“Primero mataremos a todos los subversivos, luego mataremos a sus colaboradores, después a sus simpatizantes, enseguida a aquellos que permanecen indiferentes y, finalmente, mataremos a los tímidos”, fueron las palabras con las que el desbocado gobernador de la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura cívico-militar, Ibérico Saint Jean, explicó alguna vez el método llevado adelante durante el Proceso de Reorganización Nacional. En otro plano y en otra época, algo de aquel “método de escalonamiento” parece seguir presenta en la actual política que el gobierno nacional viene llevando contra los derechos de los trabajadores.
Primero fue la ofensiva sobre los empleados estatales, vía despidos. Luego sobre los trabajadores de la industria, combinando despidos con suspensiones. Ahora la gestión Cambiemos suma una nueva modalidad a su política aleccionadora sobre las condiciones laborales de públicos y privados, vía la instauración del miedo y la cultura empresarial del empleado del mes.
Esta Mcdonalización de la política de regulación de relaciones laborales por parte del Estado se expresa tanto en el ámbito de las instituciones públicas, donde interviene de modo directo, como en el ámbito privado, donde avala las políticas empresariales, incluso con el uso de la fuerza pública, como recientemente sucedió en la planta PepsiCo en Florida, en el partido bonaerense de Vicente López.
El caso Córdoba en junio y recientemente los sucesos de Buenos Aires muestran cómo la “Revolución de la alegría” logra instalarse más allá de colores, geografías y símbolos partidarios.
Córdoba, tan violentamente amarga
Mucho se ha hablado en la prensa provincial de Córdoba y en la de Buenos Aires sobre los nueve días de huelga llevada adelante en la provincia mediterránea por los choferes de colectivos y las conductoras de trolebuses. Un paro que, tal como comentamos en Zoom en su momento, hizo mucho más que poner en discusión la paritaria nacional aprobada por la Unión Tranviaria Automotor (UTA) a nivel nacional, si bien la diferencia del reclamo no era menor: un 11,5% en los aumentos salariales, teniendo en cuenta que reclamaban que se realizara en un pago, retroactivo al mes de enero y aplicado a la escala nominal de Córdoba, del 21% que la cúpula gremial nacional había acordado en pagos escalonados en tres cuotas para el segundo semestre de este año. Pero de fondo, como en su momento sucedió en Buenos Aires con los metrodelegados, los delegados de UTA Córdoba expresaron una rebelión de las bases contra un modo de actuar dirigencial que no los tiene en cuenta, e incluso, que muchas veces actúa contra sus propios intereses (entre los reclamos figuraba la regularización de la situación de la seccional, intervenida desde hace más de un año). De allí que para muchos no fuera una sorpresa que cuando por fin se había arribado a un acuerdo entre los trabajadores en huelga, las empresas y el Estado provincial, la cúpula gremial “pateara el tablero” y rechazara ser parte del mismo. Las consecuencias fueron funestas para los laburantes cordobeses, y no sólo del transporte.
“El caso PepsiCo también resultó emblemático en este proceso de Mcdonalización de las relaciones laborales”
La huelga culminó con 187 trabajadores despedidos (de los 3.500 que existen en la ciudad) y diez delegados a quienes UTA les revocó el mandato, como parte de una medida extorsiva planteada por las empresas y el Estado Municipal respecto de una exigencia en otros tiempos inimaginable: que los trabajadores “entregaran” a sus delegados a cambio de la reincorporación de los despedidos. Así y todo, y más allá de que el viernes pasado la dirección gremial revocara el mandato de los diez delegados, hasta el momento no se produjeron reincorporaciones. A esto debe sumársele una iniciativa que, si bien no ha prosperado a nivel nacional porque no consiguió el apoyo necesario en el Congreso de la Nación, sí pudo ser aprobada en Córdoba gracias al “pacto legislativo” con el que, con excepción de la izquierda, se desarrolla la vida parlamentaria local. La declaración de “servicio esencial” al transporte público de pasajeros llevada adelante por el bloque oficialista de Unión por Córdoba (versión “cordobesista” del justicialismo), junto con el PRO, el Frente Cívico y la Unión Cívica Radical (UCR) en la Unicameral, colocó al transporte en un lugar similar al que tienen la provisión de agua potable y la energía. Es decir, que ha quedado limitado el derecho de huelga en el transporte. La imagen de los colectivos siendo manejados por “choferes voluntarios”, transitando por las calles de la ciudad con un miembro de Gendarmería Nacional en el primer asiento durante el fin de la larga huelga, se enlaza ahora con la imagen de la indiferencia de los transeúntes frente a la Carpa instalada por las conductoras de trolebuses en las puertas del Palacio municipal, donde realizan huelga de hambre reclamando su reincorporación al trabajo. Mirada indiferente a la que se suma la del intendente radical-cambiemista Ramón Mestre, quien lejos de salir perjudicado políticamente tras una huelga que puso al desnudo, entre otras cuestiones, los negociados que se esconden tras un deficiente servicio público urbano de pasajeros (uno de los más caros del país), se fortaleció en su camino hacia la disputa por la gobernación, esgrimiendo además un discurso de “mano dura”, de endurecimiento contra las medidas de fuerza que pueda adoptar el gremio de trabajadores municipales.
La moral del buen empleado
El caso PepsiCo también resultó emblemático en este proceso de Mcdonalización de las relaciones laborales. Con una comisión interna combativa y enfrentada a la conducción encabezada por el titular del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Alimentación, Rodolfo Daer, el cierre de la planta no parece tener como telón de fondo un problema de rentabilidad económica.
Desde la ministra Patricia Bullrich (“todas las empresas donde hubo o hay comisiones internas que son manejadas por el Frente de Izquierda, terminan cerradas”), hasta el propio presidente Macri (“no está bien y no es legal tomar una fábrica por la fuerza”) condenaron a los trabajadores que protagonizaron la protesta y se posicionaron como un claro actor en su contra, en esa suerte de triunvirato conformado por la empresa, el sindicato y el gobierno. Algo similar sucedió con los choferes de la línea 60 de colectivos (que también cuentan entre sus filas con delegados opositores a la conducción de la UTA), quienes en junio comenzaron una huelga en reclamo por mayores medidas de seguridad y se encontraron con despidos y suspensiones de personal como respuesta, situación ante la cual retomaron hace una semana las medidas de fueras y aún se encuentran realizando una huelga por tiempo indeterminado.
Este panorama parece sí tener como telón de fondo el miedo que ya ha comenzado a instalarse en amplias capas de la población, y que tiene en los números del primer año y medio de gobierno de Cambiemos las huellas del cambio en sus condiciones de vida y de trabajo.
Blanco sobre negro: quiero vale cuatro
Los números del INDEC confirman que los primeros nueve meses de 2016 dejaron un saldo de 127.000 despidos nuevos en el mercado privado formal. Este segundo año de gestión macrista arrancó con un ritmo de 57 despidos por día. Sólo en el mes de enero de 2017 –según datos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA)— más de 1500 trabajadores habían sido expulsados del sector privado formal. A esto debe sumársele los 70.000 trabajadores despedidos del sector estatal solo entre diciembre de 2015 y marzo de 2016, situación que provocó que en el 3° trimestre del año pasado la tasa de desocupación alcanzara el 8,5%.
Es en este contexto que, pese a la oposición abierta de un gremio que se ha mostrado tan combativo como la Asociación de Trabajadores del estado (ATE), el gobierno haya logrado instalar el control del presentismo entre los empleados públicos. Situación a partir de la cual la gestión Cambiemos comenzará a poner en marcha, ya en este segundo semestre del año, una prueba piloto que el Ministerio de Modernización llevará adelante en diez ministerios para evaluar el nivel de desempeño de los trabajadores. “Como anticipó La Nación en febrero último, el modelo de las grandes compañías llegará al Estado: las pruebas contemplarán el cumplimiento de objetivos”, expresa con orgullo el diario de los Mitre en su edición de este martes 18 de julio.
La larga marcha
Después del desalojo de PepsiCo y varias deliberaciones en una reunión de Consejo Directivo, el triunvirato de la Confederación General del Trabajo (CGT) anunció una movilización para el 22 de agosto, donde repudiarán el desalojo acontecido en Vicente López y se manifestarán contra “las consecuencias del modelo económico”. Según declararon desde la conducción cegetista, antes realizarán un plenario nacional ampliado (en principio, el 28 de julio), donde elaborarán un “documento crítico” para presentar en la Casa Rosada. Si bien con realización de Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) mediante (la conducción colegiada expresó que no querían prestarse a ningún “juego político” preelectoral), lo cierto es que la convocatoria a una medida de fuerza casi un mes y medio después de producida la represión, generó incomodidad no solo en ajenos sino incluso en la fuerza propia. Sobre todo teniendo en cuenta el nivel de malestar social creciente y las posiciones que, desde algunos de los dirigentes sindicales, se dejaron expresar, no sólo no acompañando la moción de realización de un nuevo paro general sino incluso proponiendo realizar un acto en un estadio, a puertas cerradas, en lugar de una movilización para ocupar el espacio público y visibilizar las broncas y reclamos.
“El caso Córdoba en junio y recientemente los sucesos de Buenos Aires muestran cómo la “Revolución de la alegría” logra instalarse más allá de colores, geografías y símbolos partidarios”
Por su parte, el otro triunvirato (el del polo social que conforman las tres expresiones más numerosas de los movimientos populares) convocaron a un nuevo plan de lucha que comenzó este jueves con la realización de mil ollas populares en todo el país, y que continuará durante julio y agosto con otras medidas, como la realización de una jornada nacional con carpas en todas las provincias por la Emergencia Alimentaria, el 27 de julio, una nueva movilización desde San Cayetano (Liniers) hasta Plaza de Mayo, bajo el lema “Paz, Pan, Tierra, Techo y Trabajo” para el 7 de agosto (como el año pasado) y el acompañamiento, el 22 de agosto, en la medida de fuerza anunciada pro la CGT. “Tras la multitudinaria movilización al Ministerio de Trabajo de la Nación y las innumerables manifestaciones en el interior del país por un Salario Mínimo superior a la Canasta Básica y un Salario Social superior a la Canasta Alimentaria, habida cuenta de la crítica situación social y laboral, la escalada represiva, la arbitraria exclusión de los trabajadores de la economía popular del Consejo del Salario y el decreto unilateral que contempla aumentos escalonados miserables” explicaron desde la Corriente Clasista y Combativa (CCC), la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) y el Movimiento Barrios de Pie para fundamentar su salida a las calles nuevamente tras el acuerdo alcanzado en diciembre último para que el gobierno avanzara con la Ley de Emergencia Social.
El sostenimiento de un salario social complementario de $400 mensuales para cada trabajador del rubro al ritmo en que aumentan los alimentos y servicios básicos no hace más que reforzar la búsqueda estatal por mantener en sus altísimos niveles el trabajo precarizado hoy existente en la Argentina. Parece ser que la moral del buen empleado también se busca extender hasta el escalón de los más perjudicados del mercado laboral. Una moral que puede ser ratificada en agosto, y en octubre, cuando la ciudadanía emita su voto en las urnas. Con eso, al parecer, especulan los publicistas posicionados detrás de la figura presidencial, en un anhelo por borrar de la conciencia colectiva no solo las conquistas obtenidas hasta el momento, sino también la memoria de derechos y justicia social acumulada por décadas en el país.
