Por Damián Lobos*
El gobierno de Argentina lanzó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), una transferencia de dinero directa para trabajadores informales e independientes con el fin de paliar los efectos de la recesión económica que el país arrastra hace dos años y que se profundiza con la pandemia del coronavirus.
El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) alcanza, hasta el momento, a 7.854.316 personas. Se trata de un pago único –que probablemente se extienda en el tiempo- de $10.000 (unos 150USD) para trabajadores informales, monotributistas de las categorías más bajas, trabajadoras de casas particulares y titulares de la Asignación Universal por Hijo.
En términos macroeconómicos de lo que se trata es de una inyección de casi 1.200millones de dólares a una economía selectivamente parada, dirigiendo su uso hacia los sectores con mayor propensión marginal al consumo. Esto tiene como evidente objetivo no solo el alivio del segmento poblacional más golpeada por la cuarentena, sino también compensar a la demanda en la actual presión inflacionaria de los bienes salario, incentivando a la producción de aquellos de primera necesidad.
Pero el elemento diferenciador de esta política es la masividad de su alcance, algo inédito para el Estado argentino. En un primer término basta contrastar la cantidad de beneficiarios directos del IFE con otros programas de ingreso:
El seguro de desempleo en Argentina tiene en la actualidad no más de 150.000 beneficiarios.
Los programas sociales de ingreso condicionado, como son el Salario Social Complementario y Hacemos Futuro, llega a poco más de 600.000 beneficiarios.
El Plan Argentina contra el Hambre –la gran propuesta de política social de la campaña de Alberto Fernández y su principal caballito de batalla en los primeros meses de su gestión- tenía planificado el reparto de 2.000.000 de tarjetas Alimentarias en todo el país.
El total de niños y niñas beneficiarias de la Asignación Universal por Hijo alcanza a casi 4.000.000 de beneficiarios.
Fuente: Elaboración propia según datos de ANSES
Tal vez la comparación más relevante sea con el régimen previsional, y en ese caso es preciso resaltar que los beneficiarios de la IFE superan en casi 1.000.000 al total de los jubilados y pensionados del régimen nacional.
Pero para estimar el grado de cobertura real de esta política de emergencia es preciso poder hacer algunas consideraciones no solo sobre los beneficiarios directos, sino también sobre los indirectos, es decir, sobre la composición de las familias receptoras. Si analizáramos a los casi 8millones de beneficiarios según su composición familiar podríamos diferenciar dos grupos;
Hogares unipersonales: unos 3.443.408 beneficiarios no integran un núcleo familiar más amplio, según la definición de hogar que estipula ANSES (más de eso más delantes).
Hogares no unipersonales: El IFE alcanza a 4.410.908 personas que declaran un grupo familiar de 2 o más personas, es decir que existen beneficiarios indirectos. Como carecemos del número total de estos últimos, vamos suponer una composición familiar estándar de 3,5 integrantes (consideramos la tasa de natalidad de 2,28 hijos/as por mujer adulta más la presencia de 1,22 adultos por hogar, de acuerdo al INDEC). Con este proxi estimamos que las personas integrantes de hogares familiares beneficiarias del IFE serían aproximadamente 15.438.178.
Sumando estos números obtenemos como resultante de nuestro ejercicio un total de 18.881.586 beneficiarios directos e indirectos del IFE. Este número equivale a una tasa de cobertura del 42% del total de la población del país, lo que transforma al IFE en la política de asistencia social de mayor cobertura que el Estado argentino tenga en la actualidad y que seguramente haya tenido en su historia.
¿Quiénes son los IFE?
Uno de los factores centrales al momento de analizar estos números es el universo poblacional que los mismos procuran delimitar, el cual es una novedad en términos de demografía laboral y economía política. Lejos de representar un corte transversal, los beneficiarios del IFE expresan una delimitación poblacional sinuosa, pero en cuyas anomalías y malformaciones se dejan entrever una serie de situaciones socio-laborales presentes en el debate contemporáneo, pero no evidentes en las rigurosas fuentes de referencia de la datología pública y privada.
El primer elemento a considerar es que esta es una política que tiene por población a los hogares, definidos en este cado por su composición del siguiente modo; “titular, cónyuge, hijos menores de edad e hijos entre 18 y 25 años que no acrediten un domicilio diferente”. Esta definición tan esquemática otorga muy poco espacio para los casos de hogares no nucleares, los cuales son casi el 40% del total, según el censo del año 2010. Por otro lado, el agregado de hijos mayores de edad con domicilio de sus padres es un recorte novedoso dado que, para cualquier otro régimen laboral, civil y de seguridad social, estas personas serían consideradas de modo individual y no en conjunto con su familia. El nivel de precariedad y de desempleo es particularmente significativo en esa franje etaria, con lo cual su exclusión del IFE (o su inclusión indirecta) resta incidencia a la política.
Luego se habla de personas que monotributan en las primeras dos categorías (A y B), es decir que facturen como autónomos en montos en torno a los $26.100 mensuales promedio (390USD). A estas se suman quienes tengan monotributo social, que es una modalidad de tributación autónoma subsidiada. Entre ambas categorías se inscribieron y son beneficiarios del IFE casi medio millón de personas.
Las trabajadoras de casas particulares fue una inclusión de último momento, la cual respondió a una demanda concreta del sector.
Por su parte, la categoría de trabajadores informales integra, en términos administrativos, a todas aquellas personas que no tienen ingresos declarados ante la AFIP, fueran los mismos salariales o de monotributo. En este universo, se asignó el IFE a 4.863.994 trabajadores y trabajadoras, es decir, más del 60% de los beneficiarios totales. La precariedad en estado puro, marginalizada de toda prestación estatal y de toda regularidad civil y laboral.
Un aspecto nada menor es que según esta delimitación los IFE son todes integrantes de la Población Económicamente Activa (PEA). La misma suele segmentarse en tres grandes grupos: (1) los desocupados, (2) los subocupados (empleados o autónomos) con bajos salarios y disponibilidad horaria, y (3) los ocupados no demandantes ni disponibles para otro empleo. A grandes rasgos quienes, integran el espectro del IFE son los integrantes de los dos primeros grupos, la oferta laboral en sus diversas formas, o lo que la EPH denomina el segmento de “presión sobre el mercado de trabajo”. Según el último informe de la Encuesta Permanente de Hogares, referido al segundo semestre de 2019, estas tres categorías explican el 34,2% de la población económicamente activa.
¿Quiénes no son los IFE?
Cuando observamos quiénes quedan afuera de la población beneficiaria del IFE nos encontramos con un variopinto universo de situaciones y justificaciones.
En primer término, los recortes etarios hacia arriba y hacia abajo se encuentra claramente fundamentado en el acceso a otras prestaciones de seguridad social, siendo los menores de 18 años beneficiarios de AUH y los mayores de 65 jubilados y/o pensionados. El criterio de no duplicidad de prestación también se aplica para quienes reciben seguro de desempleo y/o programas sociales de diverso tipo. Luego vienen las personas que trabajan en relación de dependencia, situación que poco dice de sus ingresos. Pero nuevamente en este caso emerge el criterio de la duplicidad: las asignaciones sociales y familiares forman parte de las prestaciones salariales. Luego, los monotributistas de categoría C o superior, es decir aquellos cuyos ingresos brutos son aproximadamente de $ 34.800 mensuales.
Amerita una consideración especial la marginación de los extranjeros con una residencia menor a 2 años del IFE. Este sector es excluido por default de la totalidad de los programas de ingreso directo de asistencia social, justificando el carácter precario de su residencia (situación también criticable, pero que no abordaremos en este momento). Pero en este caso no estamos hablando de un programa regular, sino de un ingreso único de emergencia.
Los patrones recientes de la migración internacional hablan de un aumento significativo de mujeres solas con hijos y de jóvenes sin hijos. En Argentina esto se expresa en la última media década en un influjo relevante de migrantes de países latinoamericanos no limítrofes (sobre todo Perú, Venezuela, Colombia y Haití) y de origen africano y asiático. Estas personas y sus familias se encuentran es este momento en territorio nacional, bajo las mismas macro condiciones de todo otro habitante: sin posibilidades de trabajar, trasladarse o cruzar frontera. Además, su condición de migrante con residencia no permanente genera una serie de vulnerabilidades institucionales específicas, a las cuales se suman actitudes xenófobas de autoridades policías y gubernamentales.
Quienes alegan –tanto dentro o fuera del gobierno- justificaciones fiscalistas en esta triste omisión, no son más que cultores de esos racismos encubiertos que, por esquivos y falseros, dañan aún más a nuestra sociedad que los fascismos explícitos sobre los cuales existen instrumentos de intervención. Pero si ese fuera el caso, vale decir que en el año 2018 según la Dirección Nacional de Migraciones los trámites de radicación que se resolvieron en residencias temporarias en Argentina fueron 137.317, una cantidad que incluye a familias enteras y que tomada como total es un número inferior al 2% de los beneficiarios de la IFE.
Asimismo, estamos hablando de personas contribuyentes al fisco, en tanto trabajadores, consumidores e inquilinos de los niveles locales, provinciales y nacionales. ¿Dificultades administrativas? La gran mayoría de estas personas y familias se encuentran registradas en el Registro Nacional de las Personas, donde tienen asentada residencia legal. Esta triste omisión es una lamentable noticia que mancha el significativo esfuerzo del Estado, la cual puede ser rectificada con facilidad de existir la decisión política.
