Por Causa Popular.- Similar a la ruleta rusa. El último que gatilló fue el gobierno y la recamará una vez más estaba vacía. Ahora el arma apoya su frío caño sobre la cien de los acreedores que especulan con que el gobierno finalmente estará obligado a subir la oferta. Pero quien ahora podría observar sentado como gatilla su adversario, prefirió poner una bala más en el tambor. Por pedido del Presidente y el ministro Roberto Lavagna el Congreso Nacional está apunto de sacar una ley que prohíbe la reapertura del canje de deuda una vez que este se cierre el 25 de febrero. Pero más allá de los juegos eslavos donde cada participante pone en juego su vida (o al menos sobreactúan que podrían dejarla en la primera movida descuidada) el gobierno nacional muestra una estrategia distinta a las que solían realizar sus antecesores en la relación con los acreedores externos. Igual el final podría no ser muy diferente
En el gobierno están convencidos que el éxito o el fracaso de la operatoria se encuentra más que nada relacionada con la fortaleza de las espaldas políticas del gobierno antes que a los porcentajes de adhesión que actualmente se ubica solo en un 26,6 %. Si el nivel de aceptación de los nuevos bonos se mantiene baja, con la vigencia de la ley que inmoviliza la oferta quedarán para el futuro las respuestas políticas para enfrentar las nuevas embestidas.
Néstor Kirchner está convencido que los mismos que en la década del ’90 subordinaron la política a la economía son los que presionan hoy para hacer fracasar el canje de deuda y forzar una nueva propuesta. Ante esto, el Presidente y el ministro Roberto Lavagna decidieron edificar la compuerta de la ley que prohibe reabrir el canje de deuda.
Con el mismo criterio de brindar cobertura política a esta jugada, el gobierno eligió el camino del Congreso para emitir una última señal a los tenedores de bonos de que la oferta nunca será modificada. Así se lo transmitieron y lo entendieron los presidentes de las cámaras legislativas y de los bloques justicialistas que en pocas horas avanzaron en la iniciativa.
De todas formas, no se puede perder de vista que la aprobación en el Congreso de esta ley ofrece importantes señales respecto a como se viene desarrollando el canje. Desde la época de los días críticos de 2001 y 2002 que no se veía tanta celeridad en el Senado para la aprobación de un proyecto de ley tan relevante, que prohíbe realizar una nueva oferta por los bonos que no ingresen en el canje de la deuda antes del 25 de febrero. Pero a pesar de la velocidad, la decisión del Gobierno de traducir en una ley su posición fue adoptada recién después de observar la evolución del canje en las primeras semanas.
Existe cierto consenso -aunque sin intenciones de hacerlo público- en que el efecto jurídico del proyecto que aprobaría el Congreso cuando sea tratado por diputados la próxima semana es cercano a nulo en el caso de que prosperen las presentaciones judiciales en el exterior. El objetivo excluyente es enviar una señal política a los acreedores. Sin embargo, es difícil que el efecto final buscado por el gobierno finalmente sea el buscado, en el plano internacional el mensaje es fundamentalmente simbólico. De última, para los acreedores externos se trata del mismo Congreso que festejó la declaración del default.
Desde Italia, agrupaciones de consumidores tales como Adoc, Adusbef, Codacons y Federconsumatori ya advirtieron en un comunicado conjunto que el gobierno de Kirchner «no puede burlarse de los ahorristas de medio mundo con acciones que no tienen ninguna relevancia en términos de derecho internacional».
El gobierno, que apuesta a delinear los más mínimos detalles de la escena que muestra que se está jugando a todo o nada con esta última oferta, advierte que los bonos defaulteados que no sean canjeados por los nuevos, emitidos especialmente para la reestructuración de la deuda, «pueden permanecer indefinidamente impagos». Según el Ministerio de Economía esa advertencia figura en el prospecto que el Gobierno presentó ante las diferentes comisiones de valores de las principales plazas financieras del mundo, al momento de presentar los títulos que sustituirán a los defaulteados.
La oferta en curso, unánimemente rechazada por los inversores, fue lanzada el 14 de enero, y el cierre de la operación está previsto para el 25 de febrero. Según las últimas cifras oficiales, del pasado lunes, la tasa de adhesión por ahora no supera el 26,6%, del cual 4,2% fue aportado por los inversores extranjeros. Los inversores están molestos por lo bajo de las sumas que pueden esperar recuperar si canjean sus títulos: aproximadamente un tercio de lo que se les debe.
El gobierno sufrió ya los primeros reveses en su estrategia, debido a que esperaban una adhesión importante de los pequeños tenedores de títulos en los primeros días de la oferta. Para eso, proponían un título «par» (sin pérdida de valor nominal), reservado prioritariamente a quienes se adhirieran a la oferta antes del viernes 4 de febrero. Pero ese título, cuyo reembolso completo está previsto recién en el año 2038, no generó entusiasmo. Kirchner y Lavagna estiman no obstante que hay que esperar y que los últimos días del canje serán cruciales, ya que los grandes inversores esperarán el mayor tiempo posible, con la esperanza de que haya una mejora de la oferta.
El juego tiene veinte días más para desarrollarse, y tal como avanza parece que va ser muy difícil que el gobierno evite ser el último jugador que se ponga el arma en la cien. Si esto sucede, es probable que encuentre una nueva recamara vacía, con la que llegará una nueva oferta, y todo volverá a empezar. Si en cambio, el disparo se produce, será el momento de las definiciones para un gobierno que desde que asumió no hace más que intentar quedar bien con Dios y con el Diablo. Pero la historia demuestra que si a este último no se lo aniquila y sepulta, siempre meterá la cola donde encuentre intereses para defender.
