La escasez de dólares ha sido, de 2011 para acá, la gran restricción al crecimiento de la economía argentina. Las recurrentes crisis, disparadas por el desbalance del sector externo, estimularon el surgimiento de un sector dentro del pensamiento heterodoxo que se fue acercando a posiciones históricamente ortodoxas. Así, los neodesarrollistas que dominan gran parte del gabinete económico oficial subordinan cualquier objetivo económico, político, social y ambiental, a la necesidad de generar dólares vía expansión de las exportaciones. Si continuamos con nuestro típico patrón de crecimiento de los últimos años, el 4% de crecimiento que estipuló el presupuesto implicará 8.000 millones USD adicionales en importaciones este año. Es decir, la balanza comercial pasaría de USD 15.000 millones en 2021 a 7.000 en 2022. Es un margen muy acotado para un país que necesita acumular reservas y cancelar pagos de deuda en moneda extranjera.
Dada nuestra histórica inserción comercial, la expansión de las exportaciones descansa casi totalmente sobre actividades extractivas de escaso valor agregado. Como suelen plantearlo en lenguaje matemático: la generación de dólares es una “condición necesaria pero no suficiente”. Resulta que estamos repletos de condiciones necesarias pero no suficientes: acordar con el fondo, explotar recursos naturales, bajar la inflación. Nadie se anima a ponerle la etiqueta de “suficiente” a alguna estrategia de desarrollo.
En la búsqueda por evitar caer en los mismos problemas económicos de la última gestión de CFK, se lanzaron a promover proyectos de grandes inversiones orientadas principalmente a la explotación de recursos naturales. Si bien se presentaron otro tipo de proyectos para el desarrollo de la industria (como el caso de la promoción de la industria del cannabis y del cáñamo, o la ley de movilidad sustentable), la explotación minera e hidrocarburífera aparecen como unos de los pocos sectores con capacidad concreta de tentar a los capitales extranjeros para desarrollar una actividad con perfil exportador en el corto plazo.
Lo novedoso es que un núcleo de economistas heterodoxos haya hecho de la explotación de los recursos naturales su principal bandera y haya logrado hacerse conocer por fuera de los círculos académicos gracias a su posicionamiento sumamente agresivo ante las críticas que reciben este tipo de proyectos. Según estas prioridades, el ambientalismo (“falopa”, como suelen agregarle en las redes como un aporte a la calidad del debate) sería una de las principales barreras que impide el desarrollo nacional por frustrar el ingreso de dólares.
Llamativamente, desde la tradición de la economía política, relegaron completamente la dimensión política del problema. En el caso de Chubut, el propio gobierno nacional se valió de las necesidades de un gobierno provincial muy debilitado (salió tercero en las últimas elecciones) que, sin dar mayores explicaciones, dio un giro de 180 grados respecto de su posición sobre la minería en la meseta chubutense. Aún considerando la posibilidad de que haya razones genuinas para abandonar uno de los slogans de campaña, estos cambios deben ser claramente expresados ante la sociedad y fundamentados con absoluta transparencia. De otro modo, modificar el escenario de votación de los proyectos creyendo que se esquiva la movilización popular, sólo contribuye a reforzar la imagen de una corporación política cooptada por el establishment económico. Se tiene que llevar a cabo un procedimiento impecable si se pretende que un gobierno que no cumplió los acuerdos paritarios a los dos meses de haberlo firmado – en marzo de 2018 comenzó a pagar los sueldos públicos en cuotas-, sea visto como una garantía para el cuidado del agua y el ambiente frente a las corporaciones internacionales.
Al llevar la discusión desde los papers sobre modelos de desarrollo hacia su aplicación concreta, se olvidaron un componente fundamental que es la persuasión del resto de los actores respecto de la viabilidad de esos proyectos. La miopía política, envuelta en economicismo, termina por llevar al gobierno nacional a una derrota, donde un estallido popular obliga al gobierno provincial a dar marcha atrás y derogar la ley de zonificación minera. A la hora de medir los resultados, no lograron avanzar con lo necesario para desarrollar la minería y dejaron a pagar un costo político al gobierno nacional en una provincia que se le hace cada vez más esquiva en términos electorales. Por eso el proyecto de desarrollo nacional debe trabajar económica y políticamente sobre las restricciones que enfrenta ponderando tanto la disponibilidad de dólares como las condiciones sociales y las demandas ambientales.
La desconfianza en las capacidades del Estado argentino, a pesar de estar bastante infundada, tiene una difusión importante entre quienes se oponen a los proyectos para explotar recursos naturales. La propia YPF cuenta explotación offshore en Santa Cruz y Tierra del Fuego actualmente, al punto que el 17% del gas que consumimos actualmente proviene de cuencas offshore. Eso no produjo ningún cataclismo por falta de capacidades estatales. Aún así, no quita que sea un punto sobre el cual trabajar en términos de persuasión de la opinión pública. Sobre todo, cuando la discusión se da entre sectores que le dan mucha importancia al rol del Estado para la organización social.
Esta lección es fundamental para otros proyectos que están pendientes como el Programa de Desarrollo Minero Argentino o la prospección de la cuenca hidrocarburífera offshore en la costa bonaerense. Un movimiento ambientalista fortalecido, después de hacer recular al gobierno chubutense, se sentirá con la capacidad de impedir hasta cualquier tipo de actividad que implique saber qué tipo de cuencas hay en el subsuelo marítimo argentino. La generación de consensos para estos proyectos debe estar desde el inicio porque es imprescindible que tenga el acompañamiento de la propia comunidad. Las alternativas más autoritarias o tecnocráticas impuestas por una élite dirigencial y académica no tienen chances de prosperar, y terminan frustrando tanto el desarrollo de los proyectos exportadores como el sostenimiento político del oficialismo.
