Entre 30.000 y 50.000 mercenarios trabajan en Irak, lo que les convierte en la segunda fuerza militar tras las tropas de Estados Unidos, según un representante de las Naciones Unidas, que denunció que cientos de latinoamericanos son contratados en ese conflicto.
El español Jose Luis Gómez del Prado, miembro del grupo de trabajo de la ONU sobre la utilización de mercenarios, explicó que entre 30 mil y 50 mil personas habían sido contratadas en diversas partes del mundo para participar en distintas labores en Irak, en comparación con los 130.000 soldados de Estados Unidos o los 10.000 de Gran Bretaña.
La contratación de estas personas -donde figuran ciudadanos de Perú, Chile, Colombia, Honduras y Ecuador- es posible gracias a enormes irregularidades y a vacíos legales.
Las declaraciones fueron dadas por Gómez este viernes durante la entrega de un informe junto con la colombiana Amada Guevara tras una visita de tres días al Perú, donde el fenómeno del mercenarismo ha tenido gran eco en la opinión pública.
De hecho, en el informe entregado, se consigna que «según algunas fuentes de información más de 1.000 ciudadanos peruanos continúan en Irak prestando esos servicios».
En la conferencia de prensa denunciaron «grandes omisiones del gobierno peruano» -al decir de Gómez- que permiten que estos ciudadanos hayan sido llevados a Irak en condiciones inciertas, donde prima «el riesgo por sus vidas, el hacinamiento, muchas horas de trabajo sin condiciones de salud adecuadas».
Denunciaron igualmente que los trabajadores son contratados para labores de vigilancia, pero que -tras recibir entrenamiento militar- son destinados a «funciones no previstas» con lo cual quedan involucrados de lleno en el conflicto.
Un caso como el de Irak «es una manifestación novedosa del mercenarismo que pudo tomar de sorpresa a los Estados», reconoce Gómez, quien pide a Perú adherirse a una convención internacional, firmada ya por 28 países, para combatir ese flagelo.
Gómez y Guevara denunciaron en particular la falta total de transparencia en la contratación pues no existe ningún control sobre la forma como son llevados estos trabajadores ni las condiciones en que allí se encuentran.
El español indicó que en varios casos la contratación la hacen empresas constituidas que aprovechan vacíos legales, pero en otros son empresas fantasmas que llegan a un país, abren una oficina por un mes, seleccionan el personal, lo contratan (o lo seleccionan para una futura contratación) y posteriormente desaparecen sin dejar rastro.
«Es una forma de privatización de la guerra», denuncia la señora Guevara.
A eso se suma lo que la ONU considera en Perú como «débil o escasa legislación, regulación y control nacional sobre las empresas de seguridad privadas, lo que alienta a las empresas que operan en el mercado internacional a buscar ciudadanos de otros países para ser contratados como guardias de seguridad en zonas de conflicto armado».
El informe de la ONU también manifiesta su preocupación por grupos de seguridad privados contratados por empresas y que han sido utilizados para «intimidar a la población, particularmente a defensores de los derechos ambientales en la región de Cajamarca (norte del país)» donde funcionan importantes proyectos mineros.
Sobre ese punto, Guevara expresó que la seguridad es una «responsabilidad primaria de los Estados».