Si la política boliviana antes necesitaba días de 24 horas, tras la asunción de Evo Morales, necesita jornadas de 72. Las aguas turbulentas de la nacionalización de hidrocarburos no se han aquietado, mientras el conflicto por las minas de Huanuni ha recrudecido tras la muerte de un policía.
A pesar de los frentes abiertos, el gobierno boliviano asume que las necesidades de su pueblo no merecen demoras y de su resolución depende la suerte de su poder.
Esta semana Evo anunció que continuará con el desalojo de terratenientes brasileños asentados de forma ilegal en el país, y anunció la puesta en marcha de un plan para ofrecer «alternativas» a los campesinos extranjeros que deban devolver sus tierras.
Al referirse a la situación de los brasileños ubicados en el sector agrario, el viceministro de Tierras, Alejandro Almaraz, explicó que se prevé dar un tratamiento distinto a cada caso.
La Constitución boliviana prohíbe que extranjeros posean tierras en una zona de 50 kilómetros próxima a las fronteras, lo que se ha convertido en una de las razones para los desalojos.
La administración del presidente Evo Morales inició hace un par de meses un proceso de revolución agraria y de reordenamiento de este sector, que busca determinar en manos de quiénes están las tierras y su redistribución entre campesinos pobres.
Con la revolución agraria, Morales se ha propuesto distribuir en los cinco años de su mandato alrededor de 20 millones de hectáreas. Sobre este tema, el viceministro explicó que en el caso de los terratenientes brasileños van a seguir «desalojándolos».
«Ni el gobierno boliviano ni el gobierno brasileño tienen plata para darle a los que ya la tienen en abundancia», argumentó en una entrevista con la prensa internacional.
El funcionario indicó que estos terratenientes «son pocos» y están ubicados en el departamento de Pando (frontera con Brasil) y las provincias Angel Sandoval y Germán Busch, en la región de Santa Cruz (oriente).
Una estrategia distinta se implementará para atender a los campesinos pobres brasileños que estén en áreas de frontera, hecho que es prohibido por las leyes locales, anunció Almaraz.
«Hemos acordado con el gobierno de Brasil hacer un plan conjunto para ofrecer alternativas sólidas a estas familias antes de su desalojo, que en todo caso (…) será un desalojo pacífico. No queremos que esa gente se tenga que ir a los caminos, a sufrir los rigores de la intemperie, del abandono, que tengan alternativas, como podría ser, por ejemplo, talleres artesanales o microindustriales que podrían estar en lado brasileño o en el lado boliviano».
Para el caso de los brasileños que integran «familias mixtas» o «comunidades mixtas» (junto a bolivianos), el viceministro de Tierras aseguró que se les dará «el amparo, la protección (y) la otorgación de derechos que está prevista para nuestras comunidades».
Los productores de soja brasileños han expresado su preocupación ante la posibilidad de perder sus predios, pero delegados de ambos gobiernos han dicho que los que tengan tierras productivas y posesión legal de las mismas pueden quedarse tranquilos.
Han admitido, sin embargo, que «el problema son las tierras de frontera que fueron consideradas de interés para la reforma agraria».
Otra vez Huanuni
Un muerto, al menos ocho heridos, uno de ellos de gravedad, y 43 detenidos fue el saldo de un enfrentamiento entre mineros del yacimiento de estaño Huanuni, en el sudoeste de Bolivia, y policías que intentaban desbloquear una importante ruta.
Los efectivos policiales se trasladaron el día anterior hasta la ruta que comunica los departamentos Oruro (en el sudoeste del país) y Cochabamba (en el centro), donde alrededor de 400 mineros cooperativistas (privados) impedían el paso de vehículos para expresar su desacuerdo con el plan del gobierno del presidente Evo Morales de contratar a los obreros en Huanuni.
El viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada, afirmó que «en ese desbloqueo, los cooperativistas respondieron de manera violenta, utilizando dinamita».
Los cooperativistas exigen que se respeten las concesiones mineras y se niegan a inscribirse en el plan oficial, que prevé la contratación de unos 5.000 trabajadores para la explotación del cerro Posokoni, en Huanuni.
En ese yacimiento, la más importante fuente de estaño del país y la única estatal, se registraron entre el 5 y 6 de octubre pasado choques entre cooperativistas y asalariados de la estatal Corporación Minera de Bolivia (Comibol).
Ambos grupos se enfrentaron por el control de la explotación en esa mina, en hechos que dejaron al menos 16 muertos y cerca de un centenar de heridos.
La Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) negó tener responsabilidad en la muerte del policía y pidió dialogar con el gobierno, pero el ministro de Presidencia, Juan Ramón Quintana, cerró esa posibilidad al acusarlos de mentirosos.
«Estamos amplios (dispuestos) para eso (el diálogo)», dijo el presidente de Fencomin, Pascual Huarachi, quien señaló que se mantiene el estado de emergencia en las filas del cooperativismo minero.
Pero el ministro Quintana afirmó, citado por la agencia estatal ABI, que «los cooperativistas desarrollan prácticas de impostura, asumen en algún momento actitudes de diálogo, de compromiso y al día siguiente echan todo por la borda».
Agregó que «están desarrollando una táctica mentirosa ante la opinión pública, falaz, artera y por lo tanto no va a existir ningún canal de diálogo mientras no se pongan en línea con la ley y no rindan cuentas a la justicia».
Un comunicado del gobierno calificó de «asesinato cobarde» la muerte del policía Juan Carlos Quenallata afectado por un cartucho de dinamita, y sostuvo que mientras «un sector de los mineros cooperativistas ejerza una posición radical y agresiva, no habrá diálogo».
El pedido de un sector de Fencomin, es la libre explotación del cerro de estaño Posokoni en Huanuni, cuyo yacimiento pasó a poder de la estatal Comibol (Corporación Minera de Bolivia) mediante el decreto supremo 28901 del pasado 31 de octubre.
El ministro de Minería, Guillermo Dalence, confirmó que hasta el pasado sábado, cuando se produjeron los hechos de violencia, se registraron 3.268 cooperativistas como nuevos trabajadores de Comibol.
Dalence expresó su preocupación por las medidas de presión de un reducido grupo de cooperativistas mineros que fueron directamente afectados por el fortalecimiento de Comibol, porque tenían el privilegio de ingresar una o dos veces cada 30 días a explotar vetas de estaño, lo que les garantizaba ingresos suficientes para solventar sus gastos mensuales.
