El domingo 4 de septiembre el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el Programa de Incremento Exportador, que establece un valor de venta preferencial y transitorio para la comercialización de granos de soja. Según el decreto N° 576/22, las exportaciones de la oleaginosa y sus derivados se pueden vender a un valor de $200 por dólar con fecha límite al 30 de septiembre. El ministro aclaró que se trata de un «mecanismo de liquidación que permita con simpleza y transparencia acceder a un mejor precio para su producción».
Para comprender el anuncio, es importante reconstruir cómo llegamos a este régimen de excepcionalidad. Durante el mes de agosto, cuando Sergio Massa asumió la cartera de Economía, consignó que la prioridad del oficialismo era resolver los desequilibrios fiscales y fortalecer las magras reservas del BCRA. Las remarcaciones de precios y las corridas cambiarias azuzaban la inestabilidad de un gobierno desorientado en la dirección de los asuntos económicos.
Entre una batería de medidas, se lanzó un programa de facilidades destinado a los productores del complejo agroexportador para destrabar la retención de granos en silobolsas y evitar la pérdida de reservas. El programa mejoraba las condiciones de comercialización a través de la colocación de una parte del valor de la cosecha en una cuenta bancaria en pesos actualizable al tipo de cambio oficial y dolarizar un 30% del saldo de exportación. Por su parte, el gobierno esperaba un adelanto de 5000 millones de dólares.
La medida no surtió efecto. Se registraron sólo 240 operaciones en 26 días por un total de $2.600 millones, es decir la mitad de lo que se buscaba. La cosecha seguía sin venderse, mientras productores y cerealeras mantenían un hermetismo absoluto sobre la posesión de los granos.
Ante esta situación el gobierno mejoró el ofrecimiento. Dispuso un tipo de cambio que adoptó el nombre de “dólar soja”. El anuncio, además de la oferta de $200 por dólar entregado, contempla que los productores agrícolas que liquiden “un porcentaje no inferior al ochenta y cinco por ciento (85%) de su producción referida a la cosecha 2021-2022 y con precio perfeccionado o fijado antes del 30 de septiembre de 2022, podrán acceder a los beneficios y programas que establezca la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca para la cosecha 2022-2023”. Ventajas cambiarias y beneficios fiscales.
Al ser consultado sobre los anuncios, el asesor de Aceiteros y miembro del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE), Sergio Arelovich, explicó que “la medida no es una devaluación del tipo de cambio nominal, sí una devaluación específica para la actividad del complejo oleaginoso exportador que en lugar de tomar el tipo de cambio oficial que hoy está en $146, toma el valor de $200”.
En su diagnóstico Arelovich hace foco en el ritmo de la desvalorización de la moneda: “Lo que está ocurriendo es una aceleración de la devaluación. Si bien está por debajo del precio al consumidor, el ritmo al cuál crece el tipo de cambio oficial es superior al de antes del 5 de septiembre. Lo que plantea el gobierno es que no se atrase el tipo de cambio y en realidad lo que está haciendo es el aval de la existencia del tipo de cambios múltiples”.
Para el analista “no es malo que existan tipos de cambio múltiples, el tema es para qué, para quién, cómo y con qué argumentos. Si vos querés llevarte dólares a tu casa teniendo 200 como tope no vas a pagar el tipo de cambio oficial, sino aquel que se multiplica por 1.65. Es un cambio múltiple. Para mi está bien. Yo lo pondría más caro inclusive y pondría un conjunto de otras condiciones”.
En la visión del economista las herramientas redistributivas siguen siendo un eje central en las políticas económicas. Ello explica el paralelo que trazó al colocar los anuncios dentro del cuadro social que atraviesa el país: “Esta transferencia de ingresos que el estado va a cubrir es una ganancia extraordinaria que equivale al salario mínimo, vital y móvil de 160 mil trabajadores durante todo un año”.
El integrante del directorio del Banco Nación, Agustín D’Attellis, detalló que el costo fiscal que tiene la propuesta será cubierto por el Tesoro nacional: “Para que a lo largo de este mes ingresen esos dólares que necesitamos para ordenar la macroeconomía, el Tesoro está cubriendo el diferencial entre los $140 del dólar oficial y los $ 200 de esta ventana”.
El impacto sobre las arcas del estado va en sentido opuesto al ahorro que las medidas de Sergio Massa intentan alcanzar. El programa contempla la sanción de un bono en dólares a pagar en diez años. Ante este escenario, Arelovich añadió: “La transferencia de ingresos que implica la devaluación sectorial se garantiza mediante la expansión de la base monetaria. Si esto, que antes no iba a entrar en el bolsillo de quienes liquidan, ahora lo hace, el BCRA se ve obligado a tomar el conjunto de medidas tradicionales para esterilizar esa expansión”.
Al cierre de la semana anterior, fuentes oficiales, aseguraron que se vendieron cerca de 500 mil toneladas de soja por un saldo total de 320 millones de dólares. Para Massa, las operaciones de los primeros días de implementación “fueron las de mayor comercialización de los últimos 10 años en la Argentina”.
El economista de MATE fue cauteloso sobre los ingresos de dólares y aclaró: “El ingreso de dólar no es neto, porque así como hay un ingreso, también hay egresos. El efecto neto es sensiblemente inferior porque esto abrió la posibilidad de hacer importaciones que hasta ahora no se venían haciendo porque no estaban autorizadas”. Además, advirtió que la recaudación puede atenuarse y perder efectividad en la medida que “siga existiendo la formación de activos y el giro de utilidades a las casas matrices extranjeras”.
Glosas no tan marginales
Con la medida en funcionamiento comienzan a abrirse una serie de interrogantes relativos al uso que harán los productores con los pesos obtenidos, el impacto en los precios domésticos y la presión corporativa por extender las ventajas cambiarias a la comercialización de otros granos.
Una pregunta recurrente que se plantean los analistas es que harán los productores a partir de la tenencia de pesos que les otorgó el Programa Exportador. Si el destino será el ahorro, la suba de la tasa de interés que el gobierno desplazó del 69,5% a 75% como reacción inmediata ante la inflación de agosto, mejora el rendimiento de plazos fijos. Ahora bien, no se descarta que el modus operandi de un sector mayoritario en el complejo agroexportador utilice esos pesos para adquirir dólares en el mercado paralelo restituyendo la presión que éstas cotizaciones generaron durante el mes de julio y agosto.
Respecto a los precios, especialistas aseguran que es preciso seguir el impacto que un dólar a $200 tendrá en dos variables: el alimento de los animales y los alquileres rurales. Sobre los alimentos, desde la Asociación de Productores Porcinos sostienen que el efecto será una elevación del costo del 10%. La Federación Agraria, por su parte, advirtió que una suba en la soja puede significar un aumento en costos para la producción ovina, avícola y tambera cuyo traslado a precios será inevitable.
Sobre el precio de los alquileres rurales, donde se toma como referencia el valor de comercialización, relativizan el impacto con el argumento de que por la fecha de extensión del programa, no es suficiente para que surta algún efecto.
De cada uno de estos puntos, lo más llamativo es el escenario que se abre en el complejo agroexportador a partir de las facilidades otorgadas al sector de la soja. Vale la pena recuperar el extracto del periodista Raúl De la Torre en su columna de Página 12 para comprender el fenómeno: “Pero lo que hoy se celebra por la recuperación de reservas internacionales a consecuencia de las liquidaciones de exportaciones de soja, podría convertirse en un nuevo dolor de cabeza. ¿Y si los grandes productores repitieran, a partir de octubre, las políticas de presión sobre los precios que ya ejercieron con la soja, pero ahora con el maíz?
Representantes de la Mesa de Enlace pusieron el grito en el cielo porque, si bien aceptan que las herramientas dispuestas son beneficiosas, consideran que resultan discriminatorias para otros productos de comercialización. Por ello reclaman un “dólar maíz” equivalente a $200.
El reclamo se da en un marco de confrontación inesperado. Mientras los dirigentes rurales le reprochan a las grandes industrias exportadoras que el Programa de Exportación “discriminatorio” es de su autoría, referentes del Consejo Agroindustrial Argentino, entidad que nuclea a empresas como Cargill, Bunge, Dreyfus, entre otras, le imputan a los productores los efectos negativos sobre la industria del harina y el aceite del último mes que tuvo un vínculo directo con retención de soja en silobolsas.
