Foto de Richard Pierrin (Infobae)
Por Leandro Albani
Cuando el miércoles pasado, en una madrugada que no parecía acarrear novedades,
comenzaron a sonar los disparos en Puerto Príncipe, capital de Haití, la suerte del tristemente
célebre Jovenel Moïse ya estaba rodando sobre una mesa de juego donde el que siempre
pierde es el pueblo haitiano.
Un grupo comando llegó a la residencia presidencial y, haciéndose pasar por agentes de la DEA
estadounidense, burlaron sin mayores problemas a la guardia presidencial. A partir de ese
momento, sólo quedaba apretar los gatillos de sus ametralladoras. Moïse, empresario y
representante de la élite derechista haitiana, abandonó su polémica vida sin demasiada
hidalguía. Su esposa, Martine Moïse, que se encontraba junto al mandatario de facto, fue
gravemente herida. Ahora, Martine se encuentra en Estados Unidos, a donde fue trasladada
de urgencia el mismo día del ataque, aunque no faltaron las noticias desesperadas que unas
horas después la daban por muerta.
A partir del asesinato de Moïse, que tenía que dejar el Ejecutivo en febrero pasado, se
encadenaron (y se encadenan ahora mismo) una serie de hechos, revelaciones e hipótesis que
cruzan con toda la fuerza a Haití.
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Según los datos oficiales de la administración haitiana, un total de 28 personas intervinieron en
el asesinato de Moïse, de los cuales dos son de origen haitiano-estadounidense, y el resto
colombianos. En las horas que siguieron al magnicidio, tres mercenarios murieron, mientras
que 20 fueron detenidos y cinco continúan prófugos. Algunas agencias de noticias
internacionales, informaron que los detenidos son 18 colombianos. La mayoría de estos
mercenarios son ex militares, algunos cercanos a alto funcionarios en el gobierno del
presidente Iván Duque. No es raro, si tenemos en cuenta que desde hace décadas la
ultraderecha colombiana que maneja los hilos del poder, convirtió al país en el Centro
Latinoamericano de Producción Industrial de Paramilitares y Mercenarios.
La agencia AP reveló que los uniformados capturados fueron contratados por la empresa CTU
Security, con sede en Miami. Su dueño, Antonio Enmanuel Intriago Valera, es un venezolano
respalda a Juan Guaidó, el diputado que se autoproclamó presidente de Venezuela y, desde
entonces, se dedicó a saquear las arcas internacionales del Estado que dice defender.
El domingo, las autoridades de Haití anunciaron la detención de uno de los supuestos autores
intelectuales del asesinato, Christian Emmanuel Sanon, un médico residente en Florida,
Estados Unidos. “Cuando se bloqueó el avance de los bandidos, la primera persona a la que
llamaron fue Emmanuel Sanon”, declaró el director general de la Policía Nacional de Haití,
Léon Charles. El funcionario consideró que el motivo del crimen es “político”.
Según lo informado por la policía, también se investiga a otros dos supuestos autores
intelectuales del magnicidio, que estuvieron en contacto con Sanon. A su vez, las fuerzas
policiales tomó “medidas cautelares” contra los responsables de la seguridad de Moïse.
Según las investigaciones oficiales, Sanon entró en contacto con una empresa venezolana de
seguridad, con base en Estados Unidos, con el fin de reclutar a los miembros del comando que
perpetró el magnicidio. Sanon entró a Haití en un vuelo privado a principios de junio,
acompañado de algunos de los mercenarios colombianos.
Por otro lado, la sucesión tras la muerte de Moïse se convirtió en un foco de tensión. El
presidente de facto asesinado –que había llegado al Ejecutivo en 2017 luego de unos comicios
por demás de frágiles, donde las acusaciones de fraude estuvieron a la orden del día y la
participación popular fue muy baja-, dos días antes de su muerte había designado como nuevo
primer ministro a Ariel Henry.
A las pocas horas de conocido el asesinato de Moïse, Joseph Lambert, que fue designado como
presidente provisional por el Senado del viernes pasado. Por supuesto, a la clase política
haitiana para importarle poco que Moïse había dado la orden de paralizar el Parlamento hacía
meses, en una muestra de su deriva autoritaria. Pero ahora, cuando el status quo parece
desbordado, la élite deja de lado cualquier diferencia y comienza a tejer una legalidad digna de
una obra de teatro de pésima categoría. Según los “ocho senadores” que firmaron la
designación, Lambert se convirtió en el “presidente provisional” hasta el 7 de febrero de 2022.
Es bueno recordar que el Senado haitiano está compuesto por 30 legisladores y legisladoras,
de los cuales sólo 10 “siguen en actividad”.
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Maxonley Petit es haitiano y hace 12 años que vive en Rosario. Cuando el tiempo se lo
permite, Maxonley escribe sobre su país en el portal La tinta. En esos artículos, no sólo
muestra la realidad de la nación caribeña, sino que también cuenta historias, costumbres,
mitos y leyendas que se encuentran en las raíces de su pueblo.
En medio de las noticias urgentes que llegan desde Haití, le pregunto cómo ve a su pueblo. Me
contesta: “Primero no lo creyeron, porque muchos pensaron que se trataba de un ‘fake news’.
Las primeras horas de la mañana estuvieron marcadas por la incertidumbre, pocos
movimientos y muchas especulaciones sobre lo sucedido. Después se instauró un clima de
miedo después del anuncio del estado de sitio. El viernes, por ejemplo, una multitud de
personas fue a pedir asilo a la embajada de Estados Unidos en Puerto Príncipe. Hasta ahora, el
pueblo está cruzado por mil emociones. Hay muchas teorías, sobre todo en las redes sociales,
lo que implica mucha confusión y poca certeza”.
Maxonley también me cuenta que el Estado haitiano, carcomido por la corrupción y la mala
gestión, “está tratando de ponerse a la altura de la situación, tomar el control y dar una
respuesta creíble para ganar la confianza de la población con las investigaciones”. Además, me
dice que el primer ministro saliente Claude Joseph ya tomó varias decisiones, como contactar
con otros países para “posibles colaboraciones”, mientras que el primer ministro entrante,
Ariel Henry, reclamó su puesto. “Solo con un tercio de sus miembros en activo, el senado
haitiano desafió la legitimidad del primer ministro dimitido, Claude Joseph, y designó a
Lambert como presidente interino después de una reunión con varios partidos políticos”.
Si algo sobrevuela al país en estos días es una posible intervención extranjera, algo que no es
ajeno al pueblo haitiano, que ya sufrió a la MINUSTAH, la supuesta fuerza de paz enviada por
la ONU entre 2004 a 2017, acusada, entre otras cosas, de cometer violaciones contra niñas y
mujeres, propagar la epidemia del cólera, y ser un brazo represor ante la protesta social.
“Haití, a lo largo de su historia, conoce varias de esas intervenciones extranjeras –recuerda
Maxonley-. La última es la MINUSTAH (transformada en MINUJUST y BINUH), que llegó
después del derrocamiento del presidente Aristide, en 2004. También tengo en mente la
ocupación estadounidense, que llegó el día después del asesinato del presidente Jean Vilbrun
Guillaume Sam, el 27 de julio de 1915”.
Como reflexión final –y muy preocupante-, Maxonley me asegura: “La comunidad
internacional viene ejerciendo una injerencia de antaño en el país. Basándonos en los hechos
históricos, las probabilidades son altas”.
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Por estos días, desde las voces más críticas y lúcidas que tratan de explicar qué sucede en
Haití, existe un lugar común que se repite (se repiten como tragedia ensordecedora): el país
caribeño, conformado por poco más de 11 millones de personas, no es pobre, sino que fue
empobrecido sistemáticamente. Y eso significa saqueo planificado, represión constante,
intervenciones extranjeras, dictaduras sangrientas (como la de los Duvalier, que duró casi 30
años) y, en los últimos años, el crecimiento de grupos armados irregulares, muchos de ellos
apañados por el propio Moïse.
Con casi el 60 por ciento de la población en la pobreza, sin haber recibido ni una sola vacuna
para combatir la pandemia de coronavirus, asolado por la violencia y el tráfico de armamento
ilegal, y con una partidocracia que funciona como gestora de la elite económica y su burguesía
importadora, el pueblo haitiano sabe sacudir su cuerpo y estallar en las calles. En los últimos
años, bajo el régimen de Moïse, la población advirtió hacia donde se dirigía la política oficial,
casi siempre definida en alguna oficina de la Casa Blanca.
Por eso, no es extraño que frente al crecimiento de la movilización popular, las bandas
armadas que operan en barrios y ciudades sigan en aumento. Lo que la administración tiene
vetado por su nivel de precariedad y dependencia con Washington, por lo visto es aplicado por
medios difusos. Este método, de tercerizar la represión, es una marca registrada por Estados
Unidos.
Y si de Estados Unidos se trata, el presidente Joe Biden se apresuró a declarar que desde su
gobierno “estamos listos para ayudar mientras continuamos trabajando por un Haití seguro y a
salvo”. Quien dio algunos pasos más allá en este camino intervencionista fue el mandatario
colombiano, Iván Duque, al proponer una intervención directa. Sin perder tiempo, Duque
ordenó al director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el vicealmirante (r) Rodolfo
Amaya Kerquelen, y al titular de Inteligencia de la Policía Nacional, brigadier general Norberto
Mujica, viajar a Haití con un equipo de la Interpol Colombia “para unirse al esfuerzo de las
autoridades” de ese país.
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Lautaro Rivara es un periodista argentino que en estos momentos se encuentra en Haití. Rivara
conoce de cerca la situación en el país. Estuvo varias veces, recorrió sus calles y sus campos;
conoce como pocos la realidad haitiana. En los últimos meses, Rivara viene escribiendo una
serie de artículos – en portales como ARGMedios, Telesur y People Dispatch- sobre Haití en los
que analiza de manera medular la creciente violencia en la nación, el florecimiento de grupos
paramilitares y las ilegalidades impulsadas por el gobierno del fallecido Moïse.
Le escribo y le pregunto cómo está viviendo estos días de convulsión. “Hubo algunas pequeñas
movilizaciones, sobre todo en el interior del país, incluso en algunas cabeceras
departamentales –señala sobre las horas posteriores a la muerte de Moïse-. Más allá de la
tentación de hacer un mártir post-mortem a Moïse, hay que recordar que fue un gobernante
de facto y que arrastró al país hacia un umbral de desigualdad y pobreza pocas veces visto. Las
propias estadísticas de Naciones Unidas hablan, por ejemplo, de que la desnutrición infantil se
duplicó solamente durante su gobierno, sin mencionar los actos de represión sistemática, la
convivencia con las bandas armadas, las 13 masacres cometidas en apenas tres años y tantos
otros índices lamentables que deja su gobierno”.
“Más allá de estas pequeñas movilizaciones, el grueso de la población tuvo una postura
bastante cautelosa, no porque comulgue necesariamente con la figura del presidente de facto,
sino porque lo que prima es un cierto temor a que haya algún tipo de represalia de las fuerzas
de seguridad del Estado, o de las propias bandas armadas. Además, se ha decretado el estado
de sitio durante 15 días, que es como el segundo nivel de los estados de excepcionalidad que
establece la Constitución, siendo el mayor el estado de guerra y el más elemental el estado de
emergencia”, cuenta Rivara. La respuesta del Estado, por el momento, “ha sido bastante
escueta”, agrega.
Aunque Lambert asumió una “presidencia interina”, eso “no salda la tremenda crisis política y
las preguntas abiertas sobre cómo va a realizar algún tipo de transición legítima, dado que no
solamente era el primer ministro de un gobierno de facto, sino que incluso nunca fue
ratificado por el parlamento haitiano, tal cual lo establece, de forma clara, la Constitución”, me
explica el periodista argentino. Y analiza, como final, a dónde se encuentra uno de los puntos
más críticos en lo que queda de la institucionalidad haitiana: “Joseph es un personaje bastante
flojo de papeles y la realidad es que no hay prácticamente ninguna figura, en este escenario de
ruptura democrática y de vacío de poder, que pueda asumir con algún viso de la legalidad la
transición política en el país”.
