La Argentina arrastra desde hace décadas una crisis que no es solamente fiscal, cambiaria o financiera. Es, sobre todo, una crisis de organización económica y de proyecto nacional. Detrás de cada episodio de endeudamiento, devaluación, pobreza y retroceso social reaparece la misma tensión histórica: la disputa entre un patrón de acumulación centrado en la exportación primaria y la valorización financiera, y otro apoyado en la industrialización, el mercado interno y el trabajo como eje ordenador de la vida social.
Esa oscilación, que el país no logró resolver de manera estable, explica buena parte de su estancamiento. La Argentina sigue atrapada en un conflicto estructural entre dos modelos de país: uno subordinado a la lógica de los commodities, la renta y la especulación; otro orientado a la producción, el agregado de valor y la integración social. La discusión de fondo, por lo tanto, no es sólo macroeconómica. Es, otra vez, una disputa por el modelo de Nación.
La industria como organizadora social
La experiencia histórica demuestra que la industria no es un sector más dentro del engranaje económico. Es el gran articulador material de una sociedad integrada. Genera empleo directo e indirecto, empuja la innovación, eleva la productividad, diversifica exportaciones y sostiene entramados territoriales que no pueden ser reemplazados por la sola extracción de recursos naturales. Cuando la industria retrocede, no sólo cae la producción: se debilita la clase media, se precariza el trabajo y se fragmenta el tejido social.
Por eso los niveles persistentes de pobreza e indigencia no pueden analizarse al margen del proceso de desindustrialización. Sin industria no hay trabajo suficiente, estable y bien remunerado. Y sin trabajo de calidad no hay movilidad social ni ciudadanía plena. En la Argentina, la ruptura del aparato productivo y la degradación del mundo del trabajo caminaron juntas. No es casualidad: forman parte del mismo proceso.
Medio siglo de retroceso productivo
Ese deterioro no fue producto de una fatalidad. Fue el resultado de decisiones políticas sostenidas en el tiempo. La apertura financiera, el endeudamiento externo, la liberalización comercial sin estrategia y el atraso cambiario fueron, desde 1976 en adelante, instrumentos de un mismo modelo de reestructuración regresiva. La ofensiva iniciada con Martínez de Hoz, continuada con Menem y Cavallo en los años 90, y profundizada luego con Mauricio Macri y ahora por el anarco-capitalismo de Milei, consolidó un patrón económico que desplazó producción local, debilitó pymes, endeudó y volvió más dependiente a la economía argentina de los ciclos externos.
Frente a ese escenario, la salida no puede reducirse a una administración prolija de la coyuntura. La macroeconomía importa, pero no alcanza. El problema argentino no se resuelve sólo con equilibrio fiscal, desaceleración inflacionaria o acumulación de reservas. Sin una estrategia de desarrollo, la macro puede ordenar transitoriamente las cuentas y, aun así, consolidar una economía más frágil, desigual, primarizada y más dependiente.
Del péndulo argentino a una estrategia de largo plazo
La discusión central es otra: ¿Qué modelo productivo necesita la Argentina para dejar atrás el estancamiento?
Y allí aparece un punto clave. El país no puede limitarse a reconstruir lo perdido con herramientas del pasado. Necesita, además, pegar un salto. Es decir: recuperar capacidades industriales, pero al mismo tiempo acelerar un proceso de innovación, investigación y modernización productiva que permita cerrar parte de la brecha acumulada tras medio siglo de retrocesos.
Durante las décadas que van de 1930 a 1976, con diferencias de contexto y orientación, la Argentina sostuvo un proceso de industrialización por sustitución de importaciones que permitió construir empleo, ampliar derechos y consolidar niveles de integración social inéditos en América Latina. Aquel ciclo no fue perfecto, pero demostró que el desarrollo industrial podía articular crecimiento económico con movilidad social, educación y ampliación del mercado interno.
Tras la implosión del modelo neoliberal en 2001, esa discusión reapareció con fuerza. A partir de 2003, los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner impulsaron una nueva etapa de recuperación productiva, con crecimiento, recomposición del salario y reactivación industrial. Sin embargo, por limitaciones estructurales y la restricción externa, ese proceso fue incompleto y favoreció la posterior restauración de políticas pro-mercado y, por ende, a poner en crisis todo lo avanzado.
Diamand, Ferrer y Chang: una tradición para pensar el presente
Hoy la Argentina enfrenta un cuadro todavía más complejo. A la histórica fragilidad interna se suman una economía mundial convulsionada, guerras abiertas, conflictos comerciales, disputas tecnológicas, crisis alimentarias, sanitarias, energéticas y climáticas. En ese contexto, volver a pensar el desarrollo exige salir del péndulo argentino y asumir una estrategia de largo plazo, con objetivos que no cambien según cada gobierno.
La tradición estructuralista argentina ofrece herramientas valiosas para dar esa discusión. Marcelo Diamand explicó hace décadas que la Argentina es una economía con estructura productiva desequilibrada: un país donde conviven un sector primario altamente competitivo y un entramado industrial que no puede desarrollarse sin políticas específicas, porque compite en condiciones estructuralmente desiguales. Pretender que ambas esferas funcionen bajo las mismas reglas de mercado equivale, en los hechos, a condenar a la industria a una posición de debilidad permanente.
Esa visión dialoga con otros aportes centrales del pensamiento económico argentino. Aldo Ferrer insistió una y otra vez en que no hay desarrollo sin densidad nacional: sin una articulación virtuosa entre Estado, empresariado, sistema científico-tecnológico y proyecto colectivo.
Ha-Joon Chang, desde Corea, mostró algo similar al revisar la historia de los países hoy desarrollados: ninguno creció dejando todo librado al libre mercado. Todos usaron protección, planificación, financiamiento y política industrial para construir capacidades productivas. Después, ya consolidados, recomendaron al resto reglas que ellos nunca aplicaron.
Recursos estratégicos o nueva dependencia
Esa enseñanza es central para la Argentina actual. El país dispone de recursos estratégicos, pero eso no garantiza desarrollo por sí mismo. La abundancia de alimentos, energía, minerales o tierras fértiles puede convertirse en una bendición o en una trampa. Todo depende de la estrategia con la que esos recursos se integren al proyecto nacional. Exportar litio sin baterías, gas sin petroquímica, agro sin biotecnología nacional, minería sin proveedores locales o energía sin industria es, en definitiva, seguir exportando naturaleza e hipotecando el futuro.
Allí radica uno de los grandes riesgos del presente. Las nuevas potencias, en especial China, India y buena parte de Asia, demandan alimentos, energía y minerales. Esa nueva geografía económica abre oportunidades, pero también peligros. La Argentina no puede reincidir en una inserción subordinada como mera proveedora de materias primas. La relación con el mundo y, sobre todo con el nuevo mapa del Sur Global, sólo será virtuosa si se apoya en una política de industrialización de recursos, en exportaciones con valor agregado y en la capacidad de vender trabajo argentino incorporado en bienes, tecnología y servicios.
El salto tecnológico pendiente
El salto necesario, entonces, no puede consistir sólo en una reposición gradual de la vieja sustitución de importaciones. Ese proceso sigue siendo importante, pero hoy resulta insuficiente frente a la magnitud del atraso acumulado. Después de cinco décadas de neoliberalismo, la Argentina perdió tiempo, capacidades y posiciones en la carrera global por el desarrollo. Recuperar ese terreno exige acelerar. Y acelerar, en este siglo, implica apostar de lleno por la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico.
Las nuevas tecnologías, la energía convencional y alternativa, la biotecnología, la salud, la industria farmacéutica, la minería con procesamiento local, la defensa, la industria aeroespacial, la electromovilidad y la producción de alimentos de alto valor son algunos de los campos donde el país posee recursos, tradición científica, experiencia y ventajas para construir una base de desarrollo futuro. No se trata de copiar modelos ajenos, sino de identificar dónde están las capacidades propias y desde allí diseñar una estrategia nacional.
Estado, crédito y ecosistema de innovación
Para que eso sea posible hace falta mucho más que buenas intenciones. Se requiere una política de Estado sostenida, orientada a construir una cultura emprendedora e innovadora. Una política que no quede encerrada en despachos oficiales ni en discursos empresariales, sino que convoque y articule a los distintos actores de la comunidad nacional: empresarios, trabajadores, científicos, investigadores, universidades, organismos tecnológicos, sistema financiero, provincias, municipios y Estado nacional.
La Argentina cuenta con recursos humanos altamente calificados. Tiene investigadores reconocidos, universidades de calidad, tradición científica y una enorme capacidad emprendedora. Sin embargo, convive con niveles muy altos de fracaso en los proyectos productivos y tecnológicos. Esa paradoja no se explica por falta de talento, sino por la ausencia de previsibilidad macroeconómica, por el nulo acceso al crédito de largo plazo y por la debilidad del acompañamiento estatal, sobre todo en las etapas iniciales de los emprendimientos.
Por eso el Estado vuelve a ocupar un lugar decisivo. No por una cuestión ideológica, sino por una razón estrictamente práctica. Es el único actor con capacidad para articular intereses, fijar prioridades estratégicas, reducir riesgos y sostener procesos largos de maduración tecnológica. La experiencia internacional es concluyente: no hay ejemplos exitosos de desarrollo tardío sin Estado activo. Ni Corea del Sur, ni Japón, ni China, ni Brasil, ni los tigres asiáticos, ni Israel pegaron su salto productivo dejando todo librado al mercado.
Las actividades de investigación y desarrollo son, por definición, de alto riesgo. La tasa de mortalidad de los proyectos es elevada y, aun en los casos exitosos, los retornos suelen ser lentos o inciertos. Ese rasgo desalienta al capital privado si no existen mecanismos de compensación. Allí el Estado puede actuar con una batería de herramientas directas e indirectas: subsidios, créditos blandos, compras públicas, fondos de inversión, apoyo a la transferencia tecnológica, incentivos fiscales, protección inteligente y programas de escalamiento productivo.
El relato antiindustria y la disputa por el sentido
En este marco, el discurso oficial que desprecia la industria, ridiculiza la política tecnológica y presenta toda intervención estatal como una anomalía no sólo expresa una visión ideológica: funciona también como un programa económico. Cuando se instala que producir localmente es ineficiente, que abrir indiscriminadamente la economía es sinónimo de modernización y que el Estado debe retirarse por completo de la orientación productiva, lo que se está haciendo es legitimar una nueva fase de primarización y dependencia.
Ese relato antiindustria intenta naturalizar que la Argentina sólo puede ser competitiva a partir de salarios bajos, recursos naturales abundantes y desregulación permanente. Pero la experiencia histórica y comparada muestra exactamente lo contrario: las naciones que lograron desarrollarse protegieron capacidades, promovieron innovación, financiaron sectores estratégicos y fortalecieron su mercado interno.
Soberanía, trabajo y desarrollo
La soberanía, en este contexto, no puede pensarse sólo en términos territoriales o diplomáticos. Hoy soberanía también significa capacidad de producir, innovar, financiar y decidir. Un país que exporta recursos naturales sin procesar y compra tecnología resigna poder. Un país que industrializa sus recursos, articula conocimiento con producción y genera empleo de calidad amplía su autonomía y mejora las condiciones materiales de su pueblo.
La Argentina está, una vez más, ante una encrucijada histórica. Puede seguir administrando la escasez, esperando el próximo ciclo favorable de commodities y aceptando una inserción subordinada en el mundo. O puede asumir de una vez el desafío de construir un modelo de desarrollo con base industrial, innovación tecnológica, empleo y cohesión social.
Pegar el salto no es una consigna voluntarista. Es una necesidad histórica. Después de medio siglo de retrocesos, el país no puede seguir perdiendo su futuro. Tiene recursos estratégicos, tradición industrial, capacidades científicas y memoria histórica suficiente para construir otra etapa. Lo que falta no es diagnóstico. Falta decisión política, continuidad y una idea clara de país.
En el mundo que viene, el lugar de la Argentina no puede ser el de simple proveedora de materias primas. Debe ser el de una nación que agrega valor, produce conocimiento, integra a su población y vuelve a poner al trabajo en el centro de su organización económica y social. En otras palabras: una Argentina que decida, de una vez por todas, apostar al desarrollo.