Abril fue el mes en donde nuevamente se puso en el centro de la discusión pública la cuestión del derecho a la protesta, el rol de las organizaciones sociales y las políticas de redistribución del ingreso que impulsa (o pretende impulsar) la gestión del Frente de Todos desde el Estado nacional.
Las organizaciones promovidas por partidos y organizaciones de izquierda acamparon frente al ministerio de Desarrollo social de la Nación y pujaron por la reapertura de las inscripciones al “Potenciar Trabajo” (tras el anuncio de no incorporar nuevos cupos por parte del ministro Juan Zabaleta), programa por el cual cada beneficiario percibe mensualmente el equivalente a la mitad de un salario mínimo. Ese “Salario Social Complementario” se implementó durante el macrismo, cuando el Congreso votó la Ley de Emergencia social, impulsada por las organizaciones que se nuclearon desde agosto de 2016 en torno a la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”, entre otras, la Corriente Clasista y Combativa (CCC), el Movimiento Barrios de Pie y el Movimiento Evita, que desde 2011 venía construyendo junto al Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el Movimiento Popular La Dignidad y el Frente Popular Darío Santillán la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), que obtuvo durante las últimas horas del gobierno de Cristina Kirchner el primer trámite hacia su formalización. Conocidos como “El Tridente de San Cayetano”, estas organizaciones fundaron en diciembre de 2019 la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), que ya con el gobierno de Alberto Fernández obtuvo la personería social que le permitió comenzar a estructurarse como sindicato.
Desde estos sectores vienen insistiendo en que además de los comedores y merenderos que alimentan a miles de niñas, niños y adultos de distintas edades, existe todo un entramado productivo, de educación y salud, de promoción de políticas de género y cuidado del medioambiente y de producción y comercialización a través de cooperativas y unidades de trabajo autogestivo que no son tenidos en cuenta cuando desde los medios de comunicación y gran parte de la clase política se los menciona bajo el rótulo de beneficiarios de los planes sociales y la asistencia por la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. De allí que vengan insistiendo en la necesidad de acceder al crédito no bancario, a porciones extensas de tierras para producir alimentos, a maquinaria y herramienta que les permita dar un salto en la escala de la producción, junto con la compra por parte del Estado de sus productos, esquema que se complementaría con otro tipo de medidas como la formalización a través del monotributo productivo.
En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, en marzo de 2022, el presidente Alberto Fernández se refirió ampliamente a esta realidad, su agenda, sus demandas y las posibles líneas de la gestión nacional para avanzar en el sentido de los reclamos de las organizaciones. Pero con el correr de las semanas, las promesas siguieron sin efectivizarse y la agenda mediática fue corriendo el eje de los debates una y otra vez.
Tras un proceso de ciertas tensiones internas debido al modo en que las distintas organizaciones que impulsan el sindicato se posicionaron en las coyunturas de este año, este martes 26 de abril se llevó adelante una asamblea general que votó por unanimidad una agenda programática, con la cual se movilizarán masivamente el 1º de Mayo.
El 1º de mayo y el protagonismo político de los trabajadores
Con la presencia de su secretario general, Esteban “Gringo” Castro y gran parte del secretariado nacional, se llevó adelante el encuentro de la UTEP en el que tomaron la voz alrededor de treinta personas que cada día construyen este nuevo sindicato y trabajan en cooperativas, polos productivos, espacios socio-comunitarios o realizando tareas de comercialización, arte y venta callejera.
La asamblea general del sindicato resolvió por unanimidad movilizarse el 1º de Mayo, en conmemoración por el Día del Trabajador. “Han borrado de la historia de nuestro país el rol político de la clase trabajadora” expresó Esteban Castro, quien se refirió a la figura de Saúl Ubaldini y su papel en el enfrentamiento a la última dictadura cívico-militar, así como al rol de los trabajadores durante los dieciocho años de proscripción del peronismo, e incluso, a episodios de represión sangrienta del Estado hacia la organización sindical previos al peronismo, como la Semana trágica y la Patagonia rebelde durante los años 1919, 1920 y 1921. “Hoy también quieren silenciarnos a nosotros, trabajadores y trabajadores de la economía popular, que somos quienes durante la pandemia más garantizamos la alimentación, los cuidados y la vida en los grandes conurbanos del país”.
Dina Sánchez y Gildo Onorato, secretaria General Adjunta y secretario Gremial, recordaron por su parte que estamos próximos a conmemorar los veinte años de los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán, jóvenes militantes del denominado movimiento piquetero que expresaron todo un ciclo de luchas en los que la economía popular se reconoce, desde los levantamientos en poblados como Plaza Huincul y Cutral Có, en la Patagonia, o General Mosconi en el norte del país.
Una agenda para la crisis actual
En la asamblea tomaron la palabra reconocidos dirigentes del sector y delegadas y delegados de los distintos espacios laborales, las “ramas” en que se está organizando el nuevo sindicato, que viene pujando por acelerar su ingreso a la CGT, mientras se debate en los perfiles comunitarios y territoriales, feministas y diversos con los que buscan definir los contornos de la nueva apuesta gremial. En ese sentido, Norma Morales –secretaria Adjunta de la UTEP- destacó que, en el uso de la palabra durante la asamblea, hayan sido más la cantidad de mujeres que de hombres que pasaron al frente para hacer oír su voz.
Desde el convite a ser parte de la pelea por garantizar la ley de captura de las rentas extraordinarias y del pago de la deuda externa por parte de quienes fugaron el dinero del país hasta el reclamo por incorporar a la agenda de demandas los permisos para vendedores ambulantes y la promoción de un sistema integral de cuidados, las voces se fueron multiplicando hasta abordar el núcleo de la convocatoria: la necesidad de construir una agenda programática y reclamar soluciones urgentes a un gobierno al que, en términos generales, se dice respaldar. “Ni Cristina ni Alberto son nuestros enemigos”, pudo escucharse en una de las intervenciones. Y en otra: “vamos a apoyar este proceso porque no queremos volver a eso que ya vimos durante los cuatro años de gobierno macrista, porque no queremos que sigan avanzando ni el neoliberalismo ni los discursos de odio de las derechas más extremas”.
Entre los puntos que figuraban en la agenda programática para obtener una ampliación de derechos para el sector, discutida y votada en la asamblea, figuraban el acceso a la tierra y la protección de zonas estratégicas de soberanía alimentaria; el reconocimiento de las promotoras de género y de las tareas de cuidado comunitario; la creación de viviendas nuevas e infraestructura social básica para los barrios; el crédito para la Agricultura Familiar y la Economía Popular; la protección de la pesca artesanal; la promoción integral del reciclado; la protección de humedales; la legalización de la venta ambulante; la defensa de la propiedad comunitaria de los pueblos originarios y el reclamo de prórroga de la Ley de Barrios Populares que prohíbe los desalojos.
Según declaró el dirigente del Movimiento Evita Gildo Onorato, el domingo 1º de Mayo, con la masiva movilización que prevén realizar en la ciudad de Buenos Aires, no se cierra sino que comienza una nueva etapa, en la que se seguirá reclamando la creación de un Ministerio de la Economía Popular y el lanzamiento de un Salario Básico Universal, entre otras cuestiones, en un proceso que combinará la movilización en las calles con la promoción de una agenda parlamentaria a través de las y los Diputados Nacionales de los Movimientos Populares.
