INCENDIOS. Todos recordaremos al verano del 2023 como a un período estival de incesantes altas temperaturas provocadas por una ola de calor inusitada, que rondaron casi siempre los 38 y 40 grados. A pesar de esto, no se produjeron cortes de energía eléctrica masivos hasta el 1º de marzo, día en que el presidente Alberto Fernández en su discurso de inauguración de las sesiones del parlamento, ponderó las bondades del sistema energético del país. No pasaron demasiados minutos de la alocución cuando un gigantesco apagón dejó sin luz a 6.000.000 de usuarios en todo el territorio. La causa fue el incendio de pastizales en un campo de General Rodríguez que afectaron a las torres de alta tensión y cuyo propietario es un exfuncionario macrista de Pilar, Ricardo Elliot, quien fuera secretario de Servicios Públicos de ese distrito. La sensación de un sabotaje flotaba en el aire enrarecido de la ciudad por la humareda provocada por otro incendio, pero de montes esta vez, en las islas del delta del Paraná, con la intensión de ganar tierra para la explotación ganadera. Al día siguiente del fuego iniciado en General Rodríguez se pudo comprobar que no fue producto de un accidente. Después de algunas pericias se determinó que los focos fueron iniciados en sitios muy puntuales, lo que llevó al juez federal de Campana, Adrián González Charvay, a procesar por varios delitos al ex funcionario de Cambiemos, Ricardo Elliot. Por si alguna duda quedaba acerca de la intencionalidad de las llamas encendidas, el secretario legal del Ministerio de Economía, Ricardo Casal, declaró ante los medios, al tiempo que se practicaban las pericias, que: “Los focos son muy puntuales, muy claros. No es una línea de fuego como cuando hay quema de pastizales, sino son focos concretos y debajo de la línea de tensión. Estamos convencidos de que fue intencional”. En un año electoral, para la derecha está claro que cualquier recurso es válido y que no hesita en aplicar el viejo axioma de que el fin justifica los medios, con tal de lograr sus objetivos electorales.
CORTES. Pero, si muchos creyeron que las cosas terminarían con ese hecho siniestro y que iban a poder disponer nuevamente de las utilidades del servicio y encender los aparatos de aire acondicionado en sus hogares y así atenuar los efectos del calor, se equivocaron; los cortes de luz se continuaron afectando a una inmensa población del AMBA y con foco en los partidos de Almirante Brown, Esteban Echeverría, Lanús, Avellaneda, Lomas de Zamora, Quilmes y Presidente Perón, todos, menos Lanús, con intendentes del Frente de Todos. En CABA los barrios con más afectados fueron Villa Devoto, Mataderos, Balvanera y Villa Luro. Del total de afectados, la gran mayoría son usuarios de Edesur, lo cual no es un dato menor. Los cortes de calles con las protestas de los vecinos indignados ante los reiterados cortes, se mostraban en los televisores, como así también las imágenes de comerciantes tirando comida descompuesta a los contenedores de basura. En algunos casos como en Lugano y Soldati, las protestas fueron reprimidas por la Policía de la Ciudad a garrotazo limpio y gas pimienta arrojado sobre quienes ya no sólo pedían el restablecimiento del servicio, sino también soluciones drásticas al Estado. En ese estado de efervescencia, la misma gente comenzó a preguntarse acerca de quiénes eran los dueños de Edesur y fue entonces que saltó a la luz, de un modo masivo, que la empresa es propiedad de ENEL (Ente Nazionale per L´Energía Elettrica) una multinacional cuyos propietarios son entre otros, el Ministerio de Economía y Finanzas de Italia. ENEL se mantiene a la cabeza de Edesur desde que se licitó la red en los ´90, y también tuvo activos en generación termoeléctrica con las centrales Costanera y Dock Sud; de los que se desprendió en estos días. En estos tiempos, ENEL planea retirarse de algunos de los 30 países en los cuales está presente, entre ellos Argentina y en menor medida Brasil donde sólo opera en un estado. Y es aquí cuando se abre otro interrogante, ¿por qué un Estado –en este caso el italiano— puede ser propietario de una empresa de energía en otro país, y en ese país –donde ENEL opera a su antojo— se cuestiona la administración de los servicios públicos por parte del Estado? Una respuesta que no sólo se puede contestar desde la lógica del capitalismo global, sino también desde las perspectiva de los afectados por ese capitalismo, en este caso unos 70.000 hogares por día. Pero, hablamos también de otras realidades que hacen a cierto centralismo político, económico y poblacional. En la mayoría de las provincias las empresas de electricidad pertenecen al Estado, como en Misiones, Córdoba y Santa Fe, por citar algunas; y en otras, donde el Estado no es el propietario, son unidades cooperativas, y en el AMBA, donde se concentra el mayor número de habitantes, los servicios son privados. Entonces, cabe mencionar e interrogarse qué utilidad le dio Edesur al aumento de un 3000% en las tarifas, otorgado por el ministro de Energía y Minería Juan José Aranguren, durante el gobierno de Mauricio Macri. A esta altura la única conjetura posible es que las ganancias generadas por la suba desmesurada, también fueron fugadas como los millones de dólares de la deuda adquirida ante el FMI.
INTERVENCIÓN. Como ya se dijo, los cortes comenzaron el 1º de marzo y se prolongaron hasta hace pocos días. Durante ese lapso, las voces por una estatización de la empresa fueron creciendo desde diversos sectores y lugares, más o menos politizados, pero todos con un denominador común, el hartazgo de la repetición de una situación intolerable. Reclamos que no se acallaron siquiera con el anuncio por parte del gobierno de una multa de $1000 millones, para resarcir a los perjudicados. Ante esto, el ministro de Economía, Sergio Massa, dejó de lado el proyecto de estatización de Alberto Fernández –que algunos vieron como una dilatoria para dejar las cosas como están—, ya que para ser sancionado necesita los dos tercios de aprobación en las cámaras y tomó a ojos vistas, la medida más adecuada, es decir, la intervención de Edesur y a través del Boletín Oficial. De esta manera hizo efectiva la designación de Jorge Ferraresi como interventor de la distribuidora eléctrica. En la letra chica de la resolución se especifica que la tarea del ex ministro de Desarrollo Territorial, será la de fiscalización y control sobre las obras que se deban realizar, además de resarcimientos. También indica que la compañía deberá rendirle cuentas del uso que hace de los ingresos que percibe en concepto de tarifas. Es decir que los integrantes del directorio deberán demostrar que cada peso que se gaste vaya a obras que nos den un mejor invierno, tal como reza el texto del decreto. Podemos decir que la prestación de Edesur fue desastrosa, incluso durante los años de gobierno del macrismo, donde junto con Edenor, como ya citamos fue beneficiadas con un aumento del 3000% en las tarifas, pero en el caso de Edesur, ese aumento no se vio reflejado en un mejoramiento del servicio, algo que difícilmente ocurriera con una empresa que quiere abandonar el país y aprovecha todos los resquicios que le da la coyuntura para llevarse el máximo de ganancias posible antes de abandonar el barco. La intervención de Ferraresi durara 180 días, lapso en el cual se deberá decidir qué determinación tomar. Y también será el momento de interrogarse acerca de las imposiciones políticas del liberalismo, que desde los países centrales nos venden la privatización de los servicios públicos y sin embargo, dos de las más grandes distribuidoras de electricidad del mundo están radicadas en Francia e Italia, siendo el Estado el accionista mayoritario. Otros casos de países europeos, como Alemania, Austria y Suecia, nos muestran que las grandes empresas distribuidoras de energía son totalmente estatales. Algo que como ya mencionamos anteriormente en esta nota, muchos Estados provinciales lo hacen. Ya no se trata entonces, de mirar hacia el norte, sino de mirar hacia adentro. A Edesur, le queda por delante el Plan Invierno para mejorar su servicio, pero también 60 años de concesión por cumplir, gracias a las políticas neoliberales aplicadas por Menem en los ´90. Más allá de esos términos temporales y de los resultados que se den dentro de esos lapsos, a quienes defenestran las administraciones estatales y ven fantasmas totalitarios en ellas, se les puede decir que al Estado le sale más barato administrar las empresas de energía que dejar la operatoria en manos privadas. En otra nota publicada por Página 12 en el día de ayer, el periodista Germán Pinazo, en relación a esto dice: “Muy sintéticamente, en los últimos tres años los subsidios a la energía eléctrica han ido desde los 1,7 puntos porcentuales del Producto Bruto Interno (PBI) en 2020, a más del 2,3 el año pasado. Curiosamente, cuando observamos cuánto le costaba a la Administración Pública Nacional la administración de la Empresa Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires, que incluían tanto a las empresas que hoy están encargadas del servicio de distribución (Edenor, Edesur y Edelap) y también a la empresa que hoy se encarga del denominado Mercado Eléctrico Mayorista, Cammesa, vemos que, entre 1970 y 1988, no llegó a superar los 0,3 puntos porcentuales del PBI. El dato incluye tanto las contribuciones de la Administración Pública Nacional y de Cuentas Especiales, y no incluye, lógicamente, los ingresos corrientes de la empresa. Nótese cómo en la actualidad sale muchísimo más caro para el Estado transferir en concepto de subsidios que lo que salía en plena crisis económica de los años ´80 la administración directa de todo el servicio”. En ese sentido, bienvenida la intervención, ya que tal vez, es hora de avanzar con una rescisión a la operatoria de Edesur, porque si bien la calle clama por una estatización, aquello tiene otros obstáculos que no pasan solo por la aprobación parlamentaria, como bien aclara hoy en otra nota publicada por Infobae, el ex ministro de Planeamiento, Julio De Vido, donde dijo: “lo que debemos hacer es rescindir el contrato, resolverlo por su incumplimiento, y quedarnos con todos los activos físicos de la empresa porque son todos del Estado. Inclusive los locales que dicen EDESUR son nuestros”, y agregó: “Si nacionalizáramos EDESUR como dicen algunos estúpidos nos quedaríamos hasta con su deuda, entre ellas la que debe a CAMMESA. Nos vamos a quedar con el muerto”. El tiempo dirá si la resolución llegó a tiempo, no sólo para resolver los cortes frecuentes, sino para cambiarle el rumbo a las imposiciones y las blanduras políticas.
