El fiscal federal Carlos Stornelli resultó ser un abanderado de la denominada lawfare, tal como se le dice a la judicialización de la política. Y la causa de las fotocopias fue la gran oportunidad que le dio la vida.
Con el juez Claudio Bonadio ideó un sistema confesional basado en la delación asistida. Una mixtura entre el macartismo y la inquisición española a los efectos de encarcelar a todo imputado que no declare lo que ellos quieren oír. Así se originó el festival de los arrepentidos. Pero el fiscal habría tensado la cuerda extorsiva más de lo debido, extendiendo su voracidad procesal hacia la alimentación de presuntas cuentas bancarias a su nombre.
El juez federal Luis Rodríguez tampoco atraviesa su mejor momento. Si bien ya arrastra cinco pedidos de juicio político desde el año pasado, esta vez el disparador de sus tribulaciones actuales fue el testimonio como arrepentida (casualmente en el expediente de las fotocopias) de Carolina Pochetti, viuda de Daniel Muñoz, quien afirmó que a través del abogado Miguel Ángel Plo su marido la pagó al magistrado 10 millones de dólares para aliviar una causa por enriquecimiento ilícito.
La coincidencia de ambas situaciones da a pensar que el supuesto afán recaudatorio de Stornelli y Rodríguez sería apenas el primer signo visible de un hábito expandido en Comodoro Py como una mancha venenosa.
Un fenómeno notable. Porque el affaire económico más impactante que se realizó en aquel templo de la ley no fue una dádiva recibida sino entregada; específicamente, los 400 mil dólares pagados por el juez Juan José Galeano a Carlos Telleldín (con la complicidad del gobierno menemista y la SIDE) para involucrar a un grupo de policías bonaerenses en el atentado a la AMIA.
Más allá de este desliz, los magistrados y fiscales asentados allí solían ser más cuidadosos en cuestiones crematísticas que sus pares provinciales e, incluso, los del fuero ordinario.
Estos dos últimos, en sociedad con la corporación policial, fueron parte de una pujante industria nacional: el armado de causas. Y con una terrorífica variedad de recursos escénicos: datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de inocentes.
Ya en octubre de 2007, el ministro bonaerense de Justicia, Eduardo Di Rocco, presentó una estadística sugestiva: de los 29 mil presos provinciales, se estimaba que cinco mil serían absuelto. Por años se mantuvo esa tendencia de inminentes excarcelaciones, puesto que –según reconocía la Procuración–, se trataba de personas privadas de la libertad en base a testimonios mendaces y pruebas inconsistentes. En buen romance, les armaron una causa. Se trataba de una tradición pacientemente cultivada desde comisarías y juzgados de todo el país con una diversa batería de razones: desde errores en la pesquisa hasta el afán de mejicanear un botín, pasando por extorsiones, necesidades estadísticas o, sencillamente, la presión por resolver con rapidez algún caso que excita la agenda mediática. Así funciona la cofradía del uniforme y la toga. Lo que se dice, un atractivo festín para el señor Franz Kafka.
No es una exageración decir que en semejante modalidad hubo grandes “emprendedores”. He aquí los más memorables.
La doctora Raquel Morris Dloogatz, quien brilló al frente del Juzgado Federal de Morón, tuvo a fines de 1999 el gran mérito de ser la primera jueza del país en ser destituida por el Consejo de la Magistratura. Íntima del temible comisario Mario “Chorizo” Rodríguez, integró con él –según el expediente– “una banda abocada a la extorsión de personas investigadas penalmente”, delito por el cual también obtuvo una condena a cuatro años de cárcel.
No le fue a la zaga el juez del fuero criminal platense, Amílcar Benigno Vara. Ni su colega federal de Dolores, Hernán Bernasconi. El primero resultó eyectado de su cargo por “encubrimiento, prevaricato, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público” en 27 causas; entre éstas, las desapariciones de Andrés Núñez y Miguel Bru en manos de la policía. El otro, a su vez, terminó tras las rejas junto a un selecto grupo de agentes del orden por “falsedad ideológica, adulteración de documento público y asociación ilícita” en perjuicio de “ricos y famosos”, cuyo blanco preferencial –como ya se sabe– fue Guillermo Cóppola.
Pero si hay una vida que resume el vínculo negro entre las fuerzas de seguridad y la Justicia esa es la del ex fiscal general de San Isidro, Julio Novo. Al respecto, bien vale evocar una vieja historia suya. Una historia que también involucra a un comisario de ojos rasgados y kilos de más, que en los primeros años del siglo solía aparecer profusamente por TV. Se trataba del entonces jefe de Delitos Complejos de la Bonaerense, Ángel Casafuz.
En los corrillos de la mazorca provincial aseguran que en la mañana del 3 de julio de 2002, Casafuz atendió el teléfono. Se dice que desde el otro lado de la línea estaba Novo. El doctor estaba nervioso, puesto que un ladrón había entrado a su hogar. El caso es que éste ahora yacía en el suelo con tres tiros en la espalda. Y Novo empuñaba una pistola aún humeante. Al parecer, el muerto estaba desarmado. Antes de llegar la policía –según los vecinos– acudió a la casa en cuestión un sujeto de ojos rasgados y kilos de más. Y curiosamente, en el expediente quedó asentado que, junto al cadáver, había “un revólver calibre 32”. Aquel “favor” habría sido retribuido con creces.
Desde una visión más global, el gran aporte de Novo (ya eyectado del cargo por proteger a los asesinos de dos narcos colombianos acribillados en el estacionamiento del Unicenter) consistió en consolidar un sistema que a los fiscales les exige mano dura, condenas sin pruebas, acusar por las dudas. Y con un férreo control sobre ellos. Un control cifrado en coacciones de toda índole, para desalentar a quienes tuvieran la osadía oponerse a la fabricación de culpables en escala industrial. Novo había hecho escuela.
En tal sentido, la pesquisa por el secuestro y muerte de la niña Candela Rodríguez –ocurrido a mediados de 2011 por una rivalidad entre narcos de Hurlingham– es aún hoy recordada como una pieza sublime de la dramaturgia jurídico-policial. Su intencionalidad no fue otra que encubrir, en los arrabales de ese crimen, los negocios policiales con el hampa. Casi una razón de Estado. Y bendecida por el fiscal general de Morón, Federico Nieva Woodgate, quien además enfrentaba una denuncia por su colaboración con la última dictadura.
Pero estas disfunciones se convirtieron el 10 de diciembre de 2015 –tal vez en el mismo instante en que Mauricio Macri bailoteaba en el balcón de la Casa Rosada– en una pesadilla distópica. Desde entonces la subordinación de la Justicia al Poder Ejecutivo comenzó a ser casi obscena.
Y la provincia de Jujuy fue el laboratorio del asunto.
Aquel mismo día, tras asumir, el gobernador Gerardo Morales envió a la Legislatura un proyecto para ampliar de cinco a nueve los integrantes de la Corte Suprema local. Así instaló en el máximo tribunal a diputados radicales de su confianza, junto con parientes de sus funcionarios. Dicho sea de paso, aquel trámite parlamentario no le llevó más de 24 horas, y dos de sus elegidos acababan de votar aquella ampliación en su carácter de legisladores. A su vez, la presidente de la Corte, Clara De Langhe, nombró al yerno, Gastón Mercau, como juez del juzgado ad hoc para las denuncias contra militantes de la Túpac (cargo del cual después sería relevado por el implacable Pullén Llermanos), mientras el ministro de Seguridad, Ekel Meyer, ponía a su amante, la doctora Liliana Fernández de Montiel, en la fiscalía competente en aquellos mismos expedientes. Así, por caso, fue diseñada la arquitectura judicial para convertir a Milagro Sala en un cadáver político. O en un cadáver a secas.
En menor o mayor medida, tal modo de “retocar” al Poder Judicial fue aplicado en todos los territorios provinciales gobernados por Cambiemos. Y en la justicia federal. “Subordinación o jury”, fue la consigna.
Eso bien los supo –por ejemplo– la procuradora Alejandra Gils Carbó. Y también el camarista federal Eduardo Freiler.
La maniobra en el Consejo de la Magistratura que provocó el desplome de éste merece ser evocada. Fue una intriga palaciega que incluyó la expulsión (por un tecnicismo) de un miembro del cuerpo para “hacer número” en la votación. Una gran proeza en el campo escénico en base a un plan concebido por el abogado Alejandro Fargosi junto al inefable lobista tribunalicio Daniel Angelici y bajo el mando táctico del ministro de Justicia, Germán Garavano.
Macri aplaudió aquel logro a rabiar ya que fue un importante paso en materia de intervención oficial sobre las decisiones judiciales. Así las cosas.
En la era macrista la tasa de encarcelamientos es la más elevada de la historia con 240 presos por cada 100 mil habitantes. Ese incremento también se traslada al número de personas “engarronadas” por el armado de causas. En el ámbito bonaerense, desde 2016, aquella desgracia pasó de cinco a siete mil casos. Típica inflación penitenciaria.
Ese no fue el único aporte del PRO a la cuestión. Porque en los últimos tres años esta práctica experimentó un giro notable, una renovación cualitativa impulsada desde la cima del poder. Y consistió sumar a la lista de sus víctimas a dirigentes opositores y ex funcionarios del gobierno anterior. De hecho, la causa por el Memorándum con Irán –hermanada a la increíble transformación de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman en un asesinato– es su ejemplo más emblemático.
Es ahí donde entran a tallar sujetos como Stornelli y Rodríguez, entre otros inquisidores embarcados en la triple alianza con los medios hegemónicos y los servicios de inteligencia. El “libre albedrío” procesal que les concede el Poder Ejecutivo para construir culpables hizo de la coacción extorsiva su arma más eficaz. Y con una franquicia no menor: la venta de indulgencias.
Sus primeros “brotes verdes” ya están a la vista.
