Por Emanuel Bonforti
Para el almanaque peronista, el 20 de junio no es una fecha más. Además de ser el día de la bandera, se celebra el aniversario de la supresión de los aranceles universitarios, ocurrido en 1949. Lo que sigue es historia conocida: en noviembre de ese año se firma el decreto 29.337, estableciendo que todas las universidades nacionales deberían ser gratuitas, no solo para todos los argentinos sino también para los latinoamericanos. La flamante Constitución -reformada ese mismo año- incorporó así los Derechos de la Educación en su Capítulo III. De esta manera se institucionalizaron las conquistas populares que se habían suscitado desde 1943 en nuestro país.
El presente artículo se propone analizar de manera sucinta de qué manera la educación se inscribe en un proyecto más integral de Justicia Social. Como objetivo secundario, abordaremos brevemente los elementos teóricos y filosóficos que propician la emergencia de un nuevo modelo educativo.
Aquellos que nacimos con la realidad efectiva y la vivencia de la legislación social peronista nos sorprendemos al imaginar que en una época no existía el Ministerio de Educación como cartera, que era un raviol desprendido del Ministerio de Justicia. Recién en 1948 la educación adquiere rango ministerial. Por tal motivo, la cuestión educativa no hay que verla como un elemento o una causa aislada, sino como un componente que forma parte del proyecto de Justicia Social. Como sabemos, adquirir la nomenclatura de Ministerio implica una modificación en las reasignaciones presupuestarias, con lo cual hay una intención política de jerarquizar una estructura burocrática.
Con lo cual, siguiendo el esquema de Gustavo Cirigliano, para que haya un Proyecto Nacional debe haber tres componentes: un argumento, una infraestructura económica y una asumida voluntad de hacerlo. El argumento marco del proyecto de Justicia Social fue la independencia económica y la soberanía política (ya nos detendremos en el argumento educativo). La infraestructura económica significó la modernización del país en diferentes áreas. Fue necesaria la intervención del Estado en la economía controlando el comercio exterior y nacionalizando la banca pública. Por otra parte, la voluntad asumida se funda en el factor subjetivo de Perón, pero sería un error verlo a éste último como un iluminado generador de ideas novedosas; Perón pertenecía a una generación que pensaba a la Argentina desde una matriz nacional diferente a sus predecesores.
Así como la mejora de los indicadores de salud no se debió únicamente a la creación de hospitales o a la erradicación de enfermedades que históricamente golpearon a los sectores más desprotegidos, con la cuestión educativa sucedió algo similar. La ampliación de la matrícula y la reducción en los niveles de analfabetismo son el resultado de mejores condiciones de vida de la población en su conjunto. En este sentido -y siguiendo con Gustavo Cirigliano- todo proyecto es estructurante y totalizador, debe existir un diálogo con cada elemento.
La educación, en cualquier esquema de análisis materialista, se ubicaría el casillero de las causas superestructurales. Pareciera que en las semicolonias las tareas nacionales implican resolver en primer lugar la cuestión de la soberanía, elemento fundante del primer peronismo; en segundo lugar, la intervención del Estado en la economía determinó la democratización de los recursos, reorientando el esquema productivo a la esfera industrial e impulsando el pleno empleo. En paralelo (y una vez resueltas estas tareas), se avanza en la edificación de un sistema educativo acorde a la Nueva Argentina.
De esta manera, proyecto de país y contenidos educativos irán de la mano: a determinado proyecto de país se adscribe determinado proyecto educativo. Éste a su vez genera y moldea un perfil de ciudadano. Así, por ejemplo, el ciudadano que se formó al calor de la Ley 1420 y de la Generación del 80 presentaba un déficit de conocimiento sobre lo propio. El proyecto de país de aquella generación determinaba un proyecto educativo que jerarquizaba la cultura universalista como válida además de priorizar diferentes perfiles y carreras útiles para la economía pastoril del período.
La Argentina del Proyecto de Justicia Social promovía un plan educativo moderno, generador de nuevos valores que tenían como ideal la soberanía nacional y la solidaridad comunitaria.
Enrique Pavón Pereyra sostiene que Perón viene a restablecer el dominio criollo sobre su suelo, devolviendo el país a sus dueños. Aquí encontramos el argumento necesario para el proyecto de Justicia Social; los motivos son ambiciosos en cuanto a lo educativo, reivindicando la lucha contra el analfabetismo y el ausentismo (explicado en parte por el trabajo infantil, herencia del modelo de empleabilidad semicolonial).
Entre 1945 y 1955 se crearon ocho mil escuelas, cantidad que ningún gobierno logró superar. La ampliación y la llegada de los hijos del país a los diferentes niveles educativos fue un hecho revolucionario: significó doblegar uno de los círculos tan preciados por la oligarquía, aquella que siempre mostró como símbolo de estatus su capital cultura y su formación cosmopolita adquirida en el sistema educativo local. En este aspecto, el anillo más rígido en materia educativa era la Universidad, donde los intereses de clase eran proyectados -a conveniencia de los políticos venales- y se consagraba el reaseguro superestructural de la dominación semicolonial.
La democratización del acceso a la educación también significó una reorientación de contenidos y de sentidos. Se intentaba romper con las prácticas enciclopedistas, por lo que hizo falta desarrollar una lógica que brindara respeto y atención a la realidad educativa de cada región. El cosmopolitismo pedagógico de la Generación del 80 sufría su primer golpe en el reconocimiento a las realidades regionales y a la problemática de cada provincia.
Este nuevo proceso venía desmitificar zonceras semicoloniales, entre ellas la de educar al soberano. A propósito, Perón decía que esta cita es una doble mentira: el pueblo nunca podría ser soberano en la realidad semicolonial que, a su vez, no generaba las condiciones materiales y espirituales para la educación.
A la educación situada se le sumaba la orientación profesional de los jóvenes. Se dejaba de lado por primera vez las estructuras educativas exclusivamente normalistas, a la vez que las universidades nacionales comenzaban a trabajar problemas vinculados con las demandas de los problemas y economías economías locales.
Es en el nivel universitario donde el peronismo deja su mayor marca, no solo con la supresión del arancelamiento, sino también con la ampliación de matrícula, que en poco tiempo quintuplica la cantidad de estudiantes. El Proyecto de Justicia Social reorientó la educación universitaria que, de acuerdo con Perón, sólo servía para adquirir cultura verbalista y memorista previo a su gobierno. A partir de 1949 la Universidad se convierte en un centro de conocimiento científico con cercanía a las necesidades del país. La oligarquía no perdonará nunca la acción revolucionaria y democratizadora del peronismo y denostará el proceso acusando a los profesores del período como «Flor de Ceibo».
El lugar de la educación en el proyecto de Justicia Social.
Ampliar las matrículas, construir escuelas, reducir los niveles de analfabetismo y ausentismo significaban mucho más que un número y una celda en los planes quinquenales. Existía un fundamento y una cosmovisión en relación a la educación, la cual era central para el desenvolvimiento de la vida en comunidad. La realidad semicolonial edificó una cultura de dependencia e importación de ideas. En el proyecto de Justicia Social, la cultura como un elemento educativo tuvo la función de transmitir valores diferentes a las nuevas generaciones.
La esperanza estaba puesta en la educación universitaria para moldear el alma de la Argentina, el carácter y la inteligencia. Era la gran apuesta de la Nueva Argentina que se insertaba al mundo de manera soberana e independiente. El futuro graduado universitario contribuiría con su trabajo para el bien de la comunidad.
Se trastoca la idea de formación educativa individual. El hombre moldeado por la nueva educación ya no tendría como meta la formación para goce individual, sino aquella orientada al fortalecimiento de la nación. Por lo tanto, el centro del proyecto radicaría en las necesidades de ella. El individuo formado en el Proyecto de Justicia social se integraría en la comunidad; a esto sigue que su conocimiento adquirido encuentre un fuerte sentido social, ya no el destino individual sino la búsqueda de un destino en común.
