“Se torna irrisoria la idea de que una persona, y menos aún una familia, en situación de calle, pueda resolver de un día para otro su situación de emergencia habitacional”, explicaba Rocío Sánchez Andía, legisladora porteña por la Coalición Cívica y presidenta de la comisión de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires a Revista Zoom tras salir de una reunión por el presupuesto 2011. Políticas cortoplacistas y disminución en la construcción de hogares para las personas en situación de emergencia habitacional.
El conflicto por la inmensa cantidad de familias que viven en las llamadas casas tomadas u hoteles que terminan siendo desalojadas en la Ciudad de Buenos Aires asciende y da cuenta de las políticas cortoplacistas del jefe de Gobierno, Mauricio Macri. Entre 2007 y 2009 hubo un promedio de 3500 familias desterradas, por cada año, de la casa u habitación que habían logrado alquilar o comprar.
La presidenta de la comisión de Vivienda en la legislatura porteña, Rocío Sánchez Andía, conversó con Revista Zoom y recalcó: “Las familias desalojadas suelen tener un subsidio que, a priori, parece ser mucho dinero, puede ser un pago de hasta 10000 pesos, pero eso no resuelve nada. Porque con ese dinero las familias no pueden acceder a una vivienda digna, la que se les debería otorgar por derecho. El gobierno de (Mauricio) Macri usa ciertas políticas de asistencialismo; esto quiere decir que les da el subsidio y después no sigue trabajando con esta gente, se olvida”.
El presupuesto 2010 proporcionó una suma que alcanza los 60 millones de pesos para PROSUR Hábitat, organismo dependiente del régimen macrista, y que trabaja en las zonas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires construyendo viviendas. Como agravante sufriría (según anticipó Sánchez Andía) la disminución de casi 40 millones de pesos del presupuesto para el próximo año. “Con este descenso en el dinero a este organismo, volvemos a ver la falta de interés del gobierno en solucionar los problemas de fondo a este conflicto”.
A su vez, la Dirección General Inmediata del Ministerio de Desarrollo Social se encarga de la emergencia habitacional mediante programas específicos y el otorgamiento de subsidios. Pero actúan sólo cuando se llega a la situación del desalojo o directamente con personas que viven en la calle. También en casos de catástrofes naturales, incendios, entre otros. Pero no se encarga de resolver el conflicto, que sería darle una vivienda a las familias que la necesiten o incluso el otorgamiento de un crédito blando para acceder a los derechos básicos. Por lo tanto, no brindan soluciones definitivas a la problemática.
“Claro está que esos subsidios, se los dan para que se vayan de la ciudad hacia otros sectores marginales, para el conurbano y así sacarse el problema de encima”, subrayó Jorge Abasto, de la Coordinadora de Inquilinos de Buenos Aires (CIBA).
Abasto colaboró el pasado 25 de octubre en un desalojo en la avenida Corrientes al 4100, para que los vecinos (más de 100 familias) pudieran cobrar un subsidio de 8200 pesos. “Hoy pudimos negociar (con el ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad) de la mejor manera y creo que la primera parte del conflicto pudo ser resuelta, esto no puede suceder más”, declaró en aquel momento el dirigente.
Revista Zoom estuvo presente y observó: lejos de conocer la manera y el estado en la que vivían estas personas, “la gente de bien”, que paseaba por el barrio con sus bolsas de supermercado el día de ese desalojo, decían: «Suerte que se van, siempre están borrachos y le roban a la gente, hay mal olor»
Y al enterarse de que cobrarían un subsidio por haber sido echados de la propiedad que ellos habían comprado o alquilado, completaron: «¿Van a cobrar 8000 pesos? Eso sólo es un incentivo para los ocupas».
Gracias a la Ley 341, el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC), debería otorgarle un hogar a aquellas familias que se encuentren constituidas en cooperativas, mutuales o asociaciones civiles sin fines de lucro. Pero, desde el ejecutivo de la Ciudad, nunca envían dinero suficiente del presupuesto para que esto suceda.
Por otra parte, también existen “Los Paradores” nocturnos, que están destinados a prestar servicios de pernocte por una noche, cena, desayuno, duchas y acompañamiento profesional a personas en situación de emergencia habitacional. Sin embargo, mucha gente no los conoce y por ende no accede a ellos. Además, algunos requisitos (fundamentales) no son aceptados por quienes podrían utilizarlos.
En su mayoría, obligan el ingreso recién desde las 18 y el egreso a las 8. Otros sólo permiten a hombres mayores, solos. También existen los que permiten la incorporación de mujeres y madres con niños, dejando a los padres fuera del complejo. De esta forma, las familias, prefieren quedar en la calle pero unidas. Entonces, los paradores, contribuyen a una respuesta transitoria e inestable.
El programa Buenos Aires Presente (BAP) debería trabajar proporcionando frazadas, viandas y demás insumos para las personas y familias que se encuentran en situación de riesgo social pero este proyecto no cuenta, en su mayoría, con trabajadores experimentados.
En consecuencia, “tienen un efecto de parche con una incidencia prácticamente nula en la modificación de una realidad social injusta”, señaló la legisladora porteña y completó: “Se torna irrisoria la idea de que una persona, y menos aún una familia, en situación de calle, pueda resolver de un día para otro su situación de emergencia habitacional”.
