ver al Gobierno el daño político que suponía este error con la calle y los efectos que podría tener en la supervivencia de la coalición.
Según varios analistas chilenos, esta preocupación fue en gran parte lo que causó la crisis de gobierno, con el cambio de cuatro ministros y la creación de dos nuevas carteras, y los anuncios de Bachelet para mejorar el sistema de transportes.
El día “D” joven combatiente
La decisión de Bachelet de cambios ministeriales se produjo pocos días antes de que, el 29 de este mes, se conmemore al «Joven Combatiente», una jornada que tradicionalmente se convierte en la catarsis violenta de todas las insatisfacciones populares».
La concertación le temía a esta fecha y elaboró un conjunto de medidas políticas, de seguridad y de propaganda para contrarrestarlo. Lo preparó todo como una operación de alta complejidad política, como un día “D”, con decisiones en todas las direcciones y lugares de conflictos. Con un antes, durante y después teatralmente puesto en escena por el Sub secretario de Interior Felipe Harboe, con allanamientos previos represión en terreno y mucha prensa, con similitud al rol que cumplió el tristemente célebre Javier Cuadra, vocero de las atrocidades pinochetistas.
Más de 900 detenidos, en su gran mayoría menores de edad, ha sido el saldo de las protestas que se multiplicaron el jueves en las calles de Santiago de Chile para expresar el descontento general por las deficiencias en el nuevo sistema de transporte público de la capital. Hay 38 carabineros heridos, dos de ellos de gravedad, un centenar de autobuses fuera de servicio por los ataques y supermercados y comercios dañados por pedradas y saqueos.
En el balance del día después, el Ministerio del Interior informó que fueron 819 los detenidos de la jornada, cuando miles de jóvenes, algunos encapuchados, se enfrentaron a pedradas a los uniformados, que los repelieron con palos, carros lanza aguas y bombas lacrimógenas.
Los manifestantes recordaron así el aniversario del asesinato de dos estudiantes durante la dictadura militar (1973-90), pero con más virulencia que otros años debido al malestar reinante en esta ciudad de 6,5 millones de habitantes por el mal funcionamiento del sistema de transporte que se puso en marcha el 10 de febrero y no da abasto.
El flamante ministro de Transporte, René Cortázar, que tomó posesión del cargo el pasado lunes con el propósito de encauzar el colapso generado por el nuevo sistema, consideró que «no hay que asociar las protestas a un descontento popular amplio», pero lo que preocupa a los observadores es la gran cantidad de jóvenes involucrados, a un año de las protestas estudiantiles que pusieron en jaque al Gobierno de Michelle Bachelet.
La intendente de Santiago, Adriana Delpiano, declaró que entre 80 y 90% de los detenidos no han cumplido los 18 años y que la gran mayoría no alcanza los 16. También hubo un centenar de autobuses que quedó fuera de circulación por las agresiones. Por esta razón, el Ayuntamiento resolvió iniciar una demanda civil contra los detenidos para obtener castigos por los daños al mobiliario público y privado, estimados en 77,6 millones de euros.
Todo hace prever que las protestas continuarán en tanto y en cuanto no exista la decisión política de cambios profundos. Cambios que la presidenta Bachelet dijo representar en las elecciones de hace un año. Las esperanzas mutiladas y las broncas acumuladas están rebasando el límite de lo soportable.