La Justicia Nacional se encuentra de paro por 36 horas. Tal vez sea momento para reflexionar sobre cuáles son las tensiones que se están viviendo en su interior.
El Poder Judicial es un campo de batalla en el cual diferentes ideologías, partidismos y miradas del mundo pelean por ser hegemónicas, unas respecto de las otras.
De ahí su riqueza y la importancia que -cada vez más- diferentes gobiernos, ciudadanos y grupos de opinión le dan a ese órgano de poder. Es que el juego es tentador: decidir qué es el derecho y qué no en cada caso es un convite al cual la política no puede decir que no. Sobre todo si analizamos el rol legitimante -o no- que cumple el judicial sobre el sistema de gobierno en su totalidad.
Negar la politización del judicial o intentar que las tensiones de poder político no tiñan su accionar, es algo que ya casi nadie hace y los que lo siguen haciendo tienen como único objetivo instalar su propia mirada del asunto, su propia mirada del mundo, basada en la lógica del derecho como puro formalismo vaciado de contenido social.
Bourdieu decía que la ideología opera específicamente en esos lugares en los que se plantea que no hay ideología (doxa) y eso ocurre en el Poder Judicial cuando intentamos que funcione sin las tensiones del afuera social.
Lo interesante es hacer que ese juego de poder no llegue a su fin, que sea constante, rotativo, que no tenga un ganador definitivo, como ocurre siempre en el Poder Ejecutivo y algunas veces en el Legislativo.
Este campo de batalla, de operadores jurídicos compitiendo por decir el derecho es la única posibilidad que tenemos quienes nos identificamos con los sectores populares, progresistas, asalariados, etc, de poder participar en el diseño de un Poder Judicial más popular o democrático. Es la condición de posibilidad de las transformaciones en el Poder Judicial.
Tal vez sea esa la idea de los modernos Consejos de la Magistratura: lograr institucionalizar esa guerra política con mecanismos que garanticen la pluralidad, con las limitaciones de nuestra democracia, claro: quienes no forman parte del campo jurídico (es decir quienes no poseen títulos de abogado, los profanos para seguir con la línea del sociólogo francés) no participan en el diseño y gobierno del Poder Judicial. Los mecanismos de selección de los Consejeros no son lo participativos que desearíamos, pero aún así hay un juego político que permite nombrar jueces con diferentes y variadas ideologías (con limites claro, de un campo jurídico que se niega a las grandes transformaciones sociales).
Entonces allí van políticos de carrera, académicos, abogados de la matrícula, rectores universitarios y más políticos, a definir los modelos de magistrados que queremos y negociar las ternas de los tipos que van a ser los futuros jueces.
Insisto en que allí está la riqueza, en esa posibilidad de que todo se pueda cambiar, que no sepamos el resultado de un proceso de antemano y sobre todo que la presencia de la política esté regulada también de antemano…
Por supuesto que el sistema es mejorable y hay veces en que las pertenencias ideológicas o partisanas se dan de bruces con la imparcialidad que necesita un ciudadano. Pero creo que el camino para conseguirla es darle al magistrado la libertad para poder ejercer libremente su ideología. Tenemos instancias de revisión y poderes diferenciados para que el juego no sea tendencioso.
Lo que a veces intentan los gobiernos es terminar con ese juego, para evitar que jueces con un posicionamiento diferente los controle en su actividad o porque una determinada política pública llevada adelante por las autoridades encuentra una resistencia en numerosos magistrados. Así los ejecutivos generalmente intentan hegemonizar el Poder Judicial de diferentes formas.
En el caso del gobierno actual las estrategias son, en el corto plazo, presionar mediante el impulso de juicios políticos a troche y moche, y en el largo, la creación de un mega Poder Judicial capitalino con jueces cortados por una única tijera, mediante lo que denominamos traspaso de la Justicia Nacional a la de la Ciudad de Buenos Aires.
El caso de los jueces laborales que homologaron un convenio que superaba el promedio paritario impuesto por el oficialismo que terminaron con un pedido de juicio político y el caso del juez Arias que declaró ilegítimo el llamado a Conciliación Obligatoria dispuesto por el Ministro de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires y que hoy enfrenta un pedido de jury son ejemplos de una mirada intolerante de esta pluralidad judicial.
Esa mirada casi totalitaria no fue desarrollada en abstracto. No hay una teoría que la avale. Por el contrario, fue construida en la práctica con el funcionamiento del Poder Judicial de la CABA. Su estructura misma, su método de selección y remoción de Magistrados por mayoría simple (fácilmente alcanzada por el oficialismo porteño) ha ido creando una forma casi unívoca de entender la justicia (a excepción de lo que ocurre en la Defensoría General de la Ciudad, sistemáticamente gestionada por la oposición política de la ciudad).
El traspaso de la justicia se basa en eso, en la incomodidad del azar que genera que no todos los jueces piensen igual. Que los ciudadanos se hayan podido enterar por ejemplo de la existencia de un sistema de escuchas ilegales montado para vigilar políticos opositores en la CABA fue porque la denuncia fue investigada por un juez que no dependía de la voluntad del jefe de gobierno para seguir investigando.
El caso del Correo Argentino no hubiera salido a la luz sin una fiscal que detectó ese funcionamiento irregular del Ministerio de Comunicaciones.
Una última advertencia: desde los medios de comunicación se instala la necesidad de que se termine con las protestas en la vía pública justo cuando se están registrando mayores niveles de conflictividad social.
El traspaso de la justicia penal a la CABA también garantiza una mirada única sobre la Criminalización de la protesta y pone en peligro a dirigentes y activistas de organizaciones sociales y sindicatos que decidan manifestarse.
Todos los hechos y las responsabilidades que surjan durante las diferentes protestas en la Capital Federal deberán ser juzgados por jueces nombrados por la misma administración oficialista y la acción penal será impulsada por el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad está en manos del Dr. Cevasco (también oficialista) quien ya manifestó en una resolución interna que el derecho a circular se encuentra garantizado incluso por encima del derecho a peticionar ante las autoridades.
Se intenta retroceder un escalón en lo que resulta una de las deudas pendientes desde el año 1983: democratizar el Poder Judicial.
