Por Daniel Erosa, gentileza Semanario Brecha, especial para Causa Popular.- Los episodios en la curtiembre de Naussa ponen sobre el tapete las dificultades de los dirigentes empresariales para adaptarse a los cambios que, mal que bien, se están procesando en el país: un nuevo escenario en el que los trabajadores ganan protagonismo gracias a la reorganización del movimiento sindical y a la fijación de nuevas reglas de juego por parte del Estado. Replantearon también la polémica sobre los alcances del derecho de propiedad y su relación con el derecho a ocupar durante un conflicto sindical.
“Festejen, compañeros, festejen”, parafraseó desde una tribuna improvisada el presidente de la Unión de Obreros Curtidores (UOC), Ramón Martínez, luego de recuperar la ocupación de la curtiembre Naussa sa ubicada en la ciudad de Las Piedras.
Eran las 3 de la tarde del miércoles 15 de febrero y el clima estaba espeso entre los casi 400 obreros que esperaban para reocupar la fábrica. Los patrones habían aceptado retirarse tras varias etapas de negociación. Cuando se abrieron los portones para que los vehículos policiales y particulares retiraran de la empresa a sus dueños y a una decena de empleados de confianza no sindicalizados, la tensión se liberaba en gritos e insultos. La caravana iba a partir.
Los propietarios de Naussa iban con la cara descubierta en sus camionetas particulares conducidas por oficiales y el resto del personal viajaba en patrulleros cubriéndose la cara. El nerviosismo crecía. Los policías estaban desarmados porque en la negociación los líderes sindicales habían garantizado la integridad física de todas las personas que iban a salir.
Pero la bronca de algunos sindicalistas se hizo sentir contra las camionetas y autos, que recibieron patadas, palazos y alguna pedrada, provocando abollones y vidrios rotos. Casi enseguida esa violencia se convirtió en festejo y una eufórica columna obrera ingresó por el callejón principal de la fábrica al grito de “Se escucha, se escucha, arriba los que luchan”. Los manifestantes se abrazaban con visible emoción y calificaban el hecho como una nueva “victoria del movimiento obrero”.
Conflicto, ocupación y patovicas
El gremio de curtidores, afirmó a BRECHA Martínez, logró entre 2005 y este año un crecimiento “del mil por ciento”, alcanzando una cifra de más de 2.600 afiliados y una fuerza que hacía muchos años no tenía. Las nuevas reglas de juego impuestas por esta realidad y por la reinstalación de los consejos de salarios fueron resistidas por algunos empresarios.
Hace más de siete meses, afirma Martínez, que el gremio está intentando negociar con la patronal de Naussa: “Nos venían ganando tiempo, nos generaron una comisión tripartita en el Ministerio de Trabajo y nunca lográbamos concretar nada porque o no se presentaban a las reuniones o trancaban las decisiones. Y mientras se extendían las negociaciones seguían echando gente.
Todos los afiliados al sindicato fueron enviados al seguro de paro, no respetan a nuestros dirigentes y nos generaron un sindicato amarillo con el hijo del encargado y el encargado Remedios a la cabeza”. Para Martínez “los compañeros de esta curtiembre tuvieron la paciencia del mundo. Pero un día dijeron no hay más tiempo”. Ese día fue el viernes 10, cuando la patronal decide despedir al delegado de los trabajadores Raúl Machado.
El propio trabajador aseguró que lo “despidieron por plantear una asamblea en discrepancia con el patrón”. Los reclamos gremiales iban desde respetar las categorías laborales a revisar el tema de “los baños y el comedor”, explicó Machado. La asamblea gremial decidió ocupar la fábrica y el lunes 13 a las 6.45 se concretó la medida de lucha.
Pero la ocupación duró poco. La medida que ha sido tomada en la cuarta parte de los conflictos gremiales ocurridos en 2005 (veáse BRECHA, 27-I-06), fue abortada un día después por la patronal en una acción que el propio ministro de Trabajo Eduardo Bonomi calificó de “totalmente irregular”, con “visos de ilegalidad” y que debería ingresar a “la órbita de la justicia penal”.
Lo que ocurrió, según todos pudimos ver en grabaciones realizadas por Canal 5, fue que los empresarios y un grupo de personas quisieron el martes 14 retomar el control de la fábrica y desataron una batalla que terminó con cuatro personas hospitalizadas y varios heridos. Las versiones sobre quiénes fueron los que tiraron -literalmente- la primera piedra, varían de acuerdo a quien las realice. Lo cierto es que hubo pedradas, palazos y un enfrentamiento inusual entre patrones y obreros.
Los dueños de la empresa calificaron la medida gremial de “copamiento”, alegando que la ocupación fue realizada de manera irregular, sin actas ni escribano público. “Ante la desesperación” y “en defensa de nuestra fuente de trabajo y de las obligaciones que tenemos que cumplir”, dijo a la prensa Constantino Troupkos, dueño de la curtiembre, decidieron junto a algunos empleados no pertenecientes al gremio “entrar por la fuerza”. De hecho realizaron una denuncia penal contra los trabajadores y presentaron un recurso de amparo para que se permitiera trabajar a los funcionarios no sindicalizados.
Representantes del sindicato aseguraron a BRECHA que la ocupación se hizo con todas las garantías y el respaldo del PIT-CNT y que “está confirmado que (los empresarios) trajeron gente a sueldo, patovicas, para golpear a los trabajadores” y que luego “les pagaron a los vecinos para que los dejaran escaparse por los techos de las casas”.
La reocupación
Los empresarios tomaron el control de la empresa y los sindicalistas “nos quedamos en el aguante, afuera, cerrando todos los accesos para tratar de sofocarlos adentro”, dijo Martínez. Nada podía entrar ni salir de la fábrica al tiempo que se iniciaban conversaciones entre las partes en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Los dueños de la curtiembre no se presentaron pero enviaron en representación a su abogada.
La profesional, afirma Martínez, llegó a la reunión “una hora y media tarde, y luego de recibir nuestra propuesta de desalojo para permitirnos reocupar y buscar un ámbito para seguir negociando llamó por teléfono a Troupkos y nos dijo que el empresario no puede tomar esa decisión porque está desmemoriado”.
La delegación sindical decidió entonces volver a Las Piedras y evaluar la situación en una asamblea en donde circuló el rumor, nunca confirmado, de que “la justicia mandó que desalojen la empresa”. Al rato ingresó a la curtiembre un escribano para realizar un inventario y se intercambiaron varias propuestas entre sindicato y patronal gracias a un agente policial que entraba y salía. Finalmente los empresarios, luego de varias negativas, decidieron salir y permitir el control obrero del local.
Según la versión del jefe de Policía de Canelones, Sergio Guarteche, confirmadas luego por dirigentes del PIT-CNT, no hubo decisión judicial, los sindicalistas les habían dado 45 minutos a los dueños de la empresa para retirarse pacíficamente o entraban a la fuerza. Guarteche afirmó que la Policía sugirió a los empresarios que se retiraran para evitar “una desgracia” ya que afuera de la fábrica había una “turba” con gente “ebria” que podía ser difícil de contener.
Hoy se sabe que ni el Ministerio del Interior ni el MTSS ordenaron el desalojo, pero que ambas carteras “dieron el visto bueno” al planteamiento propuesto por la gremial.
Lo cierto es que a las 3 de la tarde del miércoles los sindicalistas reocuparon la fábrica festejando la victoria y dispusieron que un abogado de la UOC realizara un relevamiento con el fin de documentar el estado de la empresa al ser ocupada nuevamente. Martínez consideró que “esta salida responde a la madurez del movimiento obrero. Si ayer hubiéramos querido entrar con todos estos compañeros, se armaba una batalla campal. Sin embargo aguantamos toda la noche al firme mientras se pudo negociar. Nosotros defendemos la fuente de trabajo. No somos matones, hacemos las cosas dentro de la ley”.
No a la reglamentación
Este episodio, desatado justo cuando el gobierno se planteaba la posibilidad de reglamentar las ocupaciones, ha reavivado la discusión sobre cuál derecho vale más: si el derecho a la propiedad privada y al trabajo o el derecho de huelga, entendiendo a la ocupación como una extensión de la misma.
De un lado los empresarios hacen lobby para presionar al gobierno y del otro la central de trabajadores se niega a reglamentar de modo alguno sus estrategias de lucha (véase BRECHA, 27-I-06). Unos dicen que las ocupaciones son producto de la inexperiencia y el apresuramiento de los sindicalistas y los otros aseguran que el recurso es consecuencia de las posturas intransigentes de los patrones a la hora de democratizar los ámbitos laborales.
El integrante del Secretariado de la central obrera Marcelo Abdala señaló a BRECHA que “todos los patrones tienen que acostumbrarse a la democracia en el mundo del trabajo. A que los trabajadores vamos a incidir y a participar en las negociaciones colectivas de todas las cosas. A eso es que esta gente de carácter gansteril no se acostumbra”.
Para Luis Puig, otro dirigente del PIT-CNT, “desde hace diez meses las cámaras empresariales están haciendo terrorismo verbal y poniendo en tela de juicio las medidas legítimas resueltas por los trabajadores.
La ocupación no es una entelequia, es la continuidad del derecho de huelga. Por lo tanto no estamos dispuestos a negociar ningún tipo de reglamentación”. Lo que hay que reglamentar, afirmó, es que “las patronales no puedan seguir haciendo despidos abusivos, represión antisindical y desconocimiento de los laudos establecidos en los consejos de salarios”.
Puig coincide con Abdala en que a “las patronales les falta cultura democrática, están acostumbradas a las dictaduras empresariales que se instalaron en el país con el neoliberalismo”. Según este dirigente, lo que pasó en la curtiembre “no puede ser atribuido a los trastornos psiquiátricos del energúmeno dueño de Naussa, que organizó una patota criminal para golpear a trabajadores.
Acá existió el aval de las cámaras empresariales que durante mucho tiempo estuvieron presionando al gobierno. El gobierno tiene que entender que esto es una voz de alerta. Esto fue una maniobra pergeñada por las cámaras empresariales, que casualmente antes de la ocupación plantearon la necesidad de reglamentar el derecho de huelga”. Para Abdala, además “con esta actitud de la patronal la reglamentación del derecho de huelga, o de las ocupaciones, ya fue”.
Más allá de la discusión planteada, que seguramente continuará durante todo el año, el conflicto de Naussa sigue. Al cierre de esta edición los propietarios estaban llamando a una conferencia de prensa y el gremio mantenía la ocupación en turnos de 40 trabajadores a la espera de reiniciar un ámbito de negociación. Y el juez Gerardo Martínez, de Las Piedras, empezó a tomar declaración a todas las partes involucradas en el incidente.
Más ocupaciones
La fábrica Fanacif fue ocupada la semana pasada, debido a que la empresa tiene 60 trabajadores sin contrato y se exige el reintegro de un compañero despedido. El miércoles 8 le tocó el turno a la fábrica de garrafas Becam, en donde el sindicato exige la mejora de las condiciones laborales y el cese de las tercerizaciones. Pero un grupo de empleados no agremiados resolvió formar otro sindicato (Unión de Trabajadores Becam), solicitar el reconocimiento al Ministerio de Trabajo y a la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (UNTMRA) y retomar las negociaciones con la patronal.
Por último, al cierre de esta edición 40 funcionarios ocuparon la gerencia de Programas Especiales del Codicen (bulevar Artigas 4346) exigiendo la renovación de 150 contratos que vencen a fines de febrero.
