La publicidad es un medio efectivo para atraer turistas, por ejemplo. Por ello, lo normal es que el Estado invierta en ese rubro en países de la región y otros más alejados. Así llegan mujeres y hombres atraídos por las bellezas naturales y otras cualidades nacionales que prometen los avisos mediáticos. Pero hay cierta clase de extranjeros, una especie de turistas de las sombras, que también encuentran en Uruguay los atractivos de un verdadero paraíso. Son los traficantes de armas, mafiosos del juego clandestino, sofisticados ladrones de bancos, deseosos de sumergir su dinero en las aguas límpidas que le ofrece la intermediación financiera uruguaya, bajo el rótulo legal de sociedades anónimas financieras de inversión (SAFI).
Los anfitriones del paraíso son famosos estudios jurídicos como el de Ignacio de Posadas, ex ministro de Economía, el del contador Israel Lublinerman, el del contador Bomsztein o el de los hermanos Cukier, que dirigen y administran varias oficinas.
Sociedades anónimas creadas por ellos sirvieron para ocultar el enriquecimiento ilícito del ex presidente brasileño Fernando Collor de Mello en 1992 (estudio Posadas, Posadas y Vecino), para la venta clandestina de armas de Argentina a Croacia y Ecuador entre 1991 y 1994 (estudios de Roberto Blankleider y Juan Echeverrito); para el millonario lavado de la financiera argentina Mercado Abierto en la década del 90 (Vignoli, Laffitte y Lublinerman); permitieron traficar hasta 2003 el dinero sucio del magnate brasileño João Arcanjo Ribeiro (estudio Bernardo Bomsztein), o esconder a los verdaderos dueños del boliche porteño Cromañón, en el que murieron casi 200 jóvenes a causa de un incendio en 2004 (Cukier & Cukier).
Operación
El martes 13 no fue un día de suerte para Darío Cukier Goldring. Un operativo policial ordenado por la jueza penal Fanny Canessa irrumpió en sus oficinas de la calle Sarandí 560. En el escritorio 204 funciona United Brokers Corp SA, que figura en el registro de agentes de valores del Banco Central del Uruguay, según constató BRECHA.
Darío Cukier es director, administrador y propietario del l00 por ciento de las acciones de esa corporación. Allí se creó Lozatek SA, una SAFI bajo la cual se esconde un millonario lavado proveniente del robo de dinero y joyas de cofres fort vulnerados por ladrones de bancos argentinos.
Dos organizaciones lideradas por Eugenio Sevares robaron en 2005 el Banco Meridian, la Banca Nazionale del Lavoro y el Banco Patagonia. Son expertos en electrónica y falsificación de llaves, y al menos duchos en vulnerar los sistemas de seguridad. De lo contrario no hubieran podido llevarse cerca de un millón de dólares en billetes y monedas de oro, y otro tanto, al menos, en anillos de diamantes, collares de perlas, aros de brillantes, relojes y otras joyas.
Pero la justicia argentina detuvo a las bandas y en un allanamiento los policías encontraron herramientas, software, planos y documentos correspondientes a los robos. Entre esos papeles se ubicaron el escrito de venta de Lozatek SA a Sevares y los documentos de pago fechados el 5 y el 21 de febrero de 2003.
La sociedad figura con un capital social de 100 mil dólares: se encontraron 20 títulos al portador, cada uno por 5 mil acciones ordinarias de un dólar. La SAFI creada por Cukier fue vendida al ladrón de bancos a través del Estudio Litvin Abogados, de Argentina.
También se hallaron documentos de identidad falsificados, que acreditaban nacionalidad ecuatoriana, un registro de contribuyentes de ese país bajo el rótulo “fabricación de joyas”, comprobantes de transacciones del Banco Boliviano, talonarios de hoteles en Perú y una tarjeta migratoria a nombre de Sevares que declara siete días de permanencia en Ecuador, y un maletín de fuelle ancho.
Para el lavado de Sevares fue imprescindible la protección de Lozatek SA, regida por las normas uruguayas, es decir protegida por el secreto bancario y el tributario, que sólo pueden ser revelados por una decisión del juez competente. El dinero robado de los cofres fort se limpió gracias a una SAFI de las que durante más de medio siglo Uruguay ha fabricado por millares y se han usado en el mundo entero.
Lozatek SA había sido creada tres meses antes de pasar a manos del ladrón de bancos: fue constituida en Montevideo el 11 de noviembre de 2002. Como es habitual en estos casos, Cukier inscribió la empresa a nombre de testaferros uruguayos, personas que suelen estampar su firma a cambio de una paga menor, sin saber -y a menudo sin imaginar siquiera- que sus nombres pueden terminar en medio de hechos delictivos. Esta vez firmaron Ricardo Molina Brenlla y Juana Machado López. No es casual que esta mujer sea la misma que firmó en 2003, en el mismo estudio Cukier, como presidenta de Nueva Zarelux SA, la empresa que encubre a los verdaderos dueños de la discoteca Cromañón, según pudo comprobar BRECHA al cotejar documentación oficial uruguaya y argentina.
La creación de Lozatek SA, empresa legalmente habilitada para tener “ramificaciones dentro y fuera del país”, fue certificada por la escribana uruguaya Claudia Beatriz Mazaguez Nápoli. Una vez en poder del ladrón de bancos, éste simuló la venta de Lozatek a una persona de su confianza y colocó dinero y bienes a nombre de la SAFI uruguaya, que en realidad seguía siendo de su propiedad.
Daniel Schiariti, un hombre impuesto por Sevares como apoderado de Lozatek, figura además como representante de otra SAFI uruguaya, Ronakol SA, creada obviamente por Cukier, y en la que figuran nuevamente la señora Machado López y el señor Molina Brenlla como testaferros. La certificación fue realizada por la misma escribana.
Esta sociedad también se utilizó para lavar el dinero de los ladrones de bancos, obtenido al traficar las joyas que robaron.
Allanamientos
La organización central está en la cárcel bonaerense, pero la jueza argentina María Lanz quiere llegar hasta el hueso, y por ello pidió colaboración a la justicia uruguaya. Así, se allanaron las oficinas de Lozatek SA y Ronakol SA -es decir, el estudio de Cukier de la calle Sarandí- y las oficinas de las escribanas Mazaguez y Selva Pera.
Pero además Canessa ordenó la búsqueda de cuentas o cajas de ahorro a nombre de las dos SAFI o de Schiariti y, de existir, el levantamiento del secreto bancario. También busca bienes muebles o inmuebles a nombre de las empresas o del apoderado de los ladrones de bancos; y acciones, bonos, documentos relacionados con la compra y venta de joyas, títulos, escrituras, además de documentación ligada a otras empresas “truchas” y a unos cien nombres de personas aportados por la magistrada argentina actuante.
La jueza deberá examinar minuciosamente los escritos que encontró y preparará interrogatorios para los involucrados. Uno de los materiales objeto de investigación serán los libros notariales con fojas en blanco, que sin embargo ya contaban con las firmas profesionales de certificación, según confiaron a BRECHA fuentes vinculadas a la indagatoria.
Las SAFI uruguayas transformaron a los ladrones de bancos en verdaderos asaltantes con patente, para lavar dinero e introducir bienes de origen delictivo al mercado, fingiendo “apariencia de licitud”.
El Estado uruguayo no invierte en publicidad tradicional para atraer a estos turistas de las sombras. Sería muy burdo colocar una gigantografía en plena 9 de Julio con la imagen de Ignacio de Posadas invitando a una “merienda de blancos”. También lo sería un eslogan bajo la tradicional máquina doméstica poliédrica que invite a lavar en Uruguay.
La elite a la que va dirigida la oferta sabe cómo funciona el paraíso fiscal uruguayo y a quién hay que acudir para comprar una SAFI y asegurar así el proceso de blanqueo de dinero de la corrupción bajo la protección del secreto tributario y bancario nacional.
También es verdad, y los corruptos ya lo deben de saber, que estas “prácticas fiscales nocivas”, instaladas desde 1948 en un régimen hoy “anacrónico”, se terminarán a mediados de este año: la reforma tributaria prohíbe que se creen nuevas SAFI.
Los que ya cuentan con una, o varias, podrán utilizarlas en su régimen original hasta el 1 de enero de 2011; luego se convertirán en sociedades anónimas comunes, con un régimen de mayor transparencia. La ley está hecha, pero los estudios especializados disponen todavía de cuatro meses para fabricar un buen stock de SAFI que tendrán, durante casi cinco años, los mismos beneficios que hasta ahora. Quizás ésa sea la trampa.