Por Causa Popular.- En estos tiempos soplan nuevos vientos en Bolivia y parece que son los propios bolivianos los que están decidiendo si el ex presidente boliviano Juan José Torres merece algún lugar en la historia. El 1 de junio se cumplieron 30 años del secuestro y asesinato del general Juan José Torres González, cuyo cadáver apareció bajo un puente a 180 kilómetros de Buenos Aires. Cuentan que en su exilio en Argentina, Torres solía visitar barrios humildes de Buenos Aires para conversar con sus compatriotas emigrados y disfrutar de los platos típicos de su tierra. Sin embargo, a 30 años de su asesinato en la capital argentina, a manos de fuerzas represivas coordinadas en el llamado Plan Cóndor de las incipientes dictaduras, quedan pocos recuerdos de aquel militar que gobernó Bolivia apenas diez meses, entre el 7 de octubre de 1970 y el 21 de agosto de 1971.
Torres fue asesinado el 1 de junio de 1976, tras ser secuestrado el día anterior en un suburbio de Buenos Aires, y su cadáver apareció con huellas de haber sido torturado. Emma Obleas de Torres, la viuda, que después sería senadora, recordó en declaraciones a la agencia alemana dpa (probablemente la única que le dedicó una cobertura seria aniversario) hoy, que las peripecias que vivió en Buenos Aires antes y durante el secuestro de su marido «fueron los momentos más difíciles» que atravesó en su vida.
Explicó la falta absoluta de las garantías mínimas que debía haberles otorgado el gobierno argentino, «por una especie de cerco que se había construido en torno al general Torres y por el permanente hostigamiento de la dictadura banzerista» (del general boliviano Hugo Banzer).
«Una vez producido el secuestro de mi esposo, el ministro del Interior argentino tuvo la osadía de insinuar que podría tratarse de un auto secuestro y que, en consecuencia, su gobierno se tomaría el tiempo necesario para iniciar cualquier investigación, cuando los minutos o hasta los segundos resultaban vitales para intentar salvarle la vida» agregó la mujer.
Tras el asesinato, Emma Obleas reclamó el cuerpo al gobierno del entonces dictador argentino Jorge Rafael Videla, que había asumido en marzo de 1976 mediante un golpe de Estado, pero el militar no autorizó las honras fúnebres, prohibió que se invitara a nadie e instruyó que la víctima fuera velada en un recinto militar.
La mujer no aceptó y trasladó los restos a México, donde reposaron en el Panteón Civil de Dolores hasta su repatriación, en 1983, por gestiones de la Central Obrera Boliviana (COB) a iniciativa de los mineros y con acuerdo del gobierno constitucional del presidente Hernán Siles Suazo y el congreso boliviano.
Torres vivió unos cinco años en Buenos Aires como un ciudadano común, sin protección especial por ser militar y ex jefe de Estado y, según algunos testimonios, vivía sencillamente, compartiendo comidas típicas y veladas con algunos de sus compatriotas, particularmente los exiliados políticos.
A pesar de aquellas actitudes poco comunes, actualmente son muy pocos los que se acuerdan de él y mucho menos de su perfil político, de su impronta como gobernante, de sus ideales o de su legado político.
Wilbert Espada, ex docente que ha sido dirigente de la comunidad boliviana emigrada en Argentina y hace 15 años que vive en el país, dijo que «en líneas generales, Torres fue una de las banderas militares que luchó por la democracia después de tantos años de dictadura».
Reconoció que el ex presidente «tuvo muy poca ascendencia entre la comunidad boliviana residente en Argentina, aunque tuvo contactos más estrechos con los exiliados políticos». «Se le recuerda, pero no como una imagen viva, fuerte, presente siempre», confiesa Espada.
Sin embargo, repasando la historia contemporánea aparecen algunos puntos comunes de aquellos principios que intentó imponer Torres en Bolivia, con los que sostiene hoy el presidente Evo Morales, especialmente en lo relativo a la necesidad de construir un país incluyendo a las mayorías indígenas, siempre despreciadas y olvidadas.
Uno de sus hijos, también llamado Juan José Torres y que ha sido diputado, coincidió que «si bien son procesos distintos, desde el punto de vista de tiempo y del mismo espacio, tienen muchas raíces en común».
Torres dijo que «hay muchos elementos que hacen parte de tareas inconclusas que quedaron pendientes en la construcción del Estado boliviano y que imagino que el presidente Evo Morales obviamente está tratando de reencauzar y retomar».
Recordó que «otra de las tareas importantes del general Torres era preservar, mantener y controlar los recursos naturales por parte del Estado boliviano, cosa que durante estos 20 años de democracia no se materializó y lejos de ello más bien se enajenaron la mayoría de estos recursos, debilitando la economía y las condiciones básicas,
estructurales para consolidar al país».
«En estos momentos se está empezando un proceso aparentemente en esa dirección» precisó el hijo del ex presidente. Su madre, en cambio, comentó que con la llegada de Evo Morales al gobierno en su país «se ha dado inicio a un nuevo ciclo histórico y político. En mi concepto, uno de los aspectos más importantes de este proceso es que el cambio, como nunca antes, se está dando hasta ahora en paz y en democracia, respetando el Estado de derecho y los derechos humanos». Y auguró que «las oportunidades son muy grandes, el pueblo boliviano ha hecho su aporte con una alta dosis de sacrificio, ahora todo depende de que los conductores estén a la altura del reto histórico».
El proceso que había iniciado Juan José Torres, desde la presidencia de Bolivia, no estaba inscripto dentro de un proceso democrático electoral, formal, pero no parecía una dictadura de corte fascista como las que empezaban a incrustarse en los países sudamericanos. «Bolivia gozaba de plenas libertades democráticas», remarca su hijo.
A propósito de este 30 aniversario del asesinato de Torres, Cayetano Llobet, analista político y periodista boliviano, comentó también a dpa que el protagonismo político de aquellos años no lo tenía Torres, sino la llamada «Asamblea Popular».
Era un movimiento que encabezaba el líder sindical Juan Lechín Oquendo, que se proponía tomar el poder e iniciar un proceso revolucionario hacia el socialismo.
«Hay una anécdota muy interesante, pues se supone que Juan Lechín en ese momento estaba intentado tomar el palacio, pero llegó Torres y tomó el palacio. Enseguida se produjo una reacción popular favorable, tanto que él salió al balcón y le dijo a la gente: ‘No voy a jurar mi cargo de presidente ante un crucifijo sino ante el pueblo‘, cosa que hizo efectivamente…».
Según Llobet «en ese momento el conflicto era otro. El conflicto no pasaba por el palacio de gobierno, pasaba por una suerte de insurgencia popular que se había consagrado en lo que se llamó la Asamblea Popular, donde creíamos que estábamos constituyendo una suerte de soviets para esperar la esperar la instauración del socialismo».Con el derrocamiento de Torres, se liquidó también la asamblea popular y accedió al gobierno la dictadura de Hugo Banzer Suárez, que duró casi ocho años.
Sobre el legado de Torres, el periodista y analista boliviano afirmó que «paradójicamente, no tenía una gran significación política». «Fue un militar que, visto por otros militares, en este caso Hugo Banzer, podía ser una alternativa, pero políticamente Torres no significó gran cosa en Bolivia» enfatizó.
De todas formas, Llobet considera que el asesinato en Buenos Aires fue «absolutamente inútil», ya que «no tenía un peso político que hubiera merecido ese final».Con el derrocamiento de Torres y su posterior asesinato, se truncó un proceso democrático que apuntaba a poner fin a la permanente inestabilidad institucional de Bolivia. Quedó archivada una nueva Constitución política del Estado, documento que sus familiares han rescatado y que permanece inédito.
El crimen y el Plan Condor
Para otro hijo del general asesinado, Jorge Torres, “la existencia de la Operación Cóndor es innegable y «el «modus operandi» de todos esos actos criminales fueron muy similares, por lo que todo conduce a enmarcar el asesinato del General del Pueblo en territorio argentino dentro del Plan Cóndor.» Confirma que «la familia del Gral.
Torres recibió una indemnización económica del Estado argentino en el marco de una decisión de enorme trascendencia, ya que habría abierto la compuerta para la efectivización de posteriores compensaciones a familias de víctimas del Plan Cóndor. Una parte de esos recursos fueron entregados a una organización argentina defensora de los derechos humanos y el resto a una Fundación, para preservar la memoria del Gral. del Pueblo y la ejecución de proyectos sociales y de infraestructura en beneficio de personas.» Torres cree que la reapertura de los procesos permitirán avanzar en la investigación sobre el asesinato del Gral. Torres.
Jorge recuerda el proceso que intentó la familia ante la justicia argentina en medio de dificultades y decisiones arbitrarias que cerraron el caso. «En coordinación con Martin Sivak (periodista argentino) se obtuvo el expediente de dicho proceso que fue utilizado en libros de investigación periodística como del propio Sivak.
El carácter de los delitos cometidos durante la década de los setenta los hace imprescriptibles. Lamentablemente, en Bolivia no existió capacidad institucional ni voluntad política para llevar adelante una investigación formal que pueda aportar elementos objetivos sobre una participación de actores u organizaciones bolivianas en el asesinato del Gral. Torres. En el año 1993, cuando se publicó el libro del periodista Anderson que refería a una participación de efectivos militares bolivianos en su asesinato, nuestra familia solicitó a la Fiscalía General de la República una investigación formal que nunca se efectivizó», revela Torres .
Según el sitio oficial en memoria de Juan José Torres resume el valor de los diez meses de mandato de “Jota Jota” (tal como lo recuerdan los bolivianos): “La administración presidencial de Torres Gonzalez, sustentada por el pueblo, auspició la reposición económica a los trabajadores mineros afectados 5 años antes con una brutal rebaja de salarios, la nacionalización del complejo minero Matilde (wolfang, plata, zinc y otros), la recuperación de la supremacía estatal sobre el petróleo y el azúcar, el establecimiento de una política de reordenamiento de la administración pública, una mayor eficacia fiscal sobre las exportaciones, la liberación de todos los presos políticos por causa de las guerrillas de Ñancahuazú y Teoponte, la reparación patriótica – pecuniaria a los ex combatientes de la Guerra del Chaco, el delineamiento de una política exterior no alineada y solidaria con las luchas de los pueblos contra la dependencia colonialista y la opresión militar, las negociaciones iniciales con el gobierno del presidente Allende de Chile para el restablecimiento de una salida soberana al océano Pacífico y, en suma, la garantía constitucional y revolucionaria para que las organizaciones de la democracia popular y representativa se constituyan en Asamblea Popular.
Por primera vez desde la administración presidencial del Libertador Bolívar no se persiguió ni presionó a nadie por sus ideas políticas: Torres no detuvo a nadie. La oposición reaccionaria, por su parte, no dejó a Torres un día de tregua. Los grandes intereses transnacionales instrumentaron en su exclusivo favor toda la peligrosidad de la llamada «doctrina de seguridad del Estado»; con ella apuraron el derrumbe de Torres y, posteriormente, las caídas de los gobiernos democráticos de Chile, Argentina y el Perú.
“El golpe gorila contra el régimen progresista de Torres contó con el apoyo financiero del poder extranacional que dispuso, incluso, combatientes callejeros no bolivianos. Forzado al destierro, el hombre-símbolo de la dignidad boliviana, fue secuestrado en Argentina el 1º de junio de 1976. Un día después de su secuestro, sus captores -La Triple A, coordinada con la dictadura de Hugo Banzer Suáerez- abandonaron el cuerpo acribillado de Torres en San Andrés de Giles, mas o menos a 120 kilómetros de Buenos Aires. Torres tenía, a la hora de morir, 56 años de edad.”
