Las condiciones de desigualdad y exclusión en la que viven muchos de los niños, niñas y adolescentes de San Luis, les quita la posibilidad de constituirse en personas con derechos, protegidos, educados y cuidados en su salud. Estas carencias necesariamente los colocan en un plano muy diferencial respecto de las oportunidades de forjarse un futuro, de instituirse en un ciudadano participe activo de la vida democrática. La situación de los niños es grave, ya que el 58,1 por ciento de los menores de 15 años son pobres y el 27,9 es indigente.
La realidad de la niñez en la Provincia de San Luis, nos obliga a reflexionar criterios históricamente adoptados en un tema que no se alcanza a dimensionar por quienes tienen la responsabilidad de implementar políticas públicas para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes.
Hoy podemos darnos cuenta que la clase política dirigente, en muchos casos funcionarios ineptos, invisibilizan una serie de derechos de niños y niños, y no es solamente por las diversas muertes ocurrida en nuestra provincia, ya sean estos asesinatos, malas praxis, abandono de parte del Estado en salud, tales como el servicio de pediatría oncológica (inexistente en la Provincia), accidentes, muertes en manos de adultos responsables derivados por programas de funcionarios provinciales, sino que se suma a esto la pobreza, y el cambio de paradigma en la infancia a través de políticas publicas nacionales que no siempre son implementadas en las provincias; hemos aguzado los sentidos cuando los funcionarios asignados por el gobierno provincial, los mismo que tienen la tarea específica de construcción de la política pública actúan a propósito, con la intención de construir un estado de desconcierto para afianzar la indefensión (más de seis organismos creados con ese fin, con superposición de cargos, y con desconocimiento de cuáles son sus tareas). Dicho estado de incertidumbre creado impide elaborar diagnósticos precisos, muchos de ellos no cuentan con el presupuesto para ejercer sus funciones, mucho menos diseñar las modalidades de promoción de derechos en los niños, niñas, y adolescentes, sumándose a ellos una ausencia de los recursos humanos que se requieren para afrontarlos.
A nuestro criterio, los que trabajamos en el campo social sostenemos que en San Luis aun no se puede hablar de universalidad de derechos en los niños, niñas y adolescente, sin haber conformado aún un programa operativo, que dinámicamente muestre la población en riesgo y de las acciones del Estado en relación a los que pretende cuidar, solamente vemos asistencialismo e improvisación, no hay diseño de políticas publicas de Derechos, tal cual lo sostiene la ley 26.061 y la Convención sobre los Derechos del Niño. Por el contrario se ha pretendido invisibilizar la pobreza, los comedores infantiles que están en manos de asociaciones civiles, religiosas e inclusos de particulares.
Pero no solamente el ejecutivo provincial esta ausente en políticas concretas, sino que se le suman los municipios que no poseen una legislación interna acorde con la ley nacional.
En cuanto a las políticas municipales en los sectores más vulnerables socialmente, podemos apreciar que no existe en el plano de las políticas públicas una visión urbana de los problemas sociales y ambientales, como consecuencia de ello los bolsones de pobrezas de varios barrios están altamente contaminado, de allí que la falta de intervención del Estado ha producido un aumento de la vulnerabilidad física debido a falta de políticas publicas concretas, muchas obras se realizan con objetivos del gobierno provincial y no municipal, lo que va en desmedro de las necesidades de la población.
Del mismo modo el municipio de la capital de San Luis tiene una baja efectividad política en sus intervenciones debido a que tienen funciones instituyentes y auto-organizativas limitadas, y políticas publicas difusas y ausentes, por lo que se constituye en un ente subsidiario del Estado provincial. En el plano local las áreas de medio ambiente son muy débiles y tienen un bajo nivel de articulación con las áreas de planeamiento urbano y con el área social. De tal modo, que la mayoría de las veces las intervenciones del propio municipio en el plano de las obras públicas contravienen normas ambientales (la mayoría de éstas no poseen estudios de impactos ambiental).
Nuestro permanente contacto con los sectores más marginados de San Luis, nos ha permitido conocer los problemas cotidianos de la población más vulnerable y visualizar que los pobladores son pobres porque no logran satisfacer algunos de los requerimientos que han sido definidos como “necesidades básicas”. Pero también en algunos casos puntuales son pobres cuando aun cubriéndolas, los ingresos se ubican por debajo de una imaginaria línea de pobreza. Como resultante se habla de pobreza estructural, pauperizados, pobres por ingreso; estas distinciones marcan algunas características de quienes se encuentran en esta condición y en todo caso muestran que los primeros, independientemente del ingreso en el momento de la medición, han tenido históricamente dificultades para alcanzar niveles mínimos de acumulación familiar.
Por otro lado un estudio de Equis (2004) reconoce en un principio que San Luis es la provincia de menor desempleo a nivel nacional, con una tasa un 75 por ciento más baja que la media nacional y un 67 por ciento inferior a la región de Cuyo en la cual se ubica. Sin embargo, después de repasar todos los indicadores socioeconómicos, Artemio López concluye que “la provincia muestra el desarrollo de un proyecto de generación de empleo abundante, fuertemente promovido mediante planes oficiales, asociado a una muy fuerte regresividad distributiva, niveles generales de ingreso familiar extremadamente bajos y cuadros socioambientales de mucha postergación”.
El ingreso promedio en la provincia es de 1100 pesos mensuales y la mitad de sus habitantes no percibe siquiera 800 pesos al mes, esto refleja la difícil situación de los sectores más pobres de San Luis considerando que la canasta básica actual con sus montos actualizados para una familia de dos adultos ronda los 1.819,05 pesos.
En virtud de esas cifras, San Luis ocupa el lugar 28 en la tabla de posiciones, con un ingreso por persona un 24 por ciento por debajo de la media nacional. Del mismo modo, la desigualdad de los ingresos es notoria, la distribución del ingreso muestra una alta concentración de la riqueza. El 10 por ciento más rico de la población concentra poco más del 34 por ciento del ingreso, mientras que el 10 por ciento más pobre de la población reúne escasamente el 1,6 por ciento de los ingresos, y hoy tenemos un 42,07 por ciento de la población con ingresos por debajo de la línea de pobreza y un 10,7 por ciento por debajo de la línea de indigencia. La situación de los niños es grave, ya que el 58,1 por ciento de los menores de 15 años son pobres y el 27,9 es indigente.
Considerado el conocimiento de territorial que poseemos, opinamos que es importante articular un proyecto que consolide la participación, ya que los niños, niñas y adolescentes comienzan a comprender que no sólo tienen derechos sino que éstos a su vez vienen acompañados por determinadas responsabilidades. El ser escuchado viene acompañado por el deber de escuchar a los otros; de esta forma el niño se educa en la diversidad y la tolerancia de una forma práctica y activa. En este sentido, la participación se convierte en el derecho fundamental de la ciudadanía. De este modo entendemos la participación de los niños, niñas y adolescentes dentro de la familia y en el marco de la dinámica de toma de decisiones familiares.
Para dar un diagnostico tenemos que en San Luis actúan las siguientes instituciones relacionadas directa e indirectamente con la infancia.
Comisaría del Menor, Juzgados de Familia y Penal, Defensoría de Menores, Programa de Familia Solidaria, Mujer y Comunidad, Derechos Humanos. Pese a toda una supuesta red de protección, estas instituciones segmentan la población infanto-adolescente en: niños y niñas, por un lado, y los “menores” en situación irregular (carenciados, abandonados, inadaptados, otros), por otro. Se considera al niño/niña objeto de tutela, e incapaz para ejercer sus derechos. Los niños y sus familias son sujetos dependientes, “beneficiarios” de ayuda o asistencialismo. El Estado interviene con órganos específicos de niñez para temas asistenciales. El sistema judicial interviene cuando se trata de problemas jurídicos.
Las condiciones de desigualdad y exclusión en la que viven muchos de los niños, niñas y adolescentes de San Luis, les incauta la posibilidad de constituirse en personas con derechos, protegidos, educados y cuidados en su salud, hábiles de jugar y compartir con alegría su existencia, incluidos en espacios colectivos de los cuales sean parte. Estas carencias necesariamente los colocan en un plano muy diferencial respecto de las oportunidades de forjarse un futuro, de instituirse en un ciudadano participe activo de la vida democrática.
Desde que se procedió a la desinstitucionalización como fue el caso emblemático de la colonia hogar, donde los diversos programas se han quedado sin coordinar su intervención y seguimiento con otras instituciones que den transparencia al proceso y que atiendan las situaciones de conflicto en las cuales se encuentran los niños/as y adolescentes.
El actual programa de Familia Solidaria no posee un monitoreo serio, se extiende en el tiempo, trayendo consigo situaciones complejas como ser el vínculo afectivo que los niños desarrollan dentro de estos programas y el nuevo desarraigo y desamparo que se produce cuando ellos son dados a la protección de familias solidarias.
De manera evidente se aprecian los derechos humanos implicados cuando se trata de “ubicaciones transitorias” como ser: el derecho a vivir y/o permanecer en la familia de origen, y en su defecto, el derecho a vivir en una familia (o el derecho a la vida familiar de conformidad con el art. 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos), los cuales inciden de manera directa en la satisfacción de otro derecho humano: el derecho a la preservación y respeto por la identidad. Cualquier criterio a decidir a favor del niño debe considerar este último aspecto.
De allí que toda esta vorágine legislativa y medidas improvisadas, en cuanto al maltrato infantil, los derechos de los niños y niñas, nos lleva a presuponer que ha sido necesario la consumación de dolor permanente de las victimas, y la insidia institucional pretende que sea el Plan de Inclusión social quienes detecten los casos de maltratos, siendo que la Provincia de San Luis, cuenta con profesionales de la Salud, la psicología y el trabajo social y de diversas ONGs , personal idóneo para tales tareas.
Los poderes decisorios deben comprender que la respuesta al abandono y el maltrato infantil, se constituye en un problema social que debe enfrentarse con otras medidas de protección, prevención y de fortalecimiento familiar, que privilegie la familia y asegure el ejercicio de derechos de sus miembros. Aplicar tan solo medidas de alejamiento familiar, -en la mayoría de los casos definitivos- integrando a niños y niñas a hogares donde permanecerán hasta sus 18 años, es condenar y negar que ejerzan el derecho a la vida familiar y comunitaria. No solo es importante reconocer los derechos de niños y niñas, sino actuar y exigir para que los mismos sean atendidos y asegurados al interior de su propia familia y /o restituidos cuando han sido vulnerados.
Cuando la familia de origen está imposibilitada de proteger temporalmente a sus miembros más pequeños, o más bien, cuando el entorno familiar es el escenario donde acontecen mayores riesgos y vulneración a sus derechos, la mejor respuesta para velar por el interés superior del niño-niña, será facilitar que continúe su socialización y proceso de desarrollo en otro ambiente familiar, restituyendo con esta medida su derecho a vivir en familia, protección y seguridad, pero para tal fin es necesario tomar esta medida como última instancia, a partir de Diagnósticos serios, responsables y competentes, que abarquen todos los aspectos de la vida de los Niños.
No debemos olvidar que el maltrato infantil, es un ejemplo claro de cómo la violación de derechos de niños, niñas y adolescentes conlleva un recorte de derechos inmediato para toda la sociedad -convalida la violencia para resolver diferencias y conflictos desde el hogar mismo- y es además una prueba clara de que los niños deben ser cuidados sin aplazamiento.
Para avanzar hacia un sistema de protección, es indispensable dar prioridad a la prevención y a la intervención temprana. Dichas políticas deben incluir a los niños como sujetos de derechos y no continuar viéndolos comos objetos pasivos a los que sencillamente se puede dejar caer en el distracción. Creo que si logramos cambiar esta imagen pasiva de niños, niñas y adolescentes, si los consultamos porque nos interesa tomar en cuenta sus opiniones y apreciaciones a la hora de buscar soluciones y de diseñar e implementar programas que los favorezcan, recién entonces los estaremos reconociendo como sujetos reales de derecho y de allí incorporaremos a todas las instituciones que tienen contacto con los menores de edad. La implementación de políticas efectivas hace necesario contar con datos precisos y confiables acerca de la magnitud, las características, los factores de riesgo y de protección, y el impacto de la violencia contra los niños y niñas en el ámbito familiar.
Las políticas publicas más efectivas tienen que ver con el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas y, dentro de ellas, con la crianza positiva, las visitas domiciliarias del servicios de enfermería, el fortalecimiento del vínculo afectivo, la educación familiar, la formación de padres y cuidadores en el conocimiento de las etapas del desarrollo de los niños (ello no se aprende en un cursito de fin de semana), el trabajo social en torno a la resolución de conflictos, la detección temprana de los abusos sexuales, incluyendo a las instituciones escolares en su detección y el alejamiento de los abusadores identificados de los niños y las niñas.
La prioridad del Gobierno Provincial debe ser una política pública integral que articule eficazmente a los sectores de la justicia, la salud y la protección, con fondos y presupuestos adecuados. Si no se toman en cuenta estos últimos aspectos, todo será una buena intención y un discurso más.
*Presidente de Ecocultura
