Por Causa popular.- Mientras el gobernador de la Provincia de Buenos Aires Felipe Solá retoma las críticas a su antecesor Carlos Ruckauf, en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional están listos los acuerdos para aprobar una ley ya reclamada por quien tuviera como ministro de seguridad al carapintada Aldo Rico. El 6 de Octubre el Senado dio media sanción a una ley que traslada a la Justicia provincial la competencia de los casos menores de drogas, hoy en manos del fuero federal. Si la semana entrante diputados da su sanción definitiva, la Policía Bonaerense tendrá otra caja de a que echar mano y el triángulo criminal entre jueces, intendentes y comisarios, renovará sus bríos para las elecciones del 2005. ¿Un nuevo intento para terminar con los secuestros en el conurbano?
Al finalizar la jornada legislativa del 7 de Octubre muy pocos senadores pudieron explicarles a los escasos periodistas que siguieron el tema, las causas profundas que llevaron a Felipe Solá a reclamarles la sanción de una ley que traslada a la Justicia provincial la competencia en los casos menores de drogas.
Casi todos los legisladores que acompañaron la media sanción reconocieron que “tal vez ésta no sea la mejor herramienta para combatir el narcotráfico”.
El primer pedido para que la Justicia ordinaria se hiciera cargo de las causas de menor cuantía por drogas lo hizo Carlos Ruckauf, cuando era gobernador bonaerense. Su intención era perseguir y castigar a los vendedores minoristas. Felipe Solá, sucesor de Ruckauf, tomó la posta.
Cuenta con el apoyo de su ministro de Seguridad, León Arslanian, que adhiere a la teoría de que los jueces federales se desentienden de las causas de venta de drogas para consumo personal.
Algunas semanas antes de la votación Solá había concurrido al Congreso Nacional con lo “mejor” de los intendentes bonaerenses para defender esta iniciativa. Así se lo vio acompañado de Hugo Curto, Jesús Cariglino, Mario Ishii, Raúl Othacehé, Alejandro Granados y Alberto Descalzo, entre otros.
La misma presencia de personajes tan siniestros como Raúl Othacehé, intendente de Merlo –ligado a la triple A en la década del 70 – y Mario Ishii de José C. Paz, paradigmas de la vinculación entre política, policía y delito, dejó más que evidente el fin de esta norma.
Tal es así, que los propios diputados y diputadas dieron media sanción a la ley no pudieron argumentar que beneficios iba a traer en el combate del consumo de estupefacientes.
La Senadora Escudero, titular de la comisión de cabecera, quién tuvo a cargo la explicación del proyecto de ley, cerró su intervención asegurando que «tenía dudas sobre la utilidad de la herramienta», pero que la votaba porque «era lo que Buenos Aires pedía».
La dificultad para establecer un parámetro de división de competencias obligó a postergar el tratamiento del proyecto casi un mes. Dos días antes de la sesión en diputados Arslanian logró acordar con los titulares de las comisiones de Seguridad y Narcotráfico, y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, Sonia Escudero (PJ) y Jorge Agúndez (UCR), respectivamente, una fórmula definitiva.
Según el texto aprobado serán de jurisdicción de la justicia provincial las causas en las que las cantidades de estupefacientes involucradas estén fraccionadas en dosis para consumo. Ante cualquier duda, la competencia federal tendrá prioridad.
En representación de la provincia de Buenos Aires, la peronista Mabel Müller leyó estadísticas que avalan la teoría de Solá acerca del incremento del consumo de drogas en el país y, particularmente, en ese distrito. Y, para que no quedaran dudas, afirmó que «este proyecto cuenta con el apoyo del presidente de la República».
Müller, senadora por la provincia de Buenos Aires y que presentó el proyecto en el cuerpo legislativo pidió que el límite para la competencia provincial fuera de 300 gramos en cocaína y 5 kilos en marihuana. Finalmente la redacción definitiva que hoy está en manos de los diputados lo encuadró “en dosis destinada directamente al consumidor”.
La gran ausente en el debate fue la primera dama y senadora por Santa Cruz Cristina Fernández de Kirchner. El lugar vacío dejado por la voz más oficialista en el Senado que finalmente avaló los dichos de Mabel Múller cuando expresó que el proyecto tenía el apoyo del Ejecutivo
Ante las críticas de algunos legisladores a policía bonaerense la senadora Müller expresó que “aquí se habla de connivencia de las fuerzas policiales. Nuestra Bonaerense tiene gente muy buena y capacitada”.
La norma que se hizo pensando en Buenos Aires es nacional y para adherir a ella, a las legislaturas provinciales les bastará con votar su consentimiento.
Política, policía y delito
Algunos senadores en su momento plantearon sus dudas. En los pasillos del Congreso fueron varios los legisladores que expresaron que “se le estaba otorgando un delivery para su caja chica a la Bonaerense”.
El ministro de seguridad de la Provincia León Arslanián, uno de los que más trabajaron para que esta norma sea sancionada, denunció varías veces sobre las actividades ilegales de la policía que el mismo dirige.
De hecho, fue muy cuestionado por las purgas masivas de efectivos con irregularidades en su accionar. Pero esas purgas no pudieron detener los secuestros a los que la policía siempre se encuentra ligada directa o indirectamente; al menos en los casos más resonantes en los que las bandas muestran una gran capacidad operativa.
Una constante avala esta teoría: la existencia de zonas liberadas habilitadas por la misma policía, para asegurar que no haya presencia policial en el momento en que se producen los secuestros.
Tras el secuestro de Antonio Echarri, la Cámara de La Plata dejó entrever la relación que hubo entre los policías que hicieron el allanamiento de la casa en la que estaba Antonio y los secuestradores.
En el caso de Diego Peralta, un oficial terminó preso, y la gente quedó convencida de que en la comisaría de El Jagüel estuvo la clave de todo. En el secuestro de Axel Blumberg intervino una banda de ladrones de autos, también conectada a policías.
Públicamente, el camarista Fernando Maroto, de San Isidro, habló de la connivencia policial con las bandas vinculadas a los secuestros extorsivos en la zona norte y el viceministro de Seguridad de la provincia, Martín Arias Duval, hizo una denuncia ante la fiscalía federal para que convocara a Maroto a aportar los elementos que tenga.
A esta altura de los acontecimientos muy pocos pueden negar que los secuestros se terminan cuando se ponga en caja a la bonaerense. Claro que ninguna de las medidas implementadas por Arslanian, hasta ahora pudo lograrlo. ¿Habrá cambiado su estrategia?
¿Estará buscando una caja alternativa a la que hoy puede representar el pago de los rescates?
