Alegría, satisfacción, consuelo reparador, estupor: la prisión de Bordaberry -y de su canciller Blanco- provocó un sacudón emocional al que muy pocos pudieron permanecer ajenos. No era para menos: un fallo judicial tumbaba el ícono de una impunidad construida a lo largo de tres décadas, que otros fallos en ciernes prometen seguir reconstruyendo.
La prisión del ex dictador deparó reacciones airadas aunque esperables (como las del “partido del golpe”, según llamó el general Seregni al Partido Colorado), pero también instaló el escenario para propiciar la anulación de la ley de caducidad, por razones jurídicas, éticas y morales.
Precisamente porque, luego del enjuiciamiento a Bordaberry, nada hace prever que el Poder Judicial tenga intenciones de desistir en su obligación de impartir justicia, sobre todo cuando el contexto político así lo habilita.
Juan María Bordaberry es el primer mandatario civil latinoamericano castigado con prisión por su responsabilidad en delitos de lesa humanidad como consecuencia de la imposición de una dictadura.
Otros dictadores, como el argentino Jorge Videla y sus colegas de las juntas, marcharon a la cárcel, pero eran militares, exponentes de esos “profesionales del orden” que quebraron las instituciones haciendo el trabajo sucio de poderosos intereses. Algunos dictadores militares, como el cubano Fulgencio Batista y el paraguayo Alfredo Stroessner, fueron encausados por la justicia pero eludieron el castigo refugiados en el exilio; el boliviano Luis García Mesa, responsable de genocidios, está preso en Estados Unidos, pero por delitos de narcotráfico cometidos durante su “narcodictadura”.
El más reciente antecedente que involucra a un mandatario civil es el del serbio Slobodan Milosevic, el “carnicero de los Balcanes”, procesado y encarcelado por un tribunal internacional penal por su “limpieza étnica” que cobró más de 250 mil víctimas en Bosnia, Croacia y Kosovo.
El procesamiento de Bordaberry y de su canciller Juan Carlos Blanco, por su responsabilidad en los asesinatos de Zelmar Michelini, Héctor Gutiérrez Ruiz, Rosario Barredo y William Whitelaw, adquiere trascendencia en tanto consagra el principio de que el castigo por tales delitos debe ser la señal inequívoca para quienes caigan en la tentación de intentarlo de nuevo.
La forma en que reaccionaron los familiares de Bordaberry -más allá de una natural solidaridad- y sus correligionarios políticos revela el estupor por el desenlace y la ofuscación por una consecuencia a la que, al parecer, están sometidos todos menos unos pocos. La impunidad destronada es, en ese sentido, una afrenta que no se termina de digerir.
La decisión del juez Roberto Timbal provocó conmoción en la sociedad, y cualesquiera hayan sido los canales que la expresaron -comentarios en la calle, entrevistas a modo de encuesta, mensajes en los buzones de voz de radios- la reacción mayoritaria fue de aprobación y satisfacción.
Si el anuncio de la nueva política sobre derechos humanos, el 1 de marzo de 2005, constituyó un primer peldaño en la reconquista de la dignidad colectiva, y el procesamiento de varios militares un segundo escalón que desterró el miedo heredado de la dictadura y realimentado por los gobiernos anteriores, el encarcelamiento del ex dictador fue la comprobación de que la justicia, tan maniatada y deteriorada con décadas de caducidad, puede animarse con los intocables.
No es menor la afirmación del ministro del Interior, José Díaz, de que los flamantes y notorios presos no gozarán de privilegios carcelarios, pero tampoco serán sometidos a ninguno de los escarnios que ellos fomentaron y toleraron, aunque sigan puerilmente alegando ignorancia.
El partido del golpe
La oposición reaccionó con significativos matices ante el procesamiento. El Directorio del Partido Nacional acordó expresamente, en su sesión del lunes 20, mantenerse en silencio y recomendó no emitir “juicios condenatorios”. Los dirigentes blancos hicieron saber que no “existen razones para festejar” porque el procesamiento es una forma de “seguir viviendo en el pasado”, pero recordaron que su partido, ya en 1978, había calificado a Bordaberry como “enemigo”.
Quizás la declaración más ajustada a la estrategia impuesta por el Directorio blanco fue resumida por el líder de Correntada Wilsonista, el senador Francisco Gallinal: “Bordaberry es responsable político del golpe de Estado, de la dictadura militar y de sus consecuencias.
Debemos asumir la enseñanza, para que no haya más subversión ni dictadura”. Sin embargo, el senador herrerista Luis Alberto Heber apuntó que “si se quiere rever lo pasado, que se revea todo, la anulación de la ley de caducidad pero también la ley de amnistía” para los presos políticos.
El Partido Colorado (pc), en cambio, volvió a transitar los conocidos trillos que confirman su papel histórico de “partido del golpe”, no sólo porque Bordaberry fue electo presidente por el pc y seguía siendo colorado cuando disolvió las cámaras, sino porque el pc fue la cantera principal de los dirigentes civiles que respaldaron a la dictadura en los principales cargos administrativos, desde Blanco en la cancillería hasta Walter Ravenna en Defensa, pasando por Fernando Bayardo Bengoa en aquel engendro de Ministerio de Justicia.
Al parecer, el respaldo a la decisión del juez Timbal no cuestiona la conducta de los ex presidentes colorados Julio María Sanguinetti y Jorge Batlle, que bien podrían haber facilitado durante sus mandatos esta demorada instancia de justicia, más aun cuando, en el momento de votar la ley de caducidad, todos manifestaron que la impunidad no se extendía hasta los responsables de los asesinatos de los dos legisladores. Particularmente el entonces presidente Sanguinetti -quien, según señaló el politólogo Adolfo Garcé, “quedó en una posición muy incómoda”- optó por ordenar el archivo del expediente judicial que más tarde fue reabierto y que ahora desemboca en el procesamiento.
Sanguinetti no considera siquiera la posibilidad de un error político; prefiere incluso cuestionar la actuación de los jueces: “Veo con preocupación que los parámetros básicos de la política de paz de los últimos años se cambien en una mirada hacia el pasado que juzga a unos y no a otros”, sostuvo, pasando por alto que los presos políticos estuvieron años en las cárceles. Dijo que los delitos por los que fueron procesados Bordaberry y Blanco “prescribieron” (aunque, aceptando su interpretación, no habían prescripto cuando él fue presidente). Y agregó, como ejemplo de sus “verdades axiomáticas”: “El camino elegido por el actual gobierno lleva a recriminaciones que pueden reabrir heridas”.
Sanguinetti prefiere desconocer que los reclamos de las víctimas a lo largo de estos años revelan que ciertas heridas nunca fueron cerradas, por lo tanto difícilmente podrían reabrirse.
Aunque el forista Washington Abdala rebajó un cambio sosteniendo que la decisión de la justicia no era opinable, y el líder de Batllismo Abierto Ope Pasquet recordó oportunamente que Bordaberry “no está afiliado” al pc, el ex presidente Jorge Batlle comentó que el dictamen del juez Timbal fue “una mala noticia” y complementó la opinión de Sanguinetti afirmando que “lo que hay que hacer es mirar para adelante” porque el procesamiento es “un mal mensaje a los jóvenes, a quienes les preocupan otros temas, como el desempleo”.
Hay que reconocer que ambos ex mandatarios son coherentes, pero difícilmente pueda percibirse claridad política en la insistencia en agitar cucos, a la luz de la forma en que la sociedad asume la nueva política sobre derechos humanos.
No hubo, que se sepa, convulsiones institucionales en las Fuerzas Armadas cuando los más notorios represores fueron a la cárcel, salvo las consabidas reacciones verbales de los “nostálgicos”; y no hubo por cierto indiferencia cuando el hallazgo de los primeros restos comenzó a saldar la deuda con los familiares. Las “recriminaciones”, las “heridas reabiertas”, los “malos ejemplos”, las “malas noticias” son sólo producto de una adhesión -aunque se diga que se peleó contra la dictadura- que proviene de aquel respaldo al novel presidente Bordaberry cuando Batlle propuso impulsar acciones paramilitares y Sanguinetti escamoteó la investigación sobre el Escuadrón de la Muerte.
Demonios masones y de izquierda
La familia del ex dictador no ahorró epítetos para condenar la resolución judicial. El ex ministro Pedro Bordaberry explicó el dictamen de Timbal como producto de las presiones que el gobierno ejerció sobre la justicia, no sólo sobre el magistrado sino también sobre un tribunal de apelaciones y sobre la Suprema Corte de Justicia.
En la visión del hijo de Bordaberry, prácticamente todas las estructuras del Poder Judicial que analizaron el expediente de los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz claudicaron en su independencia, una acusación nada menor que flaco favor le hace a las instancias de apelación en curso.
Otro de los hijos del ex dictador, Santiago Bordaberry, reiteró los juicios en un texto publicado en la página web de Comunión Tradicionalista. Dios, Patria, Fueros, Rey Legítimo, con agregados tales como “acusación infame de una fiscal revolucionaria”, refiriéndose al pedido de procesamiento de la doctora Mirtha Guianze; o conclusiones de la siguiente especie: “Es una venganza de la izquierda, pero como todos ustedes se imaginarán, con la intervención en la oscuridad de la inmunda masonería, tan fuerte en este país”.
Comunión Tradicionalista es la fracción más reaccionaria del “carlismo”, el movimiento que se originó en Navarra reivindicando los derechos sucesorios a la corona española de don Carlos de Borbón. Una fracción del carlismo derivó hacia una postura de “autogestión social”; la que representa Comunión Tradicionalista alimenta esa tradición que los identifica con el más rancio franquismo.
La familia de Bordaberry está dispuesta a pelear hasta el último instante el procesamiento del ex dictador y apunta por ahora sus baterías a lograr privilegios en el régimen carcelario; en cualquiera de los planos pretende obtener un beneficio similar al que usufructuó Blanco cuando fue procesado por la desaparición de Elena Quinteros (quedó en libertad provisional pese a haber admitido su complicidad en el homicidio); o el que usufructúa su colega chileno Augusto Pinochet, en reclusión domiciliaria por razones de salud.
Mientras algunos voceros oficiosos difunden la especie de que no existen pruebas para procesar a Bordaberry (vale la pena recordar que en cualquier interpelación el Parlamento reclama la dimisión del ministro por su responsabilidad como jerarca ante irregularidades de sus subordinados), otros sugieren que el dictamen judicial “dificulta” la política gubernamental tendiente a lograr una reconciliación nacional.
El argumento confunde dos niveles: la campaña lanzada formalmente para la anulación de la ley de caducidad, con la decisión independiente de la justicia.
Por ahora, el gobierno se ha abstenido de opinar sobre el procesamiento de Bordaberry y Blanco, y no existen señales de que tal medida haya “desagradado” al Ejecutivo. Si se asumen las afirmaciones de Pedro Bordaberry, el gobierno, al aprobar la ley de descongestionamiento carcelario ya preveía la prisión de su padre, incorporando una norma “con nombre y apellido” para perjudicarlo.
Por otro lado, si se recuerdan los términos de la conversación privada -clandestinamente grabada- entre Pedro Bordaberry y el secretario de la Presidencia Gonzalo Fernández, el jerarca gubernamental coincidía en que el caso Michelini-Gutiérrez Ruiz era “cosa juzgada”, de lo que se desprende una opinión contraria al procesamiento.
Pero difícilmente el procesamiento del ex dictador marque una especie de “marcha atrás” en la política de derechos humanos, entre otras cosas porque la iniciativa está en la justicia y ello supondría una intromisión del Ejecutivo para “acotar” el proceso. Sí cabe esperar una oposición del gobierno a los proyectos surgidos desde la sociedad civil para anular la ley de caducidad.