Por Causa Popular.- Fue una masacre y ya nadie se anima a ponerlo en duda, pero el propio gobierno nacional evita recordar que sus hombres ocupan la Casa Rosada tras los hechos que desencadenaron los asesinatos del 26 de junio de 2002, cuando el gobierno del entonces presidente Eduardo Duhalde desató una violenta represión en el Puente Pueyrredón que se cobró la vida de Darío Santillán y Maximiliano Kosteki y dejó cientos de heridos y detenidos. El martes 17 de mayo comenzó el juicio oral y público por la masacre de Avellaneda donde fueron asesinados estos dos militantes populares. En el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora, por dos homicidios y siete tentativas de homicidios, sólo se encuentran el ex comisario Alfredo Fanchiotti y el ex cabo Alejandro Acosta. En esta causa, que lleva dos semanas de juicio oral, no están siendo juzgados los autores intelectuales ni los responsables políticos de la masacre comprobadas por los propios compañeros de los trabajadores desocupados asesinados, en una investigación publicada en un libro titulado “Darío y Maxi. Dignidad Piquetera”.
Al inicio de su gestión, el presidente Néstor Kirchner prometió a los familiares y compañeros de las víctimas la apertura de los archivos de la SIDE, algo que nunca se produjo hasta el pasado viernes 27, cuando la etapa de instrucción finalizó y familiares, compañeros y abogados creen que muy poco podrán aportar a la causa.
Durante el juicio los abogados de la querella intentarán demostrar la responsabilidad, en la planificación, ejecución, y posterior encubrimiento del entonces presidente Eduardo Duhalde, del ex Ministro de Seguridad y Justicia de la provincia de Buenos Aires, Luis Genoud, el ex Secretario de Seguridad Juan José Álvarez, el ex Jefe de Gabinete Alfredo Atanasof, el ex Ministro del Interior Jorge Matzkin, el ex Secretario de Inteligencia del Estado (SIDE) Carlos Soria, el ex vice jefe de la SIDE Oscar Rodríguez, el ex ministro de Justicia Jorge Vanossi y el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá.
Los abogados de la querella esperan avanzar en este sentido la próxima semana, cuando el martes se reanude el juicio y declare, después de dos postergaciones, el ex cabo Alejandro Acosta, imputado junto a Fanchiotti por dos homicidios y siete intentos de homicidio.
Alejandro Gabriel Acosta, de 26 años al momento de los asesinatos, era cabo primero de la policía Bonaerense y chofer del Comisario Inspector Alfredo Fanchiotti. Los abogados de la querella esperan que con su declaración, amplíe la información sobre las directivas políticas que él y su jefe habrían recibido en ocasión de la represión del 26 de junio del 2002.
Al igual que su jefe, el comisario Fanchiotti, el cabo Acosta siguió siendo policía -y gozando de su sueldo- hasta junio de 2004, dos años después de los hechos de Avellaneda, cuando recién entonces la resolución 866 del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires los declaró “prescindibles”, separándolos de la fuerza.
A diferencia de Fanchiotti, Acosta se negó a declarar durante toda la etapa de instrucción, y solicitó hacerlo recién durante la primera audiencia del Juicio Oral y Público, por lo que se estableció como fecha para su declaración el pasado 24 de mayo.
Los abogados querellantes mantienen cierta expectativa sobre lo que el chofer de Fanchiotti pueda declarar, ya que su defensor oficial, el Dr. Baca Paunero, expuso en la primera audiencia que “hay que unir todos los hechos de ese día, porque eso nos va a dar un contexto sobre lo que realmente ha ocurrido”, abriendo la posibilidad de apuntar a los responsables políticos.
Además, el 7 de abril de 2003, mientras estaba detenido en el Penal de Florencio Varela, Acosta presentó un escrito de ocho páginas donde descargaba en Fanchiotti toda la responsabilidad por las muertes. El texto, que no fue presentado en el marco de las garantías procesales correspondientes, no tuvo valor jurídico (aunque fue incorporado al expediente en las fojas 5316/5320).
En el escrito Acosta describe el día en el que fue detenido y señala que “una vez en el Juzgado me recibieron los comisarios inspectores Mijín y Sabasta, los cuales me dijeron que quedaba detenido. Mijín me manifestó que le dijera la verdad, que él ya sabía quién había sido. Me dijo dale pibe, decime la verdad: lo mataste vos. Le respondí de qué estaba hablando. No te hagas el boludo porque acá fuiste vos, le dije usted me conoce bien y sabe cómo trabajo, yo no hago locuras. Él me refirió «acá fuiste vos sino perdemos todos», le respondí que yo no había matado a nadie y no me iba a hacer cargo de algo que no hice, por lo cual si querían saber algo yo había escuchado las órdenes que le impartían a Fanchiotti el jefe de la departamental (Comisario Mayor Osvaldo Félix Vega)”
Quienes también estarán presentes en la próxima audiencia para brindar declaración, son dos policías y dos fiscales, quienes siguen en la lista de testigos.
Los policías Aníbal Callejas (quien por entonces era sargento primero) y Alejandro Hernández (cabo primero), formaban parte del grupo de policías de la comisaría primera de Avellaneda que desde las 9 de la mañana del 26 de junio de 2002 recorrió las inmediaciones del puente Pueyrredón, “a fines de cumplimentar servicio de seguridad dispuesto por la superioridad”, según consta en el expediente.
Junto a ellos estuvieron el oficial subinspector Mario de la Fuente (imputado por el delito de encubrimiento agravado) y el sargento Carlos Leiva (imputado en una de las causas paralelas por intento de homicidio al herir con munición de guerra a manifestantes sobre la Avenida Mitre).
También deberá prestar declaración el fiscal federal Eduardo Alonso y su adjunto, el Dr. Homero Alonso. Ambos se hicieron presentes en la comisaría primera de Avellaneda a las 16.30 hs. del día 26 de junio de 2002 y permanecieron hasta las 22.30 hs, pudiendo presenciar el estado de los manifestantes heridos con munición de plomo que eran introducidos en la comisaría en calidad de detenidos, e interrogar a los jefes policiales a cargo de la comisaría y del operativo general.
La apertura de los archivos de la SIDE
El jueves 26 mayo, a sólo un mes de que se cumplan tres años de la Masacre del Puente Pueyrredón, el presidente Kirchner y el gobernador Solá encabezaron un acto junto al intendente de Morón, Martín Sabatella.
Todo corría por los carriles normales para los organizadores, hasta que un integrante de la agrupación H.I.J.O.S. subió al escenario y desplegó, ante la mirada del presidente y el gobernador bonaerense, un afiche que señalaba a este último como uno de los responsables políticos de la Masacre de Avellaneda.
Una vez en el escenario, Alejo, hijo de desaparecidos, con el cartel desplegado leyó un petitorio reclamando justicia por “los piqueteros asesinados en Avellaneda, prisión a los culpables, desmantelamiento del aparato represivo, juicio y castigo a los culpables”, mientras mostraba a la nutrida concurrencia y al propio presidente la leyenda ilustrada con fotos de distintos funcionarios tras las rejas.
El cartel también incluía la leyenda “Kirchner: abrí los archivos de la SIDE como prometiste”, hecho que no pasó desapercibido para el primer mandatario.
Tras la protesta, el gobernador, algo molesto, dedicó su discurso a las obras públicas que su gestión encarará en Morón sin hacer ninguna alusión al inesperado hecho. Por el contrario, el gobierno nacional acusó recibo, y al día siguiente, en una sorpresiva conferencia de prensa, el ministro del Interior Aníbal Fernández anunció la apertura de los archivos de la SIDE a través del decreto 538 para poner la información relacionada a la represión producida el 26 de junio de 2002, a disposición del Tribunal Oral Nº 7 de Lomas de Zamora.
Los compañeros de los piqueteros asesinados relataron en el prólogo a la segunda edición del libro “Darío y Maxi. Dignidad Piquetera.
El gobierno de Duhalde y la planificación criminal de la masacre del 26 de junio de Avellaneda”, cómo se produjeron los encuentros con el presidente Néstor Kirchner en los que este prometió la apertura de los archivos, que recién dos años después el gobierno decidió concretar.
“Quienes escribimos estas líneas, como compañeros de militancia de Darío y Maxi, fuimos testigos directos de los anuncios que el propio presidente hizo expresando la necesidad de «ir a fondo, caiga quien caiga» para que los asesinatos de nuestros compañeros no fueran coronados por la impunidad.
Esas palabras textuales utilizó Kirchner en el primer encuentro que tuvimos en la Casa de Gobierno, el 19 de junio de 2003, días antes de cumplirse el primer aniversario de la Masacre.”
El 30 de octubre de ese mismo año, el MTD Aníbal Verón volvió a ser convocado para hablar con el presidente. “La reunión fue -explican en el prólogo-, en términos de promesas, mucho más precisa que el primer encuentro. Kirchner se hizo fotografiar por la prensa abrazando al padre de Darío; ante nuestro reclamo porque en esos meses «todavía no se había hecho nada» el presidente dio directivas precisas al secretario de Derechos Humanos para que «el próximo lunes» ya estuviera en nuestras manos un borrador para la conformación de una Comisión Investigadora, que, integrada por organismos de Derechos Humanos, tuviera atribuciones para abrir los archivos de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) «y también los archivos de inteligencia de la Federal y la Bonaerense, que todos sabemos que hicieron inteligencia sobre ustedes», reconoció el presidente, evidenciando en esas palabras que algo sabía del tema, y que algo había por develar en aquellos archivos.
Media hora después del encuentro con el presidente, en una reunión más informal, el secretario general de la presidencia, Oscar Parrilli, sería más transparente respecto a las verdaderas intenciones presidenciales detrás de aquellas promesas que nunca se cumplirían: «El presidente puede avanzar como les dijo, pero quiere que ustedes dejen de cortar el puente Pueyrredón, primero tenemos que ponernos de acuerdo en eso».
La respuesta nuestra fue clara: las protestas de cada día 26 eran nuestra forma de denuncia y de memoria, al igual que las rondas de los jueves de las Madres de Plaza de Mayo”
Tras casi dos años de asumir Kirchner -el prólogo a la segunda edición está escrito en abril de este año-, los trabajadores desocupados concluyen: “Transcurrieron casi dos años desde que Kirchner asumió la presidencia e hizo aquellas promesas. Los archivos de los servicios de inteligencia del Estado, los de las policías federal y bonaerense (que el presidente nos dijo saber que contenían información sobre lo que sucedió aquel 26 de junio), finalmente no fueron abiertos.
La lucha por los derechos humanos, cuando deja de ser capital simbólico de cara al pasado y se convierte en denuncia de la injusticia y la impunidad que se suceden hoy, encuentra en este gobierno el mismo desinterés que en cualquier otro: allí está la complicidad con la impunidad en la causa por los asesinatos de Darío y Maxi, pero también la impunidad que gozan quienes pusieron una bomba contra la movilización a Plaza de Mayo el 20 de diciembre de 2003, durante la conmemoración del segundo aniversario de la rebelión popular, hecho que nunca fue investigado; otros dos piqueteros fueron asesinados en la provincia de Jujuy, gobernada por el amigo del presidente, Eduardo Fellner, sin que nada se hiciera por esclarecer el hecho; el gatillo fácil policial sigue dejando decenas de jóvenes asesinados, y las cárceles argentinas son campos de concentración donde decenas de personas mueren por desatención, falsos enfrentamientos o motines alentados por los guardia cárceles.
Tampoco pasa desapercibido para nadie que, a cambio de cierta moderación en los métodos represivos, este gobierno profundizó la persecución judicial a las protestas sociales, manteniendo a decenas de hombres y mujeres tras las rejas, y más de 4000 luchadores sociales procesados.”
Luego de que fuera anunciada la apertura de los Archivos, Alberto Santillán, el papá de Darío, expresó sus dudas, frente al Tribunal de Lomas de Zamora, sobre la voluntad presidencial de investigar cómo fueron los asesinatos. “Yo celebro que se incorporen elementos a la investigación, si es cierto que son tales. Pero, cuando el presidente se reunió conmigo me prometió muchas cosas. No cumplió ninguna. Me usó y yo ya no puedo creer en su voluntad de investigar”.
