Lo previsible se vuelve realidad. Con el desguace del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI), los desalojos de comunidades campesinas volvieron a cobrar impulso con inusitada virulencia. En estos días en la localidad de San Ignacio, en Misiones, se vivieron dos situaciones cruentas: una en un predio de 500 hectáreas donde vivían unas 20 familias campesinas dedicadas a diferentes producciones, entre ellas la ganadería.
El lugar había pertenecido en un momento a Rudecindo Roca, quien al amparo de su hermano, el General Roca, se convirtió en el mayor latifundista de Misiones, con la misma metodología salvaje empleada por el genocida de indios en la mal llamada «Conquista del Desierto». El desalojo de la comunidad, establecida hace ya unos cincuenta años, se produjo de la noche a la mañana, con fuerzas policiales que incendiaron las viviendas dejando a la gente sin nada.
El otro caso se produjo en un predio cercano de unas 300 hectáreas, donde vivían 30 familias campesinas, establecidas allí desde hacía más de veinte años. Durante la última campaña electoral, el intendente Esteban «Negro» Romero, se había reunido con los pobladores para entregarles títulos de tenencia provisorios, para juntar votos que le permitieran acceder otra vez a la intendencia, y los alertó de un posible desalojo por la operatoria de mafias del poder judicial que operan para usurpar tierras. En un audio que circula en las redes se lo puede escuchar a Romero aconsejar a los moradores que se defiendan a planazos y machetazos contra la policía, cuando ella los fuera a desalojar, e incluso «meter indios» en las parcelas porque «a ellos no los van a tocar». Los residentes rechazaron estas propuestas por considerarlas impropias para resolver el problema, en el cual también están implicados altos funcionarios del gobernador Hugo Passalacqua.
La operatoria para apropiarse de tierras campesinas siempre es la misma y este caso es calcado a todos en los que luego se sucede la usurpación: un día se presenta un apoderado en los tribunales con un título de propiedad a nombre de un NN al cual dice representar, presenta la denuncia por una usurpación inexistente y el poder judicial en complicidad con esta mafia, ordena los desalojos. El mismo Romero, reconoce que antes de las elecciones algún funcionario de la intendencia filtró información de campos con cierta vulnerabilidad, para que fueran sometidos a esa operación infame.
El apoderado que presentó la denuncia es un tal Tito Orlando Suamela, quien dijo que el propietario compró las tierras en una subasta en el año 1988. El abogado que representa al supuesto damnificado no es otro que Ricardo Grinhauz, un ex juez suspendido en sus funciones durante 2001, por vender y entregar autos robados en Misiones y otras provincias a amigos y otros particulares, con cedulas de propiedad apócrifas. Lo evidente es la experiencia de Grinhauz, en operatorias mafiosas para realizar apropiaciones indebidas y la complicidad que cuenta en el Poder Judicial de la provincia, donde el juez Fernando Luis Verón, que atiende la causa, nunca tuvo en cuenta las presentaciones y reclamos realizados por los verdaderos propietarios, es decir, las familias campesinas. Familias que hoy se encuentran acampando frente al edificio de la municipalidad reclamando una solución. Familias que, aparte del incendio de sus casas por las fuerzas policiales, también sufrieron golpes y el encarcelamiento de dos mujeres, una de ellas embarazada.
¿Porqué hablamos del INAFCI al comienzo de la nota y de su desguace?, porque precisamente este organismo era o es, quien intervenía cuando estos desalojos y usurpaciones se sucedían, a través de mediaciones establecidas por la Ley de Tierras u otros mecanismos legales que daban amparo a las comunidades campesinas. El INAFCI, además era o es parte integrante del Banco de Tierras, donde fueron censadas cerca de un millón de hectáreas en desuso por el Estado, para ser otorgadas a comunidades campesinas sin tierras, pero también ejecutar una política seria de vuelta al campo, de poblaciones migrantes que debieron abandonar la tierra que trabajaban, precisamente por ser víctimas de la operatoria de estas mafias.
Claro está que esta situación tiene su correlato con el discurso en el que el presidente Milei alardeó cínicamente en la cadena nacional del 22 de abril pasado: «¡Se acabó el Estado presente!» Las consecuencias de la ausencia del Estado son nefastas por donde se las mire, son pérdidas de derechos y conquistas. Es a la vez la desprotección total de las comunidades campesinas y originarias, porque la tierra quitada a un campesino es tierra que va a parar a manos de las transnacionales del agronegocio –principal enemigo de la Agricultura Familiar— o a manos de especuladores que proyectan negocios inmobiliarios. Tal es el caso de estas parcelas misioneras, donde los afectados denuncian que su tierra será usada para la construcción de barrios privados para los ricos de Misiones.
Si causa tristeza ver a los desalojados caminando bajo la lluvia a un costado de la ruta, con las pocas pertenencias salvadas del fuego, también causa rabia ver como se destruye la historia de un pueblo con fuerte arraigo campesino, desde que los jesuitas establecieron a principios del siglo XVII, un proyecto político y de liberación sustentado económicamente en la actividad agraria. Bueno sería, para no destruir los legados históricos, que el gobernador Passalacqua, quien en sus discursos de campaña no se cansa de citar a Artigas y su Reforma Agraria, asuma sus responsabilidades ejecutivas y resuelva la situación de esta gente trabajadora del pueblo misionero, porque hasta ahora, el Estado provincial al que representa, también está ausente y cuando está presente es con la policía incendiando ranchos.
