Senador por el Chaco, ex jefe de gabinete, contador, master de las universidades de Belgrano, San Andrés y la ultraliberal Eseade, y becado alguna vez por el British Council, Jorge Capitanich se distingue por su retórica de fácil comprensión para las masas. Dos de las universidades de masas a las que asistió el señor senador fueron creadas entre 1992 y 1994. La de Belgrano, no. El Eseade es hoy el bunker de Roberto Lavagna.
En 2002, su discurso didáctico frente a las cámaras dio a la opinión pública la oportunidad de entender la conveniencia de derogar sin discusión la ley de subversión económica y reformar la de quiebras, sin las cuales “los organismos multilaterales” nos darían la espalda y el país se hundiría en el descrédito. Como bonus track, explicó la necesidad de proteger a los grandes multimedios locales de la voracidad sin límites de los acreedores foráneos: es lo que se conoció como “ley Clarín”.
La ley ahora aprobada luego de su paso por Diputados, permite que el Poder Ejecutivo establezca los porcentajes de las ventajas fiscales de acuerdo al éxito obtenido en prospección y exploración. Según la versión taquigráfica del Honorable Senado, Capitanich también se animó a explicar que no se podía calcular el costo fiscal de las exenciones a las petroleras, a fin de que todos sepamos cómo son las cuentas estatales.
Esto dijo: “La cuantificación está sustancialmente estructurada sobre la base de aranceles de importación y la tasa de estadística, con excepción de las tasas retributivas vinculadas a los bienes de capital que integran el proceso de exploración y explotación. Por lo tanto, es muy difícil establecer una presunción desde el punto de vista del costo fiscal”. Como se ve, todo está sumamente claro.
La exploración tiene riesgos, pero la película no comenzó con las explicaciones de Capitanich: la información geológica acumulada por YPF durante toda su existencia, por caso, simplemente desapareció.
Simultáneamente al naufragio del señor Senador en la retórica de costos, desde el Ministerio de Economía amenazaban a las destilerías con aplicar la Ley de Abastecimiento, que establece precios máximos, intervención estatal en la estructura de costos, multas, clausuras, arresto y hasta cuatro años de prisión cuando hay maniobras de mercado.
Pero a diferencia de la exploración, la destilación no tiene riesgo empresario alguno, aunque Shell deberá responder por el daño ambiental en Dock Sud. Y existen otras leyes vigentes y de poco o ningún uso, como la de Hidrocarburos, o la Anti-monopolios.
Si la política económica nacional fuera actualmente auditada por el FMI -que exigió y obtuvo la derogación de la ley de subversión económica y la reforma de la ley de quiebras, de las que Capitanich fue miembro informante y vocero- hoy estaría exigiendo a viva voz que acabemos con la Ley de Abastecimiento, y quizás Capitanich también se encargaría de informar a la opinión pública