La Undécima Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio que se está llevando a cabo en Buenos Aires comenzó el domingo en medio de todo tipo de polémicas. Al tiempo que se discuten las reglas del comercio mundial –donde la mayor influencia la tienen las grandes corporaciones–, muchas de las organizaciones de la sociedad civil inscriptas en la conferencia recibieron un rechazo masivo, inédito y arbitrario, y el tema generó repercusiones en todo el mundo. El gobierno argentino le retiró la acreditación para el encuentro a 64 asistentes (entre activistas y periodistas) de 18 ONG. Pese a los reclamos de la OMC, la restricción se sostuvo, acompañada de un pedido de no ingresar al país: algunos devolvieron los pasajes y no pudieron asistir tampoco a los eventos paralelos, a otros les negaron la visa y a los que la necesitaban los demoraron en Ezeiza. Eso además de las conocidas deportaciones de Sally Burch y Petter Titland.
Entre esos 64 activistas estaban el argentino Javier Pallero (JP), de Access Now, y Pablo Viollier (PV), de la ONG chilena Derechos Digitales. A continuación la charla que mantuvimos con ellos antes de que los readmitieran, un poco tarde para el gusto de todos.
De los temas que abordan sus respectivas organizaciones, ¿cuáles se tratarán durante la OMC?
JP: En particular en Access Now no nos hemos dedicado históricamente al tema de comercio digital, pero hemos empezado a meternos en los últimos años y lo que más llama la atención es el tema de los acuerdos de libre comercio y la posibilidad de incluir temas de comercio electrónico en esos acuerdos. En esos temas en particular hay varias cosas a tener en cuenta: una de ellas es la transferencia transfronteriza de datos personales, que de acuerdo a las reglas que se establezcan, y a los niveles de protección que tengan los países, puede poner en peligro los datos personales de los usuarios. Por ejemplo, para ejercer los derechos que dan las leyes (acceso, rectificación, cancelación y oposición) o respecto de la seguridad de la información y los niveles de protección adecuados, por ejemplo, las normas de calidad con la que se manejan, dónde van a ser retenidos esos datos y si va a haber retención local o no. Es lo que se llama “localización forzada”, o sea, obligar a que los datos estén en un país para que ese país tenga jurisdicción y los pueda utilizar. Todas esas cosas a veces son convenientes y a veces no, y son cuestiones que queremos ver. Los temas de comercio electrónico también tienen que ver con cuestiones de propiedad intelectual, por ejemplo, y cómo eso se aplica en internet, qué obligaciones se le van a imponer a los prestadores de servicios de internet que dan conexión, qué obligaciones se les van a imponer a los países para que reformen las leyes, etcétera.
PV: Nuestra organización, Derechos Digitales, no es una organización dedicada al comercio, ni una organización antiglobalización. Nosotros participamos de la negociación de tratados multilaterales por una preocupación particular en temas de privacidad y protección de datos personales. Es decir en tratados como TTP, TISA o ahora en la OMC se supone que se están regulando materias propias que tienen efectos sobre derechos fundamentales pero desde una perspectiva exclusivamente de comercio. Hoy día nuestra participación era en particular en temas de comercio electrónico, especialmente en lo relacionado con datos personales. Se están poniendo reglas de flujo transfronterizo de datos personales que no exigen que el país receptor tenga un nivel equivalente de protección, así como otro tipo de regulaciones que pueden ser vulneratorias de los derechos de las personas, como lo es la prohibición de revelación del código fuente que afecta el derecho de las personas de acceso a la cultura y el avance de la ciencia. Por tanto, es desde esa perspectiva de nuestro expertise técnico y de los derechos fundamentales que pretendíamos aportar en la discusión de la OMC, pero por el hecho de no poder participar no lo hemos podido hacer.
JP: Mi participación en realidad iba a ser más bien exploratoria, porque mi agenda personal –yo manejo la estrategia regional de la organización para América Latina y en particular el trabajo en el tema de comercio lo hacen mis colegas de Bruselas– pero justamente iba a ir al evento para interiorizarme más sobre el grado de avance de estas discusiones que comentaba: comercio electrónico, datos, flujos transfronterizos de datos, propiedad intelectual, algunas cuestiones de protección del consumidor también, que tienen que ver con la cuestión digital, por ejemplo a quién demandar y cómo hacer para obtener una reparación adecuada cuando hay un problema con un acto de comercio entre distintos países. Iba a ver el estado de las negociaciones y en particular lo que se comentaba sobre acuerdos de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. Se decía que aquí en la OMC iban a darse los últimos pasos hacia ese acuerdo, no sé si firmarlo, pero por lo menos ya tenerlo bien cocinado. Entonces la idea era ver un poco también eso y cuál es la intención que mueve a los gobiernos hoy en día en estos temas.
Según el comunicado de prensa de Cancillería los inscriptos a los que se les negó la acreditación a la Conferencia Ministerial de la OMC habían hecho “explícitos llamamientos a manifestaciones de violencia a través de las redes sociales, expresando su vocación de generar esquemas de intimidación y caos» y estaban asociados «a propuestas disruptivas y/o violentas». Como Encargado de Políticas Públicas para Latinoamérica de Access Now (Pallero) y como Analista de Políticas Públicas de Derechos Digitales (Viollier), ¿qué opinan de estas consideraciones hechas por Cancillería con respecto a cada uno y a la organización de la que forman parte?
JP: Debo decir que Access Now como institución y yo rechazamos absolutamente esas acusaciones. Access Now no es una organización violenta, no está ligada a grupos violentos, no ha apoyado nunca de ninguna manera cuestiones violentas ni manifestaciones del estilo. Hay que aclarar que la manifestación es un derecho y corresponde ejercerla dentro de los límites de la no violencia, por ende, eso no debería ser ningún impedimento. Se decía que nosotros habíamos hecho llamamientos a redes sociales, en realidad se decía que todos los grupos habían hecho llamamientos en redes sociales a generar caos y cosas del estilo. No hay ninguna prueba de eso respecto de Access Now ni de mi persona en particular. Creemos que hay otras otras razones que no se dicen, tenemos motivos para sospechar que esas razones existen y vamos a hacer lo posible para averiguar cuáles fueron mediante las acciones legales que correspondan.
PV: Nosotros quedamos bastante anonadados de la explicación que dio el gobierno argentino de que las organizaciones que se habían excluido eran por ser disruptivas y generar esquemas de caos y violencia, porque la verdad es que Derechos Digitales nunca ha participado de una manifestación pública, nosotros no convocamos gente a la calle, somos una organización que hace básicamente investigación –en nuestra página web hay un montón de papers–, y que hacemos trabajo directamente con tomadores de decisiones. Participamos de los debates proponiendo minutas, participando de reuniones, somos parte de la agencia de la sociedad civil de la DIRECON [Dirección General de Relaciones Económicas Internacionales]. Entonces nuestra incidencia va por ese lado, va por por influenciar a esos tomadores de decisiones y generar insumos más bien académicos. No sé de dónde podría haber sacado el gobierno argentino que nosotros somos una organización violenta o disruptiva, porque la verdad es todo lo contrario.
“No se si el gobierno argentino revisó el Twitter de Derechos Digitales y se dio cuenta de que nosotros teníamos una línea editorial que se enfocaba en derechos humanos y derechos fundamentales, en particular el derecho a la privacidad, y consideran que eso es algo violento o disruptivo” (Pablo Viollier)
Su participación en la Conferencia Ministerial ya había sido admitida por la OMC. ¿Fue el gobierno argentino quien lo excluyó? ¿Habían participado ya de otras conferencias de la OMC?
JP: Access Now no había participado antes de conferencias ministeriales de la Organización Mundial de Comercio. De hecho, en mi caso fui yo el que dio de alta a la ONG en la OMC y de hecho la OMC la aceptó perfectamente, porque Access Now hasta tiene estatus consultivo en la ONU –es una pocas organizaciones en el mundo que lo tiene–, así que fue admitida sin problemas. Yo fui admitido luego como representante de Access Now para este evento, así que la Organización Mundial de Comercio hizo la debida diligencia. Yo estaba bien acreditado respecto de ellos, el gobierno argentino es el que luego ejerció la potestad que tiene –el gobierno siempre local– de agarrar esa lista de gente que está acreditada y admitida por la OMC y rebotarla, desacreditarla, revocar la acreditación, mejor dicho, también nos desacreditan con las cosas que dicen. Así que es una decisión del gobierno argentino.
Del comunicado de Cancillería y declaraciones de los funcionarios se desprende que desde organismos de seguridad de Argentina monitorearon o hicieron inteligencia sobre lo expresado a través de las redes sociales por parte de los activista para evaluar su participación en la conferencia, (y eventualmente la autorización para ingresar al país). ¿Esta práctica es legal? ¿Pasó en otras conferencias de la OMC?
JP: No sé si ha pasado en otras conferencias, supongo que sí, es algo habitual que los organismos de inteligencia tomen la información que está dando vueltas y que es información eque stá “disponible” en la esfera pública, para investigar. Eso es algo que, supongo, es rutina y si se hace al azar o por una situación en particular respecto de una cosa, por ejemplo un evento o una cosa muy puntual, en principio, no hay problema. Es una práctica que de todas maneras debería estar más regulada y controlada por parte del Estado y de todos nosotros como ciudadanos, en nuestro caso a través de las comisiones bicamerales de seguimiento de los organismos de inteligencia que en Argentina no funcionan hace años. Es algo cuya legalidad es más o menos admisible. Lo que no es admisible es que ese monitoreo se haga sistemáticamente y que permita generar perfilamiento o un seguimiento sistematizado o conclusiones sistematizadas sobre ciertos grupos de personas. Eso sí, cuando hay una cuestión sistemática y se generara suficiente cantidad de información identificable, ya es una cuestión de vigilancia y en ese caso aplican todas las garantías que corresponden, en particular los principios de necesidad y proporcionalidad, que se pueden consultar, por ejemplo, en el trabajo que han hecho varias organizaciones de derechos digitales. Busquen en internet la frase “necesarios y proporcionados” y aparecen ahí los trece principios y sus aplicaciones.
PV: Me llamó la atención que el comunicado del gobierno argentino dijera que había habido una revisión de los perfiles de redes sociales. No se si el gobierno argentino revisó el Twitter de Derechos Digitales y se dio cuenta de que teníamos una línea editorial que se enfocaba en derechos humanos y derechos fundamentales, en particular el derecho a la privacidad, y consideran que eso es algo violento o disruptivo, o que tenemos opiniones que quizá no representan la opinión del gobierno argentino y por eso decidió excluirnos. Pero la verdad es que no se condice con una democracia que excluyas a alguien de un proceso de participación sólo porque tienes una opinión distinta. Más allá de eso, nosotros nunca hemos tenido ningún tipo de actitud o de comportamiento negativo.
¿Cuál les parece que es la causa real de por qué el gobierno le negó la acreditación a tantos representantes de la sociedad civil en la Conferencia de la OMC?
JP: No sabría decirte cuáles son las causas reales. Yo tengo sospechas, sospechas fundadas, aunque sería imprudente decirlas. Pero en particular se duda respecto de si hay algo aquí de perfilamiento, al menos nuestro caso. No sé en el caso de otros grupos cómo es o qué grado de razón tendría el Estado al negarles acreditación. Yo sólo puedo hablar por Access Now, que lo conozco, y sobre mi trabajo personal, y sé que algunas cosas pueden haber molestado a nivel gobierno de lo que hacemos, en particular el trabajo que realizamos respecto de vigilancia y voto electrónico. Pero no podría afirmarlo con total certeza. De hecho hay otros grupos que son igual de vocales que nosotros respecto a algunos temas y fueron admitidos en la OMC. Por eso es apenas una conjetura todo esto. De todas maneras tenemos que hacer las averiguaciones correspondientes para saber qué pasó.
Pablo, usted no ingresó al país por Ezeiza, ¿le parece que si hubiera entrado por allí hubiera podido ingresar? ¿El gobierno chileno intervino para que el gobierno argentino revea su decisión y vuelvan a acreditarlo en la conferencia?
PV: La verdad es que no lo sé. Yo entré por casualidad por San Juan, mi pasaje fue comprado con muchas semanas de anticipación pero tiene una escala en San Juan, y luego aterricé en Aeroparque. Las personas que fueron deportadas y mandadas de vuelta a su país fueron retenidas y deportadas en Ezeiza. Entonces puede haber sido que efectivamente no fui deportado por el hecho de haber entrado por Aeroparque, pero eso hasta el momento es terreno de pura especulación y nada seguro. Lo cierto es que nosotros estuvimos en contacto durante la semana pasada con la Dirección de Asuntos Económicos Internacionales [de Chile] y ellos realizaron gestiones diplomáticas en nuestro favor. Se suponía que en la medida en que los gobiernos dieran un respaldo a sus ONG y dieran fe de que las organizaciones eran efectivamente pacíficas, no disruptivas y no violentas, el gobierno argentino iba a revisar caso a caso y revertir las decisiones respecto de ciertas organizaciones. Así pasó por ejemplo con ciertas organizaciones de Brasil, Finlandia, Noruega y otros países europeos. Se supone que esas gestiones diplomáticas se hicieron.
“Sé que algunas cosas pueden haber molestado a nivel gobierno de lo que hacemos, en particular el trabajo que realizamos respecto de vigilancia y voto electrónico”. (Javier Pallero)
A Pallero le restituyeron la acreditación el lunes y a Viollier al cierre de esta entrevista, el martes. ¿Cómo fueron las negociaciones, por qué les dieron el permiso y quién?
JP: Las negociaciones fueron arduas: intervino gente de Transparency International, también nos dio una mano gente de Poder Ciudadano, la diputada nacional Karina Banfi, que es también de Cambiemos –paradójicamente hay muchos funcionarios del gobierno con los que yo tengo muy buena relación, muy profesionales ellos, que también estaban sorprendidos por esto e hicieron muchas gestiones para tratar de ayudarnos, entre ellos Karina–. A lo que se suma por supuesto la presión social, la enorme repercusión que esto tuvo en Twitter, en los medios, las notas con Ernesto Tenembaum, con varias otras radios, la cobertura fue algo que, por supuesto, sumó muchísimo para lograr esto. No sabría decir qué sería lo que generó el cambio, pero hubo muchas manos ayudando ahí. Creo que esa es la razón por la cual terminaron dándome el permiso: el costo político que significaba no hacerlo, la atención. Aunque tengo entendido que algunos argentinos que siguen con problemas para acreditarse.
¿Este incidente afecta o resiente la relación entre tu organización y la actual administración del gobierno nacional?
JP: Bueno, eso dependerá del gobierno en realidad. Access Now siempre ha colaborado cuando ha podido, yo también personalmente y lo seguiré haciendo. Creo que el trabajo de la ONG tiene que ver con marcar lo que está mal y hacer las denuncias correspondientes públicamente y legalmente, pero también está en nuestro deber el tema de ser colaborativos y apoyar las cosas que estén bien hechas y las iniciativas que son positivas para los usuarios de internet. En ese aspecto seguiremos trabajando con esa misma ética, de apoyar lo bueno y criticar lo mano. Supongo que no habrá resentimiento. Si el Estado sigue pensando que nosotros somos peligrosos, violentos o decide sancionarnos de alguna manera por lo que digamos, eso ya genera otro tipo de respuesta y nos pone en una situación más difícil. Pero no es nuestra intención el resentir la relación.
PV: La verdad es que Derechos Digitales es una ONG que no ha tenido mucho trabajo en Argentina, a pesar de que es una ONG a nivel latinoamericano. Pero si efectivamente nos sentimos un poco incómodos con la decisión, porque nos pone bajo un rótulo que es sumamente injusto y que eventualmente puede tener repercusiones a futuro. Creo que el gobierno argentino no está tomando el peso que significa calificar a una organización de violenta, y la repercusión que puede tener para esa organización a futuro. Yo no sé si el día de mañana, cuando alguien nos googlee y aparezcamos en los resultados de búsqueda como una organización que fue catalogada como violenta por el gobierno argentino, eso nos pueda generar situaciones que puedan ir en contra de los fines de la organización. Creo que el gobierno no le esta tomando el peso a la situación.
