Varios Intendentes participaron de la movilización del martes pasado. Los zonales de Clarín como instrumento de extorsión y la necesidad de tener medios de comunicación propios de los municipios.
El martes pasado, en la marcha multitudinaria que se realizó para manifestarle al Poder Judicial la inmediata aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, participaron, entre otras personalidades, algunos Intendentes del Gran Buenos Aires.
Ya había ocurrido en la concentración similar que se había llevado a cabo en abril de este año.
Más allá de la identificación que suelen tener la mayoría de los Intendentes con las políticas que impulsa el gobierno nacional, el énfasis que demuestran algunos en este tema en particular, no deja de llamar la atención.
Se sabe que varios de los denominados “Barones” del Conurbano son un tanto refractarios hacia “los modos” que tiene el kirchnerismo, aunque en general apoyan en un ciento por cien las medidas que lleva adelante el gobierno de Cristina Fernández.
Hasta en privado, o en ámbitos en los que no tienen necesidad de sobreactuar su kirchnerismo, los Intendentes manifiestan su entusiasmo con este modelo. Por eso “bancaron” siempre. Sobre todo desde el conflicto de la 125 para acá.
Pero en el tema de la Ley de Medios, el apoyo que prestan es casi incondicional. Ahí ya no se preocupan tanto por “las formas”, sino que apoyan la cuestión de fondo, que es la puesta en marcha de la Ley, tal como la votó el Congreso.
Tanto en la marcha de abril como en la del martes, varios de los Intendentes estuvieron presentes, y además decidieron movilizar a su propia tropa.
Alberto Descalzo (Ituzaingó), Hugo Curto (Tres de Febrero), Darío Díaz Pérez (Lanús), Francisco Gutiérrez (Quilmes), Jorge Ferraresi (Avellaneda), Lucas Ghi (Morón) y Julio Pereyra (Florencio Varela), son algunos de los Intendentes que han participado de alguna de las marchas (o de las dos) que se hicieron a favor de la Ley, compartiendo sorprendentemente un lugar junto a figuras como Florencia Peña, Anabel Cherubito, Arturo Bonín, Esther Goris y Sandra Russo.
Sin dudas, esta toma de posición tan rotunda por parte de los Intendentes del Conurbano a favor de la ley de SCA, no tiene su origen en la relación sui generis que tienen con el kirchnerismo, sino que se remonta al texto mismo de la nueva norma.
En el artículo 89, la ley otorga a los Municipios el derecho de reservar un lugar en el espacio radioeléctrico para las emisoras de Frecuencia Modulada (FM).
No se trata de un tema menor, dado que nadie mejor que los Intendentes sabe lo que significa, en el Gran Buenos Aires, no contar con medios de comunicación que informen a la población acerca de las cuestiones que tienen que ver con la vida local.
En este momento, la cercanía con la Ciudad de Buenos Aires implica que los habitantes del Conurbano conozcan con mayor precisión la obra de gobierno de Mauricio Macri, que la de sus propios Intendentes.
La posibilidad de una radio propia, ubicada en algún lugar preferencial de la extensión del dial, le daría a los Municipios una herramienta de difusión que jamás han tenido, en toda la existencia de la radiofonía argentina.
Eso no es todo: la ley, además, deja abierta la puerta a la posibilidad del otorgamiento de licencias para canales de televisión (abierta, satelital y/o por cable).
Hasta ahora, la Ley de Radiodifusión de la Dictadura no daba esta posibilidad para los gobiernos municipales, y aquellas autoridades locales que pretendían comunicarse con la población a través de un medio de comunicación audiovisual, debían pagarse su espacio, como lo puede realizar cualquier privado.
Los Intendentes del Conurbano, al tener demasiado cerca los grandes medios de la Capital (que sólo viajan al Gran Buenos Aires para transmitir hechos cruentos), saben que la única manera de comunicar sus actos de gobierno es recurriendo a los medios locales. Pero muchos de estos medios locales, lamentablemente han pretendido crecer con el paradigma de los medios que le han hecho mucho daño a la información, por su obstinación en manejarla como si fuese una mercancía más. Y muy bien no les ha ido a los medios regionales, queriendo imitar a los de la Ciudad.
Esto ha producido que por ejemplo hoy en día, nos encontremos con una situación como la de la escasez de diarios impresos en el Gran Buenos Aires, que se agravó luego del desembarco del Clarín, con sus suplementos zonales: un verdadero instrumento de extorsión.
Por eso los Intendentes entendieron enseguida la necesidad de contar con un marco regulatorio que dejara atrás de una vez por todas, al ordenamiento que dispuso la Dictadura. Y se plegaron de manera militante a la iniciativa de la nueva Ley, participando incluso, algunos de ellos, de los debates que se hicieron antes de la llegada del proyecto al Congreso de la Nación.
En algunos Municipios, hay casos realmente muy enriquecedores, como por ejemplo el de Avellaneda, donde el Intendente Jorge Ferraresi decidió crear el “Consejo Municipal de Medios Audiovisuales, Preservación Documental y Defensa de la Audiencia”. Lo sorpresivo del caso, es que la iniciativa fue enviada al Concejo Deliberante y terminó siendo aprobada por unanimidad, es decir, votada por los Concejales de todos los partidos políticos, incluyendo aquellos cuyos referentes nacionales tuvieron una férrea oposición a la sanción de la Ley de SCA en el Congreso.
Pareciera que los Concejales de la Coalición Cívica y/o de Unión-Pro, no son tontos y saben que la problemática de la falta de medios audiovisuales, es cosa seria en el Conurbano.
El Consejo Municipal de Medios Audiovisuales de Avellaneda, que constituye un verdadero leading case en la materia, tiene como objeto alentar la creación de medios de comunicación audiovisual, a partir de las posibilidades que da la nueva ley. Multiplicar, es la tarea.
Revista Zoom entrevistó al presidente del Consejo de Medios de Avellanada, Jorge Degli Innocenti, quien nos aseguró que en la corta vida de la autoridad que preside, son varios los proyectos que comenzaron a desarrollarse: “ya tenemos pedida ante la AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual) la frecuencia para la Radio FM Municipal, y estamos trabajando en conjunto con el Licenciado Osvaldo Nemirosvi, que es el Coordinador General del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, porque Avellaneda va a tener la primera antena de este sistema en nuestro país”. “Al mismo tiempo -continúa Degli Innocenti-, el año pasado el Senado de la Nación sancionó la creación de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNAV), que hace un mes ya se puso en marcha, durante un acto que contó con la presencia de la presidenta Cristina. La UNAV va tener una fuerte presencia en carreras vinculadas a la Industria Audiovisual, y allí también va a intervenir el Consejo Municipal de Medios. No nos olvidemos que la ley también prevé el otorgamiento de licencias a las Universidades”.
Degli Innocenti se entusiasma con el trabajo que tiene por delante y sostiene “tuvo que venir un Proyecto Nacional y Popular a encarar estos cambios que estuvieron tan postergados durante años, y que ahora tanta resistencia generan entre los grupos económicos que han concentrado poder y medios con el único fin de la rentabilidad a cualquier precio”.
Otro de los emprendimientos que lleva adelante en Consejo de de Medios, es la creación de una “Radio Móvil”: un estudio de radio que recorre las localidades del Partido, transmitiendo en vivo desde ferias barriales y otros lugares adonde la gente se acerca y participa de la experiencia.
El titular del Consejo Municipal de Medios de Avellaneda, nos contó que ya se reunió con autoridades de otros Municipios del Gran Buenos Aires que van en camino de emular la experiencia: Berazategui y Tres de Febrero son dos de los Partidos que ya tienen el tema en estudio.
El desafío no es sólo estimular la creación de nuevas voces, sino que también hay que re ordenar lo que ya existe: montones de emisoras que mayoritariamente navegan en un limbo legal y económico.
Respecto de la intervención del Estado, indispensable para poder implementar una nueva normativa de este tipo, fuentes de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual que preside Gabriel Mariotto, dicen que se va a evaluar caso por caso, como se suele decir, separando la paja del trigo.
Muchos medios del Conurbano funcionan como pueden, por eso se verá como siguen adelante aquellos que están fuera de toda legalidad. Para eso, la AFSCA realizó un censo obligatorio de Medios, para todas aquellas personas físicas o jurídicas con o sin fines de lucro que se encuentren operando servicios de radiodifusión sonora con o sin autorización. El Censo, aclaraban en la convocatoria, no era constitutivo de ningún derecho, sino que su objetivo era ver como estaban distribuidos geográficamente y cuál era la modalidad de prestación del servicio.
Ahora, la idea de la Autoridad de Aplicación es empezar a ver quienes son los que tendrán que poner en regla lo que están haciendo, para lograr pasar las revisiones que tendrán las licencias cada dos años. Aquellos que operan en la ilegalidad, tendrán facilidades para blanquearse, aunque en muchos casos todavía desconfían, porque se trata de la primera vez en la historia que el Estado se les acerca para incluir, y no para perseguir.
Según los resultados preliminares que arrojó el Censo de Medios, se calcula que entre un 75 por ciento y un 80 por ciento de las radios del Conurbano operan bajo algún tipo de irregularidad.
Sin embargo, muchas de esas emisoras son radios comunitarias, referentes barriales de cada una de las regiones en las que transmiten, que se preocupan por hacerle llegar al vecino un relato de lo que pasa en el entorno del vecindario, en lugar de machacar durante horas con “el paro del subte” o “el estado el tránsito en Corrientes y Pueyrredón”.
En definitiva, vale la pena rever cada caso, porque muchas de estas emisoras son las que durante décadas predicaron en el desierto y pelearon, para que hoy tengamos esta nueva ley.
