Con agresión a los docentes y manifestantes por parte de encapuchados y represión policial fuera del recinto, la Legislatura porteña aprobó en la madrugada un proyecto alternativo al del PRO, que reduce el número de Juntas sin eliminarlas pero igualmente vulnera el Estatuto de los maestros.
Tras la extensa sesión legislativa de la semana pasada, que le permitió al PRO aprobar el presupuesto para 2012, la última reunión parlamentaria fue igual o más larga que la anterior. Mediante el acuerdo alcanzado por la Comisión de Labor Parlamentaria, se trataron algunos temas trascendentes y otros no tanto. En la agenda estaba prevista la discusión de 19 puntos, entre ellos si se autorizará o no al Ejecutivo a concesionar los contratos correspondientes a recolección de basura, la creación de un registro de limpiavidrios, la autorización para construir estacionamientos subterráneos, la posible venta de inmuebles públicos (entre ellos el edificio del ex Mercado del Plata) para pagar la construcción de un nuevo edificio público en Barracas y obras de infraestructura en el Teatro San Martín.
Sin embargo, el tema central refiere al proyecto del Ejecutivo que proponía la eliminación de las Juntas de Clasificación Docentes. Estas Juntas fueron creadas en el año 1986 y son el instrumento central del Estatuto Docente para definir la designación de nuevos docentes y la promoción de ascenso de quienes ya cumplen funciones educativas en las escuelas porteñas. Sin duda, la existencia de estas juntas demuestra un alto nivel de democratización en lo que hace a la participación del conjunto de la comunidad educativa, sólo comparable al de las universidades nacionales. Cada una de las 14 Juntas de Clasificación está integrada por tres funcionarios designados por ejecutivo porteño y seis integrantes elegidos democráticamente por los propios docentes, a través del voto directo de los afiliados a los 17 sindicatos de la educación de la Capital Federal. Las últimas elecciones docentes para estos órganos, se llevaron a cabo el 4 de noviembre pasado y fueron un buen termómetro para medir la preocupación de los docentes ante el intento del PRO de modificar el Estatuto, ya que en circunstancias normales, la participación ronda el 45% y en esta oportunidad hubo una participación promedio del 75%, que tuvo picos del 83% en algunos distritos. En esa oportunidad, resultó ampliamente ganadora la Unión de Trabajadores de la Educación, gremio mayoritario enrolado en la CeTERA – CTA.
En el mes de septiembre, el PRO, a través de Victoria Morales Gorlieri, titular de la Comisión de Educación de la Legislatura porteña, presentó un proyecto que modifica 18 artículos del Estatuto Docente y propone la disolución de las Juntas para reemplazarlas por una Dirección de Clasificación Docente integrada exclusivamente por funcionarios del ejecutivo. El argumento de Morales Gorlieri es que el procedimiento actual de designación docente es antiguo y arbitrario, y que la facultad de designar educadores debería estar sólo en manos del Ejecutivo. Del otro lado, los docentes defienden el Estatuto actual y sostienen que con la eliminación de las Juntas el PRO va a designar unilateralmente a los docentes, sin contemplar su trayectoria y sus capacidades. De todas maneras, en la mesa de negociación los gremios docentes propusieron que el proyecto fuera postergado hasta principios de 2012, de manera que se pudiera discutir durante el receso de verano. El PRO se negó y consiguió llevar el proyecto al recinto luego de conseguir el dictamen de mayoría de en la Comisión de Educación. La polémica generó que se involucren todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, de las cuales surgieron otros dos proyectos de ley que logaron dictámenes de minoría. A saber, uno presentado por Sergio Abrevaya, de la Coalición Cívica, que si bien atenúa la modificación, mantiene el espíritu del proyecto PRO y propone el cierre de la mitad de las Juntas. Por otro lado, está el proyecto respaldado por Francisco «Tito» Nenna y los legisladores Laura García Tuñón, María América González, Delia Bisutti, María Elena Naddeo y Claudio Palmeyro, que exige el archivo de la iniciativa del PRO, al menos, hasta que se den las garantías necesarias para que los docentes lo puedan discutir.
Los docentes porteños sostuvieron durante los últimos dos meses un contundente plan de lucha en el que realizaron 5 paros, que tuvieron un altísimo acatamiento. Laura Marrone, es docente e integrante de ADEMYS. En su exposición en la Comisión de Educación sostuvo que el proyecto oficial “anula uno de los procedimientos que constituyen la garantía del carácter público y democrático de la educación en la ciudad, hoy garantizado a través de los maestros y profesores. Nuestro compromiso es con la defensa del concurso público y estamos en contra de la propuesta de que los docentes sean designados exclusivamente por el ejecutivo”. Como última medida, durante el último miércoles realizaron un acampe en protesta al cierre de las juntas y una vigilia de 48 horas en la puerta de la Legislatura. Al mediodía de este jueves 1º de diciembre, mientras esperaban el comienzo de la sesión parlamentaria, más de 200 encapuchados descendieron de dos micros, atacaron a los docentes y despejaron el ingreso a los legisladores, en su mayoría del macrismo, que esperaban para entrar. A pesar de la clara intención de la patota de atacar la protesta docente, los ediles y funcionarios del PRO acusaron a los docentes de ser los agresores.
La tensión fuera del recinto se mantuvo durante todo el día y pasada la medianoche, momento en el que se iba a votar, se desataron corridas y agresiones policiales contra los manifestantes y maestros. Finalmente, tras una sesión al rojo vivo, el macrismo retiró su proyecto para conseguir la aprobación del presentado por el legislador Abrevaya. Esta iniciativa fue aprobada por 30 votos a favor del PRO, la Coalición Cívica y el radicalismo, 27 en contra del interbloque FPV y Proyecto Sur y 3 abstenciones, las de Diego Kravetz, Raúl Fernández y Daniel Amoroso, quienes de haber votado en contra, hubieran cambiado el resultado. De ahora en adelante, las Juntas de Clasificación Docente pasarán a ser 7 y sus integrantes serán 5, aunque los docentes mantendrán la mayoría dentro de cada organismo.
