Se va un 2022 donde el país transitó por un sendero de inflación extremadamente alto. Consultoras, investigadores y economistas de diferente orientación política coinciden en que la cifra final del año estará cerca de los tres dígitos. Durante los doce meses que transcurrieron, el índice de precios al consumidor se ubicó en 85,3%.
Un repaso de los números mensuales de la inflación exhiben con claridad la suerte de los precios. En marzo los guarismos estuvieron cerca de los siete puntos, dando un primer aviso de la aceleración. Entre abril y junio no retrocedieron a los indicadores de enero-febrero, pero tuvieron un leve descenso. A partir de allí, hubo que esperar cuatro meses para que los números se ubicaran por debajo del 6%.
El escenario internacional aportó lo suyo. El impacto de la guerra entre Ucrania y Rusia encarece los alimentos y la energía desatando una inflación inédita en países de la Unión Europea y los Estados Unidos. Pero, cómo admitió Alberto Fernández a mitad de año durante la edición del consejo económico y social: “si bien el escenario internacional complica el panorama, de los cincuenta puntos de inflación, sólo diez tienen que ver con la guerra, el resto es nuestro».
El dato que confirma la importancia del problema fue el recambio casi permanente de la secretaría de comercio. Inicialmente la cartera era conducida por Paula Español, luego la reemplazó Roberto Feletti que, tras varios cruces con algunos funcionarios fue desplazado por Guillermo Hang, de fugaz paso por el gobierno. Matías Tombolini dirige la cartera luego del arribo de Massa al Palacio de Hacienda y las reformas ministeriales.
Más allá del monetarismo
La inflación del último mes (4,9%) trajo algo de alivio para el equipo económico, ya que la desaceleración que los funcionarios celebran con una módica sonrisa se la adjudican al programa de estabilización. “El dato nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación», disparó el ministro de Economía, Sergio Massa.
Ante un escenario así, cabe preguntarse cuál es la causante de la permanente suba en los precios. Si aceptamos que la inflación no puede explicarse sólo como fenómeno monetario ocasionado por una emisión desequilibrada, debemos identificar otros factores que están presionando sobre el costo de los alimentos, servicios e indumentaria.
En una entrevista, el economista y director del Mirador de la Actualidad sobre la Economía y el Trabajo (MATE), Sergio Arelovich explicó: “Buena parte de los niveles inflacionarios que tiene la Argentina tienen que ver con la insuficiencia de inversión de las empresas, que intentan obtener sus ganancias no por la vía tradicional de la explotación del trabajo asalariado, que es la razón única de capital, sino con negocios secundarios”.
El caso de la comercializadora de granos Vicentín es un arquetipo de estos “negocios secundarios”. Fraguó documentos llevando una parte importante de los créditos cedidos por el Banco Nación a paraísos fiscales utilizando empresas “cáscaras” que no tienen actividades productivas ni disponen de estructura económica para dar cuenta del funcionamiento estándar de una empresa.
Más adelante Arelovich detalló: “Hay unas 420 empresas que siempre son las mismas, cuyo 25 ó 30% de sus ganancias no tienen que ver con la actividad principal, sino con la participación en sociedades, en negocios de naturaleza financiera, con la administración de patentes, etcétera”
Utilizando el complejo entramado de firmas o prestadoras de servicio, las empresas manipulan datos girando dólares a distintas sedes localizadas en países con menor rigor impositivo haciendo difícil establecer con claridad dónde comienzan y acaban las operaciones de cada una de ellas. Una vez más, la relación entre Vicentín y la empresa Renova con sede en Paraguay o Vicentín Madrid, estructura cáscara que aprovecha las facilidades impositivas de Gibraltar muestran este funcionamiento.
Tras el impacto en los costos generado por la guerra, la inflación doméstica sólo tendió a subir. Las empresas con mayor capacidad de fuego están moviendo los valores por encima de las subas generando una distorsión en los precios relativos que redunda en mayores niveles de inflación.
Esta puja por una mayor apropiación del excedente debilita la gobernabilidad mientras el debate público se concentra en cuanta inflación puede ocasionar una eventual suba nominal del salario.
Sabor a poco
En el relevamiento del último trimestre del año, INDEC mostró un pequeño despegue del consumo. El alza fue de 0,7% luego de dos caídas consecutivas (0,8% en septiembre, 4,5% en octubre) La suba se explica por el gasto que los consumidores hicieron durante una parte del mundial de fútbol y el stockeo tradicional de fin de año.
El informe revela un movimiento que vale la pena mencionar. Según INDEC, “el gasto estuvo traccionado por las cadenas de la zona metropolitana, es decir Ciudad y Gran Buenos Aires, que aumentaron un 3,2 por ciento, pues las ventas interior volvieron a caer, puntualmente un 0,9%”.
El empuje que le dan las grandes cadenas al consumo crece en detrimento de los comercios de barrio y autoservicios. No sólo se trata de la capacidad que los supermercados pueden ejercer sobre las eventuales caídas del consumo, también se vincula a las opciones que ofrece el programa “Precios Justos” allí dónde se respeta o al diseño de ofertas alternativas que pequeños comercios no pueden hacer ante las remarcaciones de las empresas distribuidoras.
Los consumidores mantienen niveles de gasto bajos y tratan de maximizarlo buscando las alternativas que ofrece la góndola. Este movimiento tiende a focalizar el gasto fortaleciendo el poder de las grandes cadenas mientras los pequeños comercios profundizan su caída.
Por su parte, los salarios frenaron su caída pero su capacidad de compra no se recupera y corren detrás de las subas. Con un incremento de precios superior al 5% mensual, la recomposición salarial no ha sido suficiente para que los ingresos estén por encima o al menos mantengan su poder adquisitivo.
De acuerdo a las estimaciones de MATE, “en 2022 no cayó el salario tanto como en los años previos. Si vemos por sectores, de hecho, hubo una pequeña recomposición del salario estatal”. Entre diciembre de 2015 y 2019 los salarios en términos reales cayeron un 20%, mientras que durante la gestión del Frente de Todos la caída es cercana al 3,7%.
En una entrevista radial, el ministro de economía, Sergio Massa reconoció la tremenda pérdida salarial. “En la Argentina el salario medio perdió 23 puntos de poder real de compra: 19 con Macri y 4 en pandemia”, reconoció. En rigor la caída del salario desde el 2015 a la fecha se calcula en 22,5%.
Algunos días atrás el Consejo del Salario actualizó el valor del Salario Mínimo Vital y Móvil que en marzo de 2023 será 110%. Según los diferentes pronósticos, le habrá ganado a la inflación comparando punta a punta el año paritario. Es así que desde el 1 de diciembre el salario mínimo pasará en enero desde los $57.900 actuales a $61.953. El 1° de febrero se ubicará en $67.743 y el 1° de marzo alcanzará $69.500.
Según las estimaciones de INDEC, la canasta básica alimentaria de acuerdo a la cantidad de integrantes de una familia oscila entre los 50 mil y los 67 mil pesos. Si tomamos en cuenta los datos del salario mínimo, vital y móvil, quienes perciban el ingreso mínimo es equivalente al valor de la canasta. Esto es fundamentalmente grave para beneficiarios de prestaciones sociales, cuyo valor determina lo que cobran en cada una de esas prestaciones.
Si tomamos como referencia el promedio de salario en la esfera pública y privada, el precio de la canasta en alimentos, sin contar el valor de alquileres e indumentaria, el precio de la comida insume la mitad o más del salario. El 2022 cierra con grandes pérdidas donde los asalariados son empujados a gastar mayormente en alimentos sin demasiado margen para realizar otros gastos.
Adiós 2022
El programa de estabilización intenta regular los precios bajo el supuesto de que una reducción de la inflación es más eficiente que una suba nominal del salario. Lo que el programa no revisa son las pérdidas que mes a mes el conjunto de asalariados registró ni como el efecto de la devaluación del peso afecta la capacidad de compra de los consumidores.
Este escenario se acerca a lo que el economista de MATE desarrolla en la entrevista antes mencionada: “El término [estabilización] ya es políticamente incorrecto en el país, porque estos planes en general en Argentina están asociados a un solo tipo de estabilización: se estabiliza el precio de la fuerza de trabajo y todo lo demás sube”.
Con el programa en marcha, se naturaliza una distribución desigual de los ingresos, una transferencia de recursos del trabajo al capital a través de una inflación que se consumió, consigna Arelovich, en un 30% de lo que perciben trabajadores y trabajadores. “Lo vimos con el Plan Austral, la convertibilidad, etcétera”, recuerda el economista.
