Por Daniela Ramos
A tres semanas de las elecciones en Perú aún no se ha proclamado su nuevo presidente. La situación es inédita al menos en la historia reciente del país. En las elecciones de 2016, el reconocimiento oficial del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) también llegó varios días después, pero para ese entonces, Pedro Pablo Kuczynski ya había sido ampliamente reconocido como presidente electo por los actores políticos y mediáticos del país, con un margen aún más estrecho de votos y cuando restaba validar unas 173 actas observadas. En esta caso, lo que se repite es la cara de la derrota: Keiko Fujimori.
Hoy hay dos elementos novedosos que delimitan el escenario. Por un lado, la figura de Pedro Castillo, que echó por tierra todas las proyecciones y se alzó con el triunfo sin la venia de los poderes fácticos, algo con lo que sí contaba PPK al momento de asumir la presidencia. Pero además, Keiko Fujimori se juega mucho más que la presidencia y disputa al mismo tiempo su paso por la justicia. La candidata de Fuerza Popular enfrenta una acusación penal y un pedido de 30 años de cárcel por crimen organizado, lavado de activos y obstrucción a la justicia en el marco de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016.
La negación de los resultados —a esta altura, irreversibles— y las múltiples maniobras del fujimorismo para desconocer el voto popular vienen alimentando un escenario de desestabilización y parecen perseguir un único objetivo: demorar todo lo posible la proclamación de Pedro Castillo. El fin de semana hubo nuevas movilizaciones enfrentadas que expresan los niveles de polarización que vive el Perú. Keiko reunió a los suyos en Campo de Marte bajo la consigna “Respeta mi voto”, mientras que una coordinadora de organizaciones sociales y políticas convocó a una marcha nacional denunciando que existe un golpe de estado en marcha.
La ofensiva legal y jurídica
El imaginario de una ruptura democrática nos hace pensar, de forma intuitiva, en la intervención de las fuerzas armadas. Pero la experiencia reciente en Latinoamérica nos enseña que existen mecanismos más reservados, de aparente legalidad, que sirven a los mismos fines. Es por eso que el primer esfuerzo por desconocer el triunfo de Castillo se construyó desde una batería de recursos legales que trasladaron la disputa política y electoral a la justicia.
Por empezar, Keiko reunió a un equipo de abogados de las altas esferas limeñas con el objetivo de suprimir unos 200 mil votos de Castillo en las regiones del sur bajo el argumento de “fraude en mesa”. Fuerza Popular hizo una presentación masiva de 945 recursos de nulidad, una cantidad inédita tal como reconocen las propias autoridades electorales. Los Jurados Electorales Especiales (JEE) rechazaron uno por uno estos reclamos: el 86% de los recursos de nulidad fueron presentados fuera de los plazos establecidos por ley y el resto se desestimaron por falta de evidencia.
Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) aún tiene la tarea de resolver 260 apelaciones presentadas por Fujimori antes de avanzar hacia el tramo final del proceso electoral: proclamar el nuevo presidente. El miércoles ya sentó un precedente al rechazar los primeros diez recursos y ratificar los fallos de primera instancia. En términos numéricos, aún si decidiera consentir todas las apelaciones pendientes, el resultado final seguiría siendo favorable a Castillo.
Pero por momentos, el recuento de votos parece un detalle y las elecciones del 6 de junio una anécdota del pasado reciente. El escenario desestabilizador es de largo aliento: busca teñir de sombras el proceso y, hacia adelante, minar la legitimidad de un gobierno de Pedro Castillo. La ofensiva legal incluyó también un pedido de anulación de la segunda vuelta electoral, realizado por del ex presidente de la Corte Suprema de Perú, Javier Villa Stein, y un recurso de habeas data presentado por una personera de Fuerza Popular. Aunque ninguna de esta solicitudes logró prosperar, sirvieron a la causa alimentando el discurso de fraude.
En paralelo, otro hecho alerta sobre el presente democrático del Perú, y es que el Congreso se encuentra en la instancia final en la selección de los nuevos miembros del Tribunal Constitucional (TC), un proceso que fue interrumpido en el marco de la crisis política e institucional de noviembre y que se reanudó en abril de este año, luego de la primera vuelta. El TC es el último bastión en materia judicial para, eventualmente, cuestionar las decisiones de las autoridades electorales.
Un grupo de juristas y organizaciones civiles han advertido sobre la parcialidad y falta de transparencia que empaña la elección de magistrados y reclaman su suspensión. En un comunicado conjunto, señalan los riesgos futuros: «Existe una genuina preocupación por la utilización de los procesos judiciales, de parte de fuerzas políticas, en aras de cuestionar las decisiones de las autoridades electorales, especialmente el resultado de la elección presidencial, llegando a solicitarse la anulación de todas las elecciones y la convocatoria a nuevas. La judicialización de pedidos de esta naturaleza, con débil fundamento constitucional y legal, convierte al Tribunal Constitucional en una pieza clave».
La irrupción de Montesinos y la estrategia de hostigamiento
Como si se tratara de una trama cinematográfica, las últimas horas estuvieron atravesadas por la entrada en escena de un personaje emblemático: Vladimiro Montesinos, el monje negro del regimen fujimorista. Montesinos fue jefe del Servicio de Inteligencia y mano derecha de Alberto Fujimori, tanto es así que se reconoce su sociedad de gobierno como “fujimontesinismo”. Actualmente cumple condena en la Base Naval de Callao por secuestro, homicidio, desaparición forzada, tráfico de armas y asociación ilícita.
En Perú son célebres sus “vladivideos”: una colección de grabaciones ocultas en las que se observa cómo Montesinos sobornaba a dirigentes políticos, empresarios, medios de comunicación y figuras locales para que se pusieran a disposición del gobierno. Esta vez, se hicieron públicos diferentes audios donde conspira en favor de Keiko Fujimori y promueve sobornos para que la candidata sea declarada ganadora. También se lo escucha recriminar la pobre ingeniería electoral de Fuerza Popular para reclamar los resultados.
En las grabaciones, Montesinos propone sobornar a los magistrados del JNE, donde serían necesarios al menos tres votos para avanzar con los recursos de nulidad presentados. También se define como enlace interno del JNE al magistrado Luis Arce Córdova, que sería el encargado de reunir los votos restantes, dejando por fuera de los cálculos al presidente del organismo, Jorge Salas Arenas. Montesinos propone articular la maniobra a través de Guillermo Sendón, conocido operador político peruano. “Sería bueno que lo localizaras a él para que él pueda apoyar y bueno, tiene que meter un poco de gasolina, ya tú me entiendes, ¿no? (…) Él te va a decir: hay tanto, cancelar honorarios de tanto. Ya tú maneja directamente con él ese tema”, recomienda.
La bomba estalló poco después de que Córdova —el miembro del JNE mencionado en los audios— solicitara su renuncia al organismo, en una nueva maniobra para empantanar la última etapa del proceso electoral y dilatar aún más la proclamación de Pedro Castillo. La ley no permite que los miembros del Jurado Nacional de Elecciones abandonen su cargo cuando hay una definición abierta y es por eso que Arce enfrenta ahora un proceso disciplinario.
La aparición de Montesinos es la cara velada de una historia que también se desarrolla a plena luz del día, con un hostigamiento abierto a las autoridades electorales —se han organizado plantones en sus domicilios particulares— y violencia a distintos niveles hacia los seguidores de Pedro Castillo y Perú LIbre, que se encuentran movilizados en Lima y otras ciudades del país a la espera de una resolución que respete el voto popular.
Las proclamas de fraude también se alimentan del discurso de odio hacia sectores históricamente marginados de la vida política peruana, que es justamente la base social que apoya a Pedro Castillo e hizo posible su triunfo. El cuestionamiento del fujimorismo a los electores y personeros de la zona sur del país, el señalamiento a las rondas campesinas que se movilizaron a Lima, las voces que claman por nuevas elecciones en redes sociales y programas televisivos, todo esto tiene una profunda raíz racista y un sesgo de clase que no es nuevo en el Perú.
Es probable que el operativo de desestabilización no llegue a buen término y que finalmente Pedro Castillo sea reconocido presidente. Una vez que el Jurado Nacional de Elecciones resuelva las apelaciones pendientes no habrá razones formales para seguir demorando la proclamación. Keiko Fujimori carece además de apoyos internacionales, que han resultado decisivos en otros escenarios, como el golpe a Evo Morales en Bolivia. Es que, después de todo, Keiko ni siquiera representa una apuesta estable para las pretensiones imperialistas en la región.
Pero a muchos otros niveles el daño está hecho, alimentando la división y la violencia hacia amplios sectores sociales del Perú y minando la institucionalidad del futuro gobierno que propone una agenda de cambios. La batalla se trasladará a nuevos escenarios institucionales, como el Parlamento y el Tribunal Constitucional, y pondrá a prueba a las fuerzas sociales, que hoy están en la calle en defensa de su voto y tendrán el desafío de organizarse para construir próximas conquistas. Los retos del nuevo gobierno recién comienzan.
