La primera tarea de la presidenta Michelle Bachelet apenas asumió el cargo fue crear una comisión de expertos para reformar el sistema de pensiones, implantado hace 25 años por la dictadura de Pinochet. El “gurú” de los cambios de 1981 fue el economista José Piñera, ministro de Trabajo bajo la dictadura. Fracasado candidato presidencial en 1993, este ex funcionario de Pinochet observó en enero cómo su hermano Sebastián era también vencido en una justa electoral por Bachelet. Pero el traspié político de hace 13 años no le restó fama a este cultor y ejecutor del neoliberalismo, que ha sido requerido por varios gobiernos para asesorar reformas previsionales, especialmente en América Latina y en Europa del este.
La creación de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) en 1981 tuvo como pilar fundamental el traspaso a los grupos económicos del ahorro con que los trabajadores aspiran a una jubilación decente. Fue, en rigor, la mayor transferencia privatizadora, que entregó a esta nueva expresión del capital financiero las contribuciones de la gran mayoría de la fuerza laboral, forzada a integrarse a las AFP.
Se sustituyó así el antiguo sistema previsional solidario, con aportes patronales y laborales y de administración estatal supervigilada, por la llamada capitalización individual, en la cual es únicamente el trabajador el que ahorra, aunque en la práctica no tiene ninguna capacidad de controlar cómo se invierten sus contribuciones.
El sistema que operó masivamente hasta 1981, y en el cual se mantiene una franja mínima de contribuyentes que por diversos motivos no entró en el cambio a las AFP (como el personal de las fuerzas armadas) o se resistió a él, tenía como fundamento el principio solidario, según el cual se asegura una pensión de por vida a la jubilada o al jubilado, y a partir de un fondo común, al cual concurre también el Estado, se le garantiza una pensión digna, aun cuando no hubiera ahorrado lo suficiente.
Cuando fue abolida esa modalidad se esgrimieron los ya tradicionales argumentos de que el Estado era un mal administrador y que, por tanto, la capitalización solidaria era una sangría fiscal que en algún momento reventaría. Era injusto que el sector activo tuviera que trabajar para financiar a los pasivos, fue otro de los argumentos. A cambio de ello, se ofreció a los chilenos la ensoñación de pasar a ser actores del pujante mercado de capitales con la promesa de un aumento permanente de sus fondos gracias a los buenos negocios que harían con ellos las AFP.
Las inversiones de las administradoras privadas, se agregaba, serían un factor más de progreso general para un país pionero en la superación del estatismo y en la realización individual a través del mercado. La captación por las AFP de alrededor de 12,5 por ciento de la remuneración de sus adherentes (con 10 por ciento para la cuenta de capitalización y el resto para cubrir gastos administrativos) no ha sido el paraíso prometido.
Falta tiempo para que el sistema sea puesto totalmente a prueba, jubilando a personas que en 1981 se incorporaron al mercado laboral en el momento que cumplan 65 años en el caso de los hombres y 60 en el de las mujeres, pero las experiencias de quienes fueron forzados a abandonar el sistema solidario para enrolarse en las AFP y que ahora están pasando a retiro son en general negativas.
Una investigación del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (Cenda) estableció que las pensiones que se perciben por el antiguo sistema se aproximan al 75 por ciento de los salarios medios de los trabajadores activos, son vitalicias y no discriminan por sexo o estado civil. Distinto es el caso de los jubilados de las AFP, que por el momento son la mitad de los 100 mil que cada año pasan a la fuerza pasiva, pero cuyo número va en aumento.
Aproximadamente tres de cada cuatro de los imponentes de las AFP no alcanzan a reunir el ahorro suficiente para una pensión mínima de 200 dólares, ni cumplen los requisitos de antigüedad en el ahorro para optar a la garantía estatal. La mitad de los 50 mil jubilados de las AFP tiene en sus cuentas menos de 4 mil dólares, monto que alcanza apenas para cubrir una pensión mensual de unos 20 dólares. “En el caso de las mujeres -dos terceras partes de los adultos mayores en Chile- la situación es mucho peor, puesto que tienen menos fondos acumulados en sus cuentas individuales y deben financiar una sobrevida más prolongada. Los montos de las pensiones (de las AFP) no están garantizados de por vida a no ser que se contrate un seguro, que las rebaja de manera significativa”, agrega el estudio del Cenda.
Desigualdad
La reforma previsional fue un tema recurrente en los debates sobre la desigualdad que primaron durante la última elección presidencial. La urgencia con que Bachelet abordó este problema responde a una constatación básica y grave: en tanto las condiciones no cambien, se estima que más de la mitad de los actuales afiliados a las AFP quedarán sin cobertura adecuada en el momento de pensionarse.
Se produce así la paradoja de que a 25 años de la implantación de la reforma, el Estado tenga que seguir siendo un actor de primera línea en el frente previsional, con un gasto fiscal en el sector que equivale a 5,7 por ciento del producto bruto interno, distribuido entre las pensiones para los jubilados del antiguo sistema, las pensiones mínimas y la cobertura de garantías para los ahorrantes en las AFP.
Otra investigación, del Centro de Estudios de Opinión Ciudadana de la Universidad de Talca, reveló que 40 por ciento de los chilenos considera poco transparente al sistema de pensiones. El mismo porcentaje lo califica de poco equitativo y 31 por ciento de inseguro. Un 63 por ciento prevé que el dinero que tiene ahorrado en su AFP no le alcanzará para cubrir sus necesidades una vez que deje de trabajar. Una gran mayoría no optaría por las AFP por voluntad propia.
Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda del socialista Ricardo Lagos (2000-2006), calificó a las AFP como “un servicio caro con utilidades monopólicas”, mientras el senador Guido Girardi, del cogobernante Partido Por la Democracia, dijo que sus propietarios son “ladrones de cuello y corbata”. La industria previsional registra en promedio una rentabilidad de 10 por ciento anual sobre los fondos que invierte, y únicamente en 2005 obtuvo utilidades netas por 174 millones de dólares. Todo esto en el marco de una tendencia a la concentración, porque las 21 AFP que llegaron a existir en algún momento están hoy reducidas a seis. A su vez, las inversiones de los fondos se dirigen en 30 por ciento a poderes económico-financieros.
¿Cambios o perfeccionamiento?
Las administradoras privadas se defienden de las críticas y se proclaman un factor dinamizador de la economía, ya que cada año mueven en inversiones unos 3 mil millones de dólares. El propio José Piñera sostiene que dos de cada tres casas que se construyen en Chile están financiadas con dinero que administran las AFP.
Entre argumentos a favor y en contra predomina la percepción de que es necesario un cambio, aunque otros piden más bien un “perfeccionamiento” del sistema. La oposición de derecha reaccionó virulentamente a un planteamiento del Partido Socialista, al cual pertenece Bachelet, de volver a un sistema de pensiones solidario. Eso, según la derecha, contravendría un compromiso del gobierno y del conjunto de las fuerzas políticas con representación parlamentaria de mantener la capitalización individual.
El sistema previsional está respaldado por una ley de “quórum calificado”, lo cual significa que para reformarlo es necesario el acuerdo de los cuatro séptimos de los senadores y diputados. La gobernante Concertación por la Democracia no alcanza a reunir esa votación y, por tanto, tendrá que negociar con los dos partidos de la derecha.
Por eso el presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, el socialista Arturo Martínez, es más bien escéptico.
“A mí me gustaría que las AFP desaparecieran. Pero tengo que ser realista”, ya que reformar una ley de quórum calificado en este caso es difícil, porque “la derecha siempre ha defendido a las AFP y a las clases más poderosas”.